En dos conversaciones interceptadas por la Fiscalía, el entonces contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, y su subcontralor, Rubén Darío Naranjo, hablan sobre una mina en San Carlos en la que, según el ente investigador, ambos tendrían intereses.

En las llamadas, que tuvieron lugar entre abril y junio del año pasado, Zuluaga le pregunta varias veces a Naranjo sobre “el tema de San Carlos”.

En uno de los apartes, Zuluaga habla directamente de la mina. “¿Sí operamos a partir de hoy?”, pregunta y Naranjo responde: “No, porque hay que ir a identificar todo y poner a trabajar a la gente. Y necesitamos la máquina. Allá hay una pero cobra $200 (mil) la hora”.

Ambos discuten sobre ese cobro y Zuluaga finaliza diciendo que “esos son $50 millones al mes. Con eso compramos una puta máquina”.

La Fiscal 28 Seccional de la División de Administración Pública sostuvo, durante la imputación de cargos contra Zuluaga y otros 9 capturados, que en el negocio también tendrían parte la alcaldesa de San Carlos, Luz Marina Marín (vinculada a la investigación), y su esposo Juan Alberto García Duque, hoy en prisión.

La Fiscal señaló que la sociedad bajo la cual se conformó el negocio es Calizas Portugal S.A.S, que fue matriculada ante la Cámara de Comercio de Medellín el 9 de febrero de 2018 con un capital de $20 millones, y que a la fecha no han renovado su matrícula mercantil. El representante legal es Fabio Jiménez Ruiz y el suplente es Camilo Naranjo Escobar, hijo del subcontralor.

La secretaria de Minas de Antioquia, Dora Balvín, aseguró que no hay ningún título minero a nombre de esa sociedad.

EL COLOMBIANO viajó hasta la zona para verificar la existencia de la citada mina. El lugar está ubicado en la vereda Portugal, a dos horas del casco urbano de San Carlos.

La vía es una carretera destapada llena de curvas demarcadas con pilas de piedras calizas que inicia en el corregimiento El Jordán y termina frente a una montaña blanca cercada por alambres de púas y atravesada por un arroyo. No hay casas cercanas pero sí un letrero que confirma que se trata de la Mina Portugal.

La montaña está dividida en tres partes, dos de las cuales tienen títulos mineros.

A la única que este diario pudo acceder fue a la primera (foto) donde no había explotación alguna, pero sí un letrero bajo el cual se ocultaba un código de formalización minera.

En la parte más lejana de la montaña había varias volquetas con la carga cubierta por lonas. Según habitantes de El Jordán —que solicitaron anonimato alegando riesgos de seguridad— casi todos los días esos vehículos circulan por las calles del corregimiento cargados de piedras.

Fuentes oficiales confirmaron que el código del letrero pertenece a la sociedad Minas y Calizas de San Carlos S.A.S, que radicó una solicitud de formalización que aún no ha sido aprobada por la Secretaría de Minas de Antioquia.

En la Cámara de Comercio la empresa figura como constituida en febrero de 2017, con un capital de $500 millones. El representante legal es Iván Alexander Carrillo y el teléfono registrado aparece como desconectado.

Javier Valencia, subdirector de Cornare (autoridad ambiental en el área), explicó que conoce de los títulos, pero que ninguno cuenta con licencia ambiental para explotar, por lo que nadie debería estar extrayendo material.

“En diciembre de 2017 suspendimos una explotación en la zona porque no tenía ningún permiso ambiental. Los titulares eran Fabián Jiménez y Zara Bastidas, y se adelantó proceso sancionatorio hasta multa”, dijo.

En 2018 se abrió otro proceso contra Vladimir Ramírez de Minerales y Calizas de San Carlos, y entre 2017 y 2018 se recibieron tres quejas anónimas que fueron verificadas. “No había explotación al momento de la visita, entonces hicimos el reporte y dimos traslado a la alcaldesa y a las autoridades”, agregó Valencia.

Balvin, entre tanto, agregó que hace dos meses hicieron una visita y tampoco encontraron explotación. El caso también fue trasladado a la alcaldía de San Carlos.

El único permiso que hay en la zona es uno de recolección de especies (una de las actividades previas a la solicitud de licencia ambiental) expedido por Cornare el 3 de mayo de 2017 en favor de Fabio Jiménez Ruiz, el mismo que aparece en los registros de la empresa Calizas Portugal, mencionada por la Fiscalía.

Este diario intentó contactar a la alcaldesa de San Carlos para establecer qué había sucedido con los documentos remitidos por Cornare y la Secretaría de Minas, pero no obtuvo respuesta.

Fuentes de la Fiscalía dijeron que parte del supuesto acuerdo entre Zuluaga, Naranjo y la alcaldesa era frenar las inspecciones en la mina, a cambio de “amañar” las auditorías que la Contraloría le hacía a la Alcaldía. “En las audiencias la fiscal reveló audios en los que se ve cómo la alcaldesa recibió una lista de contratos para revisar, algo contrario a la ley, pues la selección de documentos debe ser aleatoria”, señalaron.

Una reunión que se realizará este jueves entre la Secretaría de Educación de Antioquia, representantes de la Organización Internacional del Trabajo, y los ministerios de Trabajo y Educación trazará la ruta de la forma de pago de una vieja deuda que surgió en un paro de maestros hace 18 años.

Así lo confirmó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien luego de una reunión con la ministra de Educación destacó que se dará cumplimiento a una decisión judicial y se honrarán las deudas con un grupo de representantes del magisterio que desarrolló una protesta durante el gobierno de Andrés Pastrana.

“Desde el 2001 los educadores reclaman un pago de 30 días que estuvieron en paro, pero que ellos repusieron los días que no trabajaron. Esto ha tenido 18 años de discusión y ahora hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación, porque la OIT dio un concepto de que había que concertar con esos trabajadores”, explicó el mandatario.

La reunión, según indicó la Gobernación de Antioquia, contó con la presencia del presidente de Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Nelson Alarcón, y el de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), Ómar Enrique Arango.

El 2001 fue un año convulso en materia de protestas para los educadores del departamento, con cuatro paros por la reducción de las transferencias del Gobierno Nacional y la exigencia del pago de las primas departamentales para los afiliados a Adida.

Cinco personas capturadas y dos camionetas de alta gama incautadas fue parte del saldo que dejó un operativo policial contra una diligencia de cobro de los llamados préstamos gota a gota en Sabaneta.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en un local comercial del sector La Doctora, en el sur del Aburrá, cuando un sujeto llegó a cobrar los intereses de una vieja deuda adquirida por una mujer.

De acuerdo con el reporte policial, uno de los capturados llegó a cobrarle a la denunciante 30 millones de pesos por una deuda que se había cancelado hace dos años. Como la mujer se resistió pagar, el hombre llamó a sus compinches y procedió a llevarse diferentes elementos del local comercial:

“Al manifestarle que no le iba a pagar, el sujeto llama a los ocupantes de una camioneta y proceden a llevarse computadores, impresoras, teléfonos celulares y fijos como parte de pago de los intereses que ella se negaba a cancelar”, indicó sobre el tema la coronel Jeinny Andrea Torres, comandante de Policía del Distrito Sur del Valle de Aburrá.

La llegada de una patrulla policial al lugar permitió la captura en flagrancia de uno de los sujetos y la activación de un plan candado que permitió ubicar el vehículo de alta gama en otro sector del sur del área metropolitana mientras traspasaba los elementos sustraídos del lugar a otra camioneta.

La vocera indicó además que a los capturados se les imputó hurto agravado y calificado y que fueron cobijados con el beneficio de la detención domiciliaria mientras se desarrolla el juicio.

La situación de derechos humanos en el departamento no ha mejorado con respecto al año pasado. Esa es la conclusión del informe regional del Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) llamado “Antioquia: la guerra en desarrollo”.

Según sus registros, entre enero y junio de 2019 se reportaron 643 nuevos casos de violaciones a los derechos humanos en el país, cuyas afectaciones se presentaron principalmente en Cauca, Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca.

Sin embargo, cuando se trata de violencia político social, Antioquia está en el primer renglón de la escala nacional, siendo el asesinato y las lesiones físicas las mayores victimizaciones. Además, Antioquia es el segundo departamento más peligroso para los defensores de derechos humanos e, incluso, se ha incrementado el dato de riesgo de las lideresas.

El informe tiene un capítulo especial para la región del Bajo Cauca, afectada por la explotación ilícita de yacimientos de oro, los cultivos de coca (allí están el 56,3 % de las hectáreas de coca de Antioquia) y la presencia de todos los actores armados ilegales (Clan del Golfo, Caparros, disidencias de Farc y Eln), grupos delincuenciales (Los Triana, Los Rastrojos y la Águilas Negras), carteles mexicanos y brasileros, más la Fuerza de Tarea Aquiles. (Ver Paréntesis)

“El aumento de la siembra de cultivos de coca, contrasta con la pobre implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, y en especial del Programa de Sustitución de Cultivo de Uso Ilícito y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial”, dice el texto.

Toda esa recomposición y disputa territorial ha generado un aumento en los homicidios y en el desplazamiento forzado, denunciaron desde el Cinep, lo que concuerda con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, según las cuales los habitantes de Cáceres, Nechí y el Bagre quedan en medio de las confrontaciones armadas lo que también ha generado desescolarización y reclutamiento de menores.

Precisamente esa región es la que más preocupa a las autoridades civiles. El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, viene alertando al Gobierno Nacional sobre los riesgos a los que están sometidos los habitantes de esa zona.

Ya adelantó un consejo de seguridad en el que se acordó, como medida provisional, revisar las opciones para sustituir cultivos de uso ilícito, que incluyen proyectos productivos a largo plazo, proyectos de seguridad alimentaria, desarrollo e infraestructura.

Así mismo, el gobernador solicitó mayor presencia de la Policía para atender al menos 35 corregimientos que no tienen agentes y que se elabore una estrategia integral de acción en las zonas dejadas por las Farc.

El Metro de Medellín informó en la tarde de este jueves que tres estaciones de la Línea A están por fuera de servicio de manera temporal.

El reporte llegó a la 1:58 de la tarde. Los afectados son los viajeros que se desplazan desde o hacia el norte del Valle de Aburrá.

Las estaciones afectadas son Madera, Bello y Niquía:

Por el momento se desconoce la cantidad de tiempo en la que operará la Línea A con dicha restricción.

La línea B, los metrocables y el tranvía de Ayacucho operan con normalidad en la tarde de este jueves.

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La Procuraduría General de la Nación informó, en un comunicado de prensa, la destitución e inhabilitación por 14 años al actual alcalde de San Luis, Antioquia, José Maximino Castaño Castaño, quien también fue mandatario de este municipio en el periodo 2008-2011.

De acuerdo con el Ministerio Público, la sanción en primera instancia se debe a la omisión en el control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso de selección del contratista para la construcción de 61 soluciones de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), por valor de $709.193.612.

En el comunicado, además, explican que la Procuraduría Provincial de Rionegro comprobó que Castaño Castaño, como ordenador del gasto, cometió presuntas irregularidades en la convocatoria de la licitación pública 004 de 2011, para la construcción de viviendas en las veredas Alta Vista, El Popal, El Prodigio, La Linda, Santa Rosa y la Cristalina, porque omitió la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) de los estudios previos y los pliegos de condiciones.

Añade la Procuraduría General que el alcalde omitió declarar desierta la licitación para escoger el contratista bajo la modalidad de selección abreviada, y adjudicó de manera directa los contratos 04 y 05 de 2011 a la firma Asesoría, Ingeniería y Equipos Ltda (ASIGNE S.A.S).

“El Ministerio Público demostró la responsabilidad de Castaño Castaño en tres cargos e impuso sanción disciplinaria por un concurso de faltas, calificando la de mayor relevancia como gravísima, a título de culpa gravísima, porque desconoció los principios de transparencia, responsabilidad, economía y deber de selección objetiva en la contratación estatal, establecidos en la Ley 80 de 1993”, concluye el comunicado de prensa.

Por su parte, José Maximino Castaño Castaño le confirmó a EL COLOMBIANO que, tras esta decisión en primera instancia, interpuso recurso de apelación, el cual será resuelto por la Procuraduría Regional de Antioquia.

“Hay que esperar el fallo de segunda instancia. Es un caso de mi anterior periodo (2008-2011), vamos a esperar. Pero estamos ahí, ejerciendo el cargo en derecho”, dijo el mandatario.

El Tribunal Superior de Medellín le quitó la investidura a Carlos Alberto Cardona Escobar, quien se desempeñó como concejal del municipio de Sonsón entre 2012-2015, por haber contratado con el Estado a través de una ferretería fantasma que montó en esa localidad. La decisión de esa corporación, que se tomó sin salvamento de voto, deja en arenas movedizas el aval que el Partido Conservador le dio a “Guacal” para aspirar a la alcaldía de esa localidad del suroeste lejano antioqueño.

El tema, como lo reveló el pasado domingo EL COLOMBIANO, nació de una denuncia anónima que le llegó al actual mandatario de Sonsón, Obed Zuluaga, en el sentido de que, siendo edil Cardona Escobar creó el 19 de septiembre de 2014 la Ferretería y Depósito de Materiales El Progreso S.A.S., con capital de $200 millones y de la que él es representante legal. El local queda en la Plazuela de Henao de Sonsón, Cra. 7 # 12-47.

Posteriormente, el 14 de noviembre de ese mismo año, “Guacal” le dio vida a la Ferretería El Progreso de Sonsón. Una de las empleadas de la otra ferretería figuraba como representante legal: Yessica Tatiana Velásquez Escalante, a quien el concejal aparece pagándole la seguridad social, según documentos aportados a las autoridades por la Alcaldía de Sonsón. Como dirección del local se puso la cra. 7 # 12-32, nomenclatura inexistente, que da en la misma Plazuela de Henao.

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La sociedad real y la de papel tienen el mismo número telefónico fijo (8691707) y el mismo correo electrónico (ferreteriaelprogreso2014@hotmail.com).

Luego vino la feria de contratos de suministro que favorecieron a la ferretería fantasma. En la denuncia presentada a la Fiscalía y la Procuraduría aparecen relacionados 14, por un valor total de $1.034 millones. Sin embargo, Obed Zuluaga precisó que la cuantía subió a los $1.380 millones, al sumar lo contratado por Aguas del Páramo y Municipios Asociados del Suroriente (Musa).

Obed Zuluaga denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía a “Guacal”, mientras que el abogado Leonardo Arnedo Mendoza le pidió al Tribunal Superior de Medellín que le quitara la investidura de concejal. La denuncia de Arnedo prosperó, según consta en la sentencia del 16 de septiembre de 2019, que le fue comunicada al alcalde de Sonsón, a la Procuraduría, a la Mesa Directiva del Concejo de ese municipio y al Consejo Nacional Electoral.

Esta última compulsa de copias obedece al hecho de que Cardona Escobar es, actualmente, candidato del Partido Conservador a la alcaldía de Sonsón, aspiración que cuenta con el respaldo del senador Carlos Andrés Trujillo, exalcalde de Itagüí.

En declaraciones para EL COLOMBIANO, Arnedo Mendoza dijo que “celebro que la decisión se haya tomado en derecho por la Sala Plena de los magistrados del tribunal. Una vez más se demuestra al departamento y al país que hay que ejercer todas las acciones constitucionales para combatir la corrupción y que este tipo de personas sin principios saqueen el erario público de municipios que necesitan tanto”.

El abogado manifestó que “Guacal” pierde todos los derechos políticos y, en caso de que fuera elegido alcalde sería destituido, un hecho que consideró lamentable para los sonsoneños.

“Si yo fuera directivo del Partido Conservador le revocaría el aval a “Guacal”. No les queda de otra, porque los partidos son hoy corresponsables de los candidatos”, expresó el alcalde de Sonsón, Obed Zuluaga.

El mandatario local añadió que le sorprendió que el fallo del tribunal se haya dado en tan poco tiempo, pero luego hizo notar que “las pruebas eran muchas y contundentes”.

EL COLOMBIANO solicitó la opinión del exconcejal y del senador Carlos Andrés Trujillo, pero al momento de publicar esta nota no recibimos respuesta alguna.

EPM confirmó este jueves que recibió el informe de control excepcional a los recursos del proyecto de generación eléctrica - Hidroituango, elaborado por la Contraloría General de la República.

La empresa informó que estudiará el documento con un grupo de expertos y en los próximos días, con base en este análisis, hará pública su posición.

LEA ACÁ: Este es el expediente completo de las autoridades sobre Hidroituango

“La organización continuará colaborando con las autoridades en lo que la requieran y dando las explicaciones que correspondan”, añadió.

La Contraloría General le dijo a EL COLOMBIANO que cumplieron el primer requisito que era entregarle de forma oficial la auditoría a la entidad auditada. Informaron que dicho informe aún no se hará público.

Cabe recordar que en mayo de 2018, en una auditoría de cumplimiento a Hidroituango, la Contraloría General de la República encontró 35 hallazgos sobre presuntas irregularidades constructivas y de licenciamiento ambiental.

LEA ACÁ: Los cuestionamientos que hizo la Contraloría a Hidroituango

De estos hallazgos ya había sido notificada la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla), implicada en el informe de 442 páginas. El documento estipuló presuntas faltas, tanto disciplinarias como penales.

A 17 meses de iniciada la contingencia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la misma Contraloría tienen procesos en curso por hechos relacionados con el megaproyecto.

A la fecha, 13 funcionarios y exfuncionarios están vinculados a una investigación disciplinaria, existen 12 expedientes sancionatorios por presunto incumplimiento de la licencia ambiental, fueron identificados 39 contratos con posible riesgo fiscal y se realizaron dos imputaciones por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La Anla impuso tres multas por $8.442 millones.

Llena de pantano quedó la vía en la loma de Los Balsos, en El Poblado de Medellín, luego de que una volqueta perdiera el control en la tarde de este jueves, chocara contra un poste y lo derribara. El material que cargaba el vehículo quedó regado sobre el pavimento y las autoridades debieron cerrar el carril de descenso.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente de tránsito solo dejó daños y no hubo lesionados. Los agentes de tránsito enviaron una grúa pluma para apoyar con el levantamiento del vehículo.

El conductor de la volqueta estuvo atrapado al interior del carro, pero fue rescatado por los bomberos. Las personas que conducen por la zona deben desviarse por la transversal Superior.

Hace cincuenta años, en 1969, el monseñor Augusto Trujillo Arango consagró la nueva Catedral de la Diócesis de Jericó, en el Suroeste antioqueño. La primera piedra del templo, traída del municipio de San Pedro de los Milagros, se puso el 1 de enero de 1949 con la inscripción “el Señor de los Milagros obsequia la primera piedra para la Catedral de Jericó”.

Este viernes, 20 de septiembre, la comunidad celebrará los cincuenta años de este templo con la asistencia de delegaciones de las 32 parroquias que conforman la Diócesis de Jericó. La programación inicia a las 10:00 a.m. a con un desfile de silleteros que partirá desde la sede del seminario. Luego se hará un acto cultural y una Eucaristía.

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Al evento de conmemoración también asistirán obispos de los departamentos de Caldas y Chocó, en homenaje a Nuestra Señora de las Mercedes (patrona del municipio) y a la madre Laura, la primera santa colombiana.

Si bien la agricultura es el principal renglón de la economía local, el avistamiento de aves, el turismo de aventura y la identidad religiosa del pueblo debido a su relación histórica con la santa Madre Laura, hacen de Jericó un atractivo que, por ejemplo, en la pasada Semana Santa recibió 5.000 personas, 1.000 más que en 2018.

Ya los plazos no son más que palabras para la comunidad en Manrique. De todas maneras, la gente siempre quiso que la estación San Pedro de metroplús funcionara para lo que fue construida, para mover pasajeros, pero desde hace más de ocho años se preguntan cuándo se hará algo en este lugar.

Pues todo parece indicar que solo falta que la Curaduría Segunda otorgue los permisos para que allí, pese a que ya no será una parada del sistema por decisión de un juez, funcione el tan esperado centro de servicios y oficinas para el Metro, cuyos diseños fueron contratados en mayo de este año, de acuerdo a la plataforma de contratación estatal, Secop.

En enero pasado se venció el plazo del Juzgado 16 administrativo de Medellín para transformar la estación, pero Metroplús pidió una prórroga del pacto de cumplimiento (firmado en julio de 2016) que fue avalada por un juez.

Según el gerente de Metroplús, Andrés Moreno, en el último mes se sostuvieron reuniones con el curador para despejar dudas sobre la intervención, que el año pasado se estimó que costaría alrededor de $700 millones, pero cuyo valor exacto se sabrá cuando se licite el contrato de obra.

No obstante, teniendo en cuenta que el funcionario afirmó que los trabajos durarían cinco meses, aunque la curaduría dé luz verde ahora o en un mes, las adecuaciones solo estarán terminadas en 2020.

San Pedro nunca fue una estación activa porque desde finales de 2011, cuando se inauguró, quedó construida con una inclinación de 14,7 %, cuando el límite permitido en la Norma Técnica Colombiana 4143 es de 12%. En su construcción se invirtieron $1.133 millones.

La aseguradora canceló $1.389 millones en diciembre de 2018 como parte de su obligación, debido a una sanción de la Contraloría General de Medellín por detrimento patrimonial.

Aura Marleny Arcila, concejala de Medellín, manifestó que este “ha sido un proceso muy demorado, de años esperando que se reactive la estación (...) uno pensaba que los plazos se podían cumplir porque están actuando por orden de un juez”.

La comunidad, alejada de los problemas legales y pese a las razones técnicas, insiste, aunque cada vez con más resignación, en la construcción de una parada de metroplús que les quedaron debiendo.

“Pues si se tiene que correr o arreglar el problema de la pendiente que se haga, así tengan que correr un poco su ubicación”, expresó Guillermo Lainez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Manrique 1.

Agregó que ante la inminente construcción de un centro de servicios, ni volvieron a tratar de dialogar con Metroplús, ni tampoco la empresa ha hablado con los vecinos, que cada vez que pasan por allí se refieren al lugar como el “elefante blanco”.

El Tribunal Superior de Antioquia le quitó la investidura a Carlos Alberto Cardona Escobar, quien se desempeñó como concejal del municipio de Sonsón entre 2012-2015, por haber contratado con el Estado a través de una ferretería fantasma que montó en esa localidad. La decisión de esa corporación, que se tomó sin salvamento de voto, deja en arenas movedizas el aval que el Partido Conservador le dio a “Guacal” para aspirar a la alcaldía de esa localidad del Oriente lejano antioqueño.

El tema, como lo reveló el pasado domingo EL COLOMBIANO, nació de una denuncia anónima que le llegó al actual mandatario de Sonsón, Obed Zuluaga, en el sentido de que, siendo corporado Cardona Escobar creó el 19 de septiembre de 2014 la Ferretería y Depósito de Materiales El Progreso S.A.S., ubicada en Plazuela de Henao, cra. 7 # 12-47. El 14 de noviembre de ese mismo año le dio vida a la Ferretería El Progreso de Sonsón, situada en una dirección inexistente: la cra. 7 # 12-32, en la misma Plazuela de Henao, de Sonsón.

La sociedad real y la de papel tienen el mismo número telefónico fijo (8691707) y el mismo correo electrónico (ferreteriaelprogreso2014@hotmail.com).

Luego vino la feria de contratos de suministro que favorecieron a la ferretería fantasma. En la denuncia presentada a la Fiscalía y la Procuraduría aparecen relacionados 14, por un valor total de $1.034 millones. Sin embargo, Obed Zuluaga precisó que la cuantía subió a los $1.380 millones, al sumar lo contratado por Aguas del Páramo y Municipios Asociados del Suroriente (Musa).

Zuluaga denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía a “Guacal”, mientras que el abogado Leonardo Arnedo Mendoza le pidió al Tribunal Superior de Medellín que le quitara la investidura de concejal.

En una breve declaración para EL COLOMBIANO, el exconcejal Carlos Alberto Cardona Escobar dijo que “claro que haré uso de todas las herramientas que me concede el ordenamiento jurídico para defender mis derechos. “El aval no tiene ningún problema. Yo no estoy inhabilitado y ni el partido ni ninguna autoridad puede revocar los avales sin que exista un fallo en firme”

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que en las ciudades debe existir al menos un árbol por habitante, en Medellín, según el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes adelantado por el Área Metropolitana, la proporción es de 0,39, lo que da un déficit de 700.00, según los cálculos que tenía el Área Metropolitana en 2016.

Esto evidencia un déficit con la media universal que las autoridades ambientales han tratado de subsanar con medidas como siembras masivas, exigencias de compensación 1 a 1 cuando hay talas y otras medidas orientadas a que los proyectos urbanísticos sean afines con la biodiversidad.

Comparado con la capital del país, Medellín no está tan mal, pues allí, según el Observatorio del Espacio público de Bogotá (2017), esa ciudad cuenta con 0,17 árboles por habitante, es decir, hay un 1 árbol por cada seis personas.

La desventaja de Medellín, sin embargo, es grande comparada con Madrid (España) donde hay 14 árboles por habitante, o Curitiba (Brasil), con 14, según la OMS.

La queja de los ciudadanos es frecuente: a la ciudad le faltan árboles. De esto no tiene dudas Diego Rúa, coordinador de la Mesa Ambiental de El Poblado, quien afirma que su organización libra una lucha constante para evitar las talas y las “masacres ambientales”.

“Cada día se hacen proyectos y todos piden licencia para talar. Los árboles son muy pocos, acá no hay parques grandes que sirvan de pulmones verdes; para la gente respirar aire puro necesita irse a los cerros tutelares y no debería ser así, los árboles y parques deberían hacer parte de su entorno inmediato”, señala Rúa.

Natalia Restrepo, integrante del colectivo Túnel Verde, advierte que el déficit arbóreo se siente, porque no hay planificación. Señala que si se planean obras a largo plazo, ¿porqué no se anticipan con las siembras para que los árboles crezcan a la par con los proyectos? “Las compensaciones por talas se hacen con chamizos y estos no prosperan. Además, talan un árbol y dejan parte del tronco, cuando deberían arrancarlo de raíz y sembrar otro ahí mismo”, opina.

Al respecto, María del Pilar Restrepo, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana, recuerda que el déficit arbóreo viene de muchos años atrás y que por eso, al iniciar el actual periodo de gestión (2016-2019), su entidad identificó la necesidad de sembrar 700.000 árboles en el Valle de Aburrá, donde había plantados cerca de 420.000. “Hasta el pasado 30 de junio habíamos sembrado alrededor de 1 millón en la subregión y 396.000 en Medellín, lo que indica que ya se superó la meta”, añade. A la fecha, el Amva ha sembrado 409.000 (ver gráfica).

Restrepo indica que la queja de los ciudadanos tiene sustento en que con la variabilidad climática, en los tiempos de sequía el calor es más intenso y en los de invierno las lluvias son más prolongadas.

La entidad, en un estudio, identificó islas de calor en los diez municipios que la integran y para mitigarlas se establecieron medidas a través del acuerdo 19 de 2017, que son básicamente 4: cambiar suelos duros por suelos verdes, siembras de árboles en sitios estratégicos, creación de corredores de conectividad para potenciar redes ecológicas y reposiciones 1 a 1 (un árbol plantado por un árbol talado) en las zonas de influencia de los proyectos urbanos.

“Estas medidas las hemos venido aplicando y aunque la gente no las note se reflejan en el retorno de fauna silvestre, como aves, reptiles y mamíferos”, dice Restrepo.

El secretario del Medio Ambiente, Sergio Orozco, aclara que la ciudad no tiene un inventario forestal. “Desde 2013 se viene implementando, con el Sistema de Arbolado Urbano, un registro de intervenciones como podas, mantenimientos, siembras, transplantes y los árboles que permanecen en las obras adelantadas por el Municipio, pero esto no genera un censo real”, dice.

Agrega que en este cuatrienio se han sembrado más de 867.000 árboles (incluidos los del Área Metropolitana), de los cuales 71.250 se han plantado en suelo urbano. La estrategia incluye la adecuación de 30 corredores verdes en retiros de quebradas, vías y zonas de infraestructura. “Hay 7.105 m2 de muros verdes que contribuyen a la regulación de la sensación térmica, absorción de polvo, aislamiento del ruido y captación de dióxido de carbono”, añade.

María del Pilar Restrepo afirma que es posible que la relación árboles/habitante haya cambiado, pues con la Universidad Nacional se avanza en un estudio sobre conectividad ecológica que va actualizar esa relación y permita establecer qué tanto ha impactado la siembra del millón de árboles .

Armadas de pancartas, pinturas y un coraje que se multiplica cuando están juntas, un grupo de mujeres jóvenes del Valle de Aburrá, apoyadas por algunos hombres, salió el pasado domingo a las inmediaciones del ecoparque El Salado, en el municipio de Envigado, para expresar su apoyo a las que denunciaron ser víctimas de acoso o abuso sexual en esa zona.

La convocatoria fue liderada por el colectivo de mujeres La Calle Es Nuestra y se motivó por un hecho reciente que ocurrió en la vereda El Vallano. A la protesta el domingo llegaron entre 80 y 100 personas, que pidieron respuestas de las autoridades y celeridad en las investigaciones que se adelantan por los últimos asaltos documentados en esa zona que es frecuentada por caminantes y amantes del ecoturismo.

El parque es la puerta de entrada a la vereda El Vallano, a la que concurren caminantes de manera frecuente, pero que tiene condiciones de boscosidad y parajes solitarios.

“La protesta se volvió como una bola de nieve porque una vez comenzamos a hacerlo público nos empezaron a contactar mujeres a decirnos que esos no eran los únicos casos en Envigado, por eso decidimos acompañarlas para que sepan que no están solas”, indicó Valeria Mira, abogada e integrante del colectivo La Calle Es Nuestra.

La administración aclaró que la Secretaría de Seguridad de Envigado, en conjunto con la Policía y la Fiscalía, aplica diferentes estrategias para extender la seguridad a las zonas más alejadas del municipio.

Entre las principales estrategias resaltan la creación de grupos de comunicaciones con la comunidad, vía WhatsApp, para atender con el centro de monitoreo requerimientos en tiempo real; la llegada de la Policía de Turismo al municipio que acompaña a visitantes y desarrollan acciones de prevención y los controles en zonas rurales con apoyo de la Unidad de Carabineros y la Policía.

Los reportes oficiales registran dos denuncias de violación ocurridas en esa zona boscosa de Envigado en lo corrido de los últimos dos años: uno en 2018 que dejó como víctimas a dos extranjeras y otro hace menos de un mes que sufrió un grupo de estudiantes universitarias.

Sobre el más reciente hecho, el mayor Ramiro Montañez, comandante de la estación de Policía de Envigado, reportó que tiene avances significativos en la investigación para dar con el responsable.

El colectivo La Calle Es Nuestra sostiene que conoce reportes de más situaciones, así algunas no tengan denuncia formal (por miedo de las víctimas) o el agresor no haya alcanzado a consumar la violación.

“Cuando hablamos de quince casos es el cálculo que hacemos gracias a lo que hemos hablado con las mujeres de la zona, pero seguramente las denuncias son menos. Sin embargo, estamos convencidas de que es algo sistemático”, dijo una de las voceras.

La Alcaldía de Envigado recomendó a los turistas, mujeres y hombres, informar a las autoridades de la localidad cuando visiten rutas ecológicas dentro de la vereda El Vallano por fuera del ecoparque El Salado.

También sugirieron no ingresar a la zona o realizar caminatas después de las 3:00 p.m., además de estar acompañados siempre por un guía turístico o un vecino que conozca la zona boscosa .

Un operativo de control en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, puso el jueves a los uniformados de turno frente a un desconcertante hallazgo: tres calaveras negras que parecían más propias de una película de terror que de un regalo autóctono que se mandaría al extranjero.

La sorpresa de las autoridades aumentó cuando uno de los agentes antinarcóticos manipuló las estructuras en yeso y descubrió que las calaveras estaban impregnadas con una sustancia viscosa y un olor fuerte que asociaron con el formol.

“Ni los perros antidrogas olfatearon este envío, fue la pericia de un uniformado que lo llevó a utilizar una pequeña broca para hacer una perforación a la altura del hueso temporal, de donde salió una sustancia color beige, esto animó al curioso investigador para desbaratar la maléfica pieza”, indicó la Policía en el reporte oficial.

Luego de los test de rigor, el resultado fue categórico: las tres calaveras escondían poco más de cinco kilos de heroína que pretendían ser llevados vía aérea hasta la capital española.

Según las autoridades, dicha cantidad está avaluada en el mercado europeo en cerca de 200.000 euros ($740 millones en plata colombiana).

Antinarcóticos agregó, además, que en lo corrido del 2019 han sido incautados en el aeropuerto de Rionegro 78 kilos de cocaína, 128 kilos de marihuana y siete kilos de heroína.

La Contraloría Nacional reveló en la mañana de este viernesdos hallazgos con incidencia fiscal y cuatro de carácter administrativo en la contingencia del proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Los seis hallazgos del ente de control en el informe especial fueron:

1. Lucro cesante por no entrada en operación de la central de generación hidroeléctrica.
2. Ineficiencia e ineficacia en la gestión fiscal.
3. Disposición de los equipos, mantenimiento y conservación.
4. Uso de andamios y elementos de protección.
5. Estabilidad de las Obras del Proyecto Hidroituango.
6. Ítems nuevos en contratos de construcción de obras principales.

Sobre los dos hallazgos con incidencia fiscal (numerales 1 y 2), la Contraloría General anunció que la no entrada en operación del proyecto se estima que compromete $1.1 billones del erario mientras que la “Destrucción de

valor del proyecto” suma $2.9 billones.

Es decir que entre los dos hallazgos, el ente de control estima que se comprometen recursos por el orden de $4 billones.

Sobre el lucro cesante, o lo que dejará de percibir la empresa por no comenzar a generar energía en los plazos que tenía previstos, la Contraloría detalló contempló que incluso puede verse comprometida la estabilidad energética del país:

“La no entrada a tiempo del proyecto Hidroituango implica necesariamente suplir la capacidad de generación con la ampliación del parque de generación para inicios del año 2021, de otra manera el abastecimiento en el suministro de energía eléctrica puede verse comprometido”.

La Contraloría General detalló además que de acuerdo con la metodología implementada, la recuperación de la inversión sería de aproximadamente 35 años:

“El proyecto tendría un valor presente negativo de -$5.7 billones, por lo que se concluye que aún con un flujo de ingresos netos a perpetuidad (valor terminal) no es posible establecer un periodo finito para la recuperación de la inversión de capital en activos en el proyecto. Dato que, analizado en contexto con lo expresado por EPM, referente a que el proyecto tiene un horizonte de diseño de 50 años, permite sustentar la seria preocupación de la Contraloría General de la República, frente al futuro y viabilidad financiera del proyecto.

(Lea aquí Este es el expediente completo de las autoridades sobre Hidroituango)

Lo que responde EPM

EPM confirmó que recibió el informe de control excepcional a los recursos del proyecto de generación eléctrica - Hidroituango, elaborado por la Contraloría General de la República.

La empresa informó que estudiará el documento con un grupo de expertos y en los próximos días, con base en este análisis, hará pública su posición.

“La organización continuará colaborando con las autoridades en lo que la requieran y dando las explicaciones que correspondan”, añadió.

Cabe recordar que en mayo de 2018, en una auditoría de cumplimiento a Hidroituango, la Contraloría General de la República encontró 35 hallazgos sobre presuntas irregularidades constructivas y de licenciamiento ambiental.

De estos hallazgos ya había sido notificada la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla), implicada en el informe de 442 páginas. El documento estipuló presuntas faltas, tanto disciplinarias como penales.

A 17 meses de iniciada la contingencia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la misma Contraloría tienen procesos en curso por hechos relacionados con el megaproyecto.

A la fecha, 13 funcionarios y exfuncionarios están vinculados a una investigación disciplinaria, existen 12 expedientes sancionatorios por presunto incumplimiento de la licencia ambiental, fueron identificados 39 contratos con posible riesgo fiscal y se realizaron dos imputaciones por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La Anla impuso tres multas por $8.442 millones.

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Como parte de la histórica jornada mundial de “Fridays For Future” (Viernes por el futuro) diferentes colectivos de la capital antioqueña convocan a la ciudadanía para realizar un plantón este viernes en las inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra.

El plantón, que en algunas cuentas de redes sociales se convoca a partir de las 3 de la tarde busca generar una alerta sobre la inminencia del cambio climático y la preocupación de las nuevas generaciones por el futuro del planeta.

Juan David Giraldo Mendoza, integrante de Fridays For Future, le contó a EL COLOMBIANO que la convocatoria oficial es desde las 2:00 p.m. en La Alpujarra.

“Nosotros tenemos una parte de la Amazonia y en estos momentos está en una situación muy crítica. No solo la amazonia brasileña, sino la de toda la región a la que le tenemos que poner el ojo. Nosotros como latinoamericanos tenemos una responsabilidad extremadamente grande porque el amazonas es el pulmón del planeta. Si Latinoamérica falla, falla el resto del mundo”, explicó.

La convocatoria para dejar las aulas este viernes y participar en esta huelga escolar simbólica fue acogida de manera masiva por decenas de ciudades del mundo donde ya se vieron concentraciones (por la diferencia horaria) con adolescentes con mensajes alusivos a cuidar más y mejor el planeta Tierra.

En Colombia otras ciudades como Bogotá, Cartagena e Ibagué también han confirmado que realizarán las movilizaciones.

Una adolescente sueca lideró la convocatoria

A sus 16 años, la activista sueca Greta Thunberg, convertida en icono de la lucha contra el cambio climático, genera tanto esperanzas como controversia, dando voz a una generación preocupada por su futuro.

Su combate comenzó en agosto del año pasado, cuando empezó a faltar a clase los viernes para apostarse a las puertas del Parlamento sueco con un cartel y la consigna “Huelga escolar por el clima”.

Desde entonces, la joven, hija de una cantante lírica y un actor convertido en productor, con sus características largas trenzas, ha copado las portadas de los grandes diarios medios.

Su combate, llamado “Fridays For Future” se expandió después por todos los continentes, y miles de jóvenes activistas celebraron sus propias protestas. Thunberg dio discursos ante líderes mundiales y fue portada de revistas como Time y Vogue, no sin generar ciertas críticas.

“No están obligados a escucharnos, después de todo solo somos niños”, ironizó durante un discurso ante el Parlamento francés en julio, en respuesta a quienes ponían en duda su legitimidad para encarnar el combate contra el cambio climático.

El viernes se encontraba en Nueva York para participar en una huelga escolar de carácter mundial por el clima que se perfilaba como uno de los llamados a la movilización con más seguimiento jamás organizados.

Los alumnos de grandes ciudades como Sídney, Manila, Bombay, Seúl o Bruselas respondieron masivamente a la convocatoria lanzada por la joven activista sueca.

A veces, el espacio público —los parques, las calles y hasta los centros comerciales—exponen a las familias y al acto de amamantar, un vínculo natural, a la incomodidad y al prejuicio.

Por ejemplo, Stefany Astaiza, madre lactante, habla de la urgencia de crear espacios de ciudad en donde puedan alimentar a sus hijos tranquilas, cómodas, sin tener que esperar a llegar a casa, “sin que nos señalen por estar amamantando a nuestros bebés”.

Ese es el propósito de las tres zonas de lactancia creadas en las estaciones Hospital, San Antonio y San Javier del Metro de Medellín, que son de gran afluencia en la movilización del 1,2 millones de viajeros que usan este medio de transporte a diario.

Inicialmente se trata de un espacio señalizado, con asientos ergonómicos a la medida fabricados de material 100 % reciclable, dado que se utilizaron más de dos mil cajas de tetrapack para crearlas.

Su creación parte de la alianza entre Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín y el Sistema Metro y por ahora no se proyectan más estaciones.

La estrategia va más allá de adaptar el espacio: busca hacer visible la lactancia materna en el sistema de transporte público como un acto natural y de gran importancia para el desarrollo nutricional de los menores de edad.

Camila Gaviria, directora de Buen Comienzo, recuerda que estos programas buscan impulsar y extender el periodo de lactancia materna exclusiva. Y añadió que actualmente las familias participantes del programa tienen un promedio de lactancia de 4,4 meses.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve que la lactancia se extienda hasta los primeros seis meses de vida.

Además de sumarse como promotor en el Sistema Metro, Buen Comienzo atiende a más de 12.000 madres gestantes y lactantes en los centros y jardines infantiles en las comunas y corregimientos.

Sandra Montoya, madre lactante, recordó que amamantar no es un vínculo exclusivo de las madres, sino que los padres y otros cuidadores también pueden alimentar a los niños en estos espacios, con biberones o vasos.

“Ese trabajo de alimentar a los hijos es de toda la familia”, comenta Montoya.

Para Giovana Payán, otra madre lactante, estos espacios son una forma de mostrar que la lactancia crea un vínculo natural:“La ciudad necesitaba de estos espacios. Amamantar es un acto que solo se puede ver con los ojos del amor” .

En un operativo realizado en la madrugada de este viernes, las autoridades capturaron al hombre señalado de abusar sexualmente de por lo menos 13 mujeres en el sector Chorro Campana del parque ecológico El Salado, en el municipio de Envigado.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que se identificaron por lo menos 13 víctimas, entre ellas tres extranjeras, y se conformó un comité interinstitucional que hizo la trazabilidad de los casos y recolectó los elementos materiales probatorios.

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“Este individuo se dedicaba también al hurto, y con uno de los teléfonos y tablets de una víctima se reunió información. Se encontró que vivía en Niquía, viajaba en Metro y trabajaba en Envigado, dedicado a la construcción”, explicó el general Camacho.

Agregó que en el operativo se encontraron elementos hurtados, armas —incluyendo un tábano o taser— y los zapatos que varias de las víctimas habían descrito.

Adriana Villegas, directora Seccional de Fiscalías de Medellín, explicó que el hombre intimidaba a las víctimas con armas blancas, y que incluso cuando estaban con parejas, también las agredía. “Las desvestía y las amarraba con su propia ropa, y ejecutaba actos sexuales o actos sexuales abusivos”, aclaró.

El hombre será llevado ante un juez y se le imputarán los delitos de secuestro simple, acto sexual abusivo y accesos carnales violentos.

A punto de cumplir 350 años del primer bautizo, la principal plaza que tuvo Medellín durante los siglos XVIII, XIX y gran parte del XX aún resiste el ritmo de una ciudad frenética que la concibió como el corazón y después de tanto trajín le hizo el feo.

Antes de que fuera lugar de acordes desafinados, encuentro de amores furtivos y esa mezcla hostigante entre olores de orín, tinto y cigarrillo, el ahora parque de Berrío fue pensado como el eje sobre el que se expandiría una incipiente villa que ya soñaba con ser capital.

“En el primer trazado de la población que hizo el alarife Agustín Patiño, el 2 de noviembre de 1675, se marcó la plaza principal que se llamó Plaza Mayor. ”, cuenta el historiador José María Bravo en su texto De Plaza Mayor a parque de Berrío, antes de aludir que los terrenos sobre los que se erigió el corazón de la ahora ciudad, junto con la iglesia de La Candelaria, fueron donados al cabildo por doña Isabel de Heredia. Para ese entonces Medellín no era Medellín sino el Sitio de Aná.

Luego de que se empedrara y se reorganizara el trazado de las calles, en por lo menos ocho cuadras a la redonda, los principales recintos político-administrativos se instalaron en el marco de la plaza.

Como era tradición para la época, la vida cotidiana giraba en torno a la iglesia, a los productos que traían arrieros con recuas de mulas desde distintos parajes para comerciar y a ocasionales incendios que se propagaban por la hegemonía de los techos de paja.

También había una cárcel que estaba en la plaza y “El Mico”, un poste coronado con una argolla de hierro ubicado en lo que hoy es la esquina de Boyacá con Bolívar: “Este aparato, de aspecto, tan inocente servía para colgar de la argolla a los que estaban condenados a la pena de azotes, a quienes, una vez amarrados se les bajaban los pantalones y allí, a la vista de todo el mundo, se les daban los azotes ya fuera con varas o con látigos”, según reseña Rafael Ortiz Arango en Crónicas sobre historia de Medellín.

El paso de los años consolidó a Medellín como un poblado en crecimiento y dejó en un pedestal a uno de los políticos y militares más destacados nacidos en Antioquia: Pedro Justo Berrío.

Por tal motivo, y 20 años después de la muerte del prócer, en junio de 1895 se inauguró la estatua que rinde homenaje a Berrío y que rebautizó a la que para ese entonces ya se llamaba Plaza de Zea y la dejó con su nombre actual. La obra es de autoría del escultor italiano Giovanni Anderlini.

“El parque de Berrío era el lugar de encuentro, la zona financiera y vivir ahí en su momento era sinónimo de estatus social. Ahí fue la sede de la Alcaldía y la Gobernación y no es gratuito que ahí estuvieran el Banco de Colombia, el Banco de la República y la Bolsa de Valores. Era el lugar donde los balcones estaban más adornados y donde confluían las cosas más importantes de la ciudad, siempre con la iglesia de La Candelaria como referente ya que fue la catedral hasta 1931”, explicó Leonardo Ramírez, politólogo, amante de la historia y creador de Génesis de Medellín.

Las décadas de los 80 y 90 trajeron consigo contrastes entre noticias buenas y malas que marcaron el futuro del parque de Berrío.

Por una parte estuvo la esperada llegada de la Gorda de Botero que inició su periplo en los talleres del maestro en Italia y viajó dos meses en tren, superó atascos burocráticos en el puerto de Cartagena hasta llegar al costado opuesto de La Candelaria.

“Espero que la gente de aquí no le vaya a hacer nada, que haya atentados ni le peguen publicidad política. Creo que la van a respetar. La escultura tiene que estar al alcance de la mano donde la puedan tocar y acariciar porque la escultura, así como la música es para excitar al oído y la pintura a los ojos, la escultura es para excitar el tacto”, apuntó Botero el 15 de septiembre de 1986, día de la inauguración, cuando una romería hizo fila para tocarle las nalgas a la recién llegada escultura.

En 1987, sin embargo, se inauguró el centro administrativo La Alpujarra y el núcleo de la administración pública se concentró en esa zona del centro de la ciudad.

En 1995 otro visitante de peso irrumpió el marco del parque con la instalación de una de las principales estaciones del metro. Para muchos esta estructura le quitó brillo y lo convirtió en una zona de tránsito.

Hoy, pocos vestigios sobreviven de la grandeza del parque: a las estatuas de Berrío y de la Gorda las secunda el Desafío de Rodrigo Arenas Betancourt. Los edificios Henry y Constaín también resisten los azotes del nuevo modelo de ciudad que pasó su corazón financiero a un lugar más refinado.