Luego de la denuncia ciudadana a través de un vídeo en el que se veía como las aguas cristalinas de una quebrada, en zona rural del municipio de Zaragoza, se habían convertido en una corriente de lodo, Corantioquia, autoridad ambiental en ese territorio, recorrió el lugar para adelantar pesquisas e identificar los responsables de la contaminación.

Un equipo técnico de la corporación ambiental se desplazó hasta la finca Los Pomos, en la vereda Quebradona, junta al coordinador de Minas y Medio Ambiente del Municipio y habitantes de la zona. Aunque no encontraron a nadie llevando a cabo actividades de minería ilegal, razones que se aducían en el vídeo como causantes del desastre ambiental, se pudo comprobar el impacto negativo en la quebrada provocado por la sedimentación.

“En la visita se tomaron muestras de agua para realizar los análisis de laboratorio pertinentes y se abrió una indagación preliminar para buscar a los presuntos infractores. De igual forma estamos a la espera del informe de la SIJIN que realizó inspección al lugar el día 22 de diciembre”, informó Corantioquia a través de un comunicado.

El vídeo fue publicado en Facebook por Fredy Salazar Monsalve, un estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia que nació en Zaragoza, quien además compartió las fotos de cómo era el charco antes de la supuesta intervención de minería ilegal en la quebrada.

Zaragoza es uno de los municipios con más minería de oro en Antioquia (y también, uno de los pueblos con más mercurio y contaminación en sus ríos y quebradas). Por eso Corantioquia hizo un llamado para denuncias como las de Salazar se sigan haciendo para evitar afectaciones mayores al patrimonio ambiental.

“Este tipo de delitos ambientales acarrean sanciones administrativas desde uno hasta cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes según la Ley 1333 de 2009, así como sanciones de tipo penal”, subrayó la corporación.

José Everth Veloza García, alias“HH”, “Carepollo” o “el Mono Veloza”, es de los pocos criminales en Colombia que conoce todos los hilos oscuros del poder criminal, desde la relación entre paras y narcos, Auc, Cartel del Valle y “la Oficina”, hasta de cómo maquinaron las peores masacres junto agentes del Estado y empresarios.

Ahora que llega extraditado a Colombia procedente de una prisión federal ubicada en Alexandria, norte de Virginia, Estados Unidos, deberá responder por múltiples delitos pero también tendrá que aclarar algunos casos de los que todavía no hay ninguna luz.

A Estados Unidos, “HH” llegó en marzo de 2009 a responder por el delito de tráfico de drogas y luego de confesar en Colombia alrededor de 3.000 crímenes, 1.200 de ellos cometidos en un solo año en el Urabá, cuando lideraba uno de los bloques más temidos de las Auc en el país y que más relación tenía con los narcos que llevaban la coca a los países del norte.

“HH” comienza extrañamente su carrera criminal como miliciano del frente quinto de las Farc, en el sector de Currulao donde también tenía su accionar el Epl de donde salieron numerosos criminales. Prestaba a ese frente servicios de transporte para luego unirse al Frente Turbo de las Accu (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), grupo que pasa luego a llamarse Bloque Bananero, cuando se constituyen las autodefensas.

A sus 28 años, Veloza natural del municipio de Trujillo, Valle del Cauca, ya era comandante del Bloque Bananero, entre los años de 1994 y 1997, un grupo que operaba en el Urabá antioqueño y que fue el responsable de numerosos crímenes con complicidad de políticos y empresarios bananeros y que despojó de tierras a muchos campesinos.

Para Juan Diego Restrepo, analista del conflicto y creador del portal Verdad Abierta, sería interesante ver hablar a “HH” sobre el despojo de tierras que ocasionó un cambio en la propiedad de decenas de terrenos en el Urabá. “Él dijo en alguna ocasión que habían sido idiotas útiles porque detrás de sus incursiones militares que generaban desplazamientos iban los compradores de tierra. Que empresarios e inversionistas llegaron a comprar tierras para sembrar palma. Entonces que diga qué empresarios los utilizaron para hacer la guerra y llegar a comprar tierra”, afirma Restrepo.

Del mismo modo, afirmó que es importante aclarar el tema del asesinato de sindicalistas. “Había una oficina en un centro comercial en Apartadó donde llegaban listados con nombres de sindicalistas que debían matar. Fueron muchos sindicalistas los que ellos mataron y sería importante que precisara cuál fue esa articulación de sectores empresariales bananeros con ellos”, relató Restrepo, pues la consigna de los hermanos Castaño Gil, era “que todo lo que oliera a guerrilla debía ser eliminado en Urabá”.

Para llegar a tener ese poder, “HH” debía crear alianzas con el sector político de Urabá. Ante fiscales de Justicia y Paz, confesó que en el 2000 las Auc crearon un proyecto político llamdo “Por una Urabá Grande, Unida y en Paz”, donde apoyaron a senadores como Antonio Valencia Duque y Rubén Darío Quintero, condenados por la Corte Suprema. Políticos que según él se beneficiaron económicamente para alcanzar sus cargos públicos, además de otros políticos de la región que consiguieron alcaldías gracias a su apoyo.

A sus 48 años y ascendiendo velozmente en la cúpula paramilitar por la confianza que le tenían los jefes, como Vicente Castaño quien era el que estructuraba los bloques. Veloza fue enviado a comandar el Bloque Calima que operaba en el departamento de donde era oriundo, el Valle del Cauca además de Huila y Cauca, siendo el responsable de asesinatos selectivos y numerosas masacres, como la muerte de 16 sindicalistas en Bugalagrande, además de 65 casos de desaparición forzada, cometidos por sus hombres del frente Arles Hurtado.

La masacre más representativa que dirigió alias “HH” cuando ingresó al Cauca, fue la cometida en la cuenca del Río Naya, entre el 10 y el 12 de abril de 2001, en la que fueron asesinados y mutilados con motosierras 27 hombres, mujeres y niños campesinos, afroamericanos e indígenas.

“Él tiene que profundizar sobre la forma cómo llega el Bloque Calima al Valle del Cauca y la influencia que tuvo en esa decisión el empresariado valluno. Se cree, según lo ha dicho Veloza, hubo una participación muy grande de sectores de la industria azucarera y de gente de Buenaventura, para que llegara un bloque de las Auc a la zona y controlara lo que estaba pasando en la vía Cali- Buenaventura, porque había un grave daño que estaba haciendo la guerrilla a esa vía que es fundamental para la economía”, indicó Restrepo.

A Veloza también se le relaciona allí con el Cartel del Norte del Valle, principalmente con “Don Diego” en Pacífico para el paso de droga hasta el mar y con políticos muy conocidos, entre ellos el senador Juan Carlos Martínez Sinisterra. De este último, “HH” dijo que era cercano a narcotraficantes de Buenaventura y que por eso los paras lo apoyaban políticamente desde el año 2000. Del mismo modo, confesó que el exgobernador del Cauca, Juan José Chaux, habría realizado alianzas con su grupo.

Sobre los militares “HH” también dio su versión. Según él la Fuerza Pública siempre prestó su apoyo en la zonas de influencia de sus bloques e incluso realizaron operaciones conjuntas. En su momento señaló al comandante del Batallón de Alta Montaña, coronel Bayron Carvajal, el policía señalado de la masacre de 10 policías de la Dijín y un civil en un operativo del municipio de Jamundí y al general Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada 17 del Ejército que fue señalada en su momento de entregar a alias “HH” dos guerrilleros capturados en Turbo, para que este luego los asesinara. Además de su presunta relación para perpetrar la masacre de Mapiripán.

A Veloza también se le recuerda por ser uno de los disidentes del proceso de las Auc en Santa Fe de Ralito, pues luego de desmovilizarse en Turbo junto a 452 de sus hombres, fue capturado por la policía en una finca entre el municipio de Venecia y Tarso, junto con varios hombres y armado. Y aunque el Gobierno lo postula a Justicia y Paz, meses después lo extradita a Estados Unidos por seguir delinquiendo.

En el indictment en 2009 en Estados Unidos se dice que Veloza conspiraba para distribuir cocaína y distribuir droga en ese país, como cabeza de una sofisticada red de tráfico de estupefacientes que funcionó desde 1998 y se le condena a 8 años de cárcel que estuvo pagando hasta el día de hoy.

Para algunos analistas, Veloza fue un paramilitar puro y más contrainsurgente que narco. “Él era más contrainsurgente que otra cosa, tiene un espíritu más antiguerrillero y anticomunista y actuaba en base a eso”, afirma Restrepo. Pero para las autoridades Veloza era un narco encargado de los envíos de cargamentos de coca por Urabá. Además afirman que estaba aliado con “Don Berna” y que en su momento era el jefe máximo de “la Oficina” en la guerra contra alias “Don Mario”, cabecilla de “los Urabeños”.

“Don Berna” convencido de que podía mantener el control del envío de drogas por el Golfo de Urabá hace alianza con “HH” y sus hombres para enfrentar a “Don Mario”. De esta alianza queda un hecho que conmocionó a Antioquia y fue la muerte en marzo de 2008 de cinco agentes del Gaula y la retención de 25 miembros sicarios por parte de “los Urabeños”, los cuales fueron entregados a la Cruz Roja.

Durante las audiencias, “Don Mario” indicó que los funcionarios del Gaula al parecer estaban trabajando para “la Oficina” y al momento de su muerte guiaban a los sicarios que venían desde el Valle de Aburra a asesinarlos, situación que nunca fue confirmada por las autoridades.

En Antioquia se dice que todavía puede ser pieza clave para explicar los más grandes magnicidios cometidos por las Auc y estructuras como “la Oficina” en Antioquia y el Valle de Aburrá, pues se le considera como pieza fundamental de la Casa Castaño y como brazo controlador del narcotráfico en el Urabá de “la Oficina”, por su cercanía con “Don Berna”.

En Colombia, “HH” fue condenado a 8 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por ser la máxima permitida en el proceso de Justicia y Paz. En diciembre de 2016 la Fiscalía anunció otra macroimputación a ocho estructuras paramilitares por su participación en 22.000 hechos delictivos que dejaron cerca de 49.000 víctimas en el país, entre los cuales está Veloza García.

2017 fue el año en que hombres y mujeres reunieron el valor para denunciar a sus agresores y a unos días de que llegue el 2018, la ola de personajes públicos señalados como acosadores ya salpicó la política colombiana.

La estudiante de Ciencia Política Andrea Olaya denunció este fin de semana que fue acosada sexualmente por el congresista antioqueño del Polo Democrático Víctor Javier Correa Vélez, con quien hizo sus prácticas académicas.

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Según ella, el congresista intentó seducirla e incluso la citó a su casa a una supuesta reunión tan solo una semana después de haber empezado a trabajar en el equipo de representante a la Cámara. Olaya aseguró que en tres ocasiones le dijo a Correa que no le interesaba tener ninguna relación con él más allá de la laboral.

“Luego de ver las intenciones del congresista conmigo, rehuía de su compañía cada vez que era necesario asistir a reuniones grupales, a las pocas que me citaban pues tras mis negativas dichos llamados y la asignación de labores a mi persona cesaron, tal vez por factores inherentes al funcionamiento de su Unidad de Trabajo Legislativo, pero coincidencialmente tras lo sucedido para mí”, escribió Olaya en su cuenta de Facebook.

La estudiante contó que el equipo del congresista planeó un viaje de integración a unas aguas termales en Tunja, Boyacá; ella accedió a ir pero dejó su vestido de baño “porque no quería propiciar ninguna situación” que la incomodara.

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“Víctor insistió y se ofreció a comprar un vestido de baño para mí, accedí pensando que siempre me alejaba del grupo pese a que soy una persona sumamente social, que tal vez mejorar mis relaciones con el equipo podría mejorar mi experiencia en el Congreso”, explicó Olaya.

La mujer relató que una vez en los termales, Víctor la tocó de manera indebida: “primero me tomó de las manos, luego me abrazó por detrás y luego puso sus manos en mis glúteos. Frente a otros tres integrantes de su equipo de trabajo y pese a que ya dos veces le había dicho en persona que no me interesaba de ninguna manera”.

Después del incidente, Olaya le dijo por tercera vez que no estaba interesada en tener una relación con él. También informó a las directivas de su universidad y a sus asesores de práctica y de tesis.

Andrea Olaya afirmó que no había denunciado a su exempleador por cobardía y que se animó a contar su caso por una publicación que hizo el congresista en su cuenta de Facebook el pasado 24 de diciembre, y que borró poco después.

En el post eliminado, Víctor Correa habla de la iniquidad de género y del acoso contra las mujeres que “no debe ser trivializado ni aminorado”.

“Como una persona que hoy ocupa una posición de poder debo decir que he sido increpado y se me ha hecho ver que también he replicado prácticas comunes de acoso, claro está, no de forma consciente, pues de ninguna manera puedo avalarlas, por eso ofrezco disculpas de manera general y abro la puerta para escuchar los casos particulares y avanzar en escenarios de reparación si fuese necesario”, escribió el congresista en el mensaje que borró porque, según explicó,“era 24 de diciembre y pensé que el impacto sería mayor en enero”.

Un día después, el congresista volvió a publicar un mensaje en su cuenta de Facebook en el que asegura que está comprometido con la equidad de género y cita varias cifras de violencia contra la mujer, aunque no niega los hechos por los que lo acusa Andrea Olaya.

“Considero fundamental recordarles que el acoso sexual en Colombia es un delito y que en virtud de eso, es la Fiscalía General de la Nación la llamada a investigar y esclarecer los hechos, por lo cual, con la tranquilidad de haber actuado en consecuencia con mis convicciones, me encuentro en completa disposición de acudir ante las autoridades cuando las mismas me requieran”, dijo Correa.

El congresista explicó a sus seguidores que no quiere exponer su vida personal ni la de ninguna mujer. “Por eso considero que son las autoridades las llamadas a hacer las indagaciones pertinentes, lo que sí está en mis manos es una defensa en un juicio con todas las garantías y es lo que procederá una vez sea instaurada la denuncia”, se defendió el representante.

En etapa de prefactibilidad se encuentra un proyecto de alianza público privada presentando a la Gobernación de Antioquia por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) para construir, con 35 de sus empresas afiliadas en Antioquia, una conexión vial de 20 kilómetros entre el municipio de Caldas y El Retiro, que contaría con un túnel, de unos 9 kilómetros, para unir los valles de Aburrá y de San Nicolás.

El director ejecutivo en Antioquia de la CCI, Fernando Villegas, informó que la Gobernación de Antioquia ya aceptó la propuesta y la inscribió en el Registro Único de Alianzas Público Privadas y ahora tiene 90 días para responderles si esta obra sigue siendo de interés.

De ratificar la aprobación, continuarán con diseños y estudios previos, tareas que pueden tardar dos años.

Villegas agregó que hacer el túnel demora entre cuatro y seis años, por lo que esperan que se agilicen los trámites, “porque esta obra se necesita urgentemente para mitigar la contingencia ambiental que tiene el Valle de Aburrá por las emisiones de los vehículos de carga que van hacia la Costa Atlántica y lo cruzan de sur a norte”.

“Si no se hace algo en los próximos años, la movilidad del Aburrá colapsará y esta obra será opción para que los camiones que van para el aeropuerto de Rionegro y el Oriente de Antioquia, no tengan que utilizar la vía Regional que, en un futuro cercano, no aguantará más tráfico”, opinó el dirigente.

Otra situación que se va a presentar, agregó, es que una vez empiecen a operar las vías de doble calzada de cuarta generación (Pacífico Uno, Dos y Tres) entrarán a un embudo que es el corredor del río Medellín para cruzar el Valle de Aburrá y llegar a la Costa Atlántica. El caos será más grande.

La mayoría de carga que se genera para el aeropuerto de Rionegro es del sur del Valle de Aburrá y el tráfico seguramente aumentará una vez construyan la segunda pista, según Villegas, por lo que considera que una vía en el sur que una ambos valles sería la ideal para evitar transitar por el centro de la capital antioqueña para llegar a la Autopista Medellín-Bogotá.

Destacó que la empresa Integral está analizando los prediseños y puliendo los trazados de la nueva vía y se analiza si el túnel arranca desde el sector de la Miel, en Caldas, o desde el límite de este municipio con Sabaneta para llegar cerca al Parque Los Salados, en El Retiro.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Gilberto Quintero, relató que a comienzos de diciembre la CCI le presentó un proyecto que se llama Conexión Sur, que se construirá con recursos de la empresa privada.

Lo calificó como muy interesante, porque incluirá un túnel y unos 10 kilómetros de carretera de muy buenas especificaciones para el tráfico pesado.

“Es un proyecto interesante y muy bonito que estamos estudiando, porque apenas nos lo presentaron ahora en diciembre, pero lo más llamativo es que los que lo lideran son empresas muy importantes de Antioquia, que han hecho numerosas vías y varios túneles en el país y eso garantiza que pueda ser posible”, opinó el funcionario.

Destacó que ya la Secretaría de Infraestructura conformó un equipo de trabajo que está haciendo los análisis de la propuestas.

Carlos Eduardo Durán, alcalde Caldas, contó que una vía por La Miel para llegar al Oriente revolucionaría la movilidad del Valle de Aburrá, porque le quitaría el impacto que tiene el alto flujo vial de la vía Regional.

Manifestó que la carretera está prácticamente hecha y no tiene problemas de predios. “Solo le falta ampliarla, pavimentarla y hacer túnel para cruzar a El Retiro”, dijo.

Tras cinco meses de capacitaciones en desarrollo empresarial, comerciantes informales del centro de Medellín recibieron su diploma.

El proyecto Comerciantes Informales de la Comuna 10 de Medellín fue puesto en marcha por la Alcaldía de la ciudad, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro del programa Banco de las Oportunidades. De los 915 comerciantes informales convocados, 604 asistieron a las jornadas de sensibilización y 489 se inscribieron en el proceso de formación.

Durante el proceso, que tuvo una inversión superior a 625 millones de pesos por parte de la Alcaldía Municipal, se brindó formación en temas de costos, administración, servicio al cliente, comercialización, imagen corporativa, manejo de emociones y sentido de la vida.

Además de las charlas y talleres, los cursantes tuvieron asesorías personalizadas en el puesto de trabajo y acompañamiento para la evaluación del proceso.

Aliado en la formación

Para este proyecto, la Alcaldía tuvo un aliado clave: Interactuar, que es una corporación de desarrollo empresarial sin ánimo de lucro, dedicada a mejorar la calidad de vida de los empresarios del país y sus familias.

Fabio Andrés Montoya, director ejecutivo de Interactuar afirmo que “es muy valioso ver cómo los comerciantes informales han empezado a aplicar en su lugar de trabajo todo lo aprendido en los talleres y han comenzado a construir su proyecto de vida”.

Testimonio de comerciantes

Jhon Jaime Correa fue uno de los comerciantes inscritos en el programa, quien afirmó haber aprendido mucho de sus profesores y compañeros.

“Creo que somos muchos los que tenemos nociones de administración, pero no las habíamos aplicado”, dijo.

Luz Marina Alcaraz también culminó el proceso. Ella vende desayunos y almuerzos en la carrera 53 con la calle 57, dijo que lo que más aprendió fue cómo tratar al cliente y organizar su economía.

María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, señaló que “para la Administración Municipal, Interactuar fue un aliado clave en el trabajo que adelantamos para fortalecer a nuestros emprendedores, potencializar el talento de nuestra gente, generar oportunidades y lograr así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Medellín”.

Culminación del proceso

Ayer, a las 9 de la mañana, se llevó a cabo el evento de cierre del proyecto, en el auditorio Multipropósito de Plaza Mayor.

Allí, las 364 personas que asistieron a todo el proceso, recibieron un diploma certificando su asistencia al Curso de Formación en Desarrollo Empresarial, que tuvo como objetivo principal dignificar la labor de los comerciantes informales de la ciudad .

Plan de renovación del Centro

Valentina Aguilar Ramírez, directora del Banco de las Oportunidades de la Alcaldía, comentó que el proyecto fue “una apuesta del alcalde Federico Gutiérrez para llevar al centro de la ciudad, no solo inversión en infraestructura física, sino también inversión en formación y acompañamiento a los comerciantes”.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Económico se informó que actualmente están en el proceso de estructuración para continuar con las capacitaciones en 2018.

Si usted va a uno de los ocho parques biblioteca de Medellín, y aún estando en su exterior, saca su cámara o celular, le hace una foto a la locación o a un acompañante, será abordado por un vigilante o funcionario del establecimiento que le pedirá llenar un formulario para que sea autorizado y pueda hacer las imágenes tranquilamente.

La situación incomoda y, si se quiere, suena contradictoria. Estos lugares son algunos de los espacios que autoridades locales se han dado, por años, a la tarea de mostrar en el mundo como símbolo de la transformación social y cultural de la ciudad.

Sin embargo, las restricciones no permiten que sea tan sencillo tomar una fotografía en ellos. Le sucedió a Marc Erwin, un norteamericano que visitó, en días pasados, Medellín y que al intentar hacer una imagen a su acompañante en el espejo de agua del parque biblioteca de Belén, un empleado se le prohibió sin antes llenar un formulario.

“Me pareció extraño, pues es un espacio abierto, público, como una plazoleta. Nunca había tenido una dificultad similar en otras ciudades”, comentó el extranjero.

Las fotografías en espacios públicos son permitidas, y en espacios interiores, pueden ser limitadas, según establece la vigente Ley 23 de 1982 en el artículo 39.

“Será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas y distribuir y comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura esta disposición solo es aplicable a su aspecto exterior”, dice la ley.

Luz Estela Peña, líder del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, justificó la restricción en la protección para menores de edad y los derechos a la privacidad.

“Es importante que (quien desea hacer la foto) cuente con los permisos respectivos, si es niño, de los padres, y si no, que los usuarios estén de acuerdo, pues la imagen podría ser divulgada en redes sociales”, apuntó.

Peña agregó que cuando la foto que el turista busca hacer en el exterior, a la infraestructura del parque biblioteca, “es importante saber cuáles son los fines, que no sea comercial, porque todo lo nuestro está libre de esto y el único propósito es educativo”.

La funcionaria indicó que en el formato que las personas diligencian se establece que para las directivas de los parques biblioteca prima el derecho a la privacidad y la seguridad del usuario.

“Nos pasaba mucho que los turistas llegaban a tomarse fotos porque les interesaba el auge de la transformación de la ciudad y las subían a redes sociales, con menores y personas que no autorizaban aparecer en ellas. Entonces había molestia de algunos”, dijo.

Diego Correa, turista colombiano, relató que en un reciente viaje a México pudo hacer fotos sin ninguna restricciones en referentes culturales y educativos, como en el Palacio Chapultepec y en el Museo de la Revolución.

Entre tanto, la empresa Metro de Medellín reportó que en su sistema de transporte (metro, cable, tranvía y metroplús), otro referente de la ciudad, les es permitido a los turistas hacer fotografías sin necesidad de solicitar permisos o llenar formularios. La única restricción que existe en el sistema de transporte es para las imágenes que realicen medios de comunicación o que tengan un fin comercial.

Para María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, tanto el metro como los parques biblioteca de Medellín son hitos que evidencian que la ciudad superó un pasado violento, y esa transformación se debe mostrar al mundo.

“La apuesta es lograr que las personas que lleguen a Medellín salgan a hablar bien de la ciudad. Las restricciones para tomar fotos en los parques biblioteca es un tema que desconozco, pero es una alerta que vale la pena analizar y revisar qué pasa”, concluyó.

Imagine el líquido amarilloso que sale de la pila, que por meses usó en el reloj de pared, circulando por el agua de una quebrada o en el congelador de su nevera, a centímetros de la carne.

Estos elementos, baterías, como se conocen técnicamente, son, por tradición, arrojados a la caneca de basura, mezclados con residuos alimenticios y llegan en el mismo paquete al relleno, donde son enterrados.

Y vuelve el líquido, aquel que nos avisa del fin de la pila, el que se percibe como óxido y se comienza a derramar, tímidamente, por las puntas del cilindro. El suelo, la tierra, su inadecuado destino.

La disposición ideal de estos elementos, alejada de riesgos e impactos negativos a la salud y el ambiente, se convirtió en un problema, tanto para los productores, como para las personas que los usan.

Las pilas o baterías son para Cristina Barrera un elemento tan necesario, que hasta lo considera parte de la canasta familiar.

Esta ciudadana, diseñadora industrial y habitante del barrio Belén de Medellín, las usa, principalmente, de tamaño triple A en los juguetes de su hijo y en un pequeño radio que la acompaña en las mañanas, al hacer deporte.

“Cuando veo que ya no funcionan las deposito en la basura”, comenta y confiesa que otras veces ha intentado ponerlas en el congelador de su nevera para que se recarguen, “como dicen por ahí, funciona”.

Para Sergio Orozco, secretario de Ambiente de Medellín, todas las baterías son peligrosas y, por esa condición, deben ser tratadas de manera especial. Recuerda que tienen químicos en su interior que, por ejemplo, se pueden diluir en el agua, lo que representa un daño al ecosistema.

“Los metales pesados tienen un fenómeno que se llama bioacumulación y si bien no pasa nada si se toma agua contaminada con los químicos que desprenden, a medida que se ingiere llegará un momento en el que el organismo no lo tolerará”, señala.

Orozco explica que guardar esos elementos en la nevera representa un riesgo para la salud, al exponerse a contacto con los alimentos.

Es tan alto el riesgo que generan al ambiente y la salud que Gloria Aguilar, ingeniera de la empresa pública de aseo Emvarias, revela que una batería es suficiente para contaminar hasta tres litros de agua.

“Las pilas tienen altos contaminantes, por ejemplo, en la lata que las recubren, que son con zinc y que es un corrosivo. Si las metemos a una nevera contamina los alimentos y si la arrojamos al suelo estos químicos no desaparecen, sino que se acumulan. Contaminan el agua a un nivel que es muy difícil tratarla para el consumo humano, o el riego de cultivos”, destaca.

Con el fin de evitar daños al ambiente, Aguilar sugiere a los ciudadanos abstenerse de usar pilas y buscar otras tecnologías o innovaciones como la energía solar.

“En caso de que sean necesarias, usar recargables. Además, tampoco deben entregarlas entre los residuos ordinarios en la recolección que se realiza en residencias, sino disponerlas en los puntos establecidos en la ciudad”.

La resolución 1297 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo los obliga a recoger las pilas una vez terminen su vida útil, para llevarlas a un lugar en el que sean aprovechadas o a hacer una disposición adecuada de ellas.

Para cumplir con esa directriz, las organizaciones que trabajan con ese producto se unieron y crearon dos colectivos: Recopila y Pilas con el Ambiente.

Desde hace siete años, cuando entró en vigencia la norma, Susana Uribe, directiva de la empresa Tronex y coordinadora de Recopila, reporta que el programa ha recolectado, aproximadamente, 400 toneladas de pilas usadas.

“Es una cantidad que hemos evitado que lleguen a rellenos sanitarios o sitios de disposición final inadecuados”, anota.

La exigencia de la norma es que los fabricantes y comercializadores de pilas y baterías deben recoger el 25 % del total de la producción al año de esos elementos.

“En promedio se distribuyen 28 millones de unidades (888 toneladas cada año). Recogimos en 2013, 70 toneladas; en 2014, 79; para 2015, fueron 97, y en 2016 llegamos a 104 toneladas”, revela la dirigente, en referencia a lo que hace Recopila.

No obstante el esfuerzo, Uribe y el secretario Aguilar coinciden en que el ciudadano tiene responsabilidad y deberes en la disposición adecuada de estos elementos, aunque la norma no lo sanciona.

La estrategia de los dos programas consiste en tener recipientes en diferentes puntos de las ciudades colombianas para que los ciudadanos depositen allí sus pilas usadas. Cuando están llenos son recogidos por expertos que los llevan a una planta ubicada en el Valle del Cauca, llamada Ecotec, y que es la única de Colombia que aprovecha esos elementos.

“Una pila es energía química almacenada que el usuario puede llevar a cualquier parte. No son residuos peligrosos, pero las sustancias que tiene pueden contaminar el suelo y el agua. Eso lo evitamos al no llevarla a un relleno”, apunta la directiva de Recopila.

Uribe se refiere al “liqueo”, como el líquido más nocivo que contiene una pila. Añade que de esas baterías se obtienen metales ferrosos, óxidos de zinc, con lo que se hacen fertilizantes.

“La idea es aprovechar esos componentes para ingresarlos a otros procesos productivos, porque antes no existía esa alternativa para reciclar. Hasta diciembre de 2015 todas las baterías que recogía Recopila y otros programas iban a celdas de seguridad, un espacio específico en un relleno en el que se evitaba que llegaran al suelo y al agua”, explica.

La ejecutiva agrega que desde enero de 2016 la norma exige un aprovechamiento, “pero no había alternativa, entonces se creó Ecotec, la única planta del país para hacer valorización y reciclaje de pilas”.

Estructurar el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire (Pigeca), implementar la movilidad sostenible, iniciar la construcción de 38 macrocolegios y ejecutar el Plan Quebradas, figuran entre los grandes logros del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) en este 2017.

En los 10 hechos en los que la entidad logró avances significativos, el director, Eugenio Prieto, también destaca el diagnóstico del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (Pemot); la visibilización y adjudicación de proyectos metropolitanos de infraestructura vial y movilidad ecológica; la implementación del Plan Siembra Aburrá; el acuerdo piloto de cargue y descargue; y la protección de la fauna silvestre.

Aunque Prieto elogia la voluntad política y articulación de los 10 alcaldes de la región para, “avanzar en un plan de gestión que busca metas y objetivos de desarrollo sostenible”, hay voces autorizadas que exigen más acción en algunos temas y piden corregir el rumbo en otros.

El consultor en temas ambientales y exdirector del Ideam, Ricardo Lozano, advierte que el Amva está llamada a liderar la aplicación de la Resolución 2254 de 2017, que fija las normas de calidad del aire en el país.

“Es importante que el Área lo entienda de esa manera y se prepare para ese proceso de implementación”, señala. Recuerda que se necesitarán más campañas educativas, mejorar la tecnología e involucrar a más actores en la tarea de mejorar el aire de la región.

El Amva indica que el Pigeca está en etapa de revisión y aprobación por parte de la Junta Metropolitana, integrada por los diez alcaldes y cuya cabeza es el mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez.

Esta herramienta de planificación tiene entre sus metas fortalecer el Siata y la red de monitoreo de calidad del aire, tal como lo sugieren Lozano y los defensores del medio ambiente.

“El Pigeca permitirá la ejecución de programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo para mejorar la calidad del aire en la región”, señala Prieto en su informe.

Asociado al anterior está el Pemot, que consiste en un ejercicio de planificación del territorio enfocado en la sostenibilidad, que busca armonizar el desarrollo de los 10 municipios de la subregión.

Uno de los grandes logros del Amva es poner en marcha obras de impacto vial, como la Conexión Ecológica y Vial Distribuidora Sur (entre Sabaneta y La Ayurá), los intercambios viales de La Ayurá y de Pilsen y el Desarrollo Vial Regional Oriental Norte (entre Moravia y Zamora), que están en etapa de diseño y se espera la adjudicación e inicio de obras para el primer semestre del 2018.

En la misma línea de movilidad, pero en la que apunta a la sostenibilidad, está el inició de la construcción 120 kilómetros de ciclovías, que incluyen andenes ecológicos y espacios para parqueaderos de bicicletas. La ruta unirá al Valle de Aburrá de norte a sur. Esta semana se adjudica la licitación del corredor verde La Picacha.

El programa Encicla llegó a los 58 mil usuarios, con 1.100 bicicletas, 53 estaciones y una cobertura de 21 km2. Para 2019 la meta es llegar a los 10 municipios con 150 estaciones.

Pese a los avances, Rodrigo Salazar Pineda, investigador e ingeniero experto en movilidad, advierte que “el Amva no ha hecho nada para impedir que se ahorque el sistema ferroviario en Parques del Río y en 30 años se pagarán las consecuencias, cuando la movilidad sea imposible”.

Salazar Pineda explica que hace 50 años, los planificadores de la ciudad reservaron una franja de 18 metros a cada lado del río para un corredor ferroviario destinado a la operación de trenes expresos y semiexpresos, pero esa franja se ha reducido y si no se corrige a tiempo, el Valle de Aburrá colapsará en menos de 30 años.

“El Amva, que es la planificadora del transporte metropolitano, no tiene nada estructurado para el corredor del río y en sus planes de movilidad no habla de trenes suburbanos con paraderos a lo largo del río”, lo que constituye -según el crítico- un error en su función de articular la movilidad limpia y eficiente de la subregión metropolitana.

Además de lo anterior, el Amva también destinó $50 mil millones para la construcción y mejoramiento de 38 macrocolegios en los 10 municipios. Incluye 11 en Bello, 2 en Barbosa, 1 en Caldas, 2 en Girardota, 1 en Copacabana, 9 en Itagüí, 1 en La Estrella, 3 en Envigado, 6 en Medellín y 2 en Sabaneta.

Además, puso en marcha el plan de saneamiento de 19 quebradas, ha sembrado 400 mil árboles de una meta de 1 millón a 2019 y adelanta un diagnóstico de la movilidad de la carga en el Aburrá.

Si en algo coinciden los voceros de la protesta, por la ubicación de tres peajes nuevos en Urabá, y las autoridades de la región es en que la movilización inició en completa calma.

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El panorama en las primeras horas en la mayoría de municipios, principalmente los que conforman el eje bananero, era el mismo: comercio cerrado, pocos vehículos andando y pequeñas concentraciones de conductores sin obstruir una sola vía.

César Estrada Veloza, vocero del comité de transporte regional, cuantificó en cerca de 1.200 los vehículos, entre buses de servicios especiales y de transporte intermunicipal, que dejaron de operar en la mañana de este miércoles.

El líder gremial resaltó además que son contados los negocios abiertos en los municipios y destacó que la protesta transcurre en completa tranquilidad.

En este grupo de vehículos que cesó actividades se encuentran muchos de los que prestan el servicio de transporte entre los cascos urbanos y las fincas bananeras de la región.

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El coronel Luis Eduardo Soler, comandante de la Policía Urabá, dio un parte positivo del inicio de la movilización e indicó que pasadas las 8:30 de la mañana no se había registrado ninguna alteración del orden público.

Las operaciones aéreas en la región, cerca de nueve vuelos, no se encuentran restringidas pero sí hay una afectación en el transporte desde y hacia el terminal aéreo.

Tres personas heridas fue el saldo de un accidente que se presentó en la noche del pasado martes en la autopista Medellín-Bogotá, cerca del peaje de El Santuario.

El incidente se presentó a las 7:30 de la noche en el kilómetro 4+500 entre un bus de San Luis y un carro de repartidor de gaseosas de a empresa Coca-Cola.

Entre los heridos, que fueron trasladados por bomberos de El Santuario a centros asistenciales, está el conductor del bus.

La vía estuvo cerrada por unos minutos mientras se realizaban los actos por parte de la Policía de Carreteras.

Además del inicio del recaudo de tres peajes, que empezaría a partir del primero de enero de 2018, los transportadores y comerciantes de Urabá también están molestos por el estado de las vías en las cuales se instalaron las casetas de cobro.

La obra hace parte del proyecto Transversal de las Américas, y líderes de la zona denuncian que el tramo en el Eje Bananero —alrededor de 70 kilómetros entre Turbo y Chigorodó— no está terminado al 100 por ciento y presenta fallas.

“Ha sido de mala calidad, se ha demostrado en algunos tramos se han deteriorado, les va a tocar nuevamente responder por esas partes resquebrajadas”, declaró Adolfo Romero, vocero del movimiento Iniciativa Ciudadana que promueve el paro cívico.

También afirmó que no se han construido las ampliaciones de la vía ni las variantes en los municipios, y confesó que no se explica qué hizo la Agencia Nacional de Infraestructura con los $467 millones que aparecen en el contrato del proyecto.

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Mala señalización y pavimento roto

Así mismo se expresó Iván Darío Acevedo, líder en el Eje Bananero, quien asegura que ya van dos años siendo testigos de cómo se han tenido que repetir algunos tramos por la mala calidad de los materiales.

“Las vías ni siquiera están señalizadas. Por esta razón y por obras no concluidas, hemos tenido 250 muertes durante el tiempo de construcción, algunos por imprudencia pero otros por falta de señales o estado de las vías”, denunció Acevedo.

El paro avanza con normalidad

El paro cívico comenzó en la mañana de este miércoles y según las autoridades y los líderes transcurría con normalidad. El movimiento Iniciativa Ciudadana calcula que 19.000 trabajadores, principalmente del sector bananero, tuvieron que regresar a sus casas a las 5:00 a.m. por falta de transporte para llegar a sus sitios de trabajo.

“Este es un paro pacífico, la policía se está tomando un cafecito con nosotros. No es de gente de violenta sino de los que vendemos chontaduro y tostados”, afirmó Acevedo.

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Aunque el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, afirmó que las empresas transportadoras serían sancionadas si no prestan servicio, líderes del paro informaron que tanto el comercio como el transporte se encuentran apoyando el cese de actividades.

Acevedo anunció que si la ANI y el Gobierno deciden empezar con el recaudo del primer día de 2018 a pesar de la manifestación, a partir del 2 de enero comenzaría un nuevo paro, pero esta vez indefinido.

El exjefe paramilitar Ever Veloza García, alias “HH”, pasó la primera noche en Colombia en el patio de Justicia y Paz de la cárcel de Itagüí, luego de ser deportado desde Estados Unidos donde pasó poco más de 8 años preso. El traslado de hizo cumpliendo con una orden de captura emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

Este es el segundo ingreso de “HH” a esa prisión, donde estuvo preso dos años (2007 - 2009) antes de su extradición a Norteamérica.

El general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que “HH” llegó a las 6:30 de la tarde del pasado martes al aeropuerto José María Córdova de Rionegro, en un avión de la Policía Nacional.

“Tuvimos un dispositivo de seguridad integrado por 20 hombres para bajarlo y llevarlo hasta la cárcel. En el aeropuerto no fue necesario interrumpir la operación aérea. Todo fue muy coordinado”, dijo el General.

El exjefe paramilitar fue trasladado en una patrulla y escoltado por otros vehículos. Hacia las 8:00 de la noche, y luego de un recorrido de 40 kilómetros, “HH” ingresó a la cárcel de Itagüí, donde fue dejado bajo custodia del Inpec.

Veloza García, quien fuera cabecilla de los Bloques Calima y Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), llegó pasadas las 2:00 de la tarde a Bogotá en un vuelo procedente de Alexandria, Virginia, Estados Unidos.

La deportación se dio luego de que el exjefe paramilitar declinara quedarse en territorio norteamericano, con medidas de protección, una vez saldadas sus deudas con la justicia de ese país.

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En Colombia y por Justicia y Paz, “HH” fue condenado a ocho años de prisión por al menos 77 hechos criminales perpetrados cuando comandaba el bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) relacionados con secuestros, torturas, homicidios, desapariciones forzadas, hurto, actos de terrorismo, de barbarie y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

En septiembre de 2016, la Fiscalía le imputó cargos por 1.984 casos de homicidios y desaparición forzada en Colombia, por ordenar a paramilitares del frente Arles Hurtado del bloque Bananero, bajo su mando, asesinar a 1.033 personas, en los municipios de Turbo, Currulao, Apartadó, Chigorodó, Mutatá y Carepa, en el Urabá antioqueño.

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En una operación que hace parte de Agamenón 2, tropas de la Séptima División del Ejército y personal de la Policía y la Fiscalía, localizaron y destruyeron un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína, al parecer al servicio del Clan del Golfo, con capacidad de producir hasta cuatro toneladas mensuales. El hallazgo se dio en la vereda Caño Pescado, zona rural del municipio de Nechí, bajo cauca antioqueño.

En ese lugar fueron encontrados nueve construcciones de madera y plástico con capacidad de alojar hasta 30 personas y en donde se realizaban los diferentes ciclos para la fabricación y procesamiento de clorhidrato de cocaína. “Diariamente, este laboratorio lograba producir entre 80 y 100 kilos de clorhidrato de cocaína, la cual tiene un valor mensual de aproximadamente 30 mil millones de pesos y puesto en el exterior, ese valor puede llegar hasta los 50 millones de dólares”, explicó el Coronel Gabriel Fernando Marín Peñalosa, comandante de la Brigada 11 del Ejército.

“En el lugar, también fueron encontrados 3346 galones de insumos químicos líquidos y más de 300 kilos de insumos químicos sólidos, elementos, herramientas y equipos necesarios para la realización de esta actividad ilícita, así como cerca de 100 kilos de droga que ya estaban listos para ser empacados y sacados de la zona con destino centro y Norteamérica”, añaden las autoridades.

Para el Ejército, este hallazgo se convierte en el más grande realizado por esa institución en esa región de Antioquia, donde hay fuerte presencia del Clan del Golfo. En este 2017, la Séptima División reportó la destrucción de 321 laboratorios para el procesamiento de droga en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, pertenecientes al Eln y al Clan del Golfo.

Este martes se expidió la orden de libertad del hombre de 83 años que agredió con arma blanca a su pareja, María Beatriz Correa de Molina, de 70 años, causándole la muerte la noche del pasado 25 de diciembre en el barrio Metropolitano de Sabaneta.

Así lo informó Marcela Castañeda, secretaria de Gobierno del municipio, quien además agregó que la decisión está en manos de la Fiscalía y el juez que lleva el caso. “Recibimos la información de la orden de libertad y sabemos que al señor se le están haciendo unos exámenes siquiátricos”, expresó.

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Según la funcionaria sería un tema relacionado con la avanzada edad del sindicado. Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó con un experto para establecer si es posible que el adulto mayor, por normativa, goce de inimputabilidad.

“De lo que podría tratarse es que ciertas personas tienen una situación diferencial. Cuando son mayores de 65 años, la ley contempla que no necesariamente deben ir a prisión”, explicó Iván Arias, abogado penalista.

Aclaró que no se trata de un factor de edad, porque solo son inimputables los menores de edad, las personas que sufren de algún trastorno sicológico, o cuando se encuentran bajo los efectos del alguna sustancia alucinógena. “No es que por el tema del homicidio no vaya a la cárcel por la avanzada edad”, dijo.

El caso está en manos de la Fiscalía y será finalmente el juez, luego del proceso judicial, quien determine las condiciones en las que sucedieron los hechos. El comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez Heredia, informó que se pudo establecer que la pareja tenía bastantes discusiones que en ocasiones desencadenaban en abusos con golpes.

“La pena puede ser menor, pero que quede en libertad provisional no significa que no vaya a tener sanción”, concluyó Arias.

Los buses de todo el Valle de Aburrá subirán sus tarifas oficialmente a partir del 1 de enero de 2018. El alza, que va desde los $100 hasta $200 dependiendo de la ruta, fue aprobada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que funge como autoridad de transporte.

El incremento para los viajeros frecuentes es de 6,3 por ciento, pasando de los $2.000 que se actuales a $2.125. Las rutas integradas y los buses metropolitanos también tendrán ajustes en sus cobros que van desde el 3,7 por ciento para el caso de los buses y busetas integrados, hasta 4,5 por ciento para las rutas metropolitanas.

“Esta determinación, se da a partir de los respectivos análisis técnicos y financieros realizados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que sirven de fundamento para proponer las tarifas, de acuerdo con los análisis y estudios de costos, partiendo de las premisas de sostenibilidad del sistema, capacidad de pago de los usuarios y competitividad, que permitan además establecer una equidad entre el transporte público colectivo y masivo”, dijo la entidad en un comunicado.

Las tarifas, como ya es tradicional, varían según el tipo de usuario, pues hay subsidios estatales para personas con movilidad reducida, estudiantes y adultos mayores. El uso de la Tarjeta Cívica personalizada también supone un beneficio tarifario para el usuario frente a otros pasajeros.

Así quedaron las tarifas:

Un hombre entró a las 10:20 p.m. del pasado martes al local Xtreme Wings, en el sector María Auxiliadora de Marinilla, y con arma de fuego en mano intimidó a los clientes y a la cajera llevándose todo el dinero producido en el día, tal como se puede apreciar en el vídeo.

“Luego de asaltar a la cajera, el hombre entró a la parte de atrás del local y también atracó a la persona encargada de los domicilios. Cuando sale da la impresión que dice: ¿sí me quedaron viendo?”, relató Jairo Alonso Rendón, dueño del establecimiento.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia instaladas en el lugar permitirían identificar al delincuente y en lo posible parte de las placas de la moto en la que se movilizaba, que se logran observar en un fragmento del vídeo.

“Estamos haciendo las respectivas denuncias, entregamos las pruebas a la Sijin, pero no damos quién pueda conoce al hombre, por eso estamos moviendo redes sociales a ver si alguien lo identifica”, expresó Rendón.

Investigación en curso

El secretario de Gobierno de Marinilla, Juan Carlos Tobón, manifestó que la denuncia se recibió apenas al mediodía de este miércoles, cuando el vídeo ya se había compartido en Internet.

“Con las imágenes que aportaron los propietarios del local nos dirigimos al sector para ubicar cámaras de privados que nos permitirán ver la motocicleta y la matrícula para identificar al responsable”, dijo Tobón.

El funcionario manifestó que es el primer hurto que sucede en el mes de diciembre bajo esta modalidad, que no es frecuente en el municipio. No obstante, Rendón confesó que dos domiciliarios del mismo negocio ya habían sido atracados haciendo ruta, uno el pasado 29 de noviembre, y otro hace tres semanas.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que se mantiene la decisión de iniciar, a partir del primero de enero de 2018, con el cobro de tres peajes ubicados en el Eje Bananero, Urabá antioqueño, pese al paro cívico que se llevó a cabo este miércoles y que paralizó gran parte del comercio y del transporte en esta región.

Durante el cese de actividades dejaron de movilizarse 1.200 los vehículos, entre buses de servicios especiales y de transporte intermunicipal, que respondieron a la llamado de paro por transportadores y comerciantes.

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Así lo reportó César Estrada Veloza, vocero del comité de transporte regional. Además, el movimiento Iniciativa Ciudadana calcula que 19.000 trabajadores del sector bananero dejaron de laborar y el 80 por ciento del comercio de la zona no abrió sus puertas.

“Estamos esperando que con el paro se produzca un pronunciamiento de la ANI. El cese de actividades fue por 24 horas, pero si el Gobierno sigue con la intención de empezar a cobrar los peajes, podríamos entrar en un cese de actividades indefinido desde el 2 de enero del próximo año”, afirmó Iván Darío Acevedo, líder del comercio en Urabá.

Además: El deterioro de la vía de Urabá donde se cobrarían los peajes

El coronel Luis Eduardo Soler, comandante de la Policía Urabá, destacó que la jornada transcurrió en completa normalidad sin que se presentaran alteraciones de orden público.

“No hubo taponamiento en las vías, incluso hubo establecimientos comerciales que abrieron sus puertas con normalidad, y parte del transporte sí trabajó el día de ayer”, informó el coronel Soler.

Los alcaldes de Carepa, Chigorodó, Turbo y Apartadó, firmaron una carta dirigida a la ANI en la que solicitan la reubicación de los peajes en los extremos territoriales de la región, debido a que las casetas quedaron localizadas en puntos que afectan la economía de estos municipios.

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Sin embargo, la ANI le manifestó a EL COLOMBIANO que el inicio del recaudo continúa programado para el primer día de 2018 y evitaron pronunciarse frente a la protesta pacífica que se vivió este miércoles.

La Policía y el Ejército tuvieron que suplir el transporte público que estuvo suspendido desde y hacia el aeropuerto de Carepa, para movilizar a los 600 pasajeros que en promedio llegan a diario a esta terminal.

El tráfico ilegal de explosivos que son fabricados por la Industria Militar, y que terminan en un mercado negro manejado por bandas criminales y mineros informales, es un asunto que cada vez más preocupa en Antioquia.

La vigilancia de la comercialización y uso de explosivos recae en varias entidades, que ejercen competencias específicas en cada etapa del proceso: el Departamento de Control y Comercio de Armas (DCCA), Indumil, Ministerio de Minas, la Secretaría de Minas y las brigadas militares asignadas al territorio de operación de las minas.

EL COLOMBIANO ha denunciado la existencia de un cartel de los explosivos, que pese a los controles, sigue desviando el material que sale de las brigadas hacia las empresas. Productos como el Indugel, la mecha lenta, cordón detonante y estopines se expenden de forma clandestina por precios cinco veces más altos y las ganancias, en varios casos, entran a las arcas de bandas criminales.

Entre septiembre y noviembre, la Fiscalía coordinó operativos en los que fueron capturados 32 sospechosos de estar involucrados en este negocio: 10 son representantes legales de minas, y los demás, mineros.

La secretaria de Minas de Antioquia, Dora Elena Balvín Agudelo, dice que su despacho está tomando medidas. Aclara que en lo relacionado con el comercio de explosivos, la fiscalización de la Secretaría se basa en el seguimiento del Plan de Trabajos y Obras (PTO) que presentan los titulares mineros, pero quien al final autoriza la venta del insumo es el DCCA.

¿Qué diagnóstico tiene la Secretaría de Minas sobre el tráfico ilegal de explosivos?

“Se determinó que los actores que intervienen en ese tráfico provienen de minería ilegal. Tenemos el conocimiento que tiene la opinión pública, pero le pedimos a la Fiscalía y demás entes que se encargan del tema, que nos informen si algún titular hace mal uso de explosivos. Y oficialmente, dentro de los expedientes que hay en la Secretaría, no tenemos informe, porque como son investigaciones tan largas, la Fiscalía se demora su tiempo. El gobernador Luis Pérez dijo que creáramos un comité en el que estuviéramos todas las entidades, Fiscalía, DCCA, Indumil, alcaldías, para que hiciéramos un protocolo. En esas estamos, armamos un proceso para compartir información y esperamos los avances de la Fiscalía. Ya tenemos varias reuniones, donde queda claro cuál es la actividad de cada ente. No es solo para el tráfico ilegal, sino para el uso de explosivos en general”.

¿En qué zonas se concentra el tráfico de explosivos?

“Segovia, Remedios, Buriticá y la subregión de Bajo Cauca”.

¿Qué medidas está tomando la Secretaría de Minas?

“Para ello se creó el Procedimiento para Manejo de Explosivos en Actividades Mineras, en el que las solicitudes que recibimos son atendidas por nuestros profesionales, que hacen un estudio documental y una inspección de campo. Así se verifica que todo se desarrolle según el PTO del título minero. Solo certificamos a aquellos titulares que cumplan los requisitos para uso de explosivos”.

¿La Secretaría tiene recursos suficientes para inspeccionar todas las minas?

“Totalmente. Se firmó un convenio con la U. de A. para la fiscalización de títulos de todo el departamento, para contratar geólogos, ingenieros y abogados que hagan las visitas y, dentro de eso, está el tema de explosivos. Y el Ministerio de Minas nos entrega recursos de regalías. En 2016 visitamos 1.400 títulos, y Minminas acaba de enviar $31.000 millones para la fiscalización minera”.

¿Cómo controlan a las empresas que piden explosivos sin tener minas operando, o que cambian de razón social para burlar las sanciones?

“Con esas visitas se verifica que el uso de explosivos sí sea necesario, que el título minero esté en operación y acorde a lo presentado en el POT; y se verifica la situación contractual de los títulos, garantizando que aquellos a los que damos certificado de explosivos estén operando. Sobre el cambio de razón social, no entregamos el certificado de explosivos a la razón social como tal, sino al título minero. Independiente de que la razón social sea ‘X’, está amarrada al título minero. El que tiene la función de verificar quién es esa persona beneficiaria del título es el DCCA, ellos sí miran los antecedentes penales dentro de su estudio de seguridad”.

¿Qué sanciones aplica la Secretaría a las empresas involucradas en ese tráfico?

“No es competencia de la Secretaría aplicar sanciones a quien haga tráfico ilegal de explosivos, pero sí se encarga de informar a las demás autoridades si encuentra algo irregular en un título minero que no esté autorizado para uso de explosivos”.

Y si un dueño de título incumple las normas que ustedes vigilan, ¿qué castigo le imponen?

“La caducidad del título. Cuando la gente no cumple con sus obligaciones, le hacemos primero unos requerimientos según las obligaciones que deben cumplir, luego viene la multa y finalmente la caducidad. Para el tema de explosivos, es un incumplimiento que podría generar multas, y cuando son sucesivas, da lugar a la caducidad”.

¿Cuántas empresas han recibido estas sanciones?

“Este año caducamos 30 títulos, la mayoría de minería de oro, pero no solo por los explosivos, sino en general: por falta de pago de póliza o de las regalías, o porque adquirieron un título hace años y no comenzaron la exploración y explotación. Y a otros 800 títulos les hemos hecho requerimientos, por no pago de obligaciones y falta de formatos básicos mineros”.

“Tenemos 1.329 títulos mineros: 1.024 en etapa de explotación, 257 en construcción y montaje y 48 en exploración. Estos pertenecen a 704 titulares, algunos de los cuales son personas naturales. Tenemos que vigilarlos a todos. Hacemos dos visitas en el año, de ahí nacen los requerimientos”.

¿Dos visitas no es muy poco para vigilar una operación tan delicada?

“Además de las dos visitas, tenemos un mapa de puntos rojos adonde tenemos que ir frecuentemente. Por ejemplo, en la cuenca del Sinifaná, porque alrededor de un título hay mucha minería artesanal; a Buriticá vamos mensualmente y tenemos un funcionario de la Secretaría en Segovia. Pero si tú vas a una mina donde están haciendo todo correctamente, y no hay riesgo de derrumbes ni de gases, no hay problema”.

De los 24.466 individuos de fauna silvestre rescatados en el país durante este año, 6.166 corresponden a Antioquia, según la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional y corporaciones autónomas departamentales.

Estas cifras, actualizadas hasta el pasado 21 de diciembre, ponen al departamento como una de las regiones donde más se trafica con especies, aunque, según el Ministerio de Ambiente, el comercio ilegal procede, en su mayoría, de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar, Caldas, Risaralda, Quindío, Putumayo, Amazonas, Caquetá, Bolívar, Guainía y Vichada.

Una ayuda

Entre 2016 y 2017 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha recibido 11.557 especies de Fauna Silvestre, de los cuales ha reubicado y liberado 5.735.

Estos animales llegan allí porque los dueños, de manera voluntaria, los entregan o mediante controles e incautaciones realizadas por la Policía Ambiental, el Área Metropolitana y Corantioquia, especialmente en puestos de control en las carreteras del país.

Según reportó el Área Metropolitana, al mes ingresan en promedio 456 especies silvestres al Centro de Atención y Valoración (CAV), del cual, el 46% son aves, 44% reptiles, 10% mamíferos.

Tortugas, monos cariblancos, mono aullador , zarigüeyas, ardillas, cusumbos y perritos de monte son los animales silvestres que más llegan. Allí, estas especies entran a una red de tratamiento, se someten a un chequeo veterinario y exámenes clínicos comportamentales y nutricionales.

Después de este proceso el centro les ofrece las condiciones adecuadas mientras se inicia la fase de readaptación. Para esto, el centro cuenta con etólogos, biólogos, zootecnistas y médicos veterinarios para observar los comportamientos silvestres de estas especies y así devolverlos a su hábitat natural.

Recuperación en zoológico

El Zoológico Santa Fe también trabaja en la recuperación y rehabilitación de fauna. Jonathan Álvarez, veterinario del zoológico explicó que actualmente se desarrollan cinco programas. Uno de estos es con monos aulladores rojos, una especie muy traficada en el país. Por año, el zoológico recibe en promedio 20 monos que han sido recuperados, inicialmente se ingresan a cuarentena para hacerles curaciones y evitar el contagio de enfermedades. Posteriormente, los monos comienzan una etapa de socialización con otros de su misma especie y forman así un grupo o manada que será liberada en conjunto.

La guacamaya verde limón, una de las dos guacamayas amenazadas en Colombia, es otra de las especies que rehabilita el Zoológico.

Actualmente en el Santa Fe se encuentran ocho parejas de estas aves que han sido rescatadas. Con esta especie, el establecimiento tiene el objetivo de reproducirlas para conservar la especie.

Se ha logrado el objetivo pues a finales del año pasado nacieron dos guacamayas y una pareja fue enviada al Aviero Nacional, en Cartagena, en donde comenzaron con el mismo propósito.

Cóndor de los andes, paujil pico azul y titi gris son las otras especies que actualmente están en proceso de rehabilitación en el Zoológico de la ciudad.

Además de estos programas, al Santa Fe llegó en 2015 un perro lobo que nombraron Amaroc, el cual fue recuperado en La Estrella (municipio al sur del Valle de Aburrá). Después del proceso de rehabilitación, el animal fue enviado a Estados Unidos, en donde lo recibió un grupo de expertos que lo reunieron con otros como él.

Este año llevaron también a una danta macho (también llamado tapir), recuperado por las autoridades en los Llanos colombianos. Actualmente el animal permanece en el zoológico en un proceso de rehabilitación.

El pasado fin de semana llegó el más reciente huesped del lugar: un oso de anteojos de dos meses de edad, recuperado por Corantioquia y el Área Metropolitana en el municipio de Remedios, en el Nordeste de Antioquia.

Según contó el veterinario Jonathan Álvarez, una vez terminado el proceso de rehabilitación de las especies, al momento de hacer la liberación, un biólogo del zoológico permanece en el hábitat por quince días, para evaluar los comportamientos y verificar que el proceso de adaptación se haga de manera adecuada.

Animales domésticos

Perros y gatos también son rehabilitados en la ciudad y entregados a espacios óptimos para ellos.

El Centro de Bienestar Animal La Perla es el programa desarrollado por la Alcaldía de Medellín que atienden caninos y felinos en alto grado de vulnerabilidad, los cuales serán entregados en adopción, una vez recuperado su estado de salud.

En 2017 el centro atendió 3.991 animales y entregó en adopción 427 perros, 183 gatos y 22 semovientes (burros, vacas, cabras y caballos). Actualmente, 288 perros y 62 gatos buscan un hogar.

De los 24.466 individuos de fauna silvestre rescatados en el país durante este año, 6.166 corresponden a Antioquia, según la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional y corporaciones autónomas departamentales.

Estas cifras, actualizadas hasta el pasado 21 de diciembre, ponen al departamento como una de las regiones donde más se trafica con especies, aunque, según el Ministerio de Ambiente, el comercio ilegal procede, en su mayoría, de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar, Caldas, Risaralda, Quindío, Putumayo, Amazonas, Caquetá, Bolívar, Guainía y Vichada.

Una ayuda

Entre 2016 y 2017 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha recibido 11.557 especies de Fauna Silvestre, de los cuales ha reubicado y liberado 5.735.

Estos animales llegan allí porque los dueños, de manera voluntaria, los entregan o mediante controles e incautaciones realizadas por la Policía Ambiental, el Área Metropolitana y Corantioquia, especialmente en puestos de control en las carreteras del país.

Según reportó el Área Metropolitana, al mes ingresan en promedio 456 especies silvestres al Centro de Atención y Valoración (CAV), del cual, el 46% son aves, 44% reptiles, 10% mamíferos.

Tortugas, monos cariblancos, mono aullador , zarigüeyas, ardillas, cusumbos y perritos de monte son los animales silvestres que más llegan. Allí, estas especies entran a una red de tratamiento, se someten a un chequeo veterinario y exámenes clínicos comportamentales y nutricionales.

Después de este proceso el centro les ofrece las condiciones adecuadas mientras se inicia la fase de readaptación. Para esto, el centro cuenta con etólogos, biólogos, zootecnistas y médicos veterinarios para observar los comportamientos silvestres de estas especies y así devolverlos a su hábitat natural.

Recuperación en zoológico

El Zoológico Santa Fe también trabaja en la recuperación y rehabilitación de fauna. Jonathan Álvarez, veterinario del zoológico explicó que actualmente se desarrollan cinco programas. Uno de estos es con monos aulladores rojos, una especie muy traficada en el país. Por año, el zoológico recibe en promedio 20 monos que han sido recuperados, inicialmente se ingresan a cuarentena para hacerles curaciones y evitar el contagio de enfermedades. Posteriormente, los monos comienzan una etapa de socialización con otros de su misma especie y forman así un grupo o manada que será liberada en conjunto.

La guacamaya verde limón, una de las dos guacamayas amenazadas en Colombia, es otra de las especies que rehabilita el Zoológico.

Actualmente en el Santa Fe se encuentran ocho parejas de estas aves que han sido rescatadas. Con esta especie, el establecimiento tiene el objetivo de reproducirlas para conservar la especie.

Se ha logrado el objetivo pues a finales del año pasado nacieron dos guacamayas y una pareja fue enviada al Aviero Nacional, en Cartagena, en donde comenzaron con el mismo propósito.

Cóndor de los andes, paujil pico azul y titi gris son las otras especies que actualmente están en proceso de rehabilitación en el Zoológico de la ciudad.

Además de estos programas, al Santa Fe llegó en 2015 un perro lobo que nombraron Amaroc, el cual fue recuperado en La Estrella (municipio al sur del Valle de Aburrá). Después del proceso de rehabilitación, el animal fue enviado a Estados Unidos, en donde lo recibió un grupo de expertos que lo reunieron con otros como él.

Este año llevaron también a una danta macho (también llamado tapir), recuperado por las autoridades en los Llanos colombianos. Actualmente el animal permanece en el zoológico en un proceso de rehabilitación.

El pasado fin de semana llegó el más reciente huesped del lugar: un oso de anteojos de dos meses de edad, recuperado por Corantioquia y el Área Metropolitana en el municipio de Remedios, en el Nordeste de Antioquia.

Según contó el veterinario Jonathan Álvarez, una vez terminado el proceso de rehabilitación de las especies, al momento de hacer la liberación, un biólogo del zoológico permanece en el hábitat por quince días, para evaluar los comportamientos y verificar que el proceso de adaptación se haga de manera adecuada.

Animales domésticos

Perros y gatos también son rehabilitados en la ciudad y entregados a espacios óptimos para ellos.

El Centro de Bienestar Animal La Perla es el programa desarrollado por la Alcaldía de Medellín que atienden caninos y felinos en alto grado de vulnerabilidad, los cuales serán entregados en adopción, una vez recuperado su estado de salud.

En 2017 el centro atendió 3.991 animales y entregó en adopción 427 perros, 183 gatos y 22 semovientes (burros, vacas, cabras y caballos). Actualmente, 288 perros y 62 gatos buscan un hogar.