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En Antioquia, según el último reporte de Migración Colombia actualizado al 30 de agosto de 2018, está concentrado el 7,6 % de los ciudadanos venezolanos que hasta ahora migran al país.
En esa cifra se tiene en cuenta a aquellos que entraron al territorio nacional de manera legal, así como quienes cruzaron la frontera irregularmente. No obstante, las autoridades son conscientes de que el número puede ser mayor, debido a que hubo personas que no participaron del censo llevado a cabo entre abril y junio de este año.
El fenómeno de la migración venezolana impacta varias ciudades capitales, adonde los ciudadanos bolivarianos llegan para asentarse o como paso a una larga travesía con dirección a otros países.
En la capital antioqueña es latente la difícil situación, pues los semáforos, las calles del Centro, los restaurantes y otra cantidad de negocios, que antes ocupaba la informalidad colombiana, ahora fueron llenados por ciudadanos del vecino país que buscan sobrevivir lejos de su patria.
Sobre este tema opinó el pasado 5 de septiembre el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien manifestó que “hay venezolanos que vienen, están unos días y se van, porque no necesitan trabajar, hacen empresa en otra ciudad o ven opciones en otros países”.
Eso ocasiona que las cifras deban actualizarse periódicamente para mantener caracterizada a esta población, que varía cada mes, y así evitar especulaciones –señaló el mandatario– como aquella que afirmaba que por estas fechas más de 70.000 migrantes se dirigían al Suroeste a trabajar en la cosecha del café.
Para aquellos venezolanos que se encuentran en la capital antioqueña, y con la Administración Municipal consciente del fenómeno de la informalidad, la Personería y la subsecretaría de Derechos Humanos activaron varias rutas de atención para garantizar sus derechos.
La Personería informó que hasta finales de junio atendió a 432 ciudadanos bolivarianos, brindándoles asesoría en temas relacionados con acceso a salud, trámites migratorios y derecho al trabajo.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, comentó que se abrió un albergue para venezolanos en situación de calle en el barrio Prado Centro. Una casa hogar en donde se encuentran alrededor de 20 personas.
Además, junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia habilitaron una oficina de asesoría jurídica a los migrantes.
“Uno de los acompañamientos es de los permisos especiales de permanencia, para que se les facilite el trámite y se abre la oferta laboral. Son apetecidos, sobre todo para trabajar en restaurantes y hoteles de la ciudad”, dijo Arcila.
EL COLOMBIANO presenta cuatro historias sobre venezolanos que llegaron a Medellín en busca de mejores oportunidades.
LAPICEROS PARA CAMBIAR LA SUERTE
Con la mirada, Luis Raúl Reyes pide disculpas, sin darse cuenta, antes de que pronuncie palabra alguna. Se acerca con timidez, pero con urgencia a vender lapiceros o libros con sopas de letras que le permitan conseguir pesos para tres cosas sencillas: comer, pagar arriendo y enviarle el resto a su familia, en Venezuela, a quienes dejó atrás desde septiembre del año pasado en la ciudad de Valencia.
De la carrera técnica en administración industrial de la que se graduó no le quedan, por ahora, sino los papeles que además dejó atrás cuando salió de su patria para buscar en Medellín el sustento diario que allá se volvió imposible de encontrar.
“Lo que nos está pasando a los venezolanos no es un misterio para nadie, serán cuentos y mentiras solo para los gobernantes en Miraflores, pero de resto todos saben cómo está de grave la situación”, relata Luis. Con un sueldo en Valencia le alcanzaba para comprar dos productos en el mercado, el dúo de harina y arroz, o mejor comprar la leche, que era la más costosa; es decir, sopesar y hacer maromas con el dinero, para poner algo en la alacena.
Medellín lo ha cambiado, porque a pesar de que conoce la ciudad y se mueve por Junín, en el Centro, o por Girardota y Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá, como en casa con sus kits de lapiceros, ha creado una necesidad por demostrar, quizás por temor, que sí es venezolano, que sí necesita ayuda, y que no está fingiendo ser quien es. Por eso saca de su billetera para mostrarle a la gente el Permiso Especial de Permanencia, que le otorgó Migración Colombia en febrero de este año, y algunos carnés de antiguos trabajos en Venezuela.
“Imagínate tú, tres años estudié en el Instituto Universitario de Tecnología para la Informática, y cómo es la vida, para dar de comer a mi familia me tocó ponerme a vender lapiceros”, comenta.
Allá fue analista de compras en un cuerpo de bomberos, trabajó un tiempo en la alcaldía, pero al final terminó yéndose a un mercado a ver si en un puesto de verduras le hacía el quite a la hiperinflación del país bolivariano. No fue así.
Semanalmente alcanza a enviar 20 o 30 mil pesos semanales a su esposa y sus cuatro hijos, a los que llama todas las mañanas desde un teléfono público.
“La lección es que hay que analizar muy bien a los gobernantes que elegimos, para no terminar así, como yo, pidiéndole a Dios todos los días por la buena fortuna”, expresa el hombre que, dice, volvería corriendo a su país cuando cambie la corriente.
EL SUEÑO ESTANCADO DE SER UN ABOGADO
Tras dos años estudiando leyes en la Universidad de Yacambú de Barquisimeto, en el estado venezolano de Lara, agarró algunas de sus pertenencias y con su hija salió del país para radicarse en Bucaramanga. “La escasez, que luego llevó a los saqueos en supermercados, ver a gente peleándose por un paquete de harina, era una situación que yo no quería que viviera mi hija”, expresa el joven de 25 años.
Sin embargo, quince días después, Jonathan Ramírez Salazar se devolvió a Venezuela porque la suerte no lo acompañó en tierras santandereanas.
Al poco tiempo lo llamó un amigo, que dice es como si fuera su hermano, y lo invitó a viajar hasta Medellín para que trabajara junto a él en un restaurante. Como tenía los papeles en regla, cruzó la frontera con su pasaporte. Ya han pasado siete meses.
Después de establecerse en Medellín lo siguió su madre y su cuñado, que sin papeles debieron pasar la frontera irregularmente. En su casa, Jonathan dejó a unos conocidos que la habitan durante su ausencia, porque la orden del Gobierno es: “lo que está desocupado, con los dueños fuera del país, puede ser tomado”.
Atrás, además del sueño de ser abogado, dejó el terreno que tenía y su casa. Ahora, en lugar de conducir un taxi, con el que hasta el final luchó por ganarse la vida en Barquisimeto, trabaja en un lavadero de carros y motos en Belén Rincón. Mientras labora en un oficio que ya lleva desempeñando cuatro meses, cuenta que no se imaginó hacer algo distinto al proyecto que tenía para su vida.
El lugar en el restaurante de su amigo fue ocupado por su madre, y con su cuñado, que también trabaja, mantienen los gastos de una casa arrendada a pocas cuadras del sitio donde está ubicado el lavadero.
“Como mi caso hay el de muchos amigos que ya son profesionales y están haciendo algo totalmente distinto a lo que estudiaron en países como Chile, Perú o Panamá”, relata.
Pese a todo lo que ha vivido, lo fundamental, para Jonathan, sigue siendo que su hija no deje de estudiar. Por eso, aunque cuando llegaron no alcanzó a inscribirla en un colegio público, por cuestiones del calendario, día a día hace el sacrificio de pagarle uno privado hasta que llegue el nuevo año escolar.
Con la incertidumbre de no saber hasta cuándo se prolongará ese exilio forzado que le tocó sufrir, él va planeando su futuro con la premisa de vivir el hoy.
DE PROFESORA A GALLETÓLOGA
“Después de haberme dedicado 25 años a enseñar en colegios, ahora soy galletóloga”, dice Gisela Martínez, venezolana que por temor al mal trato recibido en varios municipios de Antioquia ni siquiera quiso que se publicara su verdadero nombre.
Hace menos de dos meses que llegó a Medellín, animada por un sobrino que, por hablar tres idiomas, tenía un trabajo bien pago en una red de hoteles en la capital antioqueña. A ella no le pasó igual, pues los 200.000 pesos con los que salió de Maracaibo se esfumaron con todos los gastos para cruzar la frontera.
“Como estaba en periodo de vacaciones, me vine a probar suerte a Colombia y la intención era que si me iba mejor, me quedaba y luego arreglaba para traer también a mi mamá, mi hermana y mi hija. Pero ahora estoy en el aire, vendiendo galletas y bolívares que ya no sirven en Venezuela por la reconversión que hubo. Quedaron de colección”, cuenta.
Como Gisela hay una hilera de mujeres y hombres ubicados en la avenida La Playa, vendiendo bolívares de todas las denominaciones al precio que los coleccionistas consideren justo. El azar determinará si reciben 1.000, 2.000 o más pesos.
En algunas zonas de la ciudad, con tan solo mencionar que viene de Venezuela la gente le responde con agresividad. “Vete de aquí, no queremos venezolanos, fuera, son cosas comunes sobre todo en lugares como Sabaneta o Girardota. A veces de lo rápido que me insultan ni les entiendo lo que me dicen”, revela.
El problema es que aunque las vacaciones ya terminaron, a Gisela no le alcanza la plata para devolverse a su país, porque eso sí, ella tiene claro que prefiere pasar penas al lado de sus seres queridos, y no lejos de su hogar, donde en las noches no tiene alguien tan cercano para descargar la angustia.
Ya no está ni su sobrino, que al no conseguir la visa de trabajo también tuvo que irse a buscar mejor suerte a Perú.
“Yo voté por Hugo Rafael Chávez Frías, cuando comenzó, porque estábamos en la cuarta república y queríamos un cambio. Prometió mucho para el pueblo, y yo soy pueblo, por eso nos sumamos a ese clamor sin saber lo que nos esperaba, ahora estoy arrepentida”, se lamenta.
Sú única certeza es que al final del día debe pagar 18.000 pesos de arriendo en una habitación en Prado Centro. Su único deseo es tener tan buenos días que lo que recoja le alcance para volver a Venezuela, aunque sea a esperar con paciencia un cambio de gobierno.
PEQUEÑA VENEZUELA EN ENVIGADO
En una mujer que irradia alegría, las lágrimas solo se asoman cuando recuerda cómo murieron varios de sus amigos durante las “guarimbas”, esas protestas contra el régimen venezolano que, en zonas residenciales, cierran calles y se enfrentan a la fuerza de los cuerpos policiales.
Así es Katherine Uscátegui, una joven de 25 años que trabaja en una verdulería en Envigado desde hace cuatro meses. En Trujillo, su pueblo en Venezuela, atendía una tienda de ropa, tenía a la par un puesto de frutas y estudiaba el bachillerato en las noches. En los últimos años, lo que ganaba no le alcanzaba para comer, entonces inició la travesía de cruzar la frontera y buscar una nueva forma de vida.
“Primero llegué a Cúcuta, pero la saturación de gente de mi país era demasiada y los precios en esa ciudad eran muy costosos. Por eso, como había escuchado que en Medellín hay mejor trato para nosotros me vine sin pensarlo mucho”, cuenta.
Antes de conseguir el puesto de la verdulería, el sustento diario de Katherine provenía de la venta de tinto y arroz con leche, que ella preparaba. Lo hacía en el barrio La Tablaza, en el municipio de Caldas. Con las ganas de ver a su mamá, su hermana y sus dos hijos, comenzó a buscar otro empleo y en un mes consiguió el actual, más estable y con sueldo fijo al final de mes. Trajo a vivir con ella parte de su familia, pero su padre y hermano se quedaron en Trujillo, cuidando la casa de posibles invasores.
Al no tener pasaporte, su entrada fue posible gracias a una Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo expedida por Migración Colombia. No obstante, tiene cita en octubre para obtener el Permiso Especial de Permanencia, que le garantiza vivir dos años sin preocuparse por trámites de visa.
“No se me borrará nunca cómo mataron a mis amigos en las guarimbas. Iban a ser doctores, ingenieros, eran estudiantes muy buenos. Muchos profesionales salieron del país a enfrentarse a cosas distintas a su campo de estudio, aquí mismo en la verdulería hay una cajera que es ingeniera civil”, revela.
En el negocio de Envigado se formó una pequeña colonia de venezolanos que coinciden en que en Medellín les abrieron las puertas para superar la crítica situación de la que huyeron.
“Nos pagan hasta los días que nos enfermamos, por eso también queremos devolver un poco del cariño que nos dan”, cuenta Katherine, que no se olvida de enviarle cada mes a sus seres queridos una porción del sueldo con el que los últimos meses ha podido conciliar el sueño tranquila.
