Como muchos de los espacios de El Poblado, Manila antes de ser barrio fue una finca. El Seminario Conciliar y luego Isaac Restrepo Posada, fueron sus propietarios. A estas “mangas” se llegaba en tranvía por la calle de La Estación, ahora calle 10.

Con el paso de los años, los edificios y unidades residenciales y las vías congestionadas tomaron lugar en estas laderas del sur; sin embargo, hay un sector en el que perdura el alma de barrio: Manila, con sus calles amplias, casas de no más de cuatro pisos y su ambiente tranquilo y fresco.

José Montoya, descendiente de los fundadores de El Poblado Central y quien se ha dedicado a estudiar la historia de su ocupación, explica que muchas de las familias adineradas del bario Prado tenían grandes propiedades en este sector del sur y solían donar lotes a sus trabajadores o mayordomos para que construyeran su vivienda propia.

“Luego los hijos de estas personas también levantaban sus viviendas y fue creciendo el barrio. Otras casas llegaron como producto de obras sociales de congregaciones religiosas o por compañías como Apolo. Era como un pueblo, donde todos construían juntos pero no revueltos”, contó.

A pesar del crecimiento fragmentado, Manila tomó un aire familiar y uno de los referentes es la casa de Los Vasco o “Los Loros”, como también son conocidos. Ellos llegaron al barrio en 1970, luego de haber vivido cerca al parque de El Poblado y, según cuenta Ruth Vasco, poco a poco fueron arribando más familias, “eran matrimonios jóvenes, con varios hijos, que llegaban a hacer su vida acá”, cuenta.

De las historias que más recuerda Ruth y su hermano Álvaro, eran las Olimpiadas de El Poblado, un encuentro deportivo que reunió por años a los vecinos del sector. “Teníamos un grupo que se llamaba la Sagrada Familia, pues tres de los integrantes éramos hermanos y nos enfrentábamos a los de El Lleras, de Astorga y otros”, contó Álvaro, mientras desempolvaba algunos de los trofeos obtenidos en el torneo de fútbol.

La casa de “Los Loros” guarda otra tradición más allá de lo arquitectónico: cada navidad, desde 1960 el pesebre de la casa reúne a los habitantes del barrio: antes eran más de 180 niños los que asistían a la novena; pero en los últimos años solo llegan 20.

Así transcurría la vida en Manila: entre el encuentro, el deporte y la celebración. Ahora, con el reciente auge del turismo en la ciudad, la vocación del barrio se ha ido transformando: el comercio y la hotelería son los nuevos habitantes de Manila.

Aunque ha sido un choque difícil, Ruth cuenta que no están en contra totalmente de esto, lo que les preocupa es el cambio en el ambiente, pues el comportamiento de algunos huéspedes no es el ideal.

Claudia Ramírez, presidenta de la Junta Administradora Local de El Poblado contó que se han adelantado diferentes estrategias para mejorar el vínculo entre el comercio y el habitante tradicional, y fortalecer el control a los diferentes establecimientos actuales y a los que llegan.

Los contrastes se siguen dando: casas de familia y hostales, tiendas tradicionales y restaurantes modernos, nuevos edificios que comienzan a surgir entre los árboles frondoso, transforman el paisaje.

Entre tanto Ruth y sus vecinos esperan el ambiente de barrio no sea tema del pasado.

El Metro, el tranvía, Metroplús y los buses y busetas del Valle de Aburrá subirán sus tarifas oficialmente a partir del 1 de enero de 2018. El alza, que va desde los $100 hasta $200 dependiendo de la ruta, fue aprobada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la autoridad de transporte regional. En el caso de los viajeros frecuentes -usuarios que van en Metro regularmente y tienen su tarjeta Cívica personalizada- el pasaje subirá 6,3 % y pasará de 2.000 a 2.125 pesos.

Para los tiquetes univiaje, que se compran individualmente en las taquillas, el costo de cada trayecto subirá de 2.300 a 2.400 pesos; es decir, el alza es de 4,34 %.

“Esta determinación, se da a partir de los respectivos análisis técnicos y financieros realizados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, explicó la entidad en un comunicado en el que además aclaró que para definir las nuevas tarifas se tuvo en cuenta la sostenibilidad del sistema, la capacidad de pago de los ciudadanos y la competitividad frente a otras opciones de transporte público.

Los mayores de 60 años, las personas con movilidad reducida y los estudiantes del programa “tiquete estudiantil” de Medellín se seguirán beneficiando con tarifas más económicas. Ellos pagarán 2.005, 1.605 y 1.090 pesos, respectivamente, por decisión de la Junta Metropolitana, integrada por los 10 alcaldes del Valle de Aburrá.

Los usuarios que toman rutas integradas pagan una tarifa que, a su vez, se reparte entre el Metro y las empresas de buses.

Para todas las rutas, la porción de Metro será de 1.225 pesos. A ese valor se deberá sumar la porción de buses que varía en cada municipio. Por ejemplo en Barbosa se pagan $2.425. Quien tome bus y luego aborde el metro deberá pagar entonces $3.650.

En Girardota la porción de bus costará $1.625, por lo que el tiquete integrado saldrá en $2.850; en Bello se cobrará $1.225 por el bus y $2.450 por el pasaje integrado. En Sabaneta el bus cobrará $1.425 ($2.650 en total) y en Caldas serán $1.475 ($2.700 en total).

En Medellín todos los buses integrados, excepto los de la cuenca 4 (San Antonio de Prado y Guayabal) cobrarán $1.275 por el bus y $2.500 para quien además vaya a abordar el Metro al final del recorrido.

En la cuenca 4 el cobro será de $1.375 por bus y $2.600 por el recorrido integrado.

Las alzas quedaron consignada en los Acuerdos Metropolitanos No. 20 y 201 de 2017. ..

Jonathan Felipe Guzmán Martínez, un joven de 19 años que se desempeñaba como trabajador sexual en el sector de Barbacoas, se convirtió en la madrugada del martes en la víctima número 103 de la violencia en el centro de Medellín.

La hoy víctima, de acuerdo con el informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, pertenecía a la comunidad Lgbti y sufrió múltiples heridas luego de ser llamado por el victimario que le disparó sin mediar palabra.

El asesinato de Guzmán Martínez, conocido en el sector como Marilyn, ocurrió pasadas las 3:30 de la mañana en la calle 56 con la carrera 50. Una hora después se realizó la inspección técnica del cadáver.

Con 103 muertes violentas, de las 573 registradas en toda la ciudad, la comuna 10 (La Candelaria) lidera el listado de las zonas con más homicidios en la capital antioqueña en lo corrido del 2017.

A falta de cuatro días para terminar el año, el balance de homicidios en Medellín ya suma 39 casos más que los registrados en el mismo periodo del 2016. Esta cifra representa un aumento del 7 % en este tipo de delito.

Con un total de 53 lesionados contra 76 del año anterior, Antioquia sigue disminuyendo el registro de víctimas de la pólvora en todo el departamento.

Según el último reporte de la Secretaría Seccional de Salud de la Gobernación, entre los quemados hay 22 menores de 18 años de edad y en total hay 9 personas amputadas.

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El municipio con mayor número de registros es la capital Medellín, donde se cuentan 15 casos, seguido de Bello y Caucasia, con tres víctimas; y Sabaneta, Itagüí, Envigado, Girardota, El Carmen de Viboral, El Peñol, Amalfi y Necoclí, con de a dos casos cada uno. Con un lesionado figuran La Estrella, Copacabana, Caldas, Granada, Guatapé, Guarne, El Santuario, Marinilla, Abejorral, Titiribí, Caicedo, Sopetrán, Turbo, San Pedro de Urabá, Remedios y Donmatías.

“Venimos en una tendencia de disminución y las autoridades vienen trabajando intensamente en lograr que en Antioquia no progrese esa anticultura de la pólvora”, ha dicho el gobernador, Luis Pérez Gutiérrez.

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Los últimos lesionados se presentaron el 26 de diciembre en Envigado y Amalfi. En la localidad del sur del Valle de Aburrá, la víctima fue un menor de 12 años, que sufrió lesiones en el cuello y en ambas manos, todas de segundo grado. En la localidad del Nordeste los quemados fueron una mujer adulta que sufrió quemaduras de menor grado en sus pies, ocasionadas por luces de bengala, y un hombre con lesiones similares.

Según las estadísticas, llama la atención que dos subregiones registren el mayor número de víctimas: el Valle de Aburrá (29), donde solo en Barbosa no se han dado casos; y Oriente, que registra 10 quemados.

La directora del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), Karen Abudinen, apoyada en estadísticas del Instituto Nacional de Salud, reportó que en el país, hasta el pasado 26 de diciembre, iban 159 menores de edad lesionados, 20.5 % menos que en 2016, mientras ha abierto 74 procesos contra padres de familia por haber permitido que sus hijos se quemaran, 10 de ellos en Antioquia.

“Les pido a todos los padres de familia sensatez con el cuidado de sus niños, hemos amonestado a 57 adultos que han dejado que los sueños de sus hijos se trunquen por no cuidarlos”, subrayó Abudinen.

A la par con la reducción de las cifras, en los reportes de la Policía y el Ejército figuran el decomiso de cerca de 20 toneladas de pólvora.

Al menos 64 propietarios de apartamentos en el edificio Continental Towers y otros cuatro en el edificio Asensi, ambos en Medellín, se quedaron esperando el reembolso por parte del Grupo CDO, que había sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Por este motivo, la entidad decidió sancionar, en autos expedidos este mes, con dos multas: una de $70’926.124 y otra de $42’471.364, por el incumplimiento de las obligaciones de la constructora.

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En el caso de Continental Towers, la SIC había proferido un acta que ordenaba la devolución del dinero invertido en apartamentos, cuartos útiles y parqueaderos, el 22 de enero de 2016. El 12 de febrero del mismo año se cumplió el plazo y CDO no reembolsó a los propietarios, por lo cual se pidieron explicaciones en agosto de este año, y ante la falta de pruebas para demostrar la incapacidad para resarcir a los afectados, la entidad procedió con la sanción, luego de determinar un retraso de 673 días para cumplir con la obligación.

Lo mismo sucedió en el caso de los cuatro propietarios de inmuebles en Asensi. El acta de la SIC que ordenaba la devolución del dinero tiene fecha del 21 de enero de 2016; sin embargo, se notificó el 12 de octubre de ese año y 15 días hábiles después, la constructora incumplió el plazo, el 10 de noviembre, y la Superintendencia procedió a hacer efectiva la sanción, 403 días después de vencido el tiempo para reembolsar a los afectados.

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Las empresas adscritas el Grupo CDO que hacen parte de las sanciones de la SIC son: Alsacia CDO, Lérida CDO, Calamar CDO. El valor de los apartamentos, por el cual se debía hacer el desembolso a cada afectado en el caso de Continental Towers promedia los $200 millones; en Asensi, $150 millones.

La constructora es la misma que en enero de este año ya había sido sancionada por la SIC con una multa de $4.300 millones por el caso Space.

Elkin Hernández, uno de los afectados de Continental Towers, manifestó que las sanciones demuestran que continúa la irresponsabilidad de CDO y su burla a la ley. “No solo cuando incumplieron las normas al construir los edificios, sino que los obligan a cumplir con la reparación y tras dos años no han querido hacer la devolución del dinero”, dijo.

Hernández resaltó la labor que ha cumplido la Superintendencia en su defensa de la sociedad y señala que para encontrar una solución definitiva para el reembolso a los propietarios se debe trabajar de la mano con la Superintendencia de Sociedades, con el fin de que encontrar los recursos para que CDO cumpla con sus obligaciones.

Aunque hasta el miércoles no habían hablado formalmente del tema, el gobernador Luis Pérez y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, coinciden en la propuesta de militarizar algunos de los principales parques de la capital antioqueña:

“Cualquier propuesta es bienvenida desde que el propósito sea mejorar la seguridad. Yo mismo he ordenado la presencia militar en zonas y donde se necesiten ahí van a estar de la mano nuestra la Policía, Ejército y la Fiscalía. Lo que necesitamos es que todo funcione al mismo ritmo y que los capturados vayan a la cárcel y no queden libres”, dijo Gutiérrez Zuluaga al conocer la propuesta del Gobernador.

El mandatario de Medellín indicó además que “el gobernador seguramente tiene el ánimo de apoyar y eso es lo que necesitamos. Lo que sí les digo es que a las estructuras criminales en la ciudad se les acabó la zona de confort”.

La propuesta se desprende de las conclusiones del consejo de seguridad que realizó la Gobernación de Antioquia el pasado martes donde se abordaron temas como el aumento de los homicidios en el Valle de Aburrá:

“El consejo de Gobierno departamental le ha solicitado a la Policía Metropolitana que hagamos un trabajo sobre el centro de Medellín. Quedamos que cerca del 20 de enero vamos a trabajar con las autoridades del Valle de Aburrá y yo quería proponer a la Policía y al Ejército casi que militarizar esas zonas tan bellas del centro como el parque Botero y el parque Berrío donde están atracando a diario y no sabemos por qué no cogen a los bandidos de esa zona”, indicó Pérez Gutiérrez.

Otros parques del centro de la ciudad, como el parque Bolívar o el parque San Antonio, también podrían ser incluidos en esa propuesta que no deja de ser polémica.

El mandatario departamental resaltó además que esa militarización sectorizada tendría como objetivo que los turistas salgan invictos del actuar de los ilegales que hacen presencia en el sector.

El Día de las Velitas, las novenas y la Nochebuena fueron amargas para una familia del barrio Llanadas, en el oriente de Medellín, porque uno de los suyos está desaparecido.

Se trata de Henry Mauricio Quintero Henao, de 38 años y padre de tres hijos menores de edad, de quien no se sabe nada desde el pasado 6 de diciembre.

Su esposa Luz María Otálvaro Martínez, quien ya formuló el denuncio por desaparición en la Fiscalía, cuenta que la última información que tuvo de Henry fue que lo vieron en la Terminal del Sur. “Lo vieron subir a un bus de la ruta a Manizales, y no volvimos a saber nada”, relata.

Agrega que esta situación no tiene antecedentes, pues él siempre ha sido un padre responsable, que no tiene por costumbre ausentarse de esa manera. Desconoce si sobre Henry pesaba alguna clase de amenazada.

La familia sobrevive de hacer aseo en establecimientos públicos y del arriendo de una casa en su mismo vecindario. “No le veo explicación a esta desaparición”, insiste Luz María, precisando que al salir de la casa no empacó ropa, ni siquiera sus documentos personales.

La última vez que lo vieron, Henry vestía un buzo gris, bluyín y botas cafés. Es de tez blanca y contextura delgada. Si usted tiene información sobre su paradero, llame con absoluta reserva al 444 66 77, extensiones 1156 y 1157.

“Lo extrañamos, la familia lo está esperando con los brazos abiertos”, dice su esposa.

Tras una revisión a la normatividad vigente, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana, revocó un artículo que restringía el registro fotográfico a la ciudadanía y visitantes nacionales y extranjeros en escenarios de la ciudad como los parques biblioteca, los museos y teatros públicos.

La decisión se tomó luego de un artículo publicado por EL COLOMBIANO que puso en evidencia esta situación que se venía presentando en diversos lugares artísticos y culturales de la capital antioqueña.

El alcalde Federico Gutiérrez, sorprendido por la denuncia, hizo un llamado de atención a los funcionarios del municipio para reevaluar esta restricción.

Lina Botero, secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, explicó que desde 2012 existía un protocolo que se construyó a raíz de algunas situaciones puntuales que sucedieron en los parques biblioteca. El objetivo que perseguía la norma era proteger al usuario de los escenarios, y los equipamientos de estos lugares, de registros fotográficos con fines comerciales.

Asimismo, María del Rosario Escobar, exsecretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, le comentó a EL COLOMBIANO que el protocolo, que se generó mientras ella se desempeñó en el cargo, perseguía precisamente ese objetivo.

“Mientras fui secretaria no hubo problemas por ese protocolo. Ni los medios, ni la comunidad, ni los turistas reportaron problemas al tomar fotos en los parques biblioteca. El espíritu de la norma era distinto: blindar a espacios públicos de registros con fines comerciales, pero no para aplicar al peatón o al ciudadano del común”, aclaró Escobar.

Por su parte, Botero manifestó que con el paso del tiempo, Medellín se volvió cada vez más turística y cada vez más personas visitaban estos escenarios. “Pasaron cinco años y esos protocolos se tomaron de forma literal”, señaló Botero.

La funcionaria dijo que gracias a que el tema se puso sobre la mesa, ahora se impartió una nueva directriz: los 34 sistemas de información donde están los parques bibliotecas, las casas de la cultura y los teatros, ya están notificados y no existe restricción alguna a los ciudadanos para que tomen fotografías.

Fotos con fines comerciales

La situación es diferente, subrayó Botero, en casos que se existan fines comerciales, situación en la que sí se hace necesario pedir autorización, llenando un formato, para tal propósito.

“Si alguien publicara una foto de otra persona sin la debida autorización, la responsabilidad recae sobre quien hace el registro, no sobre el lugar donde se hizo”, expresó la secretaria.

La Alcaldía de Medellín, luego del análisis que permitió actualizar el protocolo de 2012, pretende que no hayan restricciones a los ciudadanos en los escenarios culturales, que a través de las fotografías pueden contar una historia diferente a la violencia que vivió la ciudad en décadas pasadas.

“Habría que revisar por qué prohibimos tantas cosas que incluso son difíciles de controlar, hoy casi todos tienen cámaras en sus celulares y pueden hacer fotografías. El tema está en que la gente lo haga con respeto hacia los otros”, dijo Botero.

Sergio Restrepo, director cultural del claustro San Ignacio, de Comfama, se refirió al tema y señaló que la problemática se originó por el criterio a la hora de aplicar la norma. “Hay algunas que por su propia naturaleza se caen solas. Yo creo que la medida no tenía sentido así como se estaba interpretando, pero solo nos dimos cuenta cuando la empezaron a hacer cumplir”, expresó.

Lea a continuación algunas reacciones de los ciudadanos sobre la situación que se presentaba, hasta el pasado miércoles, en los parques biblioteca:

Hasta el próximo sábado el municipio de El Retiro, en el Oriente de Antioquia, celebra las tradicionales fiestas de Los Negritos, una conmemoración a la esclavitud que desde hace varios años se convirtió en atractivo turístico para los antioqueños.

Las fiestas que iniciaron el pasado martes 26 de diciembre con un torneo deportivo y una cabalgata, tendrán su clímax el fin de semana con varios conciertos, torneo de billar y un desfile de autos clásicos y antiguos.

Este jueves desde las 9:00 de la noche habrá un tablado musical con los artistas Bera, Los Cantores de Chipuco y el Grupo Niche. Mientras que el viernes estarán en escena Daniel Gómez, Nelson y sus estrellas y el cantante popular Alzate.

El sábado 30 de diciembre iniciará con un torneo regional de billar y una seguidilla de shows a cargo de artistas del municipio (guarceños) que estarán en tarima desde las 12:30 de la tarde y hasta las 9:00 de la noche.

En la noche la fiesta la prenderán Jessi Uribe, el grupo Cumbé y el vallenatero Peter Manjarrés.

¿Cómo llegar?

Desde Medellín hasta El Retiro hay un recorrido de 33 kilómetros que, en un vehículo particular, se hace en aproximadamente 54 minutos.

El transporte público también es accesible. En la terminal de transportes del Norte (aledaña a la estación Caribe del Metro) se puede tomar cualquiera de los buses de la empresa SotraRetiro. El precio de cada pasaje está en 6.500 pesos.

La máquina que cambia botellas vacías por viajes en el Metro de Medellín cumplió cuatro meses en operación, como parte de una prueba piloto que adelantó la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá con la privada Ciclo.

En ese período 4.528 usuarios fueron impactados con la prueba. La máquina recibió 441.183 envases de PET, latas y vidrio que se convirtieron $21’974.050 en recargas (cada botella equivalía a $50 de saldo en la Tarjeta Cívica).

Sumada, esa cifra alcanza para pagar 10.987 viajes en el sistema.

Mauricio Soto, jefe de Investigación, desarrollo e Innovación del Metro, calificó el balance como positivo y aseguró que además la máquina generó 8 empleos directos y 9 indirectos.

“Con esta máquina y las botellas recaudadas, se dejaron de emitir 22,4 toneladas de CO2 al ambiente. Eso equivale a salvar 92 árboles de la tala o a que 230 carros dejen de circular por un año”, declaró Soto.

De los 441.183 envases recolectados, 1.342 envases fueron donados por los usuarios. Es decir, que en lugar de recargar su tarjeta Cívica, optaban por aportar el dinero del reciclaje para el sostenimiento del proyecto.

Según había informado la empresa Ciclo, la cooperativa Recimed será la encargada de la logística de las botellas que salen de la máquina. Según informó Luis Felipe Restrepo, uno de los socios de la firma creadora de la máquina, con ellas se fabricarán nuevos envases, fibras textiles y recipientes de vidrio y lata.

¿Qué pasa con la máquina?
El Metro de Medellín confirmó que la máquina que se usó para la prueba sólo operará hasta este jueves 28 de diciembre, cuando se cumple el período de prueba contratado.

El contrato para hacer la máquina prototipo y la evaluación del impacto tuvo un costo de 60 millones de pesos y fue ganado por la empresa Ciclo en un proceso que concluyó el pasado mes de febrero.

“En vista de los buenos resultados de esta prueba piloto, el Metro buscará darle continuidad al proyecto durante el 2018 con la revisión de varias alternativas para beneficio de los viajeros”, informó la empresa en un comunicado.

Por ahora no hay una fecha exacta para definir el futuro de la máquina. Lo que sí se sabe es que hasta que eso no esté resuelto, los usuarios no podrán cambiar sus botellas por saldo en la Cívica.

Jair Cardona, un entusiasta líder del corregimiento Puerto Venus, jurisdicción municipal de Nariño, investigó y recopiló durante nueve años la historia de este denominado Rincón Amable de Antioquia y fruto de ello editó una monografía que fue lanzada este jueves 28 de diciembre en el Parque Educativo Pocitos.

Según Cardona, el objetivo de esta obra es que se constituya en una herramienta para conocer la historia de la población, sus fundadores, su desarrollo y que sea conocida por todos los estudiantes de las instituciones educativas.

“Mi objetivo es mostrar al lector la recopilación de testimonios y recuentos históricos que he logrado recoger y con el anhelo de que se continúe en la tarea de investigar, porque son muchos los hechos que se quedan sin contar”, anotó.

El libro contó con el auspicio de la administración municipal de Nariño y amigos del autor. Para el alcalde, Carlos Arturo Marín, esta obra hace parte de un proceso de rescate de la memoria histórica. Agregó que, además de material de consulta, el fin es propiciar modelos pedagógicos con niños y jóvenes dando a conocer el pasado, presente y futuro de Puerto Venus.

Desde las 5:30 de la tarde de este jueves, el internet “se cayó” en muchos hogares del sur del Valle de Aburrá.

Las operadoras de la empresa de telecomunicaciones TigoUne empezaron a recibir quejas de usuarios en Envigado, Sabaneta, Itagüí y La Estrella, que aseguraron estar sin internet y, algunos de ellos, sin señal de televisión.

Según informó TigoUne, el daño fue provocado por un corte en la fibra óptica que transporta los datos en la avenida El Poblado con calle 38 Sur, donde se construyen las obras del Metroplús de Envigado.

La empresa aclaró que TigoUne no tiene nada que ver con la interrupción del servicio -sino que fueron los trabajadores del Metroplús- y prometió que el equipo técnico está trabajando sin descanso en la zona donde se produjo el corte para determinar la gravedad del daño y arreglarlo lo más pronto posible.

Aunque no saben con exactitud cuántos hogares resultaron afectados, TigoUne asegura que el daño no afectó a todos los usuarios del sur del área metropolitana, sino algunas zonas. Sin embargo, tampoco hay claridad sobre los sectores o barrios que sufren las consecuencias del corte.

Las transiciones en la escena criminal de Antioquia después del desarme de las Farc y los choques entre combos de Medellín que, según la Alcaldía, aumentaron los homicidios un 7,3% con relación al año pasado, son dos de los principales incidentes que sacudieron la seguridad de la región en 2017.

Un hecho sin precedentes afectó la legitimidad institucional en este aspecto: la captura del secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas Restrepo, a quien la Fiscalía señala de sostener negociaciones ilegales con el crimen organizado.

El narcotráfico sigue ocupando un lugar importante en las finanzas del bajo mundo y eso se refleja en incautaciones históricas al Clan del Golfo (34 toneladas de cocaína) y el aumento de los cultivos ilícitos. Por parte de las autoridades, se destacan logros como la captura de “Tom” y las muertes en operativos de “Gavilán” e “Inglaterra”.

Esta es una selección periodística de los hechos que impactaron la seguridad en el departamento, tanto por sus efectos negativos como positivos, y por los cambios que significaron en el mapa de la criminalidad .

OCURRIERON EN ANTIOQUIA

1 CLAN DEL GOLFO Y SU PLAN PISTOLA CONTRA LA POLICÍA

Las muertes de cabecillas del “Clan del Golfo” a manos de la Policía, especialmente la de alias “Pablito” (mayo 2), uno de los principales hombres de esa organización delictiva, generaron la reacción de esa banda. Por medio del plan pistola, según las autoridades, el objetivo de los integrantes del clan fueron los uniformados en cualquier parte del país. Como consecuencia de esta acción, en Antioquia y Córdoba fueron asesinados 23 uniformados y otros 70 resultaron heridos entre mayo y septiembre.

2 EL AUMENTO DE LA COCA Y EL PLAN PARA ERRADICARLA

Según el último informe de las Naciones Unidas (julio 2017) sobre las zonas sembradas con mata de coca, Antioquia tuvo un aumento del 269% en los cultivos, pasando de 2.402 a 8.855 hectáreas, lo que incrementó las finanzas de las organizaciones armadas. Las regiones más afectadas son el Norte, Bajo Cauca y Nordeste. El Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia adelantaron planes de sustitución y erradicación como “Antioquia Libre de Coca”. Municipios como Briceño y Valdivia están cerca de eliminar esos cultivos

3 CESE EL FUEGO DE ILEGALES

Desde el pasado primero de octubre, el país comenzó a experimentar por primera vez un cese el fuego bilateral entre el Gobierno y la guerrilla del Eln. En Antioquia, según cuentas del Ejército, hay cerca de 100 integrantes del frente de guerra Darío de Ramírez Castro, divididos en varias compañías y asentados especialmente en el Bajo Cauca y Nordeste. Las autoridades aseguran que en todo el 2017, ese grupo no cometió ninguna acción armada en el departamento, sin embargo, sí continúan ejerciendo actividades ilegales como la extorsión y la minería ilegal. A parte de lo que ocurre con ese grupo guerrillero, el pasado 13 de diciembre, el Clan del Golfo, por medio de un comunicado, anunció un cese el fuego unilateral e indefinido en todo el país, pero beneficiando principalmente a Antioquia, donde se encuentran las bases de esa estructura criminal.

A pesar de ese anuncio, las autoridades afirmaron que la lucha contra el Clan del Golfo, por medio de la operación Agamenón 2, seguirá. A ese cese el fuego unilateral, se le suma la intención de alias “Otoniel”, máximo líder del clan, de negociar un sometimiento a la justicia.

4 UN AÑO SIN FARC, PERO CON MUERTES Y REINCIDENTES

Tras el acuerdo de paz con las Farc, en varias zonas del país quedaron grupos disidentes de esa guerrilla. En Antioquia, el Ejército asegura que no hay disidencias, pero sí reincidentes y específicamente en Briceño e Ituango ya se han registrado hechos delictivos que involucran a excombatientes. Por otro lado, los ataques contra integrantes del ahora grupo político de la Farc han dejado en el departamento seis muertos y tres desaparecidos entre agosto y diciembre.

5 LA REINGENIERÍA A AGAMENÓN INICIÓ CON RESULTADOS

La operación Agamenón tuvo un cambio que inició en junio de este año. La segunda parte de esta estrategia, que tuvo a la Policía como principal protagonista, vinculó a las Fuerzas Armadas. El balance de Agamenón 2 deja hasta el momento las muertes de los cabecillas conocidos como “Culo de Toro”, “Gavilán” e “Inglaterra”; la captura de otros 527 integrantes de esa banda y 34 toneladas de cocaína incautadas. Esta ofensiva produjo reacomodos en el crimen organizado y disminución de homicidios, según la Policía, en Urabá y Bajo Cauca.

SUCEDIERON EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ

1 ESCÁNDALO SACUDIÓ A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

La captura del secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas Restrepo, significó un duro golpe para la reputación de la Alcaldía y sus estrategias de seguridad.

El funcionario se entregó el 4 de julio para responder a una orden de captura emanada de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Según el informe del ente acusador, “Villegas, al parecer, impulsó un acuerdo de voluntades con el fin de promover el sometimiento a la justicia de algunos integrantes y cabecillas de una estructura delincuencial, convenios que se habrían realizado fuera del marco de la ley”.

Añadió que el secretario y Julio Perdomo, cabecilla de ‘la Oficina’ (capturado y testigo del caso), se comunicaban por celular y, en varias ocasiones, le informaron sobre operativos que se realizarían en zonas de injerencia de la organización”.

Según la Fiscalía, la banda y Villegas orquestaron el sometimiento a la justicia de algunos fleteros, cuyos atracos se viralizaron por redes sociales, “para mostrar la supuesta presión de la justicia sobre los delincuentes” y hacerlo parecer como un logro de la Alcaldía y la Policía.

En este mismo caso fue detenido Mariano Zea Ospina, contratista de la Secretaría y presunto mensajero entre Villegas y las bandas.

La Fiscalía los acusó por concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia, cargos que ambos rechazaron. En la actualidad, el caso está pendiente de la audiencia preparatoria, antes del juicio.

La situación sacudió a la Secretaría de Seguridad y hubo despidos y renuncias, incluyendo las de los asesores Arnulfo Serna y Yolanda Serna, dos exfiscales vinculados a la Secretaría desde la administración pasada, y Jorge Gaviria, quien coordinaba el programa de Paz y Reconciliación.

Villegas fue reemplazado por Andrés Tobón, un joven de 26 años, y quedó enterrada una iniciativa de sometimiento a la justicia que la Alcaldía venía estructurando con algunos jefes del crimen organizado.

El alcalde Federico Gutiérrez, quien acostumbraba liderar operativos de persecución de fleteros con amplia exposición en los medios, dejó de hacerlo, tras la oleada de críticas.

La investigación contra Villegas puso la lupa de las autoridades en la Secretaría de Seguridad. Fue así como el CTI capturó el 28 de octubre a Dubián Tobón Orozco, quien había sido coordinador del Programa de Pospenados y enlace con la población carcelaria. Según la imputación, presuntamente se aprovechó de su cargo para cometer acoso sexual y laboral contra varias subalternas.

2 CHOQUES ENTRE COMBOS AUMENTARON HOMICIDIOS

Varios enfrentamientos entre combos delincuenciales afectaron la tranquilidad de los ciudadanos, en especial en el costado occidental de Medellín, y propiciaron un incremento en el índice de homicidios con relación al año pasado. Según la Alcaldía, en lo que va de 2017 ocurrieron 573 asesinatos (39 más que en 2016), el 70% atribuibles al crimen organizado.

Los principales choques entre bandas sucedieron en el corregimiento Altavista y su frontera con Belén, involucrando a los combos “los Chivos”, “los Pájaros”, “Mano de Dios”, “la Lágrima” y “Zafra”; y en la parte alta de la comuna de Robledo, con “el Diamante”, “la Imperial”, “el Acopio”, “Bello Horizonte” y “la 260”.

3 CAMBIÓ LA CÚPULA DE “LA OFICINA”, ¿Y SUS BIENES?

La organización “la Oficina”, que agrupa a cerca del 65% de los combos del área metropolitana, sufrió golpes sucesivos que llevaron al ocaso de la quinta generación de su cúpula. A la muerte de “Orión” y el sometimiento a la justicia de EE. UU. de alias “Mateo”, se sumaron las capturas de “Diego Chamizo”, “Soto” y “Tom”. El arresto de este último (diciembre 9), cuyo nombre es Juan Carlos Mesa Vallejo, era una prioridad para los gobiernos de Colombia y EE. UU. Sin embargo, llama la atención que a ninguno de estos peces gordos les han perseguido sus bienes. El aparato financiero de “la Oficina” sigue activo, sin padecer extinciones de dominio ni procesos por lavado de activos, facilitando su paso a la sexta generación de la cúpula.

4 SE DISPARÓ EL TRÁFICO DE LA MARIHUANA CAUCANA

El 90% de la cripa que circula en Medellín proviene de Cauca, según la Alcaldía. Una investigación de la Dijín y la Fiscalía precisa que el tráfico de la yerba por carretera va en aumento, al igual que los sembradíos en Cauca, donde 36 de sus 42 municipios la producen. En el Valle de Aburrá han incautaron una cifra récord de 14 toneladas, superando las 5 de 2016. La investigación permitió las capturas de “Ramón” y “el Chivo”, de la banda “la Terraza”, quienes lideraban una red de tráfico del estupefaciente, y destapó una olla de corrupción que generó las capturas de ocho policías y un agente del CTI. Las otras dos bandas que monopolizan la distribución de cripa son “los Chatas” (Bello) y “Trianón” (Envigado).

5 SIGUEN LAS AMENAZAS AL ALCALDE, Y SIN CAPTURAS

Las intimidaciones contra Federico Gutiérrez, que iniciaron en 2016, no cesaron. Según la Fiscalía, se detectaron planes criminales de las bandas de Altavista, lugar donde hubo un supuesto movimiento de armas para matar a un policía y después al mandatario.

También le atribuyeron un plan de atentado a “Carlos Pesebre”, un cabecilla de “la Oficina” encarcelado, que incluiría acciones delictivas para alterar el orden público en Medellín y afectar la imagen de Gutiérrez. Más allá de las alertas, las investigaciones no avanzaron y no hay ni una sola persona judicializada por las amenazas.

Desde el puente del río Tonusco, en Santa Fe de Antioquia, ya no se ve el agua. Por el contrario, son evidentes montañas de piedras de unos 30 centímetros y las retroexcavadoras se mueven constantemente a orillas del afluente, a metros del Cauca, donde desemboca.

Del lugar, a 4 kilómetros del casco urbano, en las partidas al corregimiento Bolombolo de Venecia, la cantera Agregados El Tonusco extrae diariamente 800 metros cúbicos de piedra y material de construcción llevados, principalmente, a Medellín por la troncal de Occidente.

El gerente de la empresa, Alexánder Graciano, asegura que su actividad es legal y que cuenta con licencias de la autoridad ambiental.

Sin embargo el panorama luce devastador para algunos turistas, como Jorge Montoya quien manifiesta su preocupación, porque cada vez se ve menos agua y más polvo.

“La alta temperatura y la cantidad de máquinas y piedra hacen sentir más calor y pone más feo el paisaje”, dice.

José Roso Muñoz, secretario de Planeación de Santa Fe de Antioquia, acepta que el panorama que muestran los trabajos bajo el puente del Tonusco no es el mejor, pero apunta que la empresa que los lleva a cabo no daña el medio ambiente.

“Conserva las distancias del río y no lo afecta. Tiene un plan de dragado, que se lo presentaron a Corantioquia, y cuando hay invierno se evita que inunde las casas de la zona”, destaca.

Agregados El Tonusco se creó formalmente hace 16 años. Sus fundadores fueron paleros que sacaban el material del río con herramientas manuales y entraron en un proceso de formalización que los llevó a obtener títulos y permisos, tanto del gobierno departamental como de Corantioquia.

Si bien esa autoridad ambiental de la región, da fe de la licencia de explotación que le otorgó a Agregados, también reporta que ha adelantado investigaciones por presuntas irregularidades en la actividad que desarrolla la empresa, que ha acatado las recomendaciones realizadas.

Sin embargo, todavía la autoridad ambiental continúa con el análisis de los casos.

Carlos Andrés Naranjo, subdirector de Regionalización de Corantioquia, explica que el permiso ambiental a la cantera le fue entregado en abril de 2009 y, desde ese momento, ha habido operativos de control permanentemente.

“Hemos atendido quejas, una por Devimar (constructor de Mar 1) y otra del municipio (Santa Fe de Antioquia), esta última en noviembre, por presuntos problemas con el material particulado”, aclara.

Agrega que “se les puso medida preventiva de suspensión de actividades porque se evidenció que movían las máquinas más allá de donde la podían hacer, de acuerdo con la autorización que se les dio. Acataron la medida, pero el proceso por eso sigue en curso y pronto se determinará si hay sanción o no”.

Según Corantioquia, la cantera extrae piedra y arena, y de acuerdo con la tipología o requerimientos de los clientes, constructores de obras públicas o urbanísticas, la trituran para que sea más gruesa o pequeña. Destaca que esa labor—haciendo barreras con el material extraído— impide que viviendas del barrio La Esmeralda, aledaño a la zona de operación, se inunde.

“Esa explotación puede verse impactante, porque es a orillas de la carretera y porque es cerca del río. Pero el material que extraen es transportado por el mismo afluente que lo baja de la montaña, y como llega a nivel del agua, puede entrar a extraerlo”, asevera.

El funcionario agrega que el caudal bajo de El Tonusco, que advierten turistas y habitantes, se debe al desvío del cauce para surtir de agua algunas propiedades privadas.

Augusto Hernández, habitante y comerciante de Santa Fe de Antioquia, manifiesta que el permanente tránsito de volquetas que salen de la cantera Agregados El Tonusco afecta la movilidad y el estado de la carretera.

“Hay un flujo de volquetas alto. Además hace más largo el viaje y genera riesgo de accidentes”, dice el funcionario.

Precisamente, aclara Naranjo, la posible contaminación y afectación generada por las volquetas es uno de los procesos que se han adelantado contra la cantera y por lo que ya Corantioquia les hizo el requerimiento respectivo a la empresa.

Alexánder Graciano, gerente de la empresa, explica que desarrolla minería sin mercurio ni tala de árboles. Afirma que tiene dos títulos de explotación por 50 años: el 6457 y 6922, del puente Tonusco hacia arriba y del puente del Cauca 4 km hacia abajo.

“Aprovechamos lo que el río trae. Es lo que extraemos. Le hacemos un bien al medio ambiente al no excavar montañas ni cortar árboles. No sacamos oro. Lavamos y clasificamos el material para despacharlo”, señala.

Graciano entiende la preocupación de habitantes y turistas por el aspecto de devastación que puede presentar el lugar de las operaciones, contiguo al barrio La Esmeralda, y responde que “el río siempre ha estado de esta manera (seco y con poco cauce)”.

“A las personas que pasan por los puentes (el amarillo de la vía a Santa Fe de Antioquia y el de El Tonusco) les aseguro que somos legales y tenemos permisos ambientales”, acota.

Desde que se aplican de manera efectiva las sanciones contempladas en el Código de Policía y Convivencia, en Medellín se ha impuesto apenas el 2,3 % del total de comparendos del país.

Eso significa que desde el 1 de agosto hasta ayer, se han expedido 9.166 comparendos en la ciudad.

Los datos de la Policía Nacional indican que La Candelaria, Aranjuez y El Poblado, en su orden, son las comunas con más penalizaciones. (ver gráfico).

Diciembre, con 1.636 comparendos, es uno de los que más sanciones registra. Esta cifra representa el 17% del total de los casos presentados durante estos cinco meses.

Consumir bebidas alcohólicas o portar sustancias psicoactivas en espacios públicos son los comportamientos contrarios a la convivencia más castigados en la ciudad, con un total de 652 reportes del mes actual.

Desde el pasado 1 de diciembre, por ejemplo, 106 personas fueron sancionadas por acciones irrespetuosas contra las autoridades (20% del total de casos), situación que en ocasiones se deriva de la solicitud que estas hacen frente al cumplimiento la norma.

Itagüí, Envigado y Sabaneta, son los municipios que siguen en la lista con 190, 189 y 70 comparendos respectivamente, registrados en diciembre.

Una vez más, ingerir alcohol en espacio público, así como el porte y la manipulación de pólvora y juegos pirotécnicos, son las principales restricciones incumplidas.

En el país, el registro de infracciones a esta norma, asciende a 391.513 y, además de los principales comportamientos mencionados, se les suma el porte de armas cortopunzantes o participación en riñas, como las actividades contrarias a la convivencia más registradas.

Tras una revisión a la normatividad vigente, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana, revocó un artículo que restringía el registro fotográfico a usuarios y visitantes nacionales y extranjeros en escenarios de la ciudad como los parques biblioteca, los museos y teatros públicos.

La decisión se tomó luego de un artículo publicado por EL COLOMBIANO el pasado miércoles, que puso en evidencia esta situación.

El alcalde Federico Gutiérrez, sorprendido por la denuncia, hizo un llamado de atención a los funcionarios del municipio para reevaluar esta restricción.

“Que cojan oficio pues. Nuestra ciudad es para que quien se sienta orgullosa de ella y de sus avances, la quiera, la admire, le tome fotografías; sean locales o extranjeros, es para todos. Pido a funcionarios darle importancia a lo realmente importante”, escribrió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Lina Botero, secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, explicó que desde 2012 existía un protocolo que se construyó a raíz de algunas situaciones puntuales que sucedieron en los parques biblioteca. El objetivo que perseguía la norma era proteger al usuario de los escenarios, y los equipamientos de estos lugares, de registros fotográficos con fines comerciales.

“El tiempo fue pasando, Medellín se volvió cada vez más turística, y cada vez más personas visitaban estos sitios. Pasaron cinco años y esos protocolos se tomaron de forma literal”, señaló Botero.

La funcionaria dijo que gracias a que el tema se puso sobre la mesa, ahora se impartió una nueva directriz: los 34 sistemas de información donde están los parques bibliotecas, las casas de la cultura y los teatros ya están notificados y no existe restricción alguna a los ciudadanos para que tomen fotografías.

La situación es diferente, subrayó Botero, en casos que existan fines comerciales, situación en la que sí se hace necesario pedir autorización, llenando un formato, para tal propósito.

“Si alguien publicara una foto de otra persona sin la debida autorización, la responsabilidad recae sobre quien hace el registro, no sobre el lugar donde se hizo”, expresó la secretaria.

La Alcaldía de Medellín, luego del análisis que permitió actualizar el protocolo de 2012, pretende que no haya restricciones a los ciudadanos en los escenarios culturales, que a través de las fotografías pueden contar una historia diferente a la violencia que vivió la ciudad en décadas pasadas.

“Habría que revisar por qué prohibimos tantas cosas que incluso son difíciles de controlar, hoy casi todos tienen cámaras en sus celulares y pueden hacer fotografías. El tema está en que la gente lo haga con respeto hacia los otros”, dijo Botero

Es de recordar que la Ley 23 de 1982, en el artículo 39, establece que “será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas y distribuir y comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura esta disposición solo es aplicable a su aspecto exterior”..

Un fuerte incremento en los casos de parotiditis (enfermedad conocida popularmente como la papera) se ha registrado en Medellín durante este año, confirmó la Secretaría de Salud.

Se trata de una infección viral que se caracteriza por una inflamación dolorosa de las glándulas salivales, sobre todo de la glándula parótida que se encuentra a ambos lados de la cara y fiebre.

Los últimos registros consolidados hasta el 31 de octubre indicaban un aumento del 97 %, al pasar de 382 casos en 2016, a 754 consultas registradas este año en el Sistema de Vigilancia de Salud, Sivigila.

Fernando Montes Zuluaga, médico epidemiólogo de la Secretaría Salud, precisó que desde enero se empezó a notar el incremento de pacientes en busca de atención para esta enfermedad.

“Hemos tenido en promedio 18 casos por semana y por esto se emitió una circular a todas las instituciones de salud, invitándolas a que estén atentas al diagnóstico, el manejo y las recomendaciones del caso para evitar la transmisión de la enfermedad”, indicó Zuluaga.

Confirmó, también, que las principales víctimas de la parotiditis, en Medellín, han sido las personas con edades entre los 20 y los 29 años.

“Esto se explica porque la vacuna -conocida como triple viral- fue introducida hace veinte años en el esquema de vacunación y los mayores de 20 años, posiblemente, no la tengan y son más propensos a desarrollar la enfermedad”, aseguró el funcionario.

En noviembre, el Instituto Nacional de Salud confirmó un incremento de la enfermedad en 19 departamentos, basado en registros hasta abril, con un total de 3.149 casos, 1.089 de ellos en Bogotá, seguido por Antioquia, con 341.

Residentes de El Poblado manifestaron inconformidad debido a una tala de árboles que comenzó el pasado martes en un lote contiguo al parque comercial El Tesoro, predio que fue comprado por el establecimiento.

La tala se debe a la construcción de la cuarta etapa del centro comercial, que iniciará en el primer trimestre de 2018. Con esta ampliación serán agregados 15.000 metros cuadrados, que se distribuirán entre nuevos locales, parqueaderos y una torre médica.

Para esta obra, que debe ser entregada en 2020, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá otorgó el permiso para talar 14 árboles en el lote ubicado sobre el cruce de la calle 4 sur con la transversal Superior, y hacer un “aprovechamiento forestal”.

De acuerdo con las resoluciones, radicadas el 26 de mayo de 2017 y el 13 de diciembre del mismo año, “el proyecto Parque Comercial El Tesoro Etapa IV deberá compensar las talas autorizadas con el trasplante de 11 árboles y la plantación de 264 más”.

Para esta compensación, el establecimiento comercial propuso al Área Metropolitana sembrar las plantas en el área de influencia del lugar (entre la avenida El Poblado y la vía Las Palmas). La propuesta consiste en sembrar 81 árboles y arbustos en sitios donde actualmente se encuentran tocones (parte del tronco de un árbol que queda en el suelo unido a la raíz) y también sembrar 51 individuos en cinco zonas verdes del sector.

“Evaluando las características de cada sitio, en general se pueden sembrar árboles, arbustos y palmas de tallas medias hasta los 15 metros de altura y con amplitudes de copa media a estrecha”, indicó Adriana González, gerente del parque comercial.

La propuesta está en estudio por el Área Metropolitana.

La tala comenzó el pasado martes, tras cinco socializaciones que hizo el establecimiento con algunos miembros de la comunidad, y después de haber realizado el proceso de ahuyentamiento de fauna.

Sin embargo, algunos residentes del sector aseguran que la tala los tomó por sorpresa.

“Debieron haber hecho más socialización, la gente cree que la tala se hizo en esta época para hacerlo a escondidas”, dijo José Fernando Álvarez, integrante de la Mesa Ambiental de El Poblado.

María del Pilar Gutiérrez, médica residente en el sector, afirmó que, a pesar de su interés por el cuidado del medio ambiente, no se enteró de las socializaciones.

Gutiérrez criticó el proyecto de ampliación: “un árbol no se puede reemplazar por tres arbustos. Lo que ha tardado 40 años en formarse no puede caer en dos minutos”, expresó.

José Rincón, biólogo de la Universidad de Antioquia, dijo que la fauna que residía en los árboles talados requiere ejemplares altos, no arbustos, que les permitan anidar y tener una guarida. Afirmó también que entre las plantaciones deberían incluir árboles frutales.

Ante las críticas, Adriana González, gerente de El Tesoro, manifestó que “de manera responsable y humilde estamos dispuestos a revisar la participación con la comunidad”.

“Nuestros programas en temas de ahorro de energía, conciencia ecológica y reciclaje, entre otros, evidencian el respeto por el medio ambiente”, sostuvo la directiva.

A las 11:47 de la noche del jueves, dos máquinas de bomberos atendieron el incendio de un vehículo en la calle 60 con carrera 80A, en el barrio El Pesebre de Medellín.

Según dijeron testigos, el carro rodó desde la carrera 85 con calle 63 hasta la carrera 80, en la salida de Robledo a la vía que conduce al Occidente antioqueño. Ahí fue donde los bomberos atendieron la conflagración.

Las personas que presenciaron el incendio dijeron que no hubo heridos y que, al parecer, el vehículo sería un taxi que había sido robado horas atrás. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Lo que quedó del carro fue retirado de la carretera, que espera alto flujo vehicular durante este puente de fin de año. Aún se desconocen las causas del accidente.

La explosión de un artefacto, al parecer una granada, en una de las discotecas más grandes de Caucasia ocasionó en la noche del jueves una grave emergencia en dicho municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Fuentes de bomberos Caucasia le confirmaron a EL COLOMBIANO que por lo menos 36 personas resultaron lesionadas: unos por la explosión y otros por la estampida que se generó tras la detonación.

El cuerpo de rescate confirmó además que por lo menos 23 personas fueron trasladadas al hospital municipal y que solicitarán el apoyo de una aeronave para trasladar los pacientes más graves.

La explosión se registró en la discoteca Bora Bora en la avenida Pajonal, plena zona rosa de Caucasia, pasadas las 11:30 de la noche. Las autoridades investigan si los responsables del hecho pertenecen al Clan del Golfo.

Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, indicó que la explosión fue realizada por un hombre y una mujer e indicó que la reacción de la fuerza pública permitió la captura de los presuntos responsables y la incautación de un revólver y una pistola.

Ramírez cuantificó además en 16 la cifra de personas lesionadas: tres de ellos de gravedad que serían trasladados a la capital antioqueña.

La funcionaria agregó que el ataque se habría motivado por el no pago de extorsión del propietario del negocio.