La Contraloría General de la República (CGR) concluyó su actuación de control excepcional a los recursos del proyecto Hidroituango, determinando que la gestión de la gerencia y control de la obra incumplió los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, además de principios de eficiencia y eficacia.

Esta actuación especial de fiscalización se realizó entre el 4 de marzo y el 17 de julio de 2019 por un equipo de auditores integrado por abogados, ingenieros civiles y de sistemas, economistas, contadores y geólogos, entre otros, todos con más de 15 años de vinculación a la CGR. Adicionalmente contaron con el apoyo de un equipo de la Universidad Nacional para el análisis financiero al proyecto.

El vicecontralor General de la República, Ricardo Rodríguez Yee, dijo que la conclusión de la auditoría se reduce a que “estamos enfrentados a un megaproyecto que tiene unas imperfecciones desde el punto de vista de su gestión fiscal. Estamos hablando de un exceso de inversión y de una cadena de decisiones que no fue afortunada frente a las condiciones constructivas”.

La CGR afirmó que, con los ingresos netos acumulados hasta el año 2045, el proyecto habría recuperado las inversiones de capital en activos y tendría un valor presente positivo de $17,91 billones, por lo cual “el periodo de recuperación de la inversión sería de aproximadamente 35 años”.

A 17 meses de iniciada la contingencia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la misma Contraloría tienen procesos en curso por hechos relacionados con el megaproyecto. Las únicas sanciones hasta ahora son tres multas de la Anla que suman $8.442 millones.

La empresa confirmó que recibió el jueves el informe de control excepcional a los recursos del proyecto de generación eléctrica - Hidroituango, elaborado por la Contraloría General de la República.

Informó que estudiará el documento con un grupo de expertos y que en los próximos días, con base en este análisis, hará pública su posición. “La organización continuará colaborando con las autoridades en lo que la requieran y dando las explicaciones que correspondan”, finalizó.

A continuación, resumimos los seis hallazgos.

En tan solo cuatro días, el proceso para que los ciudadanos en Rionegro obtengan la tarjeta Somos ya alcanzó a 30.000 personas que se preinscribieron online.

Estas solicitudes podrán realizarse hasta el próximo 30 de septiembre y son fundamentales para acceder a al naciente sistema integrado de buses (Sonrío) que arrancará operación el 1 de noviembre.

Cabe recordar que la alcaldía decidió que las primeras 60.000 tarjetas serán gratuitas, y la empresa Somos, que administrará Sonrío, acompaña la preinscripción en los corregimientos de Rionegro para aquellos sin acceso a internet.

De igual manera, para socializar el sistema, se habiluataron sitios como los Punto Vive Digital en la vereda La Playa, el barrio El Porvenir y el Vive Lab del Palacio de la Cultura (lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.). En la Plaza de la Libertad funciona una oficina permanente para este mismo propósito.

Para los adultos mayores, sobre todo aquellos con beneficios de la alcaldía, la preinscripción la llevará a cabo la administración del 26 de septiembre y el 3 de octubre en la antigua Institución Educativa Julio Sanín, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

“Beneficiarios de la Unidad de Atención Integral y de los subsidios a la discapacidad tendrán preinscripción el 26 de septiembre en la Unidad de Atención Integral”.

Asimismo, el 2, 3 y 4 de octubre, durante la mañana, adultos mayores y personas con discapacidad podrán adelantar el proceso en el auditorio del Palacio de la Cultura municipal.

“La tarjeta nos librará de cargar con tanto efectivo, se podrá recargar de una vez los pasajes para todo el mes, y uno solo servirá para varios buses. Nos va a facilitar el día a día en Rionegro”, expresó César Castro, presidente de una junta de acción comunal del corregimiento San Antonio de Pereira.

Aunque ya llevaba más de un añode avanzada con la compra y demolición de predios, ayer se dio inicio oficial al Intercambio Vial Induamérica, una obra que espera mejorar las condiciones de movilidad en la carrera 50, una de las principales vías de acceso a Itagüí y paso obligado hacia el corregimiento San Antonio de Prado, que pertenece a Medellín.

Consiste en un puente elevado sobre la carrera 50 (entre las calles 36 y 38), esta última vía, en dos sentidos con dos carriles para cada lado y que sufre una congestión permanente. El problema ha sido tan neurálgico, que Gustavo Castaño, líder de los comerciantes de la localidad, afirma que el taco en este lugar le ha quitado competitividad a su municipio.

“Si bien el comercio se va a beneficiar cuando termine la obra, hay que decir que muchos comerciantes prefirieron irse a otra parte. A muchos les parece increíble que por fin se vaya a construir”, sostuvo.

El proyecto, al que la gente del común llama “intercambio de Pilsen”, contará con una glorieta de 3 carriles, la construcción de un paso elevado con dos calzadas de 7 metros cada una, dos carriles de circulación por sentido y la construcción de 8.850 metros de andenes accesibles.

También se harán cicloparqueaderos, gimnasios al aire libre, zonas biosaludables, 1.570 metros de bicicarril y 270 metros de ciclorruta como urbanismo complementario.

Fue tal la dilación que tuvo este proyecto, que el director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto, dice que, a menos de cuatro meses de culminar su periodo en la corporación, la obra constituye un hito.

“Esta obra estaba pensada hace años, para lograrla el municipio hizo un esfuerzo aportando los predios, el Área hizo otro esfuerzo, y si no se hubiera hecho en este periodo ya no se iba a hacer, porque el desarrollo urbanístico era casi que irreversible”.

El anuncio de que ya comienzan las obras despertó tal animo entre los itagüiseños, que al acto, que se realizó en un predio a 20 metros de la glorieta de Pilsen, asistieron más de 200 personas, gran parte líderes cívicos y comunales.

El proyecto cuesta $74.000 millones, aportados entre Itagüí, que se encargó de la compra de predios ($40.000 millones, y el Área, que puso el resto del presupuesto.

Para León Mario Bedoya, alcalde itagüiseño, el proyecto Induamérica “contribuirá a mejorar la movilidad, disminuir los tiempos de desplazamiento, reducir la contaminación y garantizar fluidez en el tráfico de la zona”.

Yolanda Campuzano, líder comunal y una de las asistentes al acto inaugural, expresó que durante la construcción habrá que tener paciencia: “La realidad es que el taco acá es bravo y constante, ya no cabe tanto vehículo y por lo menos acá mejorará la movilidad”.

Tanto Prieto como Bedoya afirmaron que con el intercambio no solo se beneficiarán los cerca de 70 mil habitantes de Itagüí y los 120.000 de San Antonio de Prado, sino también los residentes en los municipios de La Estrella (52.709), Heliconia (6.567) y Armenia Mantequilla (4.200), cuyas rutas de buses circulan por esta vía obligadamente .

Diez candidatos que quieren convertirse en alcaldes. Tres, presuntamente “de la cuerda” del actual alcalde y uno de la primera dama, según comentan los ciudadanos. Un partido político que avaló a dos aspirantes y armó un lío que aún no se resuelve. Un juego de “te doy un aval hoy y te lo quito mañana”, en el que los afectados no confirman los más de $15 millones que, supuestamente, cuesta un respaldo como ese. Y una lista de investigados por las autoridades, encabezada por los dos favoritos. Tal es el escenario que tienen ante sí los 34.079 votantes potenciales de Puerto Berrío, municipio del Magdalena Medio Antioqueño.

El exalcalde Robinson Alberto Baena Zuluaga (2012-2015) es, según sus propios rivales, el más opcionado para convertirse en la primera autoridad municipal. También es el más emproblemado y, por ello, optó por hablarle a EL COLOMBIANO a través de su abogado Ever Robinson Vergara.

Baena dijo que quiere repetir cargo porque el pueblo le tiene cariño, terminaría las obras que él empezó y convertiría a Puerto Berrío en un buen vividero.

“Robinson es maquiavélico, embaucador, populachero y enredó a los estratos bajos en su alcaldía, regalándoles electrodomésticos que les exigía a sus funcionarios”, aseguró Jorge Bedoya, comerciante y excandidato al Concejo.

Vergara, quien fue secretario de Gobierno en el mandato de Baena, aseguró que eso era parcialmente cierto: él mismo dio electrodomésticos, en fechas especiales, como el Día de la Madre, pero los funcionarios se los entregaban al alcalde, no por exigencia, sino por su propia voluntad.

Bedoya, y Leonardo Ortega Caicedo, coordinador de la Mesa de Derechos Humanos del Magdalena Medio, afirmaron que, como alcalde, Baena incurrió en presuntos hechos de corrupción que fueron denunciados por el abogado y periodista Edison Alberto Molina, quien fue asesinado el 6 de septiembre de 2013. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) asegura que por esas denuncias Molina fue perseguido, estigmatizado, acosado, amenazado por anónimos y también por funcionarios de la alcaldía de Baena, quien en Teleberrío “indicó que “Los Enanos” (grupo opositor liderado por el periodista) eran sicarios delincuentes, subversivos, aliados de grupos paramilitares y que debían ser eliminados, incitando al odio y violencia en su contra”.

El abogado Vergara -quien también está citado en la revelación de la FLIP- anunció que él y su candidato denunciarán a la Fundación, negó que hayan realizado tales incitaciones y destacó que ni él ni el exalcalde han sido llamados por la Fiscalía para declarar en el caso del asesinato de Molina, a quien no reconoció como periodista.

En cuanto a las investigaciones que enfrenta Baena, Vergara comentó que el exalcalde tiene varios expedientes abiertos en la Procuraduría, “por quejas menores”; en la Contraloría, por la construcción de unas piscinas públicas; y una imputación de presunto peculado por apropiación en la Fiscalía, por un proyecto de construcción de vivienda: “creemos que viene una preclusión de ese caso porque no se perdió un peso”, dijo el abogado del candidato.

¿Y los avales?

Henry Alonso Escobar va por su cuarta alcaldía (91-92, 95-97, 2004-2007), pero, según él, en su camino se interpuso la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Partido de Reivindicación Étnica (PRE) “por una posible venta de un aval”.

Escobar relató que fue el primero en matricularse en Puerto Berrío a nombre de ese partido. El aval se lo firmó “el dueño del PRE”, Gustavo Prado Cardona, y lo usó para inscribirse como candidato en la Registraduría, el 26 de julio. Al día siguiente, agregó, apareció un señor con la Resolución 01 del 26 de julio, en la que le revocaban ese aval, “por un error informático”, y se lo ratificaban a otro candidato, Robinson Alberto Baena Zuluaga. Como dudaron de la autenticidad de ese acto, que aparece firmado por el secretario general del PRE, Wilson Rentería Riascos, instauraron las denuncias de rigor y el tema quedó para el esclarecimiento del Consejo Nacional Electoral.

En concepto de Escobar y sus asesores, “los dos avales son legales, pero no pueden coexistir”. Al preguntarle qué razón les dio “el dueño” del partido sobre el caso, anotaron que “el PRE está dividido por un tema de la venta de avales. Gustavo Prado es candidato a la alcaldía de Cali y su propio partido está pidiendo la revocatoria de su inscripción y la de otros 14 candidatos. El tema de fondo es una venta de avales”, enfatizaron las fuentes, que remitieron como evidencia un audio de un personaje, al que llaman “Uribito”, que cuenta detalles sobre la manera como presuntamente se negocian en Bogotá estos respaldos, que le dan vida a las aspiraciones de candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas.

Escobar y sus asesores indicaron que ellos, al igual que Robinson Baena, corren el riesgo de quedarse sin el aval del PRE. Si eso llegare a ocurrir, sería el tercer aval que perdería el candidato con mayor favorabilidad. En efecto, Ever Robinson Vergara le relató a EL COLOMBIANO que él mismo tramitó y obtuvo el aval del MAIS para Robinson Baena y con el presidente de ese partido en Antioquia adquirió el compromiso de ponerle 2.000 votos en Puerto Berrío.

“Robinson, desde el aeropuerto Eldorado, de Bogotá, anunció por las redes sociales que tenía el aval de MAIS. A los 8 días subió el candidato Gustavo Medina a la capital y dijo que le habían revocado el aval a Robinson. No conocemos el acto de revocatoria y nos dio miedo usar ese aval para inscribir la candidatura a la alcaldía”.

Vergara agregó que el otro aval, de la AICO, se los entregaron a mediados de julio. De nuevo, Baena dio el anuncio desde el aeropuerto Eldorado. Sin embargo, en una convención de la AICO, realizada en Medellín para entregar avales, ni los dejaron entrar al recinto de Adida, la asociación de profesores. “Al terminar el evento aprovechamos y nos metimos con Robinson, quien se paró en la tarima para la foto. Y, oh, sorpresa, a las 2 horas salió de una oficina privada de esa sede Gustavo Medina mostrando el aval de la AICO. Ni a los aspirantes a concejales de Berrío ni a nosotros nos entregaron el aval”.

Gustavo Ernesto Medina Zapata, uno de los presuntos candidatos respaldados por Jaime Cañas, alcalde de Puerto Berrío, afirmó que “no, en lo absoluto, no cuento con el respaldo del alcalde o de la primera dama”. Así mismo, explicó que el aval que le dio el Partido Conservador lo recibió del representante a la Cámara, Germán Blanco, pues este decidía a quién se le daba el respaldo, al ser el mayor elector en Berrío.

Del aval recibido de la AICO, Medina explicó que Baena se fue a tramitarlo a Bogotá, desconociendo que el procedimiento pasaba en Antioquia por la Federación de Comunales y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Él, Medina, se postuló y contó con el beneplácito de muchos comunales de Berrío. “Al final, añadió, el aval nos fue entregado a nuestro proceso a través de una coalición de partidos”.

Sobre el aval del MAIS, afirmó que él y Baena fueron engañados por un directivo que les prometió, a ambos, el aval. Medina dijo haber aclarado la realidad del mecanismo como se otorgaba y al final él se quedó con el coaval definitivo.

El candidato reconoció que, entre 2016-2017, le prestó servicios profesionales a la alcaldía de Cañas, por los cuales recibió $230 millones. Eso le valió una denuncia de Miguel Antonio Díaz ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por una presunta inhabilidad: su unión marital de hecho y sociedad conyugal con Wallis Giraldo, secretaria de Salud de Berrío y alcaldesa (e) en la época en que Medina fue contratista. “Han argumentado, sin prueba alguna, que mi separación con la mencionada funcionaria es simulada, lo cual no es cierto”, como trata de probarlo el candidato ante las autoridades competentes.

Oficiales de Migración Colombia detuvieron en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro al ciudadano mexicano Edgar Hurtado Ramírez, quien era buscado por las autoridades norteamericanas por los delitos de blanqueo de capitales y tráfico de cocaína.

Hurtado, buscado a través de circular roja de Interpol por hechos ocurridos entre los años 2010 y 2011, fue detenido cuando pretendía abordar un vuelo comercial con destino a Ciudad de México.

Según las autoridades, Hurtado Ramírez ingresó al país el pasado 18 de septiembre, aprovechando que no había ninguna orden de detención en su contra.

Sin embargo, las declaraciones dadas al momento de su entrada al país, despertaron sospechas entre la autoridad migratoria, quien decidió ponerse en contacto con Interpol y vigilar las actividades que realizó el extranjero dentro del territorio nacional.

Tres días después de su ingreso a Colombia, y uno después de la expedición de la circular roja en su contra, Hurtado Ramírez, fue detenido y dejado a disposición de las autoridades correspondientes, para la legalización de su captura.

El oso de peluche gigante, ocasionalmente asaltado por el abrazo de un pasajero o un niño, recorrió cada rincón del sistema masivo de transporte. Viajó sentado en los vagones, hizo pausas en las plataformas de abordaje y acompañó a los usuarios en las cabinas del metrocable.

Este sábado, el Metro de Medellín quiso celebrar el día del amor y la amistad con un oso. “Toma un mensaje de amor”, se leía en un cartel y en una pequeña canasta de mensajes que llevaba consigo el pasajero de peluche.

“Nuestros viajeros se encontraron con una hermosa sorpresa. Un oso gigante nos recuerda el valor del amor y la amistad”, expresó el Metro de Medellín a través de sus cuentas institucionales.

El oso completó su recorrido en estaciones como San Javier, Universidad y San Antonio. Algunos usuarios tomaron fotografías y las compartieron en sus redes sociales.

Tomarse un tinto, reunido entre amigos o familiares, para hablar. Una tradición tan común en los hogares colombianos que ocurre, con otro nombre, en el vecino país. En Venezuela al tinto se le llama guayoyo, y aunque es más suave y con más agua, sirve para el mismo propósito.

El próximo 3 de octubre, EL COLOMBIANO, Efecto Cocuyo (medio de comunicación de Venezuela) y El Tiempo se unen para reunirse con migrantes colombianos y venezolanos y tomar un guayoyo en Medellín. La idea es compartir sus visiones sobre la situación actual migratoria.

Además de reunir y crear comunidad, se conocerán historias interesantes de las que se crearán contenidos periodísticos. Y un experto se unirá a la conversación para dar respuestas a las dudas de los migrantes.

El proceso de selección de los participantes se hará dependiendo de sus perfiles: personas que hayan migrado de Venezuela a Colombia en los últimos 10 años; si es hombre o mujer; su profesión u oficio. Y por supuesto, su historia de migración.

Si usted es migrante venezolano o un colombiano que vivió en ese país y regresó hace poco, y le interesa el tema y quisiera participar de estas conversaciones, lo invitamos a llenar el siguiente formulario:

Formulario de inscripción al TintoGuayoyo

Al llenar este documento, se está postulando para participar en la reunión. Se seleccionarán 10 personas, que recibirán la información entre el 26 y el 27 de septiembre.

Esta reunión no es auspiciada por entes gubernamentales o de ayuda internacional. Tampoco se entregarán ayudas humanitarias o se resolverán trámites migratorios. Es un encuentro que busca motivar la conversación y el desarrollo de contenidos periodísticos sobre el tema migratorio.

Desde neveras hasta jeringas han sido arrojadas por los hinchas desde las tribunas al campo de juego durante los últimos encuentros deportivos. El caso más reciente fue este sábado, cuando uno de los asistentes lanzó una navaja a la cancha del Atanasio Girardot, en la que los jugadores del Independiente Medellín disputaban un partido contra Millonarios.

El jugador David Mackalister Silva, de Millonarios, fue quien le entregó la navaja al árbitro del juego, Carlos Ortega.

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Este domingo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció con una fotografía a través de sus redes sociales que ya había sido identificado el responsable de lanzar este objeto al estadio. Anunció que esta persona iba a ser sancionada y que le sería prohibido el ingreso al Atanasio.

Gutiérrez agregó que convocaría a una rueda de prensa en la mañana de este lunes para referirse al tema.

Sobre este hecho, la Dimayor emitió un comunicado rechazando estos actos: “La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, Dimayor, rechaza la situación que se presentó en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín durante el encuentro, por la fecha 12 de la Liga Aguila II-2019, entre Independiente Medellín vs Millonarios FC, en donde un aficionado desde el sector noroccidental, lanzó un cuchillo que cayó en el terreno de juego, mientras los jugadores del club visitante celebraban el segundo gol”.

Una protesta de conductores de transporte público, que tendría lugar en Bogotá y en municipios de Cundinamarca como Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Facatativá, está siendo convocada para mañana a través de redes sociales.

En las imágenes y videos se especifica que este paro de conductores (bicitaxistas, buseteros, camioneros y volqueteros) iniciaría en la capital a las 4:00 a.m. en la avenida El Dorado, con marchas dirigidas hacia la plaza de Bolívar. De acuerdo con estas imágenes, las concentraciones serían en cuatro puntos: la avenida El Dorado con la avenida Ciudad de Cali, la avenida El Dorado con la avenida Boyacá, la avenida El Dorado con av. 68 y la avenida El Dorado con la avenida NQS. También el Portal Américas, Usme, 20 de julio, Tunal, Portal Norte, Portal 80 y Portal del sur de Transmilenio.

En uno de estos videos compartidos en redes, un hombre que se identifica como Hernando Chávez, representante de la Agremiación Nacional de Conductores de Colombia, explica que tras una reunión con el Ministerio de Transporte en la que no fue posible llegar a una concertación sobre la medida que determina la suspensión de licencias de conducción por dos comparendos acumulados en seis meses, la decisión de este gremio es la de hacer un paro nacional este lunes “taponando vías principales, aeropuertos y terminales”.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Iván Casas, le confirmó a EL TIEMPO que para atender esta movilización se adecuaría un puesto de mando unificado (PMU) distrital para hacer seguimiento y evaluar la situación.

Sobre si este paro nacional se replicaría en Medellín, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, le explicó a EL COLOMBIANO que ni los transportadores de carga, ni de pasajeros, se han pronunciado al respecto en la ciudad. Agregó que aún no hay ningún paro confirmado, pero que tienen conocimiento del video que está circulando en redes sociales.

Por su parte, Luis González, presidente de la Asociación de Volqueteros Unidos de Antioquia, añadió sobre este paro que “se especula mucho, pero la verdad no sabemos ni quién está liderando esa desinformación”.

Consultados por EL COLOMBIANO, voceros de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) manifestaron que por ahora solo se menciona en estas convocatorias a Cundinamarca, pero “no se puede descartar la probabilidad que sea en otros lugares también”. Sin embargo, ATC agregó que no tienen conocimiento de una movilización en Medellín.

Darío Duque, presidente de Taxistas Presentes de Medellín, indicó que a esta convocatoria se sumaron buseros, camioneros y transportadores únicamente en Bogotá, pero que el gremio taxista de Medellín no va a participar en esta movilización.

A través de un comunicado de prensa, los transportadores de la Unidad Gremial conformada por la Asociación de Transportadores (Asotrans), el Consejo Superior de Transporte (CST) y la Asociación Nacional para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), manifestaron su rechazo al paro anunciado por parte de los transportadores.

“Esta protesta no tiene el respaldo de la Unidad Gremial ya que detrás de ella hay individuos que no son conocidos en el gremio del transporte y buscan protagonismo”, aseguró José Yesid Rodríguez, Presidente de ADITT, en este comunicado de prensa.

Estas agremiaciones aseveraron, además, que “los transportadores informales están usando el nombre de reconocidas empresas legales para convocar a este paro (...) Es posible que la ilegalidad esté apoyando esta protesta desde la redes sociales usando los logos de muchas empresas de transporte reconocidas, y no debemos caer en ese tipo de provocaciones”.

Noventa personas se inscribieron como aspirantes al cargo de Contralor de Antioquia (CGA) en un proceso que empezó el pasado 26 de agosto con la publicación de la convocatoria y que terminará el próximo 12 de diciembre cuando la Universidad de Antioquia, entidad elegida para adelantar las pruebas y evaluaciones, entregue la lista de resultados.

La elección estará en manos de la Asamblea de Antioquia. Luquegi Gil, decano de Derecho de la Universidad de Antioquia (U. de A.) y quien lidera el equipo de evaluación de los candidatos, explicó que hasta el próximo lunes 30 de septiembre estarán evaluando las inscripciones y verificando que los aspirantes cumplan los requisitos mínimos exigidos para el cargo.

“Verificamos que cumplan cada requisito y que la documentación se haya entregado completa. El 1 de octubre se entrega una lista preliminar de las personas que llenaron los requisitos y las citamos a una prueba de conocimientos”, indicó el decano.

La convocatoria está bajo vigilancia pública, no solo por la importancia del cargo y el salario ($16,2 millones mensuales actualmente); sino porque nadie quiere repetir los errores que se presentaron hace cuatro años, cuando se eligió a Sergio Zuluaga Peña y meses después se comprobó que había falsificado información en su hoja de vida.

La Procuraduría lo suspendió del cargo por 10 meses (que se cumplieron entre agosto de 2018 y junio de 2019) y dos meses después –el 21 de agosto– fue capturado por la Fiscalía, imputado por delitos como concierto para delinquir, cohecho y prevaricato, lo que llevó a su renuncia el pasado 29 de agosto.

Todo eso llevó a una crisis en la entidad, pues, además de Zuluaga, fue capturado e imputado por nueve delitos el subcontralor Rubén Darío Naranjo, quien reemplazó a Zuluaga durante su ausencia; y tres contralores auxiliares. La Fiscalía los investiga porque, al parecer, intercambiaban dinero y contratos a cambio de amañar las auditorías.

Con las dos cabezas principales por fuera, y aunque Naranjo no ha renunciado a su cargo, fue nombrada como contralora Diana Carolina Torres García, quien se desempeñaba como contralora auxiliar.

La elección del contralor se hace bajo los lineamientos de la Ley 1904 de 2018. El decano Gil explicó que por eso no se puede divulgar información sobre las personas inscritas, hasta que se cumplan los pasos marcados en el cronograma (ver Qué sigue).

“Las pruebas la vamos a aplicar el 21 de octubre con los mismos controles que se hacen en el examen de admisión a la U. de A. Tenemos un cuarto aislado en el que se elaboran las preguntas, donde todo es monitoreado con cámaras y grabaciones de audio, y lo mismo se hace para la calificación”, anotó.

La prueba será sobre conocimientos en control fiscal. Si bien la ley no requiere tener una profesión específica para aspirar al cargo, sí exige conocimientos en esa área, título profesional y experiencia de por lo menos dos años en el sector público.

Una vez elaboradas las pruebas y valoradas la experiencia y la formación académica, incluyendo docencia y publicaciones, se le entregará a la Asamblea la lista de quiénes obtuvieron las mayores calificaciones.

“Esa lista no define quién queda. De ahí en adelante se realizan audiencias y entrevistas por parte de la Asamblea y son ellos quienes eligen”, aclaró Gil.

Ese es, precisamente, el punto en el que podría reaparecer la corrupción. Así lo explicó el diputado Luis Peláez, quien aseguró que el concurso debería ser de méritos. “Hay un afán por tener contralor de bolsillo y por eso, además de los elementos cuantitativos que miden las pruebas y la experiencia, se tienen en cuenta valoraciones cualitativas (apreciación que tengan los diputados del candidato) que se pueden usar para potenciar a los amigos en la entrevista”, sentenció.

La Gobernación de Antioquia informó que faltando menos de cuatro meses para culminar el periodo ya llegó a los 1.121 kilómetros de vías terciarias pavimentadas con los que, a su juicio, ya superó la meta de lo prometido en campaña por el gobernador Luis Pérez de pavimentar mil kilómetros.

Esta iniciativa, que se ejecutó en 115 de los 125 municipios del departamento, fue desarrollada en conjunto con las alcaldías y las comunidades, a través de convenios interadministrativos.

El total de recursos invertidos fue de 783.125 millones de pesos. De ellos, los municipios beneficiarios aportaron cerca del 48 %, una suma de $370.000 millones, confirmó el secretario de Infraestructura, Gilberto Quintero.

“Al iniciar esta administración encontramos que Antioquia tenía 11.600 kilómetros de vías terciarias, pero solo 90 estaban pavimentadas”, recordó Quintero.

Añadió que estas obras pagan las deudas acumuladas, durante muchos, con los campesinos, porque se les da equidad, justicia y dignidad.

El gobernador Pérez recalcó que, en muchos casos, solo se pavimentaron vías de 4 o 5 kilómetros, pero de gran significado para los municipios.

“En la comunidad indígena de Cristianía (entre Andes y Jardín) se construyeron 1,3 kilómetros de una vía que ellos tenían como una trocha hace 500 años”, dijo.

El Ejército, la Policía y las comunidades también apoyaron logísticamente y con mano de obra estos proyectos, lo que permitió reducir costos y agilizar las ejecuciones.

Aunque el diputado Luis Peláez criticó este programa por considerar que el aporte es mínimo, ya que se pavimentan muy pocos kilómetros por vereda, los mandatarios locales lo respaldan.

El alcalde de Venecia, Ferney Darío Fernández, destacó este proyecto como uno de los más innovadores adelantados en el departamento. “En Venecia fuimos beneficiados con varios proyectos, uno de ellos de 13 km cofinanciados”.

Señaló que esta obra fue motivadora para que, con el sector privado y la comunidad, se obtuvieran recursos para la pavimentación de otros 10 km, lo que suma 23 km que abarcan todas las veredas.

El alcalde de Marinilla, Édgar Villegas Ramírez, dijo que en su municipio se pavimentaron 41 kilómetros de placa huella y 18, de vías rurales con recursos de Isagen.

La alcaldesa de Cañasgordas, Margarita Lopera, contó que su localidad se benefició con 11 km, “y esto dignificó la vida de nuestros campesinos, que por siempre han sido los más olvidados”.

No son estos submarinos de guerra, como los cuatro que tiene la Armada Nacional Colombiana. En absoluto. Son un ingenioso desarrollo sumergible del Semillero de Automatización y Robótica (Sauro) de la Institución Bravo Pascual Bravo de Medellín, que sirve para medir tres variables de contaminación del agua.

Se trata de minisubmarinos, que no son otra cosa que drones acuáticos desarrollados durante tres años y presentados este 2019 por Carlos Alberto Valencia, coordinador del grupo de investigación, y su auxiliar en el laboratorio, Luis Felipe Arias, quienes también recibieron apoyo de estudiantes para su ingenio.

El primer prototipo fue nombrado EcoRover 1.0, con un exterior de Policloruro de vinilo (PVC) y tiene dos sensores que le permiten medir el pH (acidez), la temperatura y la turbidez de un río o lago.

Con uno de sus tres motores se sumerge hasta casi un metro de profundidad y con los otros dos se desplaza hacia adelante y a los lados, mientras recolecta información que trasmite remotamente a un computador.

Fue hace seis años, cuando Arias veía una serie en Youtube relacionada con Veinte mil leguas de viaje submarino y, como en el Pascual venían trabajando con drones para temas ambientales (en 2016 presentaron uno para medir la contaminación del aire), le propuso la idea al profesor Valencia y en 2016 comenzaron a trabajar en ella (ver Gráfico).

“En Colombia somos privilegiados en la parte hídrica, pero también la castigamos. Con esta herramienta podemos hacer seguimiento de las cuencas y lagos, podemos ir, por ejemplo, a embalses como Hidroituango y ver su estado, o evaluar nuestras ciénagas”, explicó Valencia.

Para desarrollar el minisubmarino invirtieron alrededor de ocho millones de pesos y, aclaró, que todo fue creado con software libre, por lo cual ni pretenden patentar la creación ni aprovecharla comercialmente, su fin es ponerla al servicio de la institución y la ciudadanía.

“Los análisis se hacen con tomas manuales de muestras, y no encontramos en el estudio un desarrollo similar en Colombia o el mundo. El EcoRover puede llegar a la mitad del río y hacer trazabilidad en un cauce, no solo en puntos específicos”, anotó Valencia.

Arias, a quien le llegó la idea, fue enfático en expresar que ojalá el dron sirva para demostrar que desde cualquier laboratorio se puede innovar y contribuir a la sociedad.

El EcoRover 2.0 se podrá sumergir hasta 4 metros y por medio de un cable trasmitirá datos a un computador en tierra. En el laboratorio ya tienen un cuerpo construido en nylon y acrílico que ensayan para ponerlo en funcionamiento.

Por lo pronto, el profesor Valencia dice que ya han trabajado con empresas que contratan sus servicios (guardan confidencialidad) y están abiertos a requerimientos de autoridades ambientales.

“Esto va muy de la mano con la movida de la Cuarta Revolución Industrial, que llegó con un centro a Medellín. Sirve para contarle al país, a la ciudad, que está haciendo la institución en temas de apropiación tecnológica”, expresó Juan Pablo Arboleda, rector del Pascual Bravo.

Una propuesta de la Gobernación de Antioquia, que implicaría invertir dineros del rubro de seguridad y convivencia en el proyecto conocido como el “Central Park” del municipio de Bello, tiene inquietas a varias agencias de seguridad.

Fuentes de algunos de esos organismos, que pidieron reserva de identidad, manifestaron su preocupación a EL COLOMBIANO, señalando que hay necesidades más apremiantes para esos recursos, como el presupuesto para la protección de testigos, pago de informantes y la tecnología en videovigilancia, entre otras.

El gobernador Luis Pérez ha considerado al “Central Park” como “el proyecto detonante del Plan de Desarrollo Antioquia Piensa en Grande”. Ubicado en Bello, en torno a la unidad deportiva Tulio Ospina, tendrá un área cercana a un millón de metros cuadrados, que incluyen un autódromo, bosques, senderos para la comunidad, más escenarios deportivos, un centro de salud y una estación de bomberos. El costo total estimado es de $143.000 millones.

La primera piedra del macroproyecto fue puesta el pasado 17 de septiembre, en un acto público que contó con la asistencia de autoridades locales y regionales, al igual que miembros de la comunidad.

“Cuando sale un gran proyecto es cuando todos deberíamos alegrarnos. No debería haber una sola discusión de la importancia que tiene. Lo que queremos es que este proyecto se apoye con todo el entusiasmo”, declaró Pérez.

Mientras los abrazos iban y venían en el evento, en otras oficinas se cocinaban descontentos relacionados con la financiación de la obra.

La discrepancia nació de un proyecto presentado por la Secretaría de Gobierno departamental, llamado Centro de Fortalecimiento para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual estaría ubicado dentro del futuro parque.

De acuerdo con el formato de presentación del proyecto, conocido por este diario, sería un centro de capacitación para miembros de la Policía, el Ejército y la Administración de Justicia, que les ayude a mejorar sus conocimientos y les brinde herramientas para minimizar los errores en procedimientos.

También busca complementar las capacidades en materia de Derechos Humanos y fortalecer la relación de estas instituciones con la comunidad, aumentando la confianza de parte y parte.

“La ciudadanía demanda mejor cualificación y efectividad en los procedimientos por parte de la fuerza pública, la ciudadanía castiga y señala permanentemente situaciones de inconformidad en redes sociales y medios de comunicación que terminan por generar la deslegitimación del Estado y el desprestigio de las distintas fuerzas. El Centro de Fortalecimiento para la Seguridad y la Convivencia de Antioquia es un esfuerzo importante para remediar estas situaciones”, dice el documento.

Al mismo tiempo, este lugar “servirá como centro de coordinación y encuentro, así como punto de control de seguridad cuando esto sea requerido por la fuerza pública y los organismos e instituciones de seguridad y justicia, atendiendo a los eventos o contingencias que puedan presentarse en la zona de influencia del ‘Central Park’”.

La institución que ha venido ejecutando los diseños es Indeportes, que estimó el presupuesto para esta obra en $2.860’070.787, con una interventoría de $224’106.147.

La Gobernación pretende que ese dinero salga del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset). Esta es una cuenta especial creada por el Ministerio del Interior, para que la administren los gobernadores y la destinen “a los programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la política integral de seguridad y convivencia ciudadana (decreto 1066 del 26 de mayo de 2015)”.

El Fonset fue reglamentado por la Asamblea Departamental de Antioquia, con la ordenanza N°59 de diciembre 27 de 2016. Se financia con el 5% del valor de los contratos de obra pública, el 25% del valor recaudado por concepto de apostilla en el Departamento y el 2.5 por mil del recaudo bruto que generen las concesiones de las vías terrestres, aéreas o fluviales.

En la actualidad, según fuentes oficiales, hay cerca de $11.000 millones en el Fonset. La instancia que decide qué hacer con esa plata es el Comité Territorial de Orden Público, del cual hacen parte el Ejército, la Policía, Fiscalía, Fuerza Aérea, CTI, Migración, la UNP y la Gobernación.

El pasado 16 de septiembre se reunieron los delegados del comité para analizar la viabilidad jurídica de financiar el Centro de Fortalecimiento con esos recursos. Algunos de los presentes manifestaron dudas, aunque no lo descartaron.

Al día siguiente, con ocasión del consejo de seguridad semanal con el gobernador Pérez y los comandantes de todas las fuerzas volvió a tocarse el tema, pero ante la falta de consenso, se vino al piso.

Varios delegados no estuvieron de acuerdo, por considerar que la plata del Fonset tiene otras prioridades. Tampoco estaba claro cuál de todos los organismos recibiría la sede y se cuestionó la pertinencia de Indeportes para diseñar una edificación de seguridad.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que las discrepancias no le cayeron bien al gobernador, quien propuso que entonces construyeran una estación policial.

La nueva idea no logró imponerse. Primero, porque a dos cuadras del Central Park ya existe el Comando de Policía de Bello; y segundo, porque la aprobación de estas estaciones depende de la Dirección de la Policía en Bogotá y es un proceso que puede tardar mucho tiempo.

Otra de las situaciones que generó malestar es que, al parecer, el Centro de Fortalecimiento no era parte del Plan Anual de Inversiones del Fonset, tal cual establece la ordenanza, sino que fue presentado de forma sorpresiva a principios de septiembre.

Buscamos a los organismos de seguridad para conocer su postura oficial frente al caso. La Fiscalía prefirió guardar silencio y en el Ejército manifestaron que la vocería del tema la tienen la Gobernación y la Policía.

El general Óscar Gómez, comandante de la Región de Policía N°6, dijo: “La Gobernación quería usar los recursos para un centro de capacitación, pero no estaba claro qué institución iba a recibir el inmueble. Ahora se cambió el proyecto y hablan de una estación de Policía, pero ese tema depende de Bogotá, allá analizan la viabilidad, miran si el lote cumple las condiciones y la Dirección Financiera hace una inspección”.

El oficial añadió que “en este momento estamos en cero con eso”.

La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Ramírez, indicó que “el 19 de septiembre se realizó la visita técnica al terreno y se determinó que la capacidad portante del lote destinado no tiene el área suficiente para una estación de Policía, cuya capacidad mínima es de 318 hombres, ni para una subestación de 19 hombres. No obstante, es viable la construcción de un Centro de Atención Policial (CAI), para lo cual se reestructurará el proyecto y se presentará al comité nuevamente”.

Para la funcionaria, la inversión se justifica porque “‘el Central Park’ contempla una estrategia de renovación urbana en el norte del Valle de Aburrá y en Bello, que cuenta con la presencia de 12 estructuras criminales, siendo una de las prioridades en la intervención en seguridad del departamento. Un proyecto que tendrá aforo de más de 40 mil personas requiere un apoyo de la Policía, para garantizar la seguridad de los asistentes, con este CAI que será entregado mediante donación por acto ordenanzal a la Policía”.

Por ahora se desconoce cuánto costará el CAI y si, al fin de cuentas, los organismos de seguridad lo consideran prioritario.

EL PROYECTO QUE ESTÁ EN VEREMOS

El proyecto del Centro de Fortalecimiento fue presentado por la Secretaría de Gobierno de Antioquia al comité del Fonset.

El pasado domingo, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, clausuró las sesiones extras de la Asamblea y, durante el acto, hizo algunos anuncios y elevó peticiones a los diputados.

El mandatario solicitó a la Duma estudiar a profundidad el tema de la organización de la explotación minera en el departamento.

De acuerdo al Plan de Ordenamiento de Antioquia, a esta actividad le fue asignado el 15 % del territorio, lo cual generó inquietudes del Ministerio de Minas y otras entidades. Pérez manifestó que se debe avanzar para que la minería se haga, pero de forma organizada y legal.

Ante los diputados, el gobernador reiteró que la Registraduría, mediante una resolución, ratificó que los territorios en disputa con el departamento de Chocó votarán el próximo 27 de octubre por candidatos antioqueños.

De esta manera, los corregimientos Belén de Bajirá, en Mutatá, y Blanquiceth, Macondo y Nuevo Oriente, en Turbo, integran el censo electoral del departamento.

“Corrió un rumor de que un abogado había censurado la decisión, y eso lo puede hacer todo el mundo, pero es que una resolución de la Registraduría solo la puede tumbar el Consejo de Estado”, expresó Pérez.

Por otro lado, durante las sesiones extras, la Asamblea también aprobó el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, un instrumento de planificación que permite adoptar actividades, procedimientos y metodologías para la transferencia de conocimientos y tecnologías dirigidas al productor para mejorar su sistema productivo, y así garantizar mayor calidad y cobertura en este campo.

El corredor verde La Picacha, una intervención que contempla 6,8 kilómetros de ciclorrutas, estrena la estación número 66 del sistema de bicicletas públicas En Cicla del Área Metropolitana.

Se trata de la ubicada en Parques del Río, una de las 100 estaciones que estaban contempladas para entregarse antes de que finalice el año.

De acuerdo con el Área Metropolitana, el corredor de La Picacha –el cual conecta las comunas de Belén y Laureles con el centro de la ciudad– está diseñado para tener siete de estas estaciones, de las cuales ya hay cinco en funcionamiento.

El Área Metropolitana precisó, también, que esta estación se une a la red que se dirige al centro y a La Alpujarra. Enfatizaron la importancia de esta nueva infraestructura y agregaron que En Cicla hoy cuenta con 1,577 bicicletas y 88.000 usuarios inscritos en el sistema, con alrededor de 16.000 viajes al día.

Están pendientes de instalación en este corredor las estaciones Picacha la 78 y Parque Malibú.

Las primeras en entrar en funcionamiento fueron Picacha la 76, Bulería, Cafetero y Unicentro (cada una con 20 bicicletas). Además, fueron implementados 28 cicloparqueaderos y seis mini talleres para bicis.

Las obras en el corredor verde de La Picacha tuvieron un costo de $16’373.180.57, en las que se intervinieron 21.734 metros cuadrados, de los cuales 14.756 metros cuadrados son espacio público mejorado (con gimnasios, bancas, juegos y parques de calle, así como renovación del alumbrado público mediante Sistema LED).

El Área Metropolitana explicó que la nueva estación instalada en Parques del Río cuenta con 24 módulos de anclaje (espacios para las bicicletas) y que se calcula que en una bicicleta pública montan 14 personas al día .

Tras el hallazgo, la madrugada del pasado domingo, de un cadáver dentro de un costal en el corregimiento San Cristóbal de Medellín, ya son 24 los casos de cuerpos encostalados en lo que va del año en el Valle de Aburrá.

Este último caso ocurrió, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en el barrio La Loma, a pocos metros del Túnel de Occidente. La Policía encontró a la víctima a las 12:15 a. m.

Las autoridades revelaron que el cuerpo es masculino, tenía los pies atados y, tras la inspección, se estima que podía tener entre 20 y 25 años de edad. La víctima no portaba documentos.

Los móviles del caso y las causas de la muerte son materia de investigación. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para el análisis forense y así determinar la identidad de la víctima.

En otros hechos ocurridos en la capital antioqueña, a las 5:12 a. m. del domingo fue inspeccionado el cuerpo de José Arley Arbeláez Rodríguez, de 41 años, quien fue asesinado presuntamente por un joven de 19 años, con un arma de fuego, en el barrio Campo Valdés.

Un poco antes, a las 4:27 a. m., la Policía hizo el levantamiento del cuerpo de Aldair Romaña Palacios en el barrio Los Mangos, de la comuna Villa Hermosa. Un hombre -cuya edad no se reveló-, pero quien, según el Sisc, fue asesinado con arma cortopunzante tras una riña que involucró a unas 30 personas.

Con los tres casos, Medellín llegó a la cifra de 476 homicidios en lo corrido de 2019, nueve más que en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento del 2 % en las muertes violentas de la ciudad.

De los primeros cinco candidatos con más intención de voto a la Alcaldía de Medellín, según La Gran Encuesta publicada hoy por EL COLOMBIANO, cuatro son de fuerzas de derecha y uribistas.

Alfredo Ramos del Centro Democrátrico, Jesús Aníbal Echeverri–candidato del Partido de la U que adhirió a Ramos–, Santiago Gómez de “Seguimos Contando con Vos” y Juan Carlos Vélez de “Medellín Avanza”; todos tienen que ver o han sido parte del uribismo.

Quintero, del movimiento “Independientes”, quien aparece en segundo lugar con 14 % de intención de voto, detrás de Ramos con 19 %, se consolida como la opción alternativa más viable y se mete entre los aspirantes llamados de derecha.

Conozca los detalles de La Gran Encuesta: Ramos 19 % y Quintero 14 %: se escaparon del lote y van en punta

Consultado por este rendimiento, Quintero afirmó:“El futuro se parece a nosotros. Esta es una campaña acompañada de forma masiva por miles de jóvenes que quieren una mejor ciudad. Vamos a seguir trabajando con honestidad, con transparencia y contra la politiquería y la corrupción”.

El lote “uribista” lo cierra Juan Carlos Vélez con un 4 % de intención de voto. Después de él, aparecen tres alternativos que hasta el momento no han logrado unirse en torno a una candidatura: Beatriz Rave de la Alianza Verde, Víctor Correa del Polo Democrático y Juan David Valderrama del movimiento “Todos Juntos”.

Según conoció este diario, al interior del Partido Alianza Verde le sugieren a Rave que se sume a Quintero, por ser la alternativa “más viable” para competirle al uribismo.

Para Pedro Piedrahita, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, Quintero cuenta hoy con la opinión de los jóvenes que viene siendo importante en las últimas elecciones.

“La figura de Quintero podría convertirse no solo en alternativa, sino en la disputa directa contra el uribismo. Lo que está en juego en estas elecciones es la consolidación o no del uribismo, por eso varias fuerzas políticas de la ciudad y del departamento van a jugar contra eso, para que no se consolide. Eso es lo que está en juego”, indicó el docente.

También agregó que será difícil que otros candidatos de centro y llamados alternativos se sumen a Quintero “por egos”.

En EL COLOMBIANO tenemos como principio la creación y la promoción de ambientes de trabajo dignos, en igualdad y libres de discriminación. También somos protectores del respeto a nuestras colaboradoras y nuestros colaboradores en su integridad física, moral y emocional.

Sabemos que existe una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, que involucra a dos colaboradores de El Colombiano (una como denunciante y otro como denunciado) en hechos ocurridos por fuera de su jornada laboral, relacionados con una presunta situación de violencia sexual. Confiamos en que la Fiscalía, que cuenta con toda nuestra colaboración, siga adelantando con celeridad el proceso correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, desde que conocimos el caso, EL COLOMBIANO activó los protocolos para acompañar a estas personas buscando proteger la integridad y los derechos fundamentales que les asisten. Reconocemos la gravedad de la situación y continuaremos con las actuaciones oportunas en la medida que se presenten los hechos, siempre velando por el bienestar y la seguridad de nuestros empleados.

Para descargar el comunicado puede dar clic aquí

Una apretada disputa por la Alcaldía de Medellín entre los candidatos Alfredo Ramos del Centro Democrático, con el 19% de intención de voto, y Daniel Quintero del movimiento Independientes, con el 14%, es la principal conclusión de La Gran Encuesta. Llama la atención que el exconcejal, Jesús Aníbal Echeverri, quien acaba de renunciar, está de tercero con el 7%.

En el cuarto lugar, con el mismo 7% en la intención de voto, está Santiago Gómez. Fue secretario de Gobierno de Federico Gutiérrez, se presenta como la carta de continuidad, pero no ha podido capitalizar la popularidad del alcalde y su campaña no despegó.

Luego de este grupo vienen los candidatos que difícilmente podrán repuntar y, a un mes de las elecciones, con las cifras que plantea La Gran Encuesta de la alianza de EL COLOMBIANO, Noticias RCN, La FM, RCN Radio, La República y El País de Cali, pueden estar pensando en realizar alianzas o mantener una campaña con poco futuro. Ahí están: Juan Carlos Vélez con 4%, Beatriz Rave 3%, Víctor Correa 3% y Juan David Valderrama 3%.

Así lo analiza Oswaldo Acevedo, director de la firma Yanhaas, que realizó la encuesta, quien dice que “a un mes los electores se ven jugados y, seguramente, se fortalecerán los bloques de los candidatos: Ramos y Quintero”.

Acevedo considera que hay que estar pendientes de qué va pasar con el 7% de Echeverri, quien renunció luego de que se terminara de medir la encuesta y se unió con Ramos. “Es un aliado que hoy vale mucho, pero tampoco se puede sobredimensionar pues por lo general los electores no se van para donde diga el jefe, en ausencia de él, toman su propia decisión”.

Hay dos porcentajes que no se pueden pasar por alto: el de votaría en blanco que saca un 21% (el más alto de la encuesta) y el de las personas que no saben por quién votar que alcanza el 18%.

Ahora bien, ya hay dos favoritos. En La Gran Encuesta se planteó la preferencia de los electores por los sectores de centro derecha e independientes. En el primer grupo, puntea Ramos con el 24%, esta vez lo sigue Santiago Gómez con 14%, queda por encima del retirado Echeverri que obtuvo 11%. El reto para Gómez es capturar esos respaldos de Echeverri y tratar de acercarse a Ramos. Juan Carlos Vélez tiene mínima opción.

El sector independiente lo lidera Quintero con el 23%. Lejos está Beatriz Rave empatada con Juan David Valderrama, los dos con 9%. Rave y Valderrama hablaron de una alianza y estaban esperando el resultado de la encuesta de EL COLOMBIANO para tomar una decisión. Juntos podrían crecer pero, a juicio de Oswaldo Acevedo de Yanhaas, “no les sería suficiente, lo natural sería ir a donde Quintero o seguir en campaña con pocas posibilidades”.

Valderrama se ha mostrado dispuesto a ir hasta el final. Pero en ese panorama Rave se convierte en una aliada de quilates, detrás suyo está el exgobernador Sergio Fajardo. En la pregunta de confianza que plantea ¿con cuál de los candidatos dejaría a su hijo?, salta al tercer puesto después de Ramos y Quintero, lo que deja ver la buena impresión que tiene entre los medellinenses.

Tres rutas de la empresa Santra Envigado paralizaron su operación este lunes debido a que al lugar donde estacionan los buses llegaron las autoridades municipales con la intención de desalojarlos.

La denuncia la interpuso el vocero de los transportadores, Aníbal Giraldo, quien señaló que Señorial M 33, Rosellón M 30 y Rosellón Avenida El Poblado C 25, son las rutas detenidas.

El parqueadero en cuestión está ubicado en el barrio Señorial, y los conductores alegan que es un predio privado, que tenía autorización para funcionar por parte de la alcaldía, y que la misma administración habría expresado que si no salían del lugar empezarían a llevar grúas para sacar los buses.

“Ya nos habían sacado de una terminal de Envigado que quedaba en el barrio El Dorado. Nos quedamos en la calle y entonces conseguimos este parqueadero en Señorial a donde llegaron para sacarnos”, expresó Giraldo.

Agregó que la misma alcaldía les pidió hacer en el terreno adecuaciones como ponerle piso duro a la entrada, demoler una casa vieja y hacer otros arreglos sanitarios para el lugar. También dijo que ese permiso de la alcaldía lo tenían hace cuatro meses.

“Ya habían venido en días anteriores, pero es que ellos saben que hay en curso un proceso jurídico, que la próxima audiencia de conciliación es el 24 de octubre, entonces no entendemos por qué quieren pasar por encima de eso”, indicó Giraldo.

Alrededor de 100 vehículos estacionan en el lote de Señorial y hoy al menos un 60 % de los conductores hicieron presencia en el sitio para impedir el desalojo.

¿Qué dice la alcaldía?

Desde la subdirección de Gestión Urbanística de Envigado publicaron un comunicado en el cual indican que el proceso inició en abril porque el parqueadero no tenía licencia, y luego hubo una audiencia en mayo en la cual se sancionó al lugar con una multa económica y la suspensión definitiva para funcionar.

Sin embargo, la alcaldía dio plazo de tres meses para obtener la licencia, y ese tiempo se cumplió a finales de agosto.

Dos acciones de tutela interpuestas por el propietario del parqueadero, señala el Municipio, impidieron hacer el cierre del lugar el pasado 2 de septiembre, pero una vez salió el fallo y fueron declaradas improcedentes, siguió el proceso.

Luego desde la administración del lugar trataron de buscar medidas cautelares mediante una acción administrativa que, aseguró la alcaldía, tampoco les fueron concedidas.

El Municipio aseveró que las acciones son por infracción urbanística contra el parqueadero, por lo cual la empresa Santra que presta un servicio de transporte público “debe estar funcionando en completa normalidad”.

Por tanto, en consideración de la alcaldía las acciones emprendidas hoy para cerrar el lugar son justificadas, toda vez que el sitio estaba “generando perjuicios a la comunidad colindante que se ha visto afectada con el deterioro de su calidad de vida, a causa del ruido excesivo y la emisión de partículas contaminantes”.