Seis personas muertas, seis heridas, dos ahogados y más de 3.000 familias damnificadas o afectadas deja hasta ahora la temporada de lluvias en Antioquia.

Gilberto Mazo, coordinador del Área de Manejo de Desastres, del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, Dapard, aseguró que 20 municipios de Antioquia se han visto afectados por las lluvias y confirmó que según los pronósticos del Ideam, la temporada invernal se prolongará hasta diciembre.

Según Mazo, los municipios más afectados hasta ahora son Barbosa, Donmatías, Segovia, Heliconia, Chigorodó, Dabeiba, La Estrella, Mutatá, Copacabana, Murindó, Frontino, Vigía del Fuerte, El Bagre, La Ceja, Zaragoza y Santa Bárbara.

“ Una vez realizado los registros en las zonas rurales se confirmó por parte de los miembros de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd), que hay daños en cultivos en las localidades de La Ceja y Murindó. En otros municipios resultaron afectados los cultivos de pancoger, los cuales sirven de sustento a las familias de escasos recursos”, dijo el funcionario.

De acuerdo con los informes actualizados del Centro Regional de Pronósticos y Alertas, hay ocho municipios en alerta naranja por posibles deslizamientos: San Roque, Santo Domingo, Cisneros, Yolombó, Concepción, Guatapé, San Rafael y Alejandría.

En otros 26 se declaró alerta amarilla, que indica probabilidad media de deslizamientos en Tarazá, Valdivia, Maceo, Caracolí, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Dabeiba, Heliconia, Cañasgordas, Uramita, Ebéjico, Giraldo, San Luis, San Francisco, Nariño, Argelia, Sonsón, Abejorral, Fredonia, Venecia, Caramanta, Amagá, La Pintada, Tarso, Santa Bárbara y Caldas.

Por crecientes súbitas de los ríos, hay un mayor riesgo en 16 municipios cercanos a los Atrato, San José, Tenche, El Bagre, Nechí, Tarazá y Nare, hay Alerta Roja en los municipios de Vigía del Fuerte, Murindó, Cáceres, Caucasia, Tarazá, Nechí, El Bagre y Zaragoza.

Y finalmente hay alerta naranja por posibilidad de creciente súbita en los ríos Mulatos, León, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Vijagüal, Zungo, Riogrande, Guadualito, Currulao y Turbo. Las localidades en alerta son Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa, San Pedro de Urabá, Arboletes, San Juan de Urabá y Necoclí.

La junta directiva del hospital La María nombró este miércoles como gerente encargado al médico cirujano Alberto Aristizábal Ocampo, actual asesor de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Maná.

Aristizábal llega al cargo luego de la renuncia de William Marulanda, cuyo nombre se vio envuelto en un escándalo de corrupción que incluye la contratación de varios familiares en la plantilla de empleados, y la realización de cirugías plásticas que, según denuncias del concejal Bernardo Alejandro Guerra, se habrían pagado a precios inferiores.

Fue director de Biosigno IPS, Gerente de los hospitales Marco Fidel Suárez de Bello y de las E.S.E Hospitales de La Ceja y Guadalupe. Fue además director de Vigilancia y Control, y de Seguridad Social de la Secretaría departamental de Salud y Presidente de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia COHAN.

El escándalo que le costó el puesto al gerente

El saliente gerente, William Marulanda, fue cuestionado luego de que se conociera que el actual contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, se realizó procedimientos estéticos en ese hospital, a pesar de que es una institución bajo su auditoría.

Marulanda Tobón, respondió que el contralor Zuluaga, “como ciudadano e independientemente de la investidura de su cargo público, está en todo el derecho de practicarse cualquier tipo de procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, escogiendo el centro hospitalario de su preferencia, de acuerdo a sus intereses de salud particulares”.

Y aclaró: “los Servicios de hospitalización, intervención quirúrgica y pago de honorarios, por la suma de $7.715.000, fueron asumidos y cancelados en su totalidad, como consta en los respectivos soportes contables [...] Por otro lado es cierto, que dos familiares del Gerente se operaron en la institución, pero cada persona asumió de forma particular el pago total de las diferentes intervenciones que se realizaron; una por el monto de $9.893.914 y la otra por $12.383.231. Esta información esta soportada y corroborada por los informes financieros”.

Marulanda presentó su renuncia el pasado martes, que fue aceptada de inmediato por el gobernador Luis Pérez.

Complejo es el panorama vial que desembotellaría al Oriente antioqueño. La conexión Aburrá-Túnel de Oriente avanza según el cronograma y tiene los recursos asegurados, pero para las obras complementarias no hay dineros y la incertidumbre es total.

Así quedó planteado ayer en la Asamblea antioqueña, donde el secretario de Infraestructura, Gilberto Quintero, advirtió que su dependencia sólo dispone de $1.157 millones cuando para dichos proyectos viales se requieren más de $100 mil millones.

La ausencia de presupuesto y la incertidumbre por saber de dónde saldrán los dineros deja en el limbo proyectos contemplados en las vías complementarias, como la ampliación a doble calzada de la carretera Llanogrande-Rionegro, la variante al corregimiento San Antonio, que según el diputado Roque Eugenio Arismendy (Centro Democrático), “debe iniciarse cuanto antes, porque de San Antonio a Rionegro son 4 o 5 kilómetros de un solo carril y el tráfico los fines de semana es muy complicado”.

El corporado menciona como vital el Intercambio Los Sauces y la conexión para empalmar el Túnel con la autopista Medellín-Bogotá: “En Rionegro se viene tratando la movilidad con proyectos viales muy importantes y necesarios para conectarlos a las obras complementarias del Túnel”, apuntó Arismendy.

Pero el diputado Juan Esteban Villegas (Partido Conservador) señaló que hay otros proyectos de gran envergadura que están en el veremos y no se ve el acelerador por ningún lado, como el Circuito Vial de los Embalses, la Doble Calzada de la Autopista Medellín-Bogotá hasta Puerto Triunfo, los accesos a los municipios de Nariño y Argelia y la vía Granada-San Carlos.

“El Oriente está saturado, el pasado fin de semana, en el corredor vial al Alto de Las Palmas, en Sancho Paisa, Sajonia, Don Diego, se vio el colapso de la red vial, hay que tener un sistema masivo que se articule al Túnel, con las dobles calzadas que han sido planteadas, pero preocupa que los dos concesionarios de la región estén extendiendo las concesiones: la Conexión Aburá-Oriente va hasta 1939 sin posibilidad de la Fase IV y Devimed aspira tener la concesión para Doble Calzada de la Autopista Medellín-Bogotá hasta Puerto Triunfo, son situaciones que preocupan”, recalcó Villegas, que siente que se habla mucho pero las obras no crecen.

El secretario de Infraestructura despejó dudas sobre la sobretasa aeroportuaria decretada en agosto por la Aeronáutica Civil, que eximió del pago de valorización a beneficiarios del Túnel.

“Respecto a la distribución de valorización, previsto para cofinanciar el túnel de Oriente, este fue suspendido y sustituido por el cobro de un derecho por conectividad aprobado por la Aerocivil, por $120 mil millones”, detalló Quintero. Es decir, por valorización no habrá recaudos.

Las dobles calzadas Sancho Paisa-Don Diego-Llanogrande; La Ceja-Rionegro; y Sancho Paisa Sajonia están, con este panorama, en el plano de los sueños. La respuesta del secretario de Infraestructura lo expresa con claridad:

“La vía Sancho-Paisa-Sajonia corresponde a la denominada Variante Palmas, que forma parte del contrato de concesión Túnel de Oriente; y dentro del alcance de contrato de concesión no se tiene contemplada la ampliación a doble calzada”, precisó Quintero en sesión de la Asamblea.

La creciente del río Atrato que desde comienzos de la semana afecta a Vigía del Fuerte, llegó ayer al casco urbano de Murindó y anegó el hospital, el comando de la Policía y 30 viviendas, muchas de las cuales amenazan con desplomarse por ser de madera y por la fuerte corriente del afluente.

El secretario de Gobierno de la población, Wilfer Quejada, dijo que la comunidad está muy preocupada, porque la información que han recibido del Ideam es que la creciente del Atrato apenas está comenzando a llegar a la localidad y en las próximas horas puede aumentar aún más el nivel lo que dejaría bajo sus aguas todo el casco urbano.

Agregó que en el caso del hospital, para no cerrarlo, están tratando de ubicar un tablado para que el personal médico pueda continuar su labor. En cuanto a la Policía anotó que es preocupante por la dificultad de moverla, ya que maneja armamento y explosivos que dificultan el traslado a un sitio seguro y seco.

Por su parte, el alcalde de la población, Jorge Eliécer Maturana, añadió que el Atrato también inundó los corregimientos Opogadó, Campoalegre y Bella Luz y la vereda Babarameño, donde hay 400 familias afectadas.

El mandatario les pidió de nuevo a la Gobernación y la Nación que retomen el proyecto de traslado del casco urbano al sitio Playones, para acabar con la pesadilla del Atrato que cada año por esta época los deja bajo sus aguas.

Por su parte, en la vecina población de Vigía del Fuerte, sigue la alerta por las crecientes de tres ríos entre ellos el Atrato, dijo Jamilton Cuesta coordinador del Consejo Municipal del Riesgo de la población.

Finalmente, el secretario de Gobierno de Heliconia, Jorge Ortiz, dijo que ayer un derrumbe en La Balastrera, los incomunicó con Medellín.

El proyecto que recogió el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín en 2014, de contar con mayores densidades a lo largo del corredor del río y crear nuevas centralidades en beneficio de la sostenibilidad, la movilidad, la equidad y la calidad de vida, no es asunto nuevo, pero sí aparentemente inalcanzable.

Desde los años 80, diferentes expertos en planeación urbana han llegado al mismo diagnóstico. Sin embargo, los planes de ocupación urbana no han servido para detener ese crecimiento inconveniente hacia las laderas. Con el tiempo, por el contrario a lo que plantean los planeadores urbanos, el problema terminó por extenderse a todo el Aburrá.

Frente a la problemática y en busca de alternativas en pro de una ocupación territorial del Aburrá acorde con las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial, el programa Medellín Cómo Vamos, en asocio con la Universidad Eafit, realizó ayer en la sede de la universidad, con la Mesa de Trabajo sobre Planeación Metropolitana, el primero de tres conversatorios para reflexionar sobre temáticas que impactan la calidad de vida en la ciudad y el área metropolitana.

“Este tema tiene que ver con las dinámicas poblacionales también. Hay estudios que nos dicen que más del 60 por ciento del cemento se vende en los barrios informales. No lo consume el sector formal”, reveló el arquitecto Manuel Vallejo, asesor de Camacol Antioquia.

Aseguró que la ciudad se construye en mayor proporción, de manera informal. En su concepto, muchas veces las normas terminan por premiar al que construye sin licencia y castigan por, el contrario, a quien la solicita.

“Muchas veces para las personas son más costosas las obligaciones urbanísticas que lo que quieren construir. Y cuando se dan cuenta se van y construyen sin licencia”, anotó. Y agregó: “logran tener un primer piso, montan la planchita —como dicen— hacen el segundo piso, alquilan el primero y con eso es que subsisten y siguen así”.

Ana Victoria Siguencia, líder (e) de Planificación Integral del Área Metropolitana, subrayó el papel que cumple la entidad como autoridad de planeación para la región.

“Las intervenciones que se han hecho de parques de borde en Copacabana y La Romera son una parte muy pequeña de esa gran estrategia de intervención”. No obstante, señaló que problemáticas que trascienden el orden municipal: la ocupación informal en las laderas y la poca articulación entre las instituciones.

“Ese tema de la contención ha tenido efectos contrarios. Hay herramientas que se han utilizado para contener el proceso de crecimiento y creo que hay algunas que no se discutieron lo suficiente”, señaló la arquitecta Beatriz Rave, exsubidrectora de Planeación Integral del Área Metropolitana, quien admite que nunca entendió el sentido del Jardín Circunvalar desde esa mirada.

“En otras partes del mundo las estrategias y los proyectos que se utilizan para contener el crecimiento periférico son contrarias a armar un corredor de esa naturaleza. Me parece que era un proyecto que promovía el crecimiento en la dirección que hemos intentado evitarlo”, explicó.

“Si se mira qué ha crecido en el Valle de Aburrá en los últimos 20 años, son las laderas”, aseguró el arquitecto Jorge Pérez Jaramillo.

El exdirector de Planeación de Medellín ubicó el crecimiento urbano más reciente en los sectores de San Antonio de Prado, Pajarito y Calasanz, la Loma de los Bernal y Altavista, así como en Sabaneta y Envigado.

“Me temo que algunos planes municipales de ordenamiento territorial no han cumplido con las directrices y con las normas y el Área Metropolitana se ha visto obligada a dejar así. Hay municipios en el Valle de Aburrá, al lado de Medellín, tomados por la ilegalidad y eso es extremadamente grave porque al final todos pagamos”, anotó.

“Yo llevo un tiempo preguntándole a personas cercanas y expertas en el tema de planificación, de Medellín qué porcentaje de lo construido es ilegal o tiene informalidad, que es ilegalidad”, propuso a su turno el arquitecto Carlos H. Jaramillo, director P & G, empresa de planificación y gestión urbano rural. “Me dicen que entre el 50 y el 70 por ciento. Entonces yo creo que esa es la respuesta”, sentenció.

Homenajes en Urrao y Frontino le rendirán al guardabosques Ovidio Álvarez Cartagena, de 59 años, quien era una institución en el conocimiento del Parque Natural Nacional Las Orquídeas, en el que trabajó 33 años.

El funcionario de Parques Nacionales se ahogó la semana pasada cuando cayó a un río donde construía un puente peatonal y su cuerpo fue hallado por las autoridades de Vigía del Fuerte y la Armada en el sitio Loma Murrí, aguas del río Murrí. El cadáver continuaba anoche en la morgue del hospital de Vigía del Fuerte donde se realizó la necropsia y se espera que hoy sea entregado a sus familiares.

Inicialmente se indicó que después del reconocimiento que le harán en las mencionadas poblaciones, su cadáver será sepultado en Medellín.

La muerte del funcionario causó pesar en la comunidad de ambientalistas del occidente de Antioquia por el conocimiento y pasión que tenía por la defensa y protección de la fauna y la flora de Las Orquídeas, que tiene 30 mil hectáreas de bosques húmedos andinos y de páramo, el cual fue declarado Parque Natural Nacional hace 42 años.

De otra parte, de aguas del río Piedras, en la vereda Piedras de La Ceja, los bomberos rescataron el cadáver de la ama de casa Dora Nancy Ciro Blandón, de 37 años.

El jefe de bomberos de La Ceja, capitán Evelio Alzate, dijo que la mujer con su familia estaba de paseo el lunes pasado en esta vereda, cuando cayó al Piedras, que estaba crecido.

A las voces de diputados de la Asamblea de Antioquia que insistieron al contralor, Sergio Zuluaga, por respuestas y verdad, se unió la petición formal a la Auditoría General de la República (AGR) para que lo investigue debido a las presuntas irregularidades al practicarse una cirugía estética de liposucción y marcación de abdomen en el hospital La María, institución que audita.

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Tras la renuncia, el martes pasado, del gerente de la entidad médica pública, William Marulanda Tobón, los cuestionamientos al Contralor se hicieron más vehementes.

“¿Por qué una de las partes renuncia y otras no?”, preguntó, Jorge Gómez, diputado de la Asamblea de Antioquia.

La solicitud al órgano de vigilancia de la gestión fiscal fue realizada, de manera escrita, por el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra y por el diputado, Gómez, que reiteraron sus señalamientos contra el representante del ente de control en Antioquia.

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“Se trata de una carta al auditor (Carlos Felipe Córdoba), para que lo investigue directamente. También se pide a la Superintendencia de Salud acciones con respecto al hospital”, explicó Gómez.

Por su parte, Guerra reiteró que “Zuluaga presentó facturas falsas y que no pagó”. Aseguró que “miente y no hay garantía para que continúe como Contralor”.

Uso de La María

La polémica en La María se suscitó luego de las denuncias de que en esa entidad, tanto familiares del Gerente, como el contralor Zuluaga se realizaron procedimientos estéticos sin los debidos soportes de cancelación de servicios de quirófano. Así mismo, se cuestionó la presencia de parientes cercanos del directivo en la planta de empleados.

Al respecto, Marulanda contestó que “Zuluaga , como ciudadano e independientemente de la investidura de su cargo público, está en todo el derecho de practicarse cualquier tipo de procedimientos, diagnósticos y quirúrgicos, escogiendo el centro hospitalario de su preferencia (...) Los Servicios de hospitalización, intervención quirúrgica y pago de honorarios, por $7.715.000, fueron asumidos y cancelados en su totalidad, como consta en los respectivos soportes contables”.

Zuluaga presentó la factura de cancelación de servicios hospitalarios (quirófano) por un valor de 1 millón 475.000 pesos. EL COLOMBIANO conoció que el mismo servicio (quirófano más medicamentos tiene un valor de 4 millones 200.000 pesos.

Comisión de la Asamblea

Con el fin de estudiar el caso de La María, la Asamblea Departamental nombró una comisión liderada por el diputado, Alexánder Osorio y que ya citó al exgerente Marulanda para que explique los motivos de su renuncia.

“La comisión quiere ir al fondo del asunto: verificar, vía estatutos del hospital, reglamentación, cómo se administra, qué tipo de operaciones se hacen allí, desde el año 2000, que están habilitadas ese tipo de intervenciones”, apuntó.

El contralor Zuluaga, aseguró que ayer en la tarde se reunió con la comisión para responder a las acusaciones.

Habló el contralor

El contralor Sergio Zuluaga rompió su silencio, luego de más de ocho días de haber estallado el escándalo. Entregó, en exclusiva a EL COLOMBIANO, su versión.

¿Por qué decidió realizarse la cirugía estética en La María?

“Uno puede enfermarse y el hospital La María ha evolucionado satisfactoriamente, moderno, tiene unidad de cuidados intensivos. Desde hace rato se dice, no usen clínicas de garaje para cirugías, la gente se muere porque no tiene manera de reaccionar. En vez de irme para una clínica privada, me voy para una pública, que es además apoyar el sistema público. Contrato un profesional, médico general, le pago, el cual se encarga de hacer todo el trámite. Se le paga al hospital lo que se usa de los quirofanos, los precios normales que le cobran a todo el mundo”.

¿Auditar ese hospital no lo inhabilitaba?

“Es que yo no fui como contralor, sino como ciudadano. Operaron a Sergio Zuluaga. Eso es decir como que estoy inhabilitado para pagar un posgrado en la Universidad de Antioquia, y es una universidad que yo audito”.

¿Cómo fueron los pagos?

“Lo del cirujano se pagó aparte como prestación de servicios profesionales. Los hospitalarios fueron aparte”.

¿Y cuánto pagó por el quirófano?

“Fue 1 millón 475.000. Ese es el valor que cobra La María por ese servicio, a Sergio Zuluaga y a cualquiera”.

Pero en otros hospitales, también públicos, cuesta tres veces lo que usted pagó...

“Yo pagué lo que ellos facturaron, el valor que les cobran a todos los ciudadanos. Que está determinado en los precios que tienen. Ellos no pueden ir generando valores para un paciente y para otros no”.

En La María hacen operaciones como labio leporino, reconstrucción por quemaduras a niños pobres... También liposucción, y otras cirugías estéticas?

“El médico es de afuera, que no está vinculado. Se alquila el lugar para operar y esas camillas y quirófano es apto para que se haga la cirugíaplástica y no me la hace un hospital como tal.”

Si todo se hizo correctamente en La María, ¿por qué renunció el gerente Marulanda?

“Ese es otro mundo, al Gerente le están diciendo que tenía asuntos morales. A él le endilgan mil cosas más diferentes a lo que Sergio Zuluaga, que necesitaba operarse y fue y pago lo que debía pagar. Me imagino que renunció por otra serie de circunstancias, que yo no conozco... las circunstancias no fueron por mi. Él no me favoreció en nada (...) Las cirugías plásticas se hacen por fuera del POS, se pagó”.

¿Renunciará?

“Como contralor no he hecho nada ilegal. Ni ilegítimo. Todo lo contrario, lo que he sido es un usuario público (...) Lo que hago es legitimar el hospital por confiar en esa red de servicios públicos no más. Pero, le digo una cosa, un funcionario no se podría enfermar ni nada, porque vuelvo e insisto en el Departamento de Antioquia el H. Pablo Tobón le vende servicios a la Gobernación y a municipios que también se auditan”.

¿Es amigo del exgerente?

“No soy amigo de él, saludo a las personas como lo mandan las normas. He sido un contralor absolutamente respetuoso del gerente. En el sector público se manejan relaciones de respeto. Hay que tratar bien a las personas”.

Dos décadas tras las rejas es la condena que la justicia de Estados Unidos impuso a Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, uno de los máximos cabecillas de la organización criminal “la Oficina”.

La decisión, tomada ayer por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, castiga al capo por sus acciones de narcotráfico, pero también por haber traicionado a ese sistema judicial.

En 2008, según el expediente, “Valenciano” ya era uno de los principales exportadores de cocaína del mundo, usando de plataforma a la Costa Atlántica colombiana y asociado con carteles centroamericanos, venezolanos y mexicanos.

La fiscal federal Bonnie Klapper, reconocida por liderar varios procesos contra el cartel del Norte del Valle, formuló una acusación para extraditar al delincuente, por lo que los agentes de la DEA lo contactaron ese año.

“Cuando él llegó con su abogado, nos ofreció a toda la organización de ‘los Zetas’ de México. Con esa información, decidimos que valía la pena dejarlo salir, pues podía entregarnos a los jefes de ese cartel”, contó Klapper en una reciente entrevista televisada.

“Valenciano” firmó un preacuerdo con la Fiscalía estadounidense, en el que se comprometía a someterse a la ley y aceptar un cargo, a cambio de beneficios penales.

Sin embargo, regresó a Colombia con otros propósitos. El 13 de mayo de 2008, su mentor en el bajo mundo, Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), fue extraditado. “La Oficina”, la principal mafia de crimen organizado del Valle de Aburrá, se quedó sin líder y Bonilla reclamó el trono ante los demás cabecillas.

Otros candidatos se opusieron, liderados por Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”) y Félix Isaza Sánchez (“Beto”). En consecuencia, la estructura se dividió en dos, 350 combos bajo su control escogieron un bando y el área metropolitana se convirtió en el escenario de una sangrienta guerra entre mercenarios.

De 2008 a 2011, tan solo en Medellín se registraron 6.962 asesinatos, de los cuales el 80% fueron atribuidos por la Policía a las pugnas entre las facciones de “Valenciano” y “Sebastián”.

Bonilla no volvió a responderles a los agentes de la DEA y fortaleció sus redes de narcotráfico, aliándose con otros grupos como “los Urabeños”, “los Paisas” y la guerrilla del Eln, que le permitieron liderar el reino del hampa desde Antioquia hasta La Guajira.

En mayo de 2010, el Departamento de Estado de EE.UU. ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por el traficante, acusándolo de orquestar la importación de más de 25 millones de dólares en cocaína a suelo norteamericano.

La cacería internacional generó que “Valenciano” se escondiera en el exterior. Los combos que lo seguían dejaron de recibir el patrocinio financiero y poco a poco fueron perdiendo la guerra en las comunas de Medellín, Bello, Caldas e Itagüí. A finales de 2011, las huestes de “Sebastián” le habían ganado el pulso y “los Urabeños”, sus antiguos aliados, terminaron usurpando las rutas que tenía en la Costa Atlántica y el Caribe.

La caída definitiva se dio el 27 de noviembre de 2011, en un apartamento de la ciudad de Maracay, en Venezuela. Allí, en compañía de su mujer, lo sorprendieron agentes venezolanos, con apoyo de la Inteligencia colombiana.

“Es una noticia muy positiva para la seguridad de Medellín”, expresó el alcalde de entonces, Alonso Salazar.

Al mes siguiente fue deportado a EE.UU. y recluido en la cárcel de Manhattan, en Nueva York.

La condena de Bonilla en el extranjero revive la polémica por la primacía de la justicia estadounidense sobre la colombiana. En nuestra nación solo tiene un proceso pendiente por concierto para delinquir. Todos las muertes que cometió y ordenó, según las autoridades, están impunes.

Los habitantes de unos seis barrios de Medellín no tienen claro a qué comuna pertenecen y denuncian que este limbo les acarrea dificultades para acceder a los beneficios y recursos del programa de presupuesto participativo.

Una zona gris, es el sector la Vírgen de El Tesoro. Este según el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, pertenece al corregimiento de Santa Elena, y no a El Poblado, pese a que por años, sus habitantes participan de sus actividades.

Además, la comunidad ha expresado dificultades en las comuna 1 Popular y el corregimiento de Santa Elena; Comuna 16, Belén y el corregimiento Altavista; La comuna 14 El Poblado y la comuna 10, La Candelaria.

José Luis Álvarez Peláez, edil de la comuna 12, La América, sostuvo que la falta de definición de la territorialidad afecta a los habitantes de los barrios Santa Mónica dos, Colinas I y Colinas II. “No realizamos un tamizaje visual. Además, los miembros de la comunidad no pudieron asistir a una actividad saludable”.

De acuerdo con el servidor público Álvarez, una de las razones expuestas está relacionada con el hecho de que los barrios no pertenecen a la comuna 12, La América, ya que forman parte de la comuna 13, San Javier.

Ruth Henao, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Santa Mónica dos, sostuvo que los residentes perdieron beneficios por falta de claridad. “No recibimos recursos de presupuesto participativo correspondiente a la Comuna 12, La América, porque nos quieren pasar para la comuna 13, San Javier, pero allí nos informan que no formamos parte de ella. Será que nos quieren crear una comuna nueva”, expresó, entre risas.

La presidente de la Junta de Acción Comunal se dolió porque habitantes con problemas visuales se quedaron esperando 120 gafas que ya estaban listas y aún aguardan las capacitaciones comunales. “No tengo ningún documento que oficialmente me informe que el barrio forma parte de la comuna 13, San Javier.”

La lideresa tocó varias puertas, pero aún no ha encontrado solución a la problemática. “Me reuní con concejales, funcionarios de la Alcaldía quienes me informaron que debemos esperar hasta el 2018 para conocer en qué comuna se encuentra el barrio según el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

El concejal Carlos Alberto Zuluaga, indicó que las diferentes secretarías municipales tienen mapas distintos de la ciudad. “En una Secretaría un barrio pertenece a una comuna y en otra, hace parte de una diferente”, explicó el corporado Zuluaga.

Andrés Bedoya, secretario de Participación Ciudadana, sostuvo que las dinámicas de participación no están alineadas con la división político-administrativa.

“El barrio Santa Mónica siempre se ha determinado que corresponde a la comuna 12 de La América, pero en el mapa aparece que pertenece a la comuna 13, San Javier”, manifestó Bedoya.

César Hernández, director de Planeación de Medellín, coincidió con Bedoya en el sentido que Santa Mónica dos pertenece a la comuna 13, pero existe una percepción social, según la cual forma parte de la comuna 12, La América.

“Por geografía, topografía, ubicación de barrios y el hecho de que los límites son imaginarios, pobladores se sienten más cercanos a ciertas comunas. Nos regimos por normas”. Hernández recordó que el decreto 346 de 2000 establece la división político administrativa de Medellín.

De la mano de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, en alianza con el Centro Colombo Americano, 105 adultos mayores iniciaron el curso para aprender el idioma inglés.

El estudio se financia con recursos del Presupuesto Participativo y beneficia a personas residentes en las comunas 10 (La Candelaria o el Centro) y 11 (Laureles), lo que marca un hecho sin precedentes en la ciudad en el manejo de estos dineros, ya que es la primera vez que comunidades deciden que sus miembros de la tercera edad se capaciten.

Para el secretario de Inclusión Social y Familia, Luis Bernardo Vélez, estos ciudadanos envían un mensaje a la sociedad que enaltece su dignidad como personas.

“Esto tiene un valor inmenso, porque por primera vez los mayores, que tienen iguales derechos que cualquier otro grupo, elige la capacitación, hablar un segundo idioma que les abre puertas al mundo y a la vez se sienten importantes para su familia y la sociedad”, expresó Vélez.

La inversión total en el proyecto es de $54’075.000.

“Asistir a una clase de inglés hace que mantengamos la mente concentrada, trabajando, y evitamos enfermedades cerebrales como el Alzheimer; mi meta es ser bilingüe o tener un inglés avanzado que me permita comunicarme con personas que hablen ese idioma y viajar por el mundo más tranquila”, comentó Rocío Correal, de 62 años y residente en la comuna 10.

El choque entre un vehículo y dos motocicletas en la autopista norte, jurisdicción del municipio de Bello, ocasionó una emergencia que implicó retrasos de hasta media hora para los viajeros en la mañana de este jueves que se dirigían en sentido norte-sur de esa importante troncal.

Así lo confirmaron desde el centro de control de Tránsito del municipio de Bello donde además detallaron que en el incidente que ocurrió pasadas las 7:00 de la mañana resultaron dos personas lesionadas, una de ellas remitida a la Clínica del Norte.

De acuerdo con el reporte oficial el hecho ocurrió a la altura del barrio Navarra en el norte del Valle de Aburrá.

El tránsito municipal de Bello agregó además que la vía ya fue habilitada y el flujo vehicular transcurre en completa normalidad.

En el choque de la Autopista Norte involucrados tractomula, automóvil y motociclista quien fue atendido por Bomberos @retioMED @elcolombiano pic.twitter.com/zdEqPs3ZGc

— Jhonathan Mejía (@jhonathanmr) 20 de octubre de 2016

El presidente de la holding antioqueña Grupo Sura, David Bojanini, fue reconocido como el empresario del año por AméricaEconomía durante el VI Foro Multilatinas que se realizó en Chile.

El empresario antioqueño recibió el permio al “líder multilatino”, por su compromiso con el sector empresarial en la región durante los últimos años.

El presidente y fundador de AméricaEconomía Media Group, Elías Selman, aseguró que Bojanini tuvo un rol “clave en la expansión de Grupo Sura desde 2011, proceso que se consolida con la compra de RSA por su filial Suramericana”. Además, resaltó la gestión responsable e integral que ha tenido el directivo.

Mientras tanto, David Bojanini, dijo durante su discurso que esto “es mucho más que un reconocimiento personal, el premio resalta la gestiión de un equipo que suma más de 22 mil personas en América Latina. Nos estimula a renovar nuestro compromiso y a gestionar responsablemente el negocio, así como agregar valor a los clientes y a la sociedad”.

Durante el evento también se reconoció a Grupo Bimbo, como empresa multilatina del año, pues del total de su facturación, el 65 % corresponde a mercado extranjero.

El premio a la trayectoria empresarial multilatina se entregó a Falabella, por su más de tres décadas de expansión en el mercado americano.

Luego de más de un mes de cese de actividades trabajadores y directivas del Sena llegaron a un acuerdo, calificado por las partes como satisfactorio, para levantar el paro y retomar las labores administrativas y educativas.

La anormalidad laboral empezó el 13 de septiembre. 41 Centros formativos de Risaralda, Bolívar , Antioquia y Valle del Cauca prestaron sus servicios de manera intermitente por las protestas.

Alfonso Prada, director del Sena dijo, a través de un video, que tras el acuerdo logrado el miércoles se levantaron los bloqueos existentes en algunos centros de formación. Resaltó la intervención de algunos congresistas entre ellos, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano.

Nicolás Zapata, presidente de la Subdirectiva del Sena en Antioquia, Sindesena, uno de los sindicatos del Sena, aplaudió los avances en formalización laboral. “Son cerca de 33.000 las personas que tienen contrato laboral por prestación de servicios en Colombia” manifestó.

En el acta de acuerdo se señala que “el director del Sena implementará el proceso de formalización laboral en el cual la entidad viene trabajando... Una vez expedidos los decretos se iniciará el proceso para la provisión de 3.000 cargos en el país. Es decir en 2017, 1.000, e igual número para 2018 y 2019”. Además, ingresarán 800 temporales , en Colombia, con garantías laborales.

El acuerdo indica que como se modifica la planta de personal, el Sena presentará a más tardar el 30 de noviembre de 2016 un estudio técnico al Departamento Administrativo de la Función Pública.

Nicolás Zapata señaló que en Antioquia retoman labores unos 8.000 aprendices y 1.000 trabajadores. “Desde las 6:00 a.m. de hoy (jueves) se reiniciaron las actividades académicas y administrativas”.

Rionegro Águilas suspendió en la mañana de este jueves el contrato laboral que tiene actualmente el futbolista Hanyer Mosquera, detenido por violencia intrafamiliar.

(Vea el video donde Hanyer Mosquera pide perdón desde la cárcel)

Así lo dio a conocer el club en un comunicado firmado por su presidenta, Paola Salazar Olano, en el que detalla que la suspensión unilateral del contrato se da por recomendación de los asesores jurídicos e irá hasta que el futbolista resuelva sus líos judiciales luego del bochornoso caso conocido de violencia contra su esposa.

(Lea aquí Futbolistas colombianos en líos judiciales por violencia de género)

Rionegro Águilas añadió además que como medidas adicionales entregará acompañamiento sicológico y jurídico a Hanyer Mosquera durante el proceso legal y “Apoyo incondicional con todo el equipo interdisciplinario a la esposa, madre e hijas del jugador”.

El club que juega de local en el Oriente antioqueño indicó además que promoverá una reflexión en el interior del grupo de futbolistas para que esto no vuelva a suceder e invitó a la Asociación de futbolistas Profesionales (Acolfutpro) a que se vinculen a campañas para evitar que estos comportamientos empañen el fútbol colombiano.

El pasado miércoles se difundió un video en el que Hanyer Mosquera ofreció disculpas a su familia y al equipo y pide ayuda: “Estoy dándole la cara al país por estos hechos reprochables que he cometido. Quiero pedirle perdón a mi compañera Hindira Herazo. Me equivoqué, no estaba en mis cabales, estaba en estado de alicoramiento”.

Alcaldía pide su expulsión

Andrés Julián Rendón, alcalde de Rionegro (municipio sede del club y dueño de la cancha en la que juegan) emitió en la noche del miércoles un comunicado en el que rechaza la violencia contra la mujer y pide la expulsión de Mosquera del club.

Rendón dijo que el comportamiento de Mosquera va en contra de los valores que él promueve entre los residentes de ese municipio.

“La decisión de traer de nuevo el fútbol profesional al municipio se hizo con el fin de devolverle a los rionegreros un espacio de sano esparcimiento que pueda disfrutarse en familia. El comportamiento del jugador es deshonra para el equipo y para la camiseta que viste y que lleva el nombre de Rionegro”.

Apenas horas después de su captura, el saliente inspector de Rionegro, Elkin Afranio Chaves fue dejado en libertad por el juez 17 municipal de Medellín, que consideró que el investigado no representa una amenaza para la sociedad ni puede interferir en la investigación que se adelanta en su contra, pues desde el pasado viernes renunció a su cargo.

Cháves es señalado como presunto responsable de exigir dinero a cambio de reducir una millonaria sanción económica por la supuesta construcción de una obra sin la debida licencia urbanística.

La denuncia en su contra fue instaurada por el secretario de Planeación de Antioquia, Carlos Mario Montoya, quien le entregó a la Fiscalía una grabación en la que Cháves le pide 10 millones de pesos a un abogado, a cambio de reducir la sanción contra el funcionario de la gobernación implicado en un caso de construcción sin licencia.

Lee: En Rionegro hay un cartel de licencias de construcción: Carlos Mario Montoya

Montoya le dijo a la Fiscalía que en 2014 adquirió un lote en Rionegro, en calidad de comodato, y que ese mismo año cedió el predio a la firma Los Magnolios S.A.S porque inició su campaña como precandidato a la gobernación de Antioquia.

Por su parte el inspector Cháves no aceptó su responsabilidad en los delitos de concusión y prevaricato por acción.

Denuncias y sanciones

El pasado 13 de octubre, Carlos Mario Montoya dijo en rueda de prensa que en Rionegro operaba un cartel dedicado a tramitar licencias urbanísticas. “Allí se paga por la licencia o se paga para no ser sancionados”, dijo entonces Montoya.

Ese mismo día se conoció que el inspector Elkin Cháves había ordenado imponer una multa de 92 millones de pesos a Montoya, por la construcción sin licencia del centro de eventos Los Magnolios. La cifra es muy inferior a los 165 millones (20 salarios mínimos) que por metro cuadrado, debe cobrarse según la ley.

El alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón, pidió a las autoridades que se investigue si hubo cohecho “toda vez que la sanción impuesta por el inspector saliente fue menor, en menos de la mitad, a la que le debió haber impuesto al doctor Carlos Mario Montoya”.

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Salir sola a la calle o caminar en la oscuridad se ha vuelto un tormento para Camila*, una joven lesbiana víctima de agresión sexual en el municipio de Santa Rosa de Osos.

“De repente me dan ganas de llorar, cada vez que me viene esa imagen a la cabeza”, relata la mujer de 22 años, quien trabaja haciendo aseo en la citada localidad del Norte antioqueño.

El hecho que la entristece ocurrió en la madrugada del pasado 8 de octubre, en pleno casco urbano. Narra que a eso de la 1:30 a.m. salió de la discoteca Las Palmas, en el parque principal, en donde estuvo bebiendo licor con algunas amigas. La muchacha cuenta que estaba en alto grado de embriaguez, por lo que se disponía a marcharse a su casa.

En ese momento apareció un vecino, quien al parecer se ofreció a acompañarla. Aunque los recuerdos de aquella madrugada son todavía difusos, Camila cuenta que el tipo, de 32 años y apodado “Pitufo”, trató de abrazarla en varias oportunidades, insistiendo en que le dijera por qué no le gustaban los hombres.

Al pasar por un sector conocido como El Pinal, de acuerdo con la denuncia instaurada en la Fiscalía, la empujó hacia una manga desolada y con escasa iluminación, donde cometió el ultraje.

Un familiar de Camila narra que ella llegó a la casa a eso de las 3:00 a.m. “Entró tirando la puerta, estaba llorando y toda empantanada, pero no quiso decirnos nada y se encerró en el cuarto”.

La joven fue al baño a las 8:20 a.m. y se observó un profuso sangrado. Notó también que su ropa interior estaba llena de pantano y manchas de sangre, y fue ahí cuando su mente se aclaró.

Recordó que una semana antes, “Pitufo” había comenzado una serie de ofensas e insinuaciones. “Me decía que yo tenía que probar un macho, para que dejara la bobada de estar ‘arepiando’”, señala la perjudicada, quien desde la infancia se ha identificado como homosexual y hace dos años tiene novia.

Tras contarle lo ocurrido a los familiares, fue a la sede local del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), donde los agentes la guiaron en la diligencia. Un diagnóstico médico legal confirmó la violación y se instauró la denuncia formal por el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir (artículo 210 del Código Penal).

Con la denuncia formulada, los allegados a Camila esperaban una pronta actuación de las autoridades, pero eso no ocurrió. Por tal motivo, agredieron al sospechoso, quien se hospedaba frente a la vivienda de la víctima. La Policía intervino y lo rescató.

Después de las diligencias de individualización en la estación policial, el hombre huyó del pueblo.

Esperando a la justicia

Han pasado dos semanas desde el crimen, y a la fecha Camila no ha recibido ninguna clase de acompañamiento de las autoridades. La Fiscalía Local no la ha remitido a la unidad especial de delitos sexuales, no le han asignado tratamiento psicológico y el sospechoso está libre, sin siquiera una orden de captura expedida.

El secretario de Gobierno de Santa Rosa de Osos, Diego Pérez Jaramillo, comenta que “el CTI hizo todos los actos urgentes, la individualización, tomó testimonios, enviaron la carpeta con el plan metodológico al fiscal para que hiciera la solicitud de orden de captura al juzgado, pero él tomó la decisión de no iniciar el proceso, y seguir la investigación en el plan metodológico. Tampoco ha solicitado ninguna otra actuación en el marco de este proceso. Es un tema que tanto al CTI como a la Administración Municipal se nos sale de las manos, porque fue decisión del fiscal”.

Alejandro Gamboa, activista por los derechos de la comunidad Lgtbi y coordinador de los proyectos de Diversidad de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, precisa que este tipo de situaciones son comunes en Antioquia.

“Según el último informe de Colombia Diversa y otras organizaciones, los casos de violencia contra los Lgbti no se están investigando con la debida celeridad”, indica, y añade que en 2015 hubo 110 homicidios contra miembros de esta comunidad en el país. El departamento que aportó la mayor cantidad de víctimas fue Antioquia, con 22 asesinados por su condición de género.

Gamboa critica que mientras desde la Dirección Nacional de la Fiscalía se están expidiendo resoluciones para abordar estos casos de manera diferenciada, esas medidas no se estén aplicando en el ámbito local. “En lo penal, estos hechos tienen agravantes punitivos por tratarse de un acto específico de discriminación, pero los fiscales no lo están ratificando en sus imputaciones”, dice.

El secretario Pérez señala que dentro del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana tienen herramientas dispuestas para prevenir más casos como este, y que “se está revisando la política pública que tenemos de juventudes para incluir a la población diversa, y así establecer una política especial para la comunidad Lgbti”.

Añade que buscará que por medio de la Comisaría de Familia y la Casa de la Juventud municipal se le ayude a la joven, buscando mitigar las consecuencias de lo sucedido.

“Para la Administración Municipal es lamentable que desde los mismos órganos de justicia no se tomen las medidas necesarias para prevenir la situación, porque con todo el trabajo metodológico que hizo el CTI se tenían todas las herramientas para solicitar la orden de captura, y no sabemos por qué el fiscal no lo ha hecho”.

Este diario se comunicó con la Fiscalía y está a la espera de una respuesta frente a la situación.

Días después del ataque, el sospechoso llamó al celular de Camila, instigándola para que retirara la denuncia y dijera que había accedido voluntariamente. “Eso es mentiras, a mí nunca me han gustado los hombres”, ratifica la víctima.

*Identidad reservada por seguridad.

Las autoridades de Medellín investigan la desaparición de un ciudadano extranjero en Medellín, que fue visto por última vez en la noche del miércoles en el sector de la Milla de Oro, en El Poblado.

El comandante de la Policía Metropolitana, general José Gerardo Acevedo, aseguró que el extranjero tiene 29 años y reside hace dos años en Medellín.

“Aún no podemos decir que se trate de un secuestro, pero estamos investigando porque lo último que se supo de él es que fue visto en un centro comercial con unos amigos. Lo ubicaron en otro vehículo e hicieron con él una especie de paseo millonario”, dijo.

La cuenta bancaria de Haddes, quien además tiene inversiones en el sector de minería en Antioquia, registraron extraños movimientos en la noche del miércoles. La Policía investiga esas transacciones, además de videos de cámaras de seguridad de la zona en la que fue visto por última vez.

Un intento de fleteo terminó con un cruce de disparos entre la policía y cuatro hombres que intentaron robar a un ciudadano en la calle 10 con carrera 38, en El Poblado.

El comandante de la policía metropolitana, general José Gerardo Acevedo, informó que los hombres a bordo de dos motocicletas intentaron robar a un ciudadano que viajaba en una camioneta. “En el cruce de disparos, el señor quedó herido aunque ya nos confirmaron que no reviste gravedad”, dijo Acevedo.

Testigos indicaron que la víctima se enfrentó a los ladrones con un arma de fuego, antes de que llegaran las autoridades.

Dos de los fleteros fueron capturados por la Policía, que además les incautó un arma de fuego, y los dejó a disposición de la Fiscalía. Los otros dos delincuentes lograron huir.

La calle 10 y la carrera 38 estuvieron cerradas por más de 20 minutos mientras se hizo la evacuación del herido y se tomaron las pruebas del caso.

La Alcaldía de Medellín anunció que en la zona cercana al estadio Atanasio Girardot habrá ley seca el próximo sábado, desde las 6:00 a.m. y hasta las 10:00 p.m., por cuenta del partido que Independiente Medellín y Atlético Nacional disputarán a las 8:00 p.m.

Esta norma hace parte del paquete de medidas de seguridad que la Alcaldía de Medellín adoptó para el clásico del fútbol paisa al que tendrán acceso las hinchadas de los dos equipos.

Según informó la administración municipal, los seguidores de Nacional realizará una movilización desde la calle San Juan y el Cento de Espectáculos La Macarena, desde las 4:30 p.m. “El recorrido iniciará con sentido occidente hasta conectar con la carrera 70, luego tomará el sentido sur-norte de la misma vía hasta llegar al escenario deportivo”, informó la Alcaldía en un comunicado.

Las puertas del estadio se abrirán a las 5:00 p.m. y para el ingreso cada hincha deberá presentar su boleta y documento de identidad.

El tercer anillo sólo estará abierto hasta las 7:00 p.m., el segundo cerrará a las 7:30 p.m. y se prevé el cierre de puertas del estadio a las 7:45 p.m., 15 minutos antes de que inicie el partido.

“El ingreso de elementos pertenecientes las barras organizadas y venteros serán a las 3:00 p.m. es decir dos horas antes de la apertura de puertas al público”, agrega el comunicado de la Alcaldía.

Al estadio podrán entrar niños mayores de 7 años, excepto en las tribunas populares (norte y sur) donde la edad mínima de ingreso es de 14 años.

Elementos prohibidos

Alimentos y bebidas.

Licor y bebidas embriagantes.

Sustancias alucinógenas y psicoactivas.

Pólvora y demás sustancias explosivas.

Baterías extra a las que requiere el radio personal.

Correas tipo riata o con hebilla removible.

Señaladores láser.

Bolsos grandes (solo se permiten los pequeños y las riñoneras)

.Paraguas con punta.

Ingreso en estado de alicoramiento o bajo los efectos de sustancias.

Un volante en el que se ofrece una casa para que mujeres “esperen a sus clientes en un lugar seguro, al lado del Parque Lleras” activó las alarmas en el Concejo de Medellín que ya tiene una comisión especial para hacer seguimiento a la problemática de parahotelería, drogas y prostitución en El Poblado.

El concejal Jaime Mejía aseguró que los primeros volantes fueron repartidos el pasado jueves en el Parque Lleras. “Ese primer volante tenía un número de celular para que las mujeres se inscribieran y pudieran acceder a este sitio privado”, contó.

Dos días más tarde, un nuevo volante circuló esta vez con la dirección del sitio. “De inmediato hicimos seguimiento. Llamamos a la línea que aparecía y nos referenciaron un lugar que funciona con la fachada de una escuela de idiomas y que prometía enseñar español o alemán en un mes. Y fuimos hasta la dirección descrita, donde encontramos una casa abandonada y un aviso de curaduría para la construcción de un hostal”, agregó el concejal Mejía.

En la línea telefónica en cuestión respondió un hombre que dijo llamarse Enrique. Aseguró que es de origen colombo español y que lleva un par de meses en la ciudad como profesor de alemán. “Las fiestas que promocionamos ya las cancelamos, pero yo estoy buscando novia”, dijo.

Mejía cree que este volante puede ser la primera acción de mercadeo de alguna de las redes de prostitución que funcionan en El Poblado y que hoy están en manos de extranjeros como alias “Jake” quien fue capturado en julio pasado por liderar una red de prostitución y explotación de menores de edad desde un apartamento en el sur de Medellín.

“Es muy preocupante que hoy la parahotelería y la explotación sexual continúen, no solo en manos de delincuentes colombianos sino también de extranjeros. En la comisión hemos podido establecer que un norteamericano y un canadiense lideran la parahotelería en la ciudad. Y las autoridades no pueden ingresar porque son apartamentos alquilados por días, pero que siguen siendo propiedad privada”, agregó el concejal.

A finales de septiembre pasado, las autoridades realizaron un operativo en el que se inspeccionaron 81 locales y se cerraron tres, en los que se hallaron menores de edad, drogas y hasta armas.

El gerente de la Comuna 14 , coronel retirado de la Policía Javier Parra, dijo que como parte de las intervenciones para controlar las problemáticas de esa zona de la ciudad van realizar operativos con Migración Colombia “porque los extranjeros tendrán que transitar por las vías de El Poblado, portando sus pasaportes, no indocumentados como ocurre hoy con muchos ellos”. Y agregó que también pedirán al Congreso revisar las normas expedidas por el Ministerio de Comercio para la hotelería.