En la mañana de este martes, a falta de 137 días para terminar el actual gobierno, se realizó el acto simbólico de inicio de obras de la primera etapa del proyecto de Central Park en Bello.

El evento fue presidido por el principal mentor del proyecto, el gobernador de Antioquia, quien lo calificó como una intervención sin tacha jurídica y que pondrá a Bello y al Valle de Aburrá como referente mundial no solo en temas de autódromos sino como un parque público urbano de grandes dimensiones.

“Este terreno donde estamos está abandonado desde 1972, es decir desde hace 47 años, estaba sin padrinos y no tenía ningún aporte social o ambiental y cuando sale un gran proyecto que cambia este territorio es cuando todos deberíamos alegrarnos y no debería haber discusión sobre la legalidad y la pertinencia que tiene”, indicó el mandatario departamental.

Pérez Gutiérrez resaltó además la importancia de fomentar espacios públicos de primer nivel porque allí todos los estratos socioeconómicos son iguales:

“Este proyecto va a cambiar la vida de Bello y las relaciones entre los ciudadanos porque va a ser un espacio público que genera equidad. Dos ciudadanos trotando, en pantaloneta, ahí no hay chequera que valga y eso es lo que necesitamos: igualdad y equidad”, indicó Pérez Gutiérrez.

El proyecto completo, que además del parque de deportes a motor contempla un parque urbano, senderos ecológicos, espacios para eventos de 50 mil personas y sedes de bomberos, policía y un centro de salud implicaría una inversión que ya ronda los $143.000 millones.

Además la Gobernación de Antioquia estima que como parte del proyecto se sembrarán cerca de 6.640 árboles nuevos que harán de este espacio un nuevo pulmón verde en el norte del área metropolitana.

(Lea aquí La construcción del autódromo en Central Park ya tiene contratista)

Luces y sombras

La fase 1, que contempla la construcción de la pista de deportes a motor y una serie de obras complementarias, fue adjudicada a la empresa Ingeniería y Construcciones S.A.S. por un valor que ronda los 54.000 millones de pesos.

La promesa de la Gobernación de Antioquia, líder del proyecto a través de Indeportes, ha sido entregar la primera fase del proyecto al cierre de la administración, es decir a más tardar el 31 de diciembre del 2019. La ejecución está a cargo de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva).

Vale recordar que Central Park se construirá en un lote de 97 hectáreas en terrenos donde funciona la Unidad Deportiva Tulio Ospina y que no ha sido un proyecto exento de polémicas por varias razones.

Una tiene que ver con las quejas por el nivel de ruido que podría traer el autódromo, toda vez que será construido en un lote ubicado en zona urbana y las regulaciones sobre esta materia que tiene el POT de Bello.

(Lea aquí Problemas de un Central Park que aún no despega)

Otro tiene que ver con los recientes informes de la Contraloría y la Personería de Bello sobre documentos que probarían que el municipio del norte de Aburrá no cedió el porcentaje del lote (cerca del 12 % de 97 hectáreas) a la Gobernación de Antioquia y al Área Metropolitana lo que podría acarrear un detrimento patrimonial.

Y el tercero tiene que ver con el proceso jurídico con un polígono cerca a la vía a Machado que había sido ocupado por unos particulares y que fue objeto de medidas cautelares.

El choque de un vehículo contra unas obras públicas que se realizan en el deprimido de Villanueva, pleno corazón de la ciudad, ocasionó una enorme congestión en la avenida Oriental en la tarde de este martes.

Camilo Zapata Wills, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), indicó que el accidente no comprometió la estructura de la obra y no dejó personas lesionadas, pero ameritó el cierre de esa zona:

“Se requirió el cierre del paso vehicular en este lugar lo que ocasionó una fuerte congestión vehicular”, indicó el vocero.

Tanto la Secretaría de Infraestructura como el Dagrd revisaron las obras y concluyeron que no comprometen la estabilidad de la obra.

Una moderna central de monitoreo y la instalación de 53 cámaras de seguridad nuevas para combatir el crimen organizado fueron los dos principales avances en seguridad que inauguró el municipio de Itagüí.

El acto fue liderado por los delegados del Área Metropolitana (Amva), la Alcaldía de Itagüí y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá quienes estimaron que la inversión en la localidad del sur rondó los $3.500 millones.

“Ahora el turno es para Itagüí, que se fortalece con una tecnología de cámaras LPR y de seguridad ciudadana para ser más eficientes para los organismos de seguridad y ser soporte de la justicia en resolver muchos de los delitos y disminuir los índices de homicidio del territorio y darle más confianza a la ciudadanía”, declaró el director del Amva, Eugenio Prieto Soto.

Del total de 53 cámaras, 38 son convencionales de seguridad ciudadana y las 15 restantes pertenecen al sistema LPR, que permiten reconocer las placas de los vehículos y comparar con registros en bases de datos de la Policía de hurtos e infracciones de tránsito como el Runt y el Simit (Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito).

El coronel Pablo Ruiz, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, valoró la importancia de que más municipios se unan a este sistema de información que permite generar alertas sobre vehículos y comportamientos sospechosos.

“Es un proyecto muy importante porque nos permite ser más efectivos y dinámicos a la hora de controlar la criminalidad. Permitirá más y mejores resultados para hacerle frente a la delincuencia”, punutalizó el vocero.

En la presentación del proyecto se contempló además que luego de Medellín, Envigado, Bello e Itagüí el siguiente municipio en implementar esta tecnología será La Estrella. La idea a corto plazo es que los diez municipios del Valle de Aburrá cuenten con esta tecnología .

Siete meses de investigación judicial permitieron el desarrollo de un operativo conjunto entre Policía Nacional, Fiscalía y el Gaula Militar del Oriente que dejó como resultado la captura de 18 adultos señalados de pertenecer a la banda de El Mesa en el Oriente antioqueño.

Así lo reseñaron las autoridades, al agregar que las diligencias de allanamiento y registro se realizaron en los municipios de El Carmen de Viboral y Rionegro.

“Se logra la captura de 18 adultos, la aprehensión de dos menores de edad y siete notificaciones en centros carcelarios. Estas personas están sindicadas de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes”, indicó el coronel Giovanny Buitrago, comandante de Policía Antioquia.

El alto oficial detalló además que con este operativo se estarían esclareciendo tres homicidios ocurridos en el transcurso del año en Rionegro y El Carmen de Viboral que dejaron como víctimas a Sergio Bustamante, Wilfer Quintero y Robinson Sepúlveda.

De acuerdo con el reporte oficial, esta banda, que extendió su radio de acción del norte del Aburrá al Oriente antioqueño, manejaba rentas derivadas del tráfico de estupefacientes en municipios como Rionegro, El Carmen, El Retiro y La Ceja.

El regreso a casa este martes para miles de habitantes del suroriente de Medellín fue más caótico que de costumbre por cuenta de un apagón que complicó la movilidad en algunos sectores de El Poblado.

Empresas Públicas de Medellín había informado a eso de las 7:00 p.m. que un inconveniente técnico en la subestación San Diego ocasionó el apagón, pero anunció que en poco tiempo la carga fue redistribuida y el servicio había retornado a la normalidad.

Sin embargo usuarios vía redes sociales detallaron que, incluso, pasadas las 9 de la noche todavía continuaban embotellamientos en algunas zonas neurálgicas como la transversal Inferior y falta de fluido eléctrico en sectores de Las Palmas.

La Secretaría de Movilidad de Medellín, también vía redes sociales, había advertido pasadas las 7 de la noche que el apagón había ocasionado la afectación de parte de la red semafórica en esa zona:

“Por fuertes lluvias en la ciudad, algunas zonas como la Av. 33, Av. El Poblado y Av. Las Vegas presentan fallas de fluido eléctrico en los semáforos. Agentes de Tránsito apoyan la movilidad en las vías. Recomendamos transitar con precaución”, aclararon.

Fuentes de esa dependencia afirmaron que pasadas las 9:30 de la noche la situación ya se había normalizado, pero los reportes de congestiones seguían en redes.

Terminando la tarde del lunes llegó a EPM el documento más esperado desde hace 16 meses. La hoja con el membrete de Mapfre y la referencia “Póliza todo riesgo construcción 220121 proyecto hidroeléctrico Ituango” resolvían el enigma generado desde que comenzó la emergencia en las obras el 28 de abril de 2018: ¿los seguros cubrirán o no las afectaciones que tuvieron en jaque a la obra?

Después de enumerar con detalle los hechos acontecidos —desde el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación hasta la certificación del informe causa raíz— la carta confirmó que “la contingencia tiene cobertura, de acuerdo con los términos y condiciones”.

Se trata de una póliza que establece un límite asegurado por US$2.556 millones para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos. También cuenta con cobertura para solventar el retraso de entrada en operación o lucro cesante (dinero dejado de percibir por los daños derivados de la contingencia) por US$628 millones, montos que fijan la máxima responsabilidad de la aseguradora.

El costo adicional por la emergencia, hasta la fecha, es de $3,9 billones, el equivalente a lo que valdrían cuatro túneles de Oriente. Esto quiere decir que el valor de la megaobra, inicialmente previsto en $11,4 billones, se elevaría a $15,3 billones. Cabe aclarar que el monto definitivo solo se podrá establecer cuando se sepa con certeza cuáles son las obras de reparación requeridas en la casa de máquinas.

Para tomar una determinación sobre la reclamación hecha por EPM, la aseguradora designó un equipo de expertos nacionales e internacionales (ingenieros, geólogos y geotecnistas especialistas en presas y obras subterráneas, abogados, entre otros) para revisar el estado de túneles, cavernas, presa y vertedero. Así mismo revisó los diseños, planos, especificaciones técnicas, procesos constructivos, bitácoras de obra, matriz de riesgo y estudios pre y pos contingencia. Este estudio incluyó 12 visitas al proyecto.

“Es una noticia altamente positiva para la empresa, el departamento y el país”, dijo ayer Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM. Contó que la declaración recibida se logró después de que la aseguradora confirmara que la crisis en el proyecto tuvo lugar por un “evento accidental y de características imprevisibles. Si hubiera existido negligencia o dolo no se hubiera expedido esta nota”, acotó.

Añadió que la noticia representa un “voto de confianza del mercado asegurador internacional” y que de no haber recibido el aval de Mapfre, todos los recursos para recuperar el proyecto hubieran salido de las arcas de EPM.

El alcalde Federico Gutiérrez, por su parte, ponderó que la confirmación de la cobertura se logró en un tiempo récord de 16 meses. “Después de la tempestad llega la calma. Una vez ingresen estos recursos de la póliza a los estados de EPM, se impulsará la sostenibilidad financiera de la empresa y de la ciudad, que no verá afectadas las transferencias que se le giran para inversión social”, opinó.

El monto que reconocerá la aseguradora y el cronograma de pagos dependerá de la cuantificación de los daños, resultado que está ligado a las condiciones de la póliza, tales como deducibles, límites, sublímites, coberturas adicionales y exclusiones, entre otros.

Luis Alberto Méndez Suárez, director de Seguros Corporativos de EPM, explicó que una vez emitida la declaración de cobertura se activa una segunda fase en la que se hace el inventario parte por parte y elemento por elemento de los daños para cuantificarlos.

“Un equipo de ajustadores revisará las condiciones de la póliza. Se debe terminar la obra (primer generador comenzará a operar en 2021) para saber cuánto será el valor final de la reclamación”, dijo.

Por eso EPM presupuesta que se realicen pagos parciales de estipulaciones que se hagan con Mapfre para que los dineros empiecen a entrar.

Según Londoño, esta es una de las reclamaciones más altas actualmente en el mercado de los seguros del mundo.

EPM le transfiere cada año a Medellín el 55 % de sus utilidades. Estos recursos en el periodo 2008-2016 correspondieron al 20 % de los ingresos totales del municipio.

Esta suma representa un apalancamiento en la inversión pública, teniendo en cuenta que estos dineros deben ser destinados solo a inversión social, tal como lo establece un acuerdo municipal.

Educación (31,1 %), transporte (14,4 %) y recreación (9,4 %) fueron los sectores que más financiación recibieron en los últimos dos años.

Esta administración recibió este año de parte de EPM $1,28 billones. En el cuatrienio completo (2016-2019) fueron $4,71 billones, sumada la venta de acciones en Isagén.

Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda de Medellín, dijo que la noticia de la cobertura garantiza que las transferencias para 2020 no sufran un desplome (en octubre pasado la previsión era que estas serían de $769.000 millones, las más bajas desde 2009), además de soportar el plan de inversiones futuras de EPM.

De igual forma, por la venta de acciones que EPM tiene en ISA (ver nota anexa), el municipio recibiría al menos $60.000 millones para 2020.

“Con el plan de desinversiones de EPM (venta de activos), sumado al pago del seguro, seguramente las transferencias de los próximos cuatro años serán muy superiores a las que este gobierno recibió”, finalizó Uribe.

La pregunta que ha surgido con la disminución de dos carriles en la avenida Oriental por la construcción del carril exclusivo del metroplús es si habrá una reorientación de las rutas que cruzan el corredor, pues de no ser así, se avizora un panorama de congestión aún luego de que los buses del sistema masivo empiecen a rodar por troncales.

Según la Secretaría de Movilidad, por esta arteria vial, de cuatro carriles por calzada, pasa el 80 % de los viajes en bus de Medellín, donde hay matriculados 9.787 de estos vehículos. De acuerdo con la dependencia, por esta carrera cruzan 122 rutas de transporte público (buses) y en el trayecto hay 62 paraderos autorizados en el costado oriental (sentido sur-norte) y 141 en el occidental (sentido norte-sur).

Humberto Iglesias, secretario de Movilidad, confirmó que, por ahora, no hay en marcha un plan para reorganizar ni reorientar rutas buses en la Oriental, pues el objetivo de habilitar corredores exclusivos para metroplús es desestimular el uso del vehículo particular y privilegiar el transporte público colectivo y el sistema masivo.

“Cada vez la ciudad tiene que ir hacia la peatonalización. En Medellín se están cambiando hábitos y comportamientos y el Centro es el sector clave, como ocurre en todas las ciudades”, sostiene.

Recuerda que en los últimos años la ciudad ha incrementado en 900 mil vehículos el parque automotor y la infraestructura vial se quedó corta para satisfacer la demanda de tanta carga vehicular.

“En el Centro se pasó de 30 % a 70 % los espacios peatonales. Lo que se plantea es poner al servicio de los ciudadanos alternativas distintas, como andenes de calidad y buen transporte público”, indica.

Incluso, añade que los paraderos habilitados por las rutas en espera del arriero continuarán, aunque estos le restan movilidad al corredor.

Diego Zapata Córdoba, consultor experto en Movilidad con maestría en Gestión de Transporte de la Universidad de Sidney (Australia), advierte que tanto el cierre del carril para las obras de metroplús como lo que viene después debió acompañarse de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) más eficiente.

“En la intervención como tal hay ausencia de planificación. El Centro de Medellín atrae 1,2 millones de visitantes al día y ese solo hecho amerita que se piense siempre en mejorar la movilidad”, indica.

Según la encuesta Origen-Destino 2018, de los 6.132.000 viajes diarios que se realizan en el Valle de Aburrá, 727.371 (12 %) tienen el Centro de Medellín como destino.

Zapata Córdoba también llamó la atención sobre las afectaciones a la salud de la población que trabaja en las ventas en el sector, pues el pare y arranque constantes de los vehículos eleva los niveles de contaminación del aire.

Teresa Pinzón, una vendedora de 87 años que usa tapabocas, expresó que lo hace “porque el doctor me dijo que si no lo hacía me podía enfermar”. Luis Eduardo García, vendedor de helados de 62 años, dice que lleva 30 años en el lugar y ya tiene que usar inhalador de por vida.

Luis Carlos Díaz Mora, analista de movilidad y exsecretario de Tránsito, propuso que en la Oriental se le impongan restricciones al transporte particular y que el tránsito de los buses sea circular: “no debería haber paraderos ni arrieros sino una ruta circular que vaya hasta Villanueva y siga hacia el corredor de la avenida del Ferrocarril, sin cortes en San Juan, Bomboná o La Playa, como ocurre actualmente”.

Es que tras 15 días de iniciado el cierre de dos carriles de la Oriental por la construcción de cinco estaciones de la Línea 2 del metroplús, la velocidad en este corredor vial puede haberse reducido a 10 km por hora, calcula Díaz Mora.

El experto añadió que “la velocidad promedio en la ciudad está en 26 km, pero en la Oriental, por ser la principal arteria, es más lenta, y con el cierre de los carriles obvio que los tiempos de desplazamiento deben haberse reducido”.

La Encuesta Medellín Cómo Vamos 2018 señala que el tiempo de desplazamiento en la ciudad pasó de 25 minutos en 2005 a 36 minutos en 2017. Quienes más padecen a diario el taco son los conductores de bus, que hablan del tema con resignación mientras esperan una solución.

Una voz de este gremio es la de Oswaldo Valencia, que conduce un bus para la ruta Sucre-Boston y que tiene paradero fijo en la Oriental con La Playa. Dice que no es capaz de calcular en cuánto se le incrementó el tiempo de cada viaje.

“Si le digo que 20 minutos me quedo corto, a veces es mucho más, en las horas pico se bloquea La Playa y no hay cómo moverse”, advierte. Concluye que les han dicho que los van a mover del sector, pero no sabe cuándo será .

Al igual que en los humanos, uno de los medios más efectivos para obtener el ADN de un animal es a través de una muestra de sangre. Sin embargo, al tratar con especies silvestres la obtención de esta se dificulta, y puede derivar en casos de estrés para los animales.

Con el objetivo de demostrar que no es necesario recurrir a estas prácticas para obtener información fidedigna del ADN de las especies, Juliana Martínez, bióloga y magíster en Genética, se dio a la tarea de encontrar métodos menos invasivos, y con el apoyo de la Universidad CES y corporaciones ambientales locales creó un banco de ADN único de su tipo en el departamento.

La colección, que cuenta con 640 muestras de 174 especies distintas, está abierta a la comunidad científica y, más allá de recopilar la información genética de la fauna regional, pretende convertirse en el insumo que posibilite investigaciones futuras.

De acuerdo con la bióloga Martínez, para tomarle una muestra de ADN a un animal es necesario capturarlo en su hábitat natural, lo que se convierte en un proceso dispendioso por el tiempo que requiere ubicarlo y porque algunas especies “son muy inteligentes” y sortean los intentos de los captores.

Además, este método va en contravía del principio de obtener la información genética causándoles el menor estrés y perjuicio posible a los animales que, con los métodos implementados de forma convencional, pueden sufrir daños irreparables.

“Normalmente les toman muestras de tejido, entonces les cortan una parte de la oreja, una falange (dedo) o el extremo de la cola. Lo que nosotros estamos proponiendo es hacer otro tipo de muestras que generan menos traumatismos para los animales”, expuso Martínez.

Así, el equipo investigador del CES usó el frotis como principal método de muestreo no invasivo, en el que basta con pasar un copito de algodón humedecido por las cavidades bucales o anales de los animales para obtener información de su ADN sin la necesidad de recurrir a las punciones en el corazón u ojos para extraerles sangre.

Además, ese método se complementó con la toma de muestras capilares en algunos mamíferos, e incluso el análisis de las pieles de las serpientes, que las mudan periódicamente de forma natural.

Las corporaciones autónomas regionales Corantioquia y Cornare apoyaron la creación del banco de ADN del CES con la acción previa indispensable para la toma de las muestras: la ubicación de los animales.

Como autoridades ambientales, estas entidades hacen seguimiento a las actividades ilegales que afectan la fauna, como el tráfico y tenencia de especies silvestres.

De esa forma, ambas entidades, tras las intervenciones de los grupos de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional, apoyan los procesos de recuperación de los animales afectados, en los que tienen acceso a ellos sin la necesidad de capturarlos.

“En la recepción y atención médica de especies silvestres, Corantioquia ha tomado y enviado más de 150 muestras al CES, que permitirán realizar estudios de investigación sobre la identidad y la variabilidad genética”, dijo Juan Camilo Restrepo, coordinador del equipo de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de esa entidad.

Y es que la iniciativa del CES contempló la capacitación de personal de ambas corporaciones ambientales para que sus profesionales tomaran muestras que ampliaran el acervo del banco de ADN.

En cuanto a las muestras que han recopilado en Cornare, David Echeverri, biólogo de la corporación, destacó la presencia de un mono lanudo, especie endémica de la Amazonia, “que no tendría nada que estar haciendo en Antioquia si no la traficaran”.

La Universidad CES ha invertido $40 millones en el banco de ADN. Además, el proyecto es apoyado por la Fundación Aiunau, EPM y la Universidad de Antioquia .

Los perjuicios que venía padeciendo la comunidad del sector la Aguacatala, causados por una quebrada que fue intervenida para la construcción del metroplús de Itagüí, fueron solucionadas ayer, un día después de que este diario indagara ante las autoridades sobre el asunto.

El afluente se llama la Jabalcona, recorre Itagüí y se desvía en la calle 12 sur, para seguir hacia el río. Pero justo en ese cruce, el paso del agua fue bloqueado con costales de arena por los constructores, creando una barrera que mermaba el caudal para permitir los trabajos de la megaobra de transporte.

Desde el pasado 9 de agosto, cuando Metroplús le suspendió el contrato al consorcio constructor Cydcon, el afluente quedó sin control y la situación empeoró en el sector, pues además de la incertidumbre por la terminación del proyecto, a los residentes se les dejó como herencia una quebrada con escombros y basura represadas y las aguas semiestancadas generando plagas, malos olores y riesgo de inundación.

“Esto ha desatado malos olores, mosquitos y una plaga de ratas que todo el tiempo salen de ahí y se meten a las fábricas y negocios”, relató Anderson Serna, quien labora en una empresa de la zona, al denunciar el problema.

Este lugar se conoce como San Fernando y es una zona industrial, con muy pocas residencias, detrás de la Fábrica de Licores de Antioquia. Además de empresas industriales, hay almacenes, puntos de venta de diferentes productos y establecimientos de comida.

Ana Lucía Mesa, administradora de un restaurante justo al frente del cruce de la quebrada con la calle 12 sur, señaló que su negocio era de los más perjudicados: “Al mediodía, que hace más calor, es cuando más se alborotan los olores, y es cuando llegan los clientes”, indicó.

La comunidad también sentía temor de una crecida ahora que se insinúa el invierno: “La semana pasada el agua se salió del cauce y llegó a las calles”, contó Apolinar Hurtado, que hace labores de limpieza en las calles y en el borde del afluente.

Ayer, tras la averiguación sobre el tema de parte de EL COLOMBIANO, Metroplús y la Secretaría del Medio Ambiente de Medellín se unieron y abocaron la solución.

Andrés Moreno Múnera, gerente de Metroplús, al reconocer el problema, indicó que se hizo una intervención para mitigarlo: “se realizó un reconocimiento del lugar y ya se tomaron las medidas necesarias para que no ocurra más el represamiento”, aseguró.

Añadió que, de todos modos, habrá monitoreo todo el tiempo del afluente para evitar represamiento; y le pidió a la comunidad que no arroje escombros ni desechos en el cauce para no empeorar la situación.

Hay que decir que en la visita del equipo periodístico al lugar se detectó que entre el material represado había centenares de botellas plásticas, barandas de camas, tablas de madera, tubos de construcción y hasta almohadas y ropa.

El funcionario también les pidió a los ciudadanos reportar cualquier situación complicada o anómala con la quebrada para tomar las medidas pertinentes.

Previo a la solución, Francisco Ortega, director del proyecto Metroplús para el consorcio Cydcon, manifestó que cuando a su firma se le suspendió el contrato de ejecución el tema de la quebrada dejó de ser de su competencia, pues ya no tiene injerencia en el proyecto.

“La solución a lo que pase con la quebrada y el resto de las obras le corresponde ahora a Metroplús, que es el que define lo que sigue para el proyecto”, indicó.

La construcción del carril para los buses de metroplús en la calle 12 sur, entre las avenidas El Poblado y Guayabal en la Aguacatala, se suspendió, según Metroplús, por un segundo incumplimiento de Cydcon, que ya había solicitado, en febrero de este año, un plazo adicional de seis meses para terminar la obra, meta que no pudo lograr llegando solo a una ejecución de 55,9 % .

Es martes, 20 de agosto de 2019. Son las 12:15 del día en Sonsón. Hace un sol tan bello como ardiente y el alcalde Obed Zuluaga sale de su fresco despacho. Al llegar a la calle, camina rápido y, sin perder el hilo de la historia que le cuenta a EL COLOMBIANO, les da afectuosos saludos a los lugareños. En cuestión de 10 minutos arriba a la Plazuela de Henao. Toma aire, se ubica en medio de un palo de aguacate y una palma y en tono firme sentencia: “aquí queda la ferretería fantasma, que contrató con el Municipio más de $1.000 millones”.

¿Y quién está detrás de esa empresa de fachada o fantasma?, le preguntó EL COLOMBIANO al mandatario, que no nació en Sonsón, sino en Argelia, otro municipio del Oriente lejano antioqueño.

Zuluaga aseguró que detrás de ese hecho está Carlos Alberto Cardona Escobar, el comerciante y exconcejal que usa su apodo de “Guacal” para promover su aspiración a la Alcaldía de Sonsón, por el Partido Conservador.

Zuluaga señaló que “Guacal” habría violado el régimen de inhabilidades al contratar con Sonsón, siendo, a la vez, concejal de la localidad. Adicionalmente, el alcalde, que laboró en la parte administrativa de la Fiscalía, en Medellín, resaltó que presuntamente se habrían cometido los delitos de falsedad en documento público y celebración indebida de contratos.

Según el alcalde, el tema le llegó gracias a una denuncia de “Carlos Orozco Loaiza”, nombre que no se acompañó con la indicación de la cédula respectiva. En el libelo se dijo que Carlos Alberto Cardona Escobar, cuatro veces concejal de Sonsón, creó dos ferreterías a finales de 2014, una de las cuales era real y la otra de mera fachada. Esta última la utilizó para celebrar contratos de suministro con la alcaldía de Dioselio Bedoya, por valor superior a los $1.000 millones.

El denunciante también reveló que “Guacal” habría usado como testaferros a dos de sus empleados en la ferretería que sí funcionaba legalmente.

Víctor Calle Gaviria, abogado asesor de la Alcaldía de Sonsón, le comentó a este diario los resultados del proceso de verificación de la información aportada por el denunciante, los mismos que el alcalde Obed Zuluaga plasmó en sendas denuncias en Fiscalía y Procuraduría contra “Guacal”.

El 19 de septiembre de 2014, siendo concejal, Carlos Alberto Cardona Escobar creó la Ferretería y Depósito de Materiales El Progreso S.A.S., con capital de $200 millones y de la que él es representante legal. El local queda en la Plazuela de Henao de Sonsón, Cra. 7 # 12-47.

Según el abogado y el alcalde, el 14 de noviembre de ese mismo año, “Guacal” creó la Ferretería El Progreso de Sonsón. Una de las empleadas de la otra ferretería figuraba como representante legal: Yessica Tatiana VelásquezEscalante, a quien el concejal aparece pagándole la seguridad social, según documentos aportados a las autoridades por la Alcaldía de Sonsón. Como dirección del local se puso la cra. 7 # 12-32, nomenclatura inexistente, que da en la misma Plazuela de Henao.

La sociedad real y la de papel tienen el mismo número telefónico fijo (8691707) y el mismo correo electrónico (ferreteriaelprogreso2014@hotmail.com).

Luego vino la feria de contratos de suministro que favorecieron a la ferretería fantasma. En la denuncia presentada a la Fiscalía y la Procuraduría aparecen relacionados 14, por un valor total de $1.034 millones. Sin embargo, Obed Zuluaga precisó que la cuantía subió a los $1.380 millones, al sumar lo contratado por Aguas del Páramo y Municipios Asociados del Suroriente (Musa).

De los 14 contratos, dos fueron suscritos en el gobierno de Zuluaga. Según Víctor Calle Gaviria, asesor jurídico del Municipio de Sonsón, el actual alcalde terminó firmando un contrato con persona en causal de inhabilidad o incompatibilidad y, como fue inducido a ese error por el manejo que se le dio a la ferretería fantasma, denunció al exconcejal por fraude procesal.

Otra prueba de que “Guacal” estaría detrás de esos contratos y de la empresa fantasma que contrató con el Municipio de Sonsón, es que -como reza la denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría- “los cheques identificados con los números 996428, 996430, 996427 y 59602-9 de la entidad financiera Bancolombia S.A., incorporan el valor total del contrato menos las deducciones legales y fueron cobrados y/o endosados a favor del señor Carlos Alberto Cardona Escobar, concejal para el momento en que fue titular del derecho incorporado en el título valor”.

En concepto del alcalde de Sonsón y de sus asesores jurídicos, esa condición de servidor público de “Guacal”, sumada al hecho de que los materiales que compró el Municipio de Sonsón “fueron despachados del mismo lugar donde opera la sociedad de la cual es representante, permite concluir que esta persona incurre en la prohibición constitucional contenida en el artículo 127 de la Constitución Política”. Dicha norma les prohibe a los servidores públicos, suscribir, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen recursos públicos.

Las presuntas irregularidades serían extensivas a la celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales. Por ejemplo, en el SI-015 de 2014, para suministro de materiales para la pavimentación y parcheo de vías urbanas, la Ferretería El Progreso de Sonsón no acreditó experiencia en mínimo un contrato ejecutado en el último año.

Los documentos de ese mismo contrato revelaron que la empresa fantasma tuvo resolución de facturación de la Dian el 22 de enero de 2015, y el contrato le fue adjudicado el 15 de enero de 2015, o sea que para ese momento, como reza la denuncia, “no había emitido factura alguna en relación con su actividad comercial, que permitiera concluir que tuviera experiencia específica para acreditar”.

Y, la última: la empresa fantasma contrataba, pero a la hora de facturarle al Municipio de Sonsón ponía la dirección de la ferretería real, de la que el hoy exconcejal, “Guacal”, es el representante legal .

CERTIFICADOS DE LAS 2 FERRETERÍAS

El exconcejal Carlos Alberto Cardona Escobar, “Guacal”, candidato a la Alcaldía de Sonsón, es dueño de la Ferretería y Depósito de Materiales El Progreso SAS, creada el 19 de septiembre de 2014. El 14 de noviembre de ese año nació la Ferretería El Progreso de Sonsón SAS. Según el abogado Leonardo Arnedo Mendoza, siendo concejal, “Guacal” usó esa segunda empresa, “que materialmente era de su propiedad”, para contratar con el Municipio de Sonsón.

Arnedo afirmó que dos representantes legales que tuvo la ferretería fantasma reconocieron ante el Tribunal Administrativo de Antioquia que eran empleados de Cardona. Además, agregó Arnedo, las operaciones de la empresa fantasma “se desarrollaron desde el local donde funciona la ferretería del exconcejal demandado”.

ESA DIRECCIÓN NO EXISTE: PLANEACIÓN

El mapa muestra la ubicación de la ferretería del exconcejal Carlos Alberto Cardona, Carrera 7 # 12-47, así como la dirección de la ferretería fantasma, que fue liquidada en septiembre de 2017 por la hija del exconcejal, Erika Mabel Cardona Marulanda, quien se abstuvo de hablar con EL COLOMBIANO, al igual que Yessica Tatiana Velásquez Escalante, exrepresentante legal de la Ferretería El Progreso de Sonsón, quien se limitó a responder que “estoy tranquila frente al caso”. Para el abogado Leonardo Arnedo Mendoza, “no se entiende cómo una empresa pasa de facturar $1.380 millones en 10 meses de 2015 a prácticamente nada en 2016. Es claro que la empresa fue constituida solo para contratar con un gobierno específico y con una finalidad: defraudar la legalidad en materia de contratación estatal para favorecer intereses privados, no intereses colectivos”.

¿PARA QUÉ ERAN LOS CONTRATOS PÚBLICOS?

Los contratos de la ferretería fantasma con el Municipio de Sonsón fueron, por ejemplo, para “suministro de materiales para la pavimentación y parcheo de vías urbanas”, por $80 millones. Por el mismo concepto hay otro, de $120 millones. Uno más, de $139.526.453, para “suministro de materiales de construcción para el mejoramiento de vivienda urbana y rural en el municipio de Sonsón”.

El alcalde Obed Zuluaga les dio información a los entes de control y a la Fiscalía de 14 contratos estatales suscritos con la ferretería fantasma. Parte de la investigación determinará si todos los bienes y servicios contratados, y pagados, se prestaron conforme a las obligaciones que adquirió el contratista.

CHEQUES RECIBIDOS POR EL CONCEJAL

El abogado Arnedo Mendoza sostuvo en el Tribunal que con estos dos cheques, por $126.759.569 y $109.667.324, “se acredita que el exconcejal cobró la totalidad del valor de los contratos de suministro celebrado con el Municipio de Sonsón, y no hay soporte documental que justifique esa situación. Esta operación financiera acredita que finalmente fue el concejal quien a través de sus empleados y con la empresa que funcionó en sus instalaciones, contrató con el ente territorial por interpuesta persona”.

ES PERSECUCIÓN DEL ALCALDE: “GUACAL”

Carlos Alberto Cardona Escobar le dijo a EL COLOMBIANO que prefiere esperar el fallo sobre la pérdida de su investidura como concejal, que se tramita en el Tribunal Administrativo de Antioquia, para hablar a fondo de las denuncias en su contra. De la ferretería fantasma aseguró que “en eso no tengo nada qué ver y estoy tranquilo”.

Atribuyó sus líos jurídicos a la fuerza que dijo tener para ganar la Alcaldía de Sonsón, una aspiración en la que se enfrenta, según sus palabras, a Obed Zuluaga, mandatario al que describió como “un enemigo muy grande, tiene mucho poder, es muy jodido y ha dicho que la única manera de parar a “Guacal” es inhabilitándome”. Cardona afirmó que el abogado que lo demandó ante el Tribunal, “el tal, Arnedo Mendoza, no sé quién será, me mandó a pedir $250 millones para retirar la denuncia. No dr., Dios Santo Bendito, de dónde voy a sacar esa plata”, le respondió. Al consultarle si podíamos publicar esa denuncia, dijo que “sí, cuéntelo, mijo, por mí no hay problema”.

Por su parte, el abogado Leonardo Arnedo indicó que no conocía la declaración de “Guacal”, anunció que pondrá ese hecho en manos de la Fiscalía y agregó que dentro de este caso ha recibido presiones que ya puso en conocimiento de las autoridades. El jurista aclaró que en los procesos de pérdida de investidura las demandas no se pueden retirar una vez que las partes se notifican.

La contienda que desde hace más de una década enfrenta a Antioquia y a Chocó por el corregimiento de Belén de Bajirá sigue atizando las diferencias en este periodo electoral. Luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil determinó que los votos de los comicios de octubre de Belén de Bajirá y otros tres corregimientos de Chocó (Macondo, Blanquiset y Nuevo Oriente) serían para la jurisdicción de Antioquia, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vacha, revocar esta decisión.

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Frente a las decisiones del Congreso de la República y del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), y mientras se resuelven acciones ante el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales del Ministerio Público precisó que se debe cumplir la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en un fallo de tutela pidió a la Registraduría adelantar las actuaciones administrativas necesarias para que estos territorios participen en el proceso electoral por la circunscripción de Chocó.

”Se solicita de manera respetuosa al Registrador Nacional del Estado Civil entrar a considerar y, en consecuencia, dejar sin efecto la decisión adoptada mediante Oficio 0320 del 27 de agosto de 2019, por cuanto lo ordenado por esta autoridad electoral modifica territorialmente las circunscripciones electorales de los departamento de Antioquia y Chocó, en relación con los corregimientos de Belén de Bajirá, Macondo, Blanquiset y Nuevo Oriente, y, por ende, incide sobre el censo electoral (...)”, indica la Procuraduría en su solicitud.

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En ese sentido, para la Procuraduría, la determinación de la Registraduría, de aplicar la excepción de inconstitucionalidad y apartarse de lo ordenado por el tribunal, desborda el ordenamiento jurídico y afecta la democracia de las comunidades. Además, agrega, se desatiende lo dispuesto por esa autoridad judicial.

De acuerdo a la decisión tomada por la Registraduría, los votos de estos pobladores se contarán en el censo electoral antioqueño de esta manera: los votantes de Belén de Bajirá alimentarán las campañas a Concejo, Asamblea, Alcaldía y Gobernación en la jurisdicción del municipio de Mutatá; y los de las comunidades de Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente, lo harán para Turbo.

El Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín restableció las operaciones aéreas tras el cierre temporal de este miércoles a causa de las fuertes lluvias.

Desde las 9:35 a.m. se normalizó la operación, luego de que estuviera cerrado en la mañana por visibilidad reducida, según informaron las autoridades aeroportuarias.

A través de sus cuentas institucionales, Airplan S.A.S precisó que las condiciones meteorológicas adversas para las operaciones aéreas obligaron al cierre: “el aeropuerto se encuentra cerrado por visibilidad reducida (niebla sobre la estación)”.

Debido al cierre, a las 8:00 a.m. se presentaban ocho vuelos demorados saliendo, siete llegando y un vuelo desviado al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro.

¿Cuándo se da la condición de cerrado en un aeropuerto?

De acuerdo con la Aeronáutica Civil de Colombia, algunas veces se presentan condiciones meteorológicas que ponen en riesgo la seguridad operacional y la de los pasajeros. Entre estas condiciones se encuentran los vientos de cola, que pueden sacar de la pista a una aeronave y ocasionar un accidente. Asimismo, las tormentas eléctricas pueden no estar sobre la pista o sobre el aeropuerto, pero si están cerca, en lo que se conoce en aviación como senda de aproximación, pueden generar vientos ascendentes y descendentes que pueden sacar a la aeronave de su trayectoria.

La población en situación de discapacidad del Valle de Aburrá tiene una conmemoración especial durante este fin de mes en Itagüí. Este municipio tiene una agenda que pretende exaltar el talento de estas personas.

Este jueves 19 de septiembre se hará la Feria de emprendimiento y jornada “Tomando conciencia sobre la discapacidad”. En esta cita, se estarán más de 19 emprendedores para exhibir sus productos, la mayoría de ellos elaborados a mano. Esta cita se realizará de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Parque Principal.

El viernes 20 de septiembre se realizará el Primer Foro “Educación Inclusiva”, en alianza con la Unidad de Atención Integral (UAI) de la Secretaría de Educación del Municipio, a partir de las 8:00 a.m. del Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAID). El ingreso es gratuito y se dialogará sobre temas como ciudadades accesibles, formación ocupacional y educación inclusiva.

El lunes 23 de septiembre se hará el talle “Cuidemos el medio ambiente: procesos con el plástico” con la Secretaría de Medio Ambiente a partir de las 2:00 p.m. en el Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAID).

El miércoles 25 se hará una de las actividades más llamativas pues se dará apertura, con el desfile inaugural de los Juegos deportivos y recreativos. Este saldrá, a las nueve de la mañana, del Parque Principal y finalizará en el Parque del Artista, donde se encenderá la llama y los deportistas harán su juramento.

En la jornada, participará el grupo Ekhymosis, la Corporación La Tartana, show con la campeona mundial de parapole (pole dance), Leidy Andrea Herrera.

El jueves 26 y viernes 27 los deportistas harán gala de su talento en disciplinas como atletismo, baloncesto, fútbol, natación y boccia. Este último día se harán la premiación en el Parque del Artista.

Hasta ese mismo día estará abierta la Exposición de arte Creando con los sentidos con los itagüiseños José Orlando Berrío y José Félix, en la Sala Ligia Pimiento Concejo Municipal.

El remate será el 30 de septiembre con la segunda versión del Concurso en canto en Lengua de Señas, cuyas inscripciones estarán habilitadas hasta el 27 de septiembre, que tiene como propósito fomentar, a través de la música, la unión de culturas a través de la difusión de la riqueza lingüística de este tipo de lengua.

El Acuerdo de Punto Final, la medida para sanear las deudas históricas entre los actores del sistema de salud, dará un nuevo paso a partir de la próxima semana. Gabriela Cano Ramírez, secretaria seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, anunció que a partir del 25 de septiembre se hará el primer pago del departamento, que será del orden de los $50.000 millones, con el fin de saldar las cuentas del sector público con las EPS e IPS.

El pago, que permitirá cancelar parte de las deudas de 74 entidades de salud -públicas y privadas- en Antioquia, se hará después de dos meses de verificación de cuentas, formulación de glosas y de generar notas crédito.

Cano Ramírez enfatizó en que desde el 23 de julio se firmó el acuerdo para darle fluidez y saneamiento a la red hospitalaria del departamento. Reiteró el llamado a toda la red hospitalaria pública y privada para que contribuyan con el aporte de todos los soportes.

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La funcionaria añadió que el proceso “ha sido difícil” porque a pesar de tener los recursos en caja no se han podido consolidar todas las cuentas dado que se han reportado inconsistencias o falta de aportes en la documentación de las cuentas por cobrar.

Las cuentas que se están auditando y saneando es por servicios de salud de los últimos cuatro años, es decir entre 2015 y 2019.

Por el momento se desconoce cuánto le corresponde a cada una de las 74 entidades que lograron soportar parte de las deudas que tiene el ente territorial con ellas por el concepto de no POS.

Para sanear la red hospitalaria del departamento el Gobierno Nacional prometió girar $130.000 millones y la Gobernación de Antioquia $120.000 millones adicionales.

“Esperamos que $250.000 millones sea el pago de la deuda que se tiene con toda la red hospitalaria y nuestra esperanza es poder oxigenar la red de salud para que todo el mundo quede saneado y, a partir del 1 de enero del 2020, todas las actividades que consideramos que no son del PBS (Plan de Beneficios en Salud) sean atendidas a través de las plataformas que dependen del Ministerio de Protección Social”, sostuvo Gabriela Cano Ramírez, secretaria de Salud del departamento.

Panorama optimista

Marta Cecilia Ramírez Orrego, directora de la IPS Universitaria, explicó que este anuncio del desembolso es la tercera acción del Acuerdo del Punto Final porque las dos primeras vinieron del Gobierno Nacional, la primera fueron los 514.000 millones que faltaban de la liquidación de Caprecom (ver recuadro) y el segundo fueron los 172.000 millones que se giraron por el reconocimiento a algunas EPS de la glosa transversal.

“En la Seccional vienen trabajando fuerte en las auditorías y hay un cronograma muy claro para lograr conciliar todas las cuentas y poder sanear esa deuda”, declaró la vocera de la IPS Universitaria

El cielo encapotado y las lluvias intermitentes con las que conviven este miércoles los habitantes del Valle de Aburrá son el preludio de la llegada de la nueva temporada invernal.

Por tal motivo el departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) compartió, a través de su director Camilo Zapata Wills, una serie de recomendaciones que buscan mitigar el impacto de las lluvias que están previstas para los próximos meses.

“Sabemos que la segunda temporada de lluvias puede ser más fuerte que la del primer semestre que ocasionó 119 inundaciones y 168 deslizamientos”, indicó el vocero.

Entre las cuatro recomendaciones claves están realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas de drenaje como canoas y bajantes para garantizar que estén en óptimas condiciones y puedan resistir las lluvias.

También revisar el estado de tejas y techos para garantizar que el buen estado, contribuir a la limpieza de cauces de quebradas que, aunque es un trabajo que hace el Dagrd en conjunto con Secretaría de Medio Ambiente, la ciudadanía puede ayudar con no arrojar escombros y hacer los reportes oportunos.

Además, evitar construcciones y cortes en los taludes que puedan generar un riesgo con las acumulaciones y las saturaciones de los suelos.

Tomarse un tinto, reunido entre amigos o familiares, para hablar. Una tradición tan común en los hogares colombianos que ocurre, con otro nombre, en el vecino país. En Venezuela al tinto se le llama guayoyo, y aunque es más suave y con más agua, sirve para el mismo propósito.

El próximo 3 de octubre, EL COLOMBIANO, Efecto Cocuyo (medio de comunicación de Venezuela) y El Tiempo se unen para reunirse con migrantes colombianos y venezolanos y tomar un guayoyo en Medellín. La idea es compartir sus visiones sobre la situación actual migratoria.

Además de reunir y crear comunidad, se conocerán historias interesantes de las que se crearán contenidos periodísticos. Y un experto se unirá a la conversación para dar respuestas a las dudas de los migrantes.

El proceso de selección de los participantes se hará dependiendo de sus perfiles: personas que hayan migrado de Venezuela a Colombia en los últimos 10 años; si es hombre o mujer; su profesión u oficio. Y por supuesto, su historia de migración.

Si usted es migrante venezolano o un colombiano que vivió en ese país y regresó hace poco, y le interesa el tema y quisiera participar de estas conversaciones, lo invitamos a llenar el siguiente formulario:

Formulario de inscripción al TintoGuayayo

Al llenar este documento, se está postulando para participar en la reunión. Se seleccionarán 10 personas, que recibirán la información entre el 26 y el 27 de septiembre.

Esta reunión no es auspiciada por entes gubernamentales o de ayuda internacional. Tampoco se entregarán ayudas humanitarias o se resolverán trámites migratorios. Es un encuentro que busca motivar la conversación y el desarrollo de contenidos periodísticos sobre el tema migratorio.

Un procedimiento de registro en la vía entre Santa Fe de Antioquia y Urabá permitió descubrir un cargamento de 300 kilos de clorhidrato de cocaína que estaba escondido en un vehículo de carga.

Giovanny Buitrago, comandante de la Policía Antioquia, indicó que producto del operativo se logró la captura del conductor:

“Los 300 kilos de clorhidrato de cocaína iban ocultos dentro de costales con azúcar. Quiero destacar el trabajo juicioso de los hombres de Policía de Carreteras que perfilaron el vehículo y ubicaron la mercancia”, indicó el uniformado.

La Policía Antioquia detalló además que la incautación se realizó en el sector Heliconias de Cañasgordas, Occidente de Antioquia. El vehículo de carga cubría la ruta Cali - Apartadó.

El cargamento estaba avaluado en $1.500 millones.

Hace seis años los visitantes que querían subir las 740 escalas que tiene hasta su cima la Piedra del Peñol, en Guatapé, debían pagar $10.000. En 2016 el precio en taquilla ya era de $15.000 y hoy ya está en $18.000. Sus propietarios, pues esta es una atracción privada, dicen que a finales de este año incluso contemplan incrementar el precio a $20.000.

A raíz de esto, en páginas de turismo con Tripadvisor y en redes sociales, ciudadanos colombianos, pero también de diversas nacionalidades, reseñan el lugar criticando el elevado costo de la entrada. Los comentarios coinciden en que no existe ningún medio, como un ascensor o teleférico, sino que el esfuerzo lo hace cada cual por lo que no se justifica lo pagado a la entrada.

“Las escaleras son muy angostas, altas y están en mal estado”, “nos pareció demasiado costoso para tener que subir a pie”, son algunas de las opiniones de los turistas.

En diciembre pasado Iván Puentes llegó desde Barranquilla junto a 19 familiares, había escuchado que la piedra era un paso obligado en sus vacaciones en Antioquia. Sin embargo, al conocer el precio de la entrada solo cinco personas de su grupo decidieron escalar hasta la cima.

“No hay lógica en pagar tanto por autoflagelarse. Es diferente que se cobre si existiera un ascensor, incluso ahí podría ser más costosa la entrada”, expresó.

Patricia Villa, directora comercial de Tours Guatapé, comentó que si bien piensa que el precio es un poco alto, es a discreción de los propietarios. Aún así indicó que las quejas eran sobre todo de turistas colombianos.

“Los extranjeros no le paran tantas bolas, incluso puede que para ellos sea un valor razonable”, dijo.

Subir al Cerro de los Cristales en Cali, donde está el monumento a Cristo Rey, no tiene ningún costo.

En Bogotá, Monserrate hace parte de una reserva natural y las construcciones religiosas son del Clero. El ascenso a pie es gratuito y se ofrece servicio de funicular o teleférico por $6.000. Si son dos trayectos, entre semana cualquiera de los medios cuesta $21.000 y los domingos $12.000.

En Nariño, para acceder al Santuario de Las Lajas caminando tampoco se cobra, y el servicio de teleférico cuesta alrededor de $12.000.

Cabe aclarar que en los tres casos antes mencionados, los accesos hasta los lugares son de carácter público.

En el mundo, los escaladores del Cerro Pan de Azúcar en Río de Janeiro (Brasil) pueden aventurarse gratis, pero el resto de los turistas que quieren llegar a lo más alto pueden optar por un teleférico que cuesta $90.000.

En Nueva York, el servicio de ferry para conocer la Estatua de la Libertad y la isla de Ellis tiene un precio de $63.000.

Livaniel Villegas Hincapié, propietario y administrador de la Piedra del Peñol, manifestó que la cuestión de que el precio sea alto es algo subjetivo.

Reveló que no reciben apoyo municipal, departamental o nacional para el mantenimiento de las nueve hectáreas del predio donde se encuentra esta atracción, por lo que desde hace 25 años su familia se encarga de todo.

Villegas explicó que hay un acueducto para dotar de agua al lugar, que invirtieron cerca de $650 millones en una planta para tratar las aguas residuales de la piedra, y que invierten cerca de $1.200 millones en una vía de acceso para descongestionar la única que tiene el sitio.

“Del cobro de la entrada, más del 60 % se va en mantenimiento e inversiones (...) En el parqueadero hemos invertido $4.000 millones”, anotó.

Además, mencionó el propietario, hay una planta de 25 personas a las que hay que pagar para que el atractivo pueda funcionar, por lo cual no solo se trata de “construir y adecuar las escaleras”.

Sí reconoció que estas últimas “están pidiendo a gritos” una intervención. No obstante, descartó que en el lugar se vaya a adecuar en el mediano plazo un teleférico u otro mecanismo para el ascenso.

También se está evaluando incluir un seguro colectivo en caso de accidentes, pues la boleta aún no lo incluye en el precio. Lo que hay en la piedra son dos estaciones, en la mitad del recorrido y en la cima, donde permanecen socorristas prestos para atender emergencias.

“Es por eso, porque hay que seguir trabajando en este sitio, en el que solo hemos metido la mano nosotros, que no podemos garantizar que la tarifa se vaya a congelar. De hecho va a seguir subiendo”, concluyó.

Alternativas existen, pero implicarían un alto costo político y económico: restricciones a los particulares (por un carro nuevo sale uno viejo), peajes urbanos e integración de tarifas para los transportadores. Estas son algunas soluciones propuestas por expertos para lograr una movilidad sostenible.

Doce panelistas hablaron del tema durante la tercera edición del Foro de Ecomovilidad: una vía de soluciones, organizado por EL COLOMBIANO. El escenario generó un diálogo sobre la actualidad, los problemas y retos de moverse en la ciudad.

El auditorio fue ocupado en su mayoría por un público joven. Más de 50 alumnos de Intránsito, un instituto técnico enfocado en programas de transporte y seguridad vial, hicieron parte de los asistentes. A eso hizo referencia el primer ponente, Germán Cardona Gutiérrez, exministro de Transporte, pues según él, “es a los jóvenes a los que les debe calar el mensaje”.

Ideas del foro

En la conversación se analizó cómo una ciudad con un espacio tan reducido como Medellín puede enfrentar el creciente parque automotor, pero sin coartar la libertad del ciudadano. El transporte público masivo y su fortalecimiento, claves en el proceso.

El ingeniero Iván Sarmiento advirtió durante su intervención que sin duda se deben buscar estrategias, no obstante ninguna debe imponerse como la panacea, porque la gente es libre de elegir en cómo se mueve y las acciones deben ser integrales.

La conversación también se prestó para la interacción en redes sociales, donde fuimos tendencia local y nacional con el hashtag #EcoMovilidad.

“Regular los horarios de los buses para poder asegurar duración de recorridos (...) ayudaría a una mayor acogida del transporte público”, dijo la usuaria Mariana Luján.

Los panelistas coincidieron en que la solución a los problemas de movilidad no es aumentar el número de vías, y en que la construcción de cultura ciudadana es vital para resolver el asunto, además de edificar ciudades compactas, que concentren servicios en los barrios.

El ponente Federico Restrepo manifestó que Medellín, como cualquier ciudad colombiana, ya cuenta con herramientas y personas capaces de convertir cualquier vehículo convencional en uno eléctrico por precios más bajos que los del mercado, y esa es una buena alternativa.

En los 12 recuadros podrá conocer las conclusiones de los expertos que integraron el foro, en ponencias que coincidieron en que el deber es construir más cultura ciudadana, masificar y ampliar el transporte público y usar la innovación y las capacidades locales .

La aplicación de dióxido de cloro a la planta de tratamiento de aguas de La Ayurá arrojó los resultados positivos esperados por EPM para solucionar la contingencia por la presencia de manganeso en el líquido que llega a los hogares, y por esto la entidad anunció ayer que el problema va camino a ser superado.

Según la empresa de servicios, desde el domingo pasado, los monitoreos diarios a la salida de la planta hacia las redes de distribución reportan que el agua ha recobrado su atributo de transparencia. Es decir, las muestras recogidas a lo largo de las redes de distribución presentan una significativa disminución del color amarilloso que generaba el manganeso y hoy los usuarios, dice EPM, reciben un agua con menos de 15 unidades de color, lo que indica que cumple los parámetros normativos.

“Hoy, con el dióxido de cloro, la entrada de manganeso es de 0.06 partes por millón y estamos aplicando cloro en 0.35 partes por millón, lo que garantiza la remoción completa del manganeso, con una salida del agua de 0.01 del mineral, muy por debajo de los parámetros exigidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud)”, explicó Jorge William Ramírez Tirado, gerente de Producción de Aguas de EPM.

Es posible que en algunos hogares el líquido salga con alguna turbiedad en el color, pero esta debe ser mucho menor de la que se venía presentando desde meses atrás, cuando se inició esta contingencia.

María Isabel Monsalve, residente en el barrio El Trianón, de Envigado, dice que el agua sigue turbia: “así esté hervida, queda amarilla. Ya no podemos tomar agua potable, toca comprar agua de botellón”.

Denisse Villada, de Itagüí, afirma que “todavía viene sucia”, mientras Rodrigo Valencia López, de El Poblado, sostiene que a su casa llega un líquido “totalmente puro”.

Para saber cómo se hace la purificación y potabilización del agua visitamos la planta de La Ayurá, donde EPM cumple un complejo proceso que incluye pasos como la coagulación, filtración y desinfección del líquido, en los que se adicionan componentes químicos de diversas características que van matando bacterias, impurezas y todos los agentes contaminantes.

A la planta, procedente del embalse de La Fe (El Retiro), llega diariamente una carga de 137 millones de metros cúbicos (m3) de agua con la cual se abastece el 45% de la población del Valle de Aburrá (480 mil hogares), especialmente la de los municipios del sur (excepto Caldas) y sectores como El Poblado, Belén y Guayabal. Puede generar hasta 6.5 m3 por segundo del líquido.

“Cuando el agua llega a la planta no solo trae manganeso sino toda la contaminación microbiológica y sedimentos de todas las quebradas que llegan al embalse, como el nitrógeno y el fósforo, por ejemplo”, apunta Santiago Barrera, profesional de Operación de Negocios y coordinador de la operación.

Al agua contaminada le adicionan un coagulante llamado sulfato de aluminio, que neutraliza las cargas eléctricas y las remueve en la sedimentación; y carbón activado en polvo, que remueve olores, colores, sabores y atrapa sustancias contaminantes. El dióxido de cloro, asegura Rodolfo Mira, profesional de Operación de la Unidad de Producción de Aguas, es un químico utilizado en Estados Unidos y Europa para desinfectar el agua, con estándares de calidad regulados por la Agencia de Protección Ambiental de E.U.

“El dióxido lo estamos produciendo en la planta para adicionarlo de una vez al agua sin tener que transportarlo y para evitar que se degrade en el camino”, explicó Mira. Se compone de clorito de sodio (importado del exterior) y persulfato de sodio, fabricado en el país.

EPM insistió en que si el agua llega con turbiedad, esta será mínima y no implica riesgo para la salud. Recomendó lavar los tanques caseros para borrar residuos de manganeso y advirtió que si sale con alguna coloración, no añadirle cloro al lavado de la ropa blanca, para evitar que se manche.