Un espacio más vivencial que reverencial, apto para el desarrollo del conocimiento y la investigación y acorde a la calidad de su proyecto educativo institucional, será la nueva biblioteca de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la cual se construye en su sede de la vereda Las Palmas (Envigado) y que, se espera, estará lista a más tardar en marzo de 2018.

A Hernán Muñoz Vélez, el bibliotecólogo, le brillan los ojos cuando se refiere a los detalles de cómo será, pero quien se frota las manos es el rector, Carlos Felipe Londoño Álvarez, pues desde hace 15 años, dice, empezó a alimentar este sueño, que al fin verá cristalizado después de muchos esfuerzos.

“Desde hace tres lustros, cuando compramos el terreno en Las Palmas para construir la nueva sede de la institución, en los diseños reservamos un espacio para la biblioteca y el auditorio, que siempre ha hecho parte de nuestro plan de desarrollo”, recalca el rector, que lleva 20 años en el cargo.

Se declara un amante de los libros y por eso veía con preocupación que la actual no cumplía los requerimientos de los estudiantes de la EIA, que supera los 1.800 alumnos, pues su espacio es de solo 480 m2 con capacidad para atender a 80 personas a la vez.

La nueva será un edificio de cuatro pisos, cada uno con funcionalidad específica y un área de más de 3.000 m2, ligada a un nuevo auditorio, que también está en construcción y que tendrá capacidad para albergar a más de 600 personas, para un área total mayor a 6.000 m2.

El costo de ambas obras es de $20.000 millones, pero el impulso vital para hacerlas realidad lo dio el Findeter, que hace tres meses le hizo a la institución un préstamo de $9.000 millones, con los cuales se garantizó la ejecución.

“Teníamos un dinero ahorrado y este préstamo nos permitirá entregar las obras en el plazo estipulado”, indica Londoño Álvarez.

Construir bibliotecas es mejor señal de desarrollo que hacer cárceles o carreteras.

Así piensa Hernán Muñoz Vélez, jefe de la actual biblioteca de la EIA, que lleva el nombre de su anterior rector, Alberto Quevedo Díaz (ya fallecido). Muñoz Vélez señala que si a la actual acuden cada día más de 700 personas, entre estudiantes, docentes y empleados, no se imagina lo que pasará con la nueva, que la supera en más de 6 veces.

Será un edificio de cuatro pisos, cada uno de los cuales cumplirá una función específica. El primero estará unido a los laboratorios, con el propósito de que los estudiantes pasen de un lugar a otro con facilidad para desarrollar sus investigaciones. Será un espacio flexible, con mesas amplias para facilitar discusiones en grupo y el diseño de propuestas investigativas.

“Acá se rompe el modelo de las bibliotecas silenciosas, donde no se puede oír ni un murmullo, porque es imposible que un grupo de estudiantes cree un proyecto sin hablar ni discutir”, explica el bibliotecario, que desde el inicio ha participado en las discusiones sobre cómo debían ser los espacios y el amoblamiento, de la mano con los arquitectos y los ingenieros.

El segundo nivel será el espacio para la investigación. Allí se ubicarán las bases de datos y las colecciones (que suman más de 21.000 materiales físicos). En el tercer nivel estarán la hemeroteca, las revistas especializadas y las producciones de la universidad. En el cuarto funcionará el centro de publicaciones y será otro espacio que facilitará que los investigadores trabajen con total concentración.

Dice Muñoz Vélez que la obra recoge elementos de otros sitios similares del mundo y del país. El rector señala una en particular: la de la universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, que conoció en una gira por ese país.

“La llaman la biblioteca del futuro, es de las más avanzadas del mundo y tuvimos en cuenta muchos aspectos de ella para la nuestra, que obviamente tiene unas dimensiones más pequeñas”, advierte.

Por estar en una zona rural, con árboles y un lago, se buscó que la construcción armonizara con su entorno. Tiene abundantes ventanales y será un lugar incluso abierto para la comunidad del sector, pese a que su público primario serán los estudiantes.

“Es un sitio muy verde, en una zona que tiene un desarrollo muy notorio a nivel del área metropolitana y el departamento”, indica Mauricio Restrepo, director de la planta física y quien coordina las construcciones.

En toda la zona, la única es la del centro administrativo de la vereda, pero no suple las necesidades de la comunidad, donde habitan campesinos, pero a la que cada vez llegan más familias de estratos altos de Medellín a residir en el territorio.

“Estamos en medio de los valles de Aburrá y San Nicolás, que en poco tiempo serán una sola área metropolitana, y los habitantes tienen esa falencia de carecer de un auditorio y un lugar para los libros, pero ahora supliremos esa necesidad”, dice el rector.

Mateo Palacio, estudiante de comunicación que reside en la zona, celebra que la comunidad pueda tener acceso por la carencia que tiene la vereda de espacios como estos.

“Bibliotecas grandes como tales por acá no hay, a veces nos toca ir a las de La Ceja, El Retiro o Rionegro, es un gran acierto de la EIA construir estas obras y abrirles espacio a los vecinos”, señala Mateo.

El reto, luego de terminado el edificio, será diseñar agendas culturales que convoquen a la comunidad.

“Lo ideal será que un joven de una unidad residencial del sector que necesita investigar pueda venir a nuestra sede a disfrutar la agenda cultural; que los padres que vienen a ver jugar a sus hijos en las canchas no se queden en el carro sino que se metan a la biblioteca a leer”, dice Muñoz Vélez.

Keiner González, estudiante de Ingeniería Biomédica, espera que el nuevo espacio les ofrezca mejores posibilidades, “porque a veces toca irnos para las casetas y eso no es lo ideal”, señala.

Tres personas heridas, una de ellas de gravedad, fue el saldó que dejó un ataque con explosivos en el corregimiento de San Antonio de Pereira, oriente de Antioquia.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió a las 4:40 de la madrugada de este lunes, cuando un hombre en estado de embriaguez arrojó un explosivo contra una vivienda porque le debía 56.000 pesos desde hace varios años a un comerciante y se enojó porque este le cobró.

“Parte de la historia comenzó hace 4 años, esta persona le adeudaba 56.000 pesos a un comerciante, producto de un mercado y cada año se presentaba la misma discusión. El día de ayer se encontraron en horas de la tarde, intercambiaron palabras y constantemente estuvieron esta situación, bajo el efecto del alcohol y está persona en la mañana de hoy de manera intolerable genera este hecho”, relató Néstor Armando Pineda Castellanos, comandante del Sexto Distrito de Rionegro.

El brutal ataque dejó tres personas lesionadas por esquirlas, uno de gravedad que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por esquirlas en su rostro.

El oficial agregó que el responsable está plenamente identificado y se están haciendo los actos judiciales para dar con la captura de esta persona y presentarla ante la Fiscalía.

Tres muertos fue el saldo que dejó un accidente en el barrio Andalucía La Francia del municipio de Copacabana, confirmaron las autoridades.

El hecho se presentó a las 9:55 de la mañana en la carrera 52 con calle 107, cuando tres personas que bajaban en una motocicleta en contravía impactan contra una señal de tránsito.

En el lugar mueren dos hombre, pero el otro es trasladado gravemente herido a la IPS Universitaria, pero luego fallece por la gravedad de las heridas.

La Policía Judicial de Tránsito realizó el levantamiento de los cadáveres y los traslado a Medicina Legal para su posterior necropsia.

En la calle Boyacá (51), antigua calle Real, entre las carreras Carabobo (49) y Bolívar (51), se erige alrededor de comercio, carros y edificios de diferentes diseños, uno muy particular: su fachada en ladrillo es rematada en la parte superior con tres cabezas.

Se trata del edificio Víctor, declarado bien patrimonial en 1991 y que en su interior resguardó a la RCA Víctor, la famosa prensadora de vinilos, y a la Editorial Bedout.

Unas calles más al oriente, en la carrera 50, El Palacé y El Constaín, dos edificios que parecen uno solo, resisten ante el atiborrado comercio que invade las calles aledañas y sus fachadas y que terminó por ocultar las placas institucionales que indican su importancia como bien patrimonial.

Estos referentes históricos son sólo tres de las más de 400 edificaciones declaradas como Bienes de Interés Cultural (BIC) en Medellín. La mayoría de ellas están ubicadas en La Candelaria, comuna 10.

Algunas, como el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, la Casa Barrientos y la Estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia, han logrado permanecer en el tiempo y conservar elementos de la estructura original. Otros como el Palacio Arzobispal, el Teatro Junín, el Circo España, no tuvieron la misma fortuna y solo quedaron plasmados en fotografías.

Muchos edificios de los que aún sobreviven no se encuentran en su mejor momento: el deterioro causado por el olvido y poco o mal manejo, según los requerimientos, ha pasado factura.

Una política joven de conservación y restauración patrimonial, la falta de una estrategia conjunta de trabajo entre lo público y privado y los altos costos que requiere la conservación de un bien patrimonial, son algunas de las razones del problema.

Mónica Pabón, directora de la Fundación Patrimonio para el Desarrollo, asegura que el principal responsable es la institucionalidad, que al declarar un bien como patrimonio, se está comprometiendo en cuidarlo y velar por su apropiación.

Sin embargo, “es una responsabilidad compartida. Hay otros actores que pueden influir significativamente y uno de ellos es la academia: es muy importante toda la investigación que se genere y que plantee al patrimonio como una utilidad para la ciudad, según las nuevas necesidades que exige la sociedad”, agregó.

Para ella, no proteger estos bienes sería perder elementos de articulación que le permitan a una comunidad identificarse desde su historia y manifestación cultural.

En Medellín, una de las dependencias institucionales que interviene en el proceso de cuidado y mantenimiento de los BIC es la Unidad de Memoria y Patrimonio de la Secretaría de Cultura.

Claudia Vásquez, líder de Patrimonio y del Archivo Histórico de la ciudad, comentó que la tarea se centra en la creación de diversas estrategias de valoración y apropiación del patrimonio, entre ellas, de las edificaciones con declaratoria.

“Respecto de los BIC, se intervienen solo aquellos que son propiedad de la Administración Municipal”, explicó.

El Teatro Lido, las casas Gardeliana y Barrientos, el aeropuerto Olaya Herrera, los edificios Vásquez y Carré, el Archivo Histórico de Medellín, el Museo de Antioquia, la Casa del Patrimonio y la Casa del Alcalde, así como el puente Guayaquil y El Jordán, son las edificaciones patrimoniales propiedad de la administración.

A la Secretaría de Cultura se le suman el Departamento de Planeación, la Secretaría de Gestión Urbanística y la Agencia Público Privada de la Alcaldía para trabajar en diversos asuntos relacionados con el patrimonio.

Desde Planeación se elaboran declaratorias de los bienes patrimoniales, se intervienen los inmuebles propios y se acompaña a los propietarios de bienes privados.

En Medellín existen 695 Bienes de Interés Cultural, 415 de estos son arquitectónicos: 29 con declaratoria nacional y 386 municipal.

Igualmente, según explicó Evelyn Patiño, coordinadora de Patrimonio, Planeación se encarga de hacer un seguimiento de las intervenciones que se realizan a los inmuebles de carácter privado.

“Desde el departamento, se reciben las solicitudes que hacen los propietarios de las edificaciones y, si lo pedido corresponde a las valoraciones y requerimientos, son aceptadas para que luego las curadurías aprueben los respectivos procedimientos”, agregó.

Tanto Vásquez como Patiño, concuerdan que los altos costos requeridos para la compra, intervención o recuperación de estas propiedades es una piedra en el zapato cuando se quiere proteger el patrimonio arquitectónico.

Por ejemplo, la restauración de El Jordán, en Robledo, superó los $1.000 millones, lo que lleva a que los propietarios de estos bienes terminen por descuidar las viviendas.

Por ello, según la clasificación patrimonial, Nivel I (protege la obra en su totalidad), Nivel II (prioriza el cuidado de la arquitectura) y Nivel III (hacen parte de un contexto histórico hacia el exterior), los propietarios tienen un descuento en el pago del impuesto predial de 100 %, 80 % y 60 %, respectivamente. Sin embargo, no garantiza que el dinero ahorrado en impuestos se invierta en el edificio.

Para Pabón, “el problema se centra más en la falta de control, por parte de las entidades que planean, ejecutan y controlan”, comentó.

Para Alberto Camacho, constructor y quien ha escrito sobre temas de memoria y ciudad, no todo el panorama es malo, pues “a pesar de los errores cometidos por las administraciones, han acertado en conservar una muestra de las diferentes variantes arquitectónicas. Lo que se necesita es abrir más espacios de diálogo frente al patrimonio”.

En el diseño del último Plan de Ordenamiento Territorial, se implementó el Plan de Manejo Integral del Patrimonio, como estrategia para la protección de estos bienes, pero aún el camino es largo.

Álvaro Escovar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, resaltó la pertinencia de este tipo de proyectos y agregó que el trabajo también se debe enfocar en fortalecer la relación público privada y el respaldo y acompañamiento a los propietarios de bienes.

Mónica Pabón reiteró la necesidad de entender el patrimonio arquitectónico como un potencial económico, con el fin de explotar positivamente los centros históricos, como proyectos importantes para la ciudad y dejar atrás la visión de que son una carga para el desarrollo.

Unos minutos antes del accidente de Santa Cruz que dejó tres motociclistas muertos, otra colisión en el norte de Medellín enlutó a una familia paisa en plena Navidad.

El siniestro ocurrió a las 9:52 de la mañana en la avenida Regional (carrera 53) con calle 67 (Barranquilla). Según reportaron las autoridades, el choque de dos motocicletas que se transportaban por la avenida Barranquilla, en sentido oriente-occidente, dejó cuatro personas lesionadas.

Lea aquí: Tres muertos en fuerte accidente en Santa Cruz

Horas después, uno de los motociclistas, identificado como Osman Enrique Jiménez, murió por la gravedad de sus heridas.

La esposa de Jiménez, Luz Shirley Calvo Galeano, quien iba de parrillera, permanece en la IPS Universitaria San Vicente Fundación en grave estado de salud.

Según el parte médico, la mujer llegó con fracturas múltiples de costilla, contusión de tórax y traumas en la cadera, el plexo branquial y los vasos sanguíneos.

Nada invierte tanto la cotidianidad de la ciudad como un 25 de diciembre o un primero de enero, y esto empezando por la movilidad, pues lo habitual es que las autopistas y avenidas vivan congestionadas mientras en la periferia, en los barrios y las comunas, los automóviles, motos, taxis y buses se muevan a sus anchas por las calles y cuadras.

Ayer fue al revés: mientras en la avenida Regional, las autopistas norte y sur y las calles Barranquilla, Colombia y San Juan se podían contar con los dedos los vehículos que las cruzaban, en los barrios se experimentaba el caos. Y todo por cuenta de los sancochos y marranadas que -pese a las restricciones de ley en cuanto a la prohibición de cerrar vías y al sacrificio callejero de porcinos- fueron el pan cotidiano en el día de Navidad.

En Manrique, Guayabal, Robledo, Belén y Castilla, entre otros barrios, eran más las cuadras cerradas o con flujo muy restringido de carros, que las que tenían paso libre.

Esto debido a que el espacio vial estaba ocupado con ollas que ardían montadas sobre fogatas. Las comunas eran una fiesta que se inició, como de costumbre, la noche del 24, y se prolongó hasta ayer.

En el barrio Campo Valdés parte baja, la familia Jaramillo Jiménez armó la sancochada para toda la cuadra (calle 77AA con carrera 50B). Allí, por tradición, nadie se quiere perder la sazón de doña Alicia Jiménez, de 67 años, y quien un día se fue del barrio pero retornó para sembrar la costumbre de los sancochos y los asados comunitarios. “Esta tradición la hacemos en la alborada y las fechas especiales, es la mejor manera de unir a la familia y los vecinos”, relató Alicia rodeada de sus hijos y nietos.

En el barrio Kennedy (calle 89A con carrera 75), Gabriela Castañeda, de 78 años, disfrutó de una de las mejores celebraciones que recuerda.

“Estoy feliz porque llegaron mis 3 hijos, mis 7 nietos y 4 bisnietos, no hay mayor felicidad que tener la familia unida”, dijo y alardeó del sabor de su mondongo.

Pero a la fiesta de los enguayabados, que se hace con fritanga, caldo, más cerveza y aguardiente, se sumó una más tranquila pero no menos emocionante: la de los niños que jugaban con sus traídos.

Mientras algunos lo hacían en los parques y cuadras, los esposos Alfredo Villa y Johana Molina decidieron llevar a sus tres hijos al sendero peatonal del Jardín Botánico a ensayar sus bicicletas, porque a los tres les dieron el mismo juguete.

“Siempre es costoso el esfuerzo, porque son tres y se fueron $600.000, pero ellos son juiciosos y se lo merecen”, recalcó Alfredo, que con paciencia les sostenía las ciclas mientras los pequeños aprendían a montar solos.

“Yo pedí el traído desde noviembre y pensé que no me lo iban a dar”, narró Heily Valentina, de 9 años.

Así avanza diciembre y con él se va esfumando la Navidad, época alegre y bulliciosa en la que la ciudad deja el “tono” serio y revuelca su cotidianidad para unir familias y amigos en torno a un equipo de sonido, una paila o una olla y les da rienda suelta a los abrazos y las expresiones de afecto.

El tráfico de personas sigue siendo una modalidad delictiva que genera gran preocupación en las autoridades, según manifiesta la Policía Metropolitana de Medellín, que el fin de semana, en una casa del barrio Moravia, detectó a un grupo de 17 ciudadanos procedentes de India y otras naciones asiáticas que estaban en el país en condición de ilegales.

El operativo se realizó en el tercer piso de un inmueble ubicado en la carrera 57 con calle 84, al nororiente de Medellín, donde los uniformados acudieron tras atender varias denuncias ciudadanas relacionadas con una sospechosa ocupación de la casa.

Allí, narró el subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá -Meval-, coronel Juan Carlos Rodríguez, se detectó a un grupo de hombres entre los 25 y los 35 años cuyos rasgos físicos no correspondían a los de ciudadanos de nacionalidad colombiana.

“Al proceder a su identificación, se estableció que tres procedían de Bangladés, siete de la India y siete de Nepal”, explicó el oficial.

Según lo narrado por los inmigrantes a un policía bilingüe, ellos ingresaron por la frontera con Ecuador y su intención era seguir a Urabá, de allí pasar a Panamá, cruzar Centroamérica y arribar a Estados Unidos de manera ilegal para intentar radicarse allí.

El coronel Rodríguez señaló que estas personas entran a Colombia mediante engaños, a través de traficantes de personas que se ubican en los puestos de frontera y, haciéndolas tomar rutas ilegales, les hacen falsas promesas de que el camino les queda expedito para llegar hasta Norteamérica, pero al final terminan interceptadas por las autoridades o siendo víctimas de otros delincuentes. Este año, en el Valle de Aburrá se han ubicado cerca de 2.600 personas en condición de irregularidad.

Al mejor estilo de ciudades como Bogotá, Cali y Medellín y del municipio de Envigado, La Ceja también dio el paso para tener policías que patrullan el territorio en bicicleta.

Con una inversión de $40 millones, la Alcaldía adquirió 48 bicis con destino al grupo de policías bachilleres de la localidad del Oriente, los cuales ahora recorren las calles centrales y los distintos barrios, ejerciendo labor de vigilancia en parques, colegios y en cercanías a centros comerciales, cajeros automáticos y bancos.

“Quisimos hacer este esfuerzo porque para el alcalde (Elkin Ospina) la seguridad es una prioridad. Estos policías están patrullando el municipio las 24 horas, lo que va a contribuir a rebajar los índices de criminalidad”, señaló el secretario de Gobierno, Rubén Valencia.

Los uniformados en cicla ejercen tres funciones: prestan vigilancia y acercan la institución a los ciudadanos; controlan el comercio, transporte y venta de pólvora; y ofrecen seguridad en esta temporada de Navidad. Los resultados son visibles: “este año no tenemos un solo quemado con pólvora”, indica Valencia.

El coronel Carlos Mauricio Sierra, comandante de la Policía Antioquia, destacó el liderazgo de La Ceja por dotar a sus agentes con bicis, “lo que permite tener un contacto más directo con la ciudadanía, que se detiene a hablar con ellos, comentarles sus problemas y hacer denuncias”. La idea, dice, es que esto se replique en otros municipios.

Uno de los hechos que más ha motivado las inversiones en seguridad en La Ceja es que la población experimenta un crecimiento acelerado en los últimos años. De tener un número de habitantes de 32.000 en el 2000, se calcula que a 2017 ya son más de 70.000.

“Muchos de los nuevos pobladores son personas de estratos altos de Medellín que se han venido para acá a buscar refugio, pues La Ceja es un pueblo muy tranquilo y eso lo tenemos que seguir garantizando”, señala el secretario de gobierno.

Advierte, incluso, que el valor de los arriendos se disparó, así como el de la propiedad privada. Se ven casas de $1.000 millones o más, dice.

Pero si bien en el Oriente La Ceja toma la delantera en implementar la modalidad de agentes en bicicleta, ya otras localidades de Antioquia habían dado el paso.

En Envigado, el programa empezó en mayo de este año con 25 ciclas para 78 uniformados, que prestan vigilancia general.

En la localidad del sur del Valle de Aburrá los agentes son policías bachilleres que aplican el código SEA de la Policía: Saludar, Escuchar y Actuar. Son de fácil abordaje por parte de la ciudadanía y ambas partes ponen su cuota: los uniformados se acercan a la gente para indagar sobre posibles situaciones de anormalidad, y la comunidad los busca cuando siente la necesidad de reportar algún hecho que altere la tranquilidad.

“Los envigadeños han recibido de manera positiva esta estrategia. Gracias a la labor de los auxiliares se han logrado positivos”, afirma Juan Manuel Botero, secretario de Seguridad del municipio. La inversión fue de $85 millones.

En Medellín, a un grupo de más de medio centenar se les ve patrullando las ciclovías, mientras en Bogotá hay 140 en la misma función y este año han recuperado más de 120 bicicletas robadas. En Cali opera un comando con 50 agentes.

En el zoológico Santa Fe, de Medellín, avanza la recuperación de un oso de anteojos bebé que fue recuperado por las corporaciones Corantioquia y el Área Metropolitana en el municipio de Remedios, en el Nordeste de Antioquia.

El animal, de dos meses de edad, estaba en poder de una familia campesina que lo capturó, según sus miembros, para protegerlo y salvarle la vida. Lo alimentaban con aguapanela y leche, según establecieron las autoridades.

“El objetivo es que empiece a desarrollarse en las condiciones más cercanas a su hábitat natural; hacerle una evaluación permanente y esperar la decisión de las autoridades ambientales sobre su resocialización y liberación”, dijo Iván Gil, director del Zoológico.

Corantioquia confirmó que esta especie no había sido reportada en la zona, lo que constituye un reto para las autoridades en cuanto a su conservación y protección.

El flagelo parece de nunca acabar. Horas después de un operativo de incautación de máquinas tragamonedas, los ilegales las vuelven a ubicar.

Estos aparatos en los que las personas introducen monedas o billetes y seleccionan figuras esperando que al acertar les multiplique el dinero, son, según autoridades, una de las principales rentas de los combos delincuenciales de Medellín y el Valle de Aburrá y bandas criminales en otros municipios antioqueños.

Los operativos no dan tregua, en tanto la ilegalidad arrecia. Del año 2013 a hoy, según reporta Coljuegos, entidad nacional encargada de los juegos de azar, en Antioquia, con apoyo de la Policía, Fiscalía y Gobernación, se han incautado 2.257 máquinas tragamonedas.

De ese listado, los investigadores ponen la lupa en tres municipios a donde tienen perfilados los operativos: Medellín, Bello y Caucasia, territorios en los que proliferan los locales clandestinos y en los cuales se han decomisado 1.873 de esos aparatos.

Luis Alfredo Gómez, vicepresidente de Operaciones de Coljuegos, explica que Antioquia es uno de los departamentos que más operación legal concentra en Colombia con casi 13.700 máquinas autorizadas de las 83.000 que hay en el país.

“Donde más hay juego legal, hay más ilegalidad. En Antioquia hay 14.938 máquinas autorizadas, 77 mesas de casino y 295 contratos de concesión, 70 % del total de los de Colombia, pero hallar 2.257 máquinas sin permisos es una cantidad enorme. No hay un solo contrato legal que concentre tantos de esos aparatos”, apunta.

El nivel de denuncia de ilegalidad reportada por la comunidad es otro indicador del creciente flagelo en el departamento. Gómez indica que en Medellín, este año, recibieron 480 mensajes advirtiendo la presencia de locales clandestino; en Bello, 131; e Itagüí, 81. Hasta esos lugares llegaron los operativos de decomiso.

Entre los golpes más contundes propinados por las autoridades este año estuvieron el realizado en el primer semestre en Bello, que arrojó la incautación de ocho locales. En Medellín, entre tanto, en agosto se decomisaron 105 máquinas concentradas en tres locales del Centro.

“A las dos semanas de haber hecho el operativo, ya habían abierto con el mismo número de máquinas. De nuevo las decomisamos y volvieron a operar. Este es el nivel que pone la ilegalidad”, enfatiza Gómez, que insta a esfuerzos institucionales (Fiscalía, Policía, Gobernación, Beneficencia, Coljuegos) para enfrentar el flagelo.

La operación ilegal de las máquinas tragamonedas y otros juegos como chance y loterías, de acuerdo con Coljuegos, significa para Antioquia una evasión de 125.000 millones de pesos.

Un local clandestino con máquinas tragamonedas no solo deja de pagar impuestos, que van a subsidiar la salud de los colombianos, sino que en él, la mayoría de las veces, hay menores de edad y eso representa una contravención.

Autoridades de Medellín, Policía y el alcalde, Federico Gutiérrez, han mostrado apoyo para combatir esa modalidad delictiva, pues se considera que es monopolio de delincuentes y fortalece las rentas de los principales cabecillas de las agrupaciones criminales.

Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos, considera que la ilegalidad es uno de los principales problemas que tiene el sector: “en la lucha contra este flagelo Coljuegos solo no puede, entonces el objetivo es articular esfuerzos con la Gobernación, Alcaldía, Policía y Fiscalía, para establecer un plan de trabajo y desvertebrar esas organizaciones que operan de manera ilegal y son competencia fuerte para los legales”.

En ese sentido, Rosa María Muñoz, gerente de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte, manifiesta que la ilegalidad afecta a todos los colombianos, “porque los recursos financian la salud de las personas más vulnerables, las del Sisbén”.

La ilegalidad en los pueblos de Antioquia tiene un músculo financiero grande. Por ejemplo, se hace un operativo en el que retiran 110 máquinas tragamonedas y a la semana están las mismas 110 en el establecimiento.

“Son estructuras criminales que tienen la capacidad de reponerlas y eso no podría hacerlo un operador legal”, concluye la señora Muñoz.

estudiantes de 24 instituciones educativas Itagüí fueron beneficiados con el PAE.

El Ministerio de Educación Nacional calificó a Itagüí con un puntaje superior al 97% en el cumplimiento del programa de alimentación escolar (PAE), ubicando a este municipio del sur del Valle de Aburrá como el mejor en Colombia en el manejo de este programa.

El puntaje fue dado teniendo en cuenta los términos legales de la contratación, el menú que se ofrece y la infraestructura del lugar en el que se preparan los alimentos.

Según reportó la Alcaldía de este municipio, este año 17.600 estudiantes de las 24 instituciones educativas oficiales de Itagüí se beneficiaron con los 1.100 almuerzos y 13.100 complementos alimenticios que se entregaron diariamente, además de los 3.400 almuerzos para estudiantes atendidos en la Jornada Única.

El 67 % de la financiación del programa, correspondiente a $5.554 millones, estuvo por cuenta de la Administración Municipal. El 33 % restante, equivalente a $2.706 millones, fue dado por el Ministerio de Educación Nacional.

Ante esto, el alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya López, indicó que “aunque el Ministerio no transfiera la totalidad de los recursos que se requieren, hacemos un gran esfuerzo con los recursos propios para brindar una nutrición importante a los niños”.

Dijo además que estas iniciativas buscan aliviar la economía de las familias itagüiseñas e incentivar la asistencia y permanencia a clases por parte de los alumnos.

Por su parte, Wilson Gómez, médico y diputado antioqueño, quien ha estudiado el tema, le dijo a EL COLOMBIANO que “un niño bien nutrido será un adulto en condiciones óptimas de inteligencia y salud y por eso es fundamental el PAE”.

El alcalde de Itagüí pretende focalizar muy bien los recursos para ofrecer a los niños y jóvenes del municipio unos hábitos de vida saludables.

Por esto, el próximo año, la Administración trabajará con las familias y docentes para hacer un proceso conjunto en la buena alimentación.

Otro propósito es lograr que en cada institución educativa se preparen los alimentos que son entregados a los niños.

El impulso que EPM le ha dado a la movilidad sostenible en Medellín, también tiene como objetivo transformar el transporte público urbano. Además del primer bus que funciona sin combustión y ya se mueve por la ciudad, ahora se proyecta que a 2020 rueden por las calles de la capital antioqueña al menos 1.500 taxis eléctricos.

Para ello, avanzan las reuniones entre la Secretaría de Movilidad de Medellín, EPM y la empresa Coopebombas, una cooperativa que cuenta con más de 6.500 taxis registrados y que lidera este proyecto. Esta empresa recibirá seis vehículos para ensayar desempeño, autonomía y grado de aceptación de los usuarios.

“Es una especie de comodato. Con estos taxis veremos cuánto consumen de electricidad, cómo les va con la topografía de la ciudad, y cuánto cuesta el mantenimiento. Adicional iremos viendo el tema de cómo funcionaría la tarjeta de operación”, manifestó Jorge Olano, subgerente de Coopebombas.

Por su parte, Santiago Díaz, gerente de Ofertas Comerciales de EPM, explicó que la llegada de los primeros 500 taxis sería en el segundo semestre del 2018, cuando finalice el estudio del modelo de financiación, el remplazo de parte de la flota existente por los nuevos vehículos y la operación de estos. En 2019 llegarán otros 500 y los últimos arribarían en 2020.

Kia, Renault y BYD son las tres marcas de vehículos que se interesaron en hacer parte de este proyecto. Algunos de sus modelos de automóviles oscilan entre los 85 y los 100 millones de pesos, por lo cual para muchos taxistas la preocupación es conocer las facilidades que tendrán para adquirir los taxis eléctricos.

“Nosotros queremos que lleguen porque Medellín es innovadora, no le tenemos miedo a la modernización. Lo único que queremos es que se socialice bien y que su implementación sea de manera equitativa, justa y en el marco de la ley”, expresó Darío Duque, presidente de la agremiación Taxistas Presentes.

Un cupo para prestar el servicio asciende a los 70 millones de pesos, por lo cual en las reuniones en las que también participa Fenalco, se han lanzado propuestas como que los taxistas tengan el mismo cupo que con su carro de combustión sin necesidad de adquirir uno nuevo para el vehículo.

“Se trata de un esquema de transición que permitiría a los taxistas pagar el crédito del vehículo nuevo con las utilidades del carro de gasolina”, señaló Díaz.

Además, la Alcaldía de Medellín y la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), estudian la viabilidad de otorgar créditos con interés del 0 % para que los taxistas adquieran estos vehículos.

El objetivo del proyecto no es aumentar la flota de taxis en Medellín, que según registros de la Secretaría de Movilidad está en alrededor de 22.000 vehículos y que en el Aburrá el Área Metropolitana calculaba en 2014 en más de 41.000.

Olano aclaró que los 1.500 carros eléctricos reemplazarían en un plazo de tres años a taxis con modelos de fabricación de más de 10 años de antigüedad.

Esta idea la defendió Duque, quien observó que la demanda en la ciudad es suficiente. “Que la movilidad que tiene Medellín no deja trabajar es otra cosa, pero no hay necesidad de incrementar la capacidad transportadora”, dijo.

EPM informó que aparte de Coopebombas también están trabajando con ocho empresas de taxis, entre las cuales se destacan Tax Individual y Tax Belén, y todas persiguen el mismo objetivo de contribuir para mejorar de la calidad el aire de la ciudad.

“Los nuevos taxis no generarán emisiones. La chatarrización es fundamental para disminuir la cantidad de material particulado que es lo que estamos necesitando en el Aburrá”, comentó Díaz.

Al finalizar el 2017, la ciudad y su área metropolitana contarán con 24 estaciones de carga para vehículos eléctricos, 20 de EPM y 4 de Celsia, que tienen capacidad para atender al menos a 5.000 automotores.

Sin embargo, pensando en dar prioridad al servicio público, EPM incluyó recursos dentro de su presupuesto de 2018 que serán destinados para instalar cargadores exclusivos para taxistas en centros de acopio.

Aunque la cifra de 1.500 vehículos le parece un poco ambiciosa, Andrés Emiro Díez, experto en movilidad sostenible, consideró que la infraestructura es adecuada en la ciudad.

“Existe el modelo de carga doméstica, que EPM instala en las viviendas de los propietarios. Esto será fundamental para que este proyecto tenga éxito”, comentó Díez.

Agregó que varios modelos de carros en el mercado tienen una autonomía cercana a los 350 kilómetros con la carga completa, lo cual es suficiente para el promedio de recorrido de un taxista en la ciudad, que está entre los 200 y 250 kilómetros.

“No se debe descartar que los vehículos sean incluso de rango extendido, o sea que combinen electricidad y gasolina. En Londres funciona así y cuando los taxistas necesitan hacer recorridos más largos, pasan a combustión sin problema”, concluyó.

Los paisas que habitan en Medellín, y los nueve municipios aledaños que conforman el área metropolitana, pelearon menos durante la noche de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre.

Así lo reportó la fuerza pública por medio del coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, quien destacó que el número de lesionados y muertos por las riñas en el Valle de Aburrá haya bajado:

“Tenemos un balance muy positivo en el área metropolitana porque pasamos de 41 lesionados durante esta fecha en 2016 a tener 11 este año. La cantidad de riñas, por su parte, también disminuyeron (un 8 %) al pasar de 379 a 347 durante este 2017”.

El coronel destacó además que, comparado con el 2016, durante Navidad hubo un homicidio menos en el área metropolitana. Las dos muertes violentas ocurrieron en el sur del Aburrá: una en La Estrella y otra en el municipio de Caldas.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Rúa Vélez (24 años) y Alexánder Villa Montoya (25 años). Ambos fueron acribillados a disparos.

Las autoridades policiales resaltaron además que durante el 24 de diciembre no se registraran homicidios en jurisdicción de Medellín, un hecho positivo que no ocurría desde el pasado 11 de diciembre.

Pasadas las 4 de la tarde del lunes 25 de diciembre, con un tenebroso hallazgo en la vereda La Verde de San Antonio de Prado, terminó la racha de 48 horas sin homicidios en la capital antioqueña.

De acuerdo con el reporte diario del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), la víctima, identificada como Carlos Alberto Sánchez Bolívar, fue encontrado amarrado, de pies y manos, a la reja del tercer piso de su propia residencia.

El cadáver del hombre de 41 años tenía, además, un lazo atado al cuello según informó el Sisc en su boletín diario. La víctima fue hallada luego de que la esposa diera aviso a las autoridades de la desaparición de este hombre que se dedicaba a trabajar con cuero.

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El anterior asesinato en la capital antioqueña se había producido en la tarde del sábado en el barrio Conquistadores, occidente de la ciudad, cuando un joven de 18 años identificado como Jaime Andrés Yepez intentó hurtar desde una motocicleta a los pasajeros de un vehículo que eran policías.

Los uniformados respondieron al intento de atraco y le dispararon en varias oportunidades al adolescente y le causaron la muerte.

A falta de seis días para terminar el 2017, Medellín suma 571 homicidios y registra un aumento del 8 % (40 casos más) en las muertes violentas con respecto al mismo periodo del año anterior.

Asesinatos en el Aburrá

Además de este crimen reseñado en San Antonio de Prado, el 25 de diciembre ocurrieron otros cuatro homicidios en el área metropolitana, todos en el sur del Aburrá.

Las muertes violentas, ocurridas en La Estrella, Caldas e Itagüí, fueron con arma de fuego y tuvieron como víctimas a hombres entre los 25 y los 26 años. El asesinato restante fue cometido con arma blanca en Sabaneta y tuvo como víctima a una anciana de 70 años, identificada como María Beatriz Correa.

En un caso atribuido a violencia intrafamiliar, un hombre de 83 años asesinó, con un cuchillo, a su esposa María Beatriz Correa de Molina, de 70 años, en caso ocurrido la noche del 25 de diciembre en el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá.

La secretaria de Gobierno de la población, Marcela Castañeda, informó que el caso ocurrió a las 9:15 p.m. en el barrio Metropolitano, donde los vecinos escucharon voces de auxilio dentro de una casa y llamaron a la Policía y a los bomberos.

Cuando llegaron los socorristas a la residencia encontraron a una mujer de edad con cinco heridas de arma blanca y al hombre, que tenía una herida de cuchillo en el tórax al parecer causada por él mismo.

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La mujer fue trasladada a la clínica Antioquia de Itagüí donde falleció y el hombre al hospital de Sabaneta, y allí fue dejado a disposición de la Fiscalía.

La funcionaria le hizo un llamado a la comunidad de Sabaneta a denunciar ante las dos comisarías de familia que tiene la población los casos de violencia intrafamiliar, para prevenir hechos tan lamentable como este.

Concluyó que el episodio es el quinto caso de homicidio en la localidad este año, mientras que en igual periodo de 2016 fueron siete.

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De otra parte, en el sector la Chuchita, de Salgar, con un pico de una botella, en desarrollo de una riña ocurrida la madrugada del 25 de diciembre, fue asesinada Mary Luz Bustamante, de 40 años de edad.

En el hecho resultaron heridas otras dos personas. El sindicado huyó y es buscado por la Policía.

La secretaria de las mujeres de Antioquia, Luz Imelda Ochoa, ante los delitos de feminicidios hizo un enérgico llamado a la ciudadanía y a las autoridades, para que denuncien y actúen según sus facultades, inmediatamente se tenga conocimiento de un hecho de violencia contra la mujer. “También solicitamos a los operadores de justicia que cumplan con sus funciones y brinden a las mujeres víctimas una atención integral, eficiente y de calidad, evitando ante todo la revictimización”, dijo.

En 25 días Antioquia sumó 50 personas quemadas por pólvora, un 27 por ciento menos que en el mismo período de 2016, cuando ya se acumulaban 69.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, aseguró que aunque esta es una cifra alta para Colombia -el departamento volvió a ser el líder en la estadística nacional-, es pequeña para Antioquia.

“Venimos en una tendencia de disminución y las autoridades vienen trabajando intensamente en lograr que en Antioquia no progrese esa anti cultura de la pólvora”, dijo.

Pérez agregó que en lo corrido del mes, la Policía y el Ejército han decomisado cerca de 20 toneladas de pólvora que serán destruidas en el próximo mes.

Los más perjudicados

En lo corrido de diciembre, nueve personas han sufrido amputaciones de alguna extremidad producto de una quemadura con pólvora en Antioquia. De ellos cuatro corresponden a menores de edad.

El municipio de El Peñol, en el Oriente, es el más afectado con dos casos. El más reciente ocurrió el pasado lunes festivo 25 de diciembre cuando un hombre mayor de edad manipulaba papeletas y una de ellas le estalló en la mano. El hombre sufrió lesiones que obligaron a la amputación de varios dedos.

El otro caso fue el de niño de 12 años que perdió una de las falanges de la mano el pasado jueves, también por manipulación de explosivos.

El Santuario, Carmen de Viboral, y Copacabana aportaron los tres casos restantes de menores de edad que perdieron alguna parte de su cuerpo por heridas causadas con pólvora. Mientras que Bello, Granada, Sopetrán y Medellín aportan, cada uno, un caso de adulto con amputación.

Karen Abudinen Abuchaibe, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), se declaró triste por los casos de menores de edad afectados y anunció acciones al respecto.

“Ante estos graves hechos desde el Icbf hemos impuesto sanciones a quienes no cuidaron de ellos (...) Y aunque la reducción de menores de edad lesionados con pólvora en diciembre es significativa (25% respecto a 2016), el que haya un solo niño lesionado nos deja a todos con el dolor en nuestros corazones”, apuntó.

El panorama nacional

Despues de Antioquia, el departamento con más quemados por pólvora en el país es Valle del Cauca, con 41 casos. Le siguen Bogotá, con 37 quemados; Cauca, con 29 personas; Caldas, con 24, y Córdoba, con 18 personas lesionadas por el uso de pólvora.

De las 346 personas quemadas en el país, 159 son menores de edad, un 20,5 % menos, respecto al mismo periodo de 2016.

La Policía, apoyada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), llevó a cabo este martes en la mañana la diligencia de desalojo del centro cultural Plazarte, ubicado en una propiedad en la carrera 50 # 59-32, en el barrio Prado Centro de Medellín.

La decisión se ejecutó siguiendo las determinaciones de un juzgado municipal que ordenó a la Alcaldía devolver esta propiedad a sus dueños, quienes alegan no tener relación con los ocupantes del inmueble a pesar de que esta organización cultural lleva funcionando más de seis años en el lugar.

“Se trata de la restitución de un bien, [...] los propietarios mediante un proceso judicial adelantaron el proceso para recuperar el inmueble”, manifestó Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín.

Agregó que la Alcaldía simplemente está apoyando la diligencia en compañía de la fuerza pública en acato de una decisión judicial.

El desalojo

Juan David Lasso, quien pertenece a Guía 420, una organización cultural aliada de Plazarte, afirmó que la Policía llegó desde temprano en compañía del Esmad y ante la negativa de los ocupantes de desalojar la casa, las autoridades usaron bombas de aturdimiento y agredieron a dos de sus compañeros.

“La casa está acordonada, no se puede entrar ni salir, tenemos todas las cosas tiradas en la calle. Nosotros queremos cumplir la normas pero sin atropellos”, expresó Lasso.

Dijo que desde la noche del lunes 25 de diciembre hacen presencia en el sitio como parte de una resistencia pacífica que rechaza el desalojo del centro cultural en Prado.

“No era necesario un pie de fuerza tan grande porque aquí no hay nadie que represente un peligro para la seguridad, no se trata de hampones sino colectivos que apoyan la cultura”, declaró.

El objetivo que persiguen los propietarios es destinar la casa para que allí funcione una sede de la Fundación Obra de Jesús Pobre, un albergue para habitantes de calle; sin embargo, los integrantes de Plazarte sostienen que esto afectaría la seguridad, la calidad de vida y la conservación patrimonial de la zona.

Procesos judiciales en curso

Además de la orden judicial, en respuesta de la solicitud de los propietarios para desalojar Plazarte, los integrantes de centro cultural también interpusieron desde el 20 de noviembre una tutela para que se les protejan sus derechos como poseedores del inmueble.

“La tutela que interpuso Plazarte es de especial protección y genera las garantías constitucionales para detener el lanzamiento que violenta el orden público y constitucional”, señalaron sus integrantes en un comunicado.

También afirmaron que esperan la respuesta de una acción popular está en curso, la cual presentaron con el apoyo de la ciudadanía y otras organizaciones, y solo piden que se les respete el debido proceso.

Fuentes cercanas al proceso judicial del exjefe paramilitar Ever Veloza, alias “HH”, le confirmaron a EL COLOMBIANO que quien fuera líder del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) aterrizará en las próximas horas en territorio colombiano para continuar el proceso de Justicia y Paz.

Veloza García, quién era el cabecilla de los Bloques Calima y Bananero de las Auc, llegó a Colombia en un vuelo procedente de Alexandria, de Virginia, Estados Unidos, y sobre él existe una medida de aseguramiento de detención preventiva en un establecimiento de reclusión, ordenada por la Sala de Justicia y Paz de Medellín.

La deportación de “HH” desde Estados Unidos se produce este martes, luego de que el exjefe paramilitar declinara quedarse en territorio norteamericano, con medidas de protección, luego de culminar el proceso con dicha justicia.

“Hoy lo están repatriando. Viene a cumplir con el proceso de Justicia y Paz que tiene pendiente y que inició desde el año 2007”, confirmó la fuente.

“HH” fue extraditado hacia Estados Unidos en marzo del 2009. Su desmovilización se dio el 25 de noviembre de 2004, en Urabá, con 452 hombres como comandante del bloque Bananero y en diciembre de ese año también lo hizo pero como el jefe del bloque Calima.

Alias “HH” es requerido por las autoridades colombianas por los delitos de concierto para delinquir agravado, múltiples homicidios en personas protegidas, múltiples homicidios agravados, múltiples desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, entre otros.

El prontuario de alias “HH”

Veloza debe responder ante la justicia colombiana por delitos como desaparición forzada, desplazamiento forzado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, homicidio en persona protegida, secuestro, actos de barbarie, actos de terrorismo, hurto agravado y reclutamiento ilícito que cometió al mando del bloque Calima, con radio de acción en el Valle del Cauca.

El exjefe paramilitar será recibido en territorio colombiano por el Inpec y la Fiscalía.

Tres hombres que aún no han sido identificados le prendieron fuego a una buseta de servicio público en la noche del pasado sábado, en la calle San Juan a la altura de la carrera 93, en límites entre La América y San Javier. Según testigos, los hombres armados hicieron descender a los pasajeros de la ruta integrada al Metro y le prendieron fuego al carro antes de huir.

Las autoridades aún no tienen claro si se trató de un caso de amenaza por extorsión o si se debe a una protesta por la implementación de la Tarjeta Cívica en esos buses. Lo cierto es que varios conductores, atemorizados, decidieron no prestar servicio este martes.

El general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que solo una de las cuatro rutas que prestan servicio en la zona está afectada por el cese parcial de actividades.

“Allá funcionan las rutas 201, 202 y 225; el bus quemado pertenece a esa ruta. Los conductores que pararon pertenecen a la ruta 221”, explicó el General, quien aclaró que con la ayuda de videos y entrevistas a testigos se está haciendo la identificación de los responsables del atentado.

Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, dijo que la implementación de la Tarjeta Cívica busca precisamente atacar la extorsión y que es posible que esa haya sido la causa del ataque. “Con esa tarjeta buscamos eliminar el efectivo y combatir de manera efectiva ese flagelo (...) Con el Gaula le estamos haciendo seguimiento al caso”, agregó.

El general Gómez anunció que desde la mañana de este martes se reforzó la presencia de policías y se ubicaron agentes del Gaula, del Tránsito y de inteligencia policial para darle seguridad a los conductores y pasajeros.

“Tenemos agentes vestidos de civil y encubiertos, y otros que se ubicaron dentro de los buses y en las zonas de tránsito para permitir que los conductores puedan trabajar seguros. Una vez avance la investigación daremos a conocer más detalles del caso”, agregó.

Actualmente 719 de los 1.459 buses de rutas integradas al metro que funcionan en el Valle de Aburrá recaudan el pasaje con la Tarjeta Cívica. El Metro de Medelín anunció que las restantes 750 deben implementar el sistema antes del primer trimestre de 2018.

Entre tanto el Área Metropolitana informó que, según sus cálculos, para el segundo semestre de 2018, el 25 por ciento de los buses que no son integrados estarían también implementen ese sistema de cobro.

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Con un cese de actividades el gremio de los transportadores y líderes del Urabá antioqueño rechazarán este miércoles el inicio de cobro de tres peajes en la región, programado para el primero de enero de 2018.

En un comunicado, el Comité de Transportadores Regional Urabá invita a los afiliados a las empresas de transporte y a la comunidad en general a no movilizar sus vehículos. El objetivo es que la Agencia Nacional de Infraestructura y el Gobierno Nacional se sienten con ellos para dialogar sobre la reubicación de los peajes.

“No estamos en contra de su instalación, sino de la ubicación. Los instalaron en pleno Eje Bananero y lo que nosotros proponemos es que estén a las afueras, en las fronteras, porque finalmente estos peajes terminarán afectando a la gente de la región”, expresó Adolfo Romero, vocero del movimiento Iniciativa Ciudadana.

Romero afirmó que existen al menos seis empresas de transporte en la zona y a través de los sindicatos de las mismas se paralizaran las actividades. Agregó que incluso se habló con el comercio de Turbo, Carepa, Chigorodó y Apartadó para que no abran sus negocios durante la protesta.

“Aparte de rechazar el inicio del recaudo también protestamos por la falta de socialización de la obra. Cuando hablan con nosotros es solo para imponer las decisiones”, dijo Romero

Desde Iniciativa Ciudadana señalan que el cobro de peajes empezaría no para mantenimiento de la vía, sino porque el proyecto Mar 2, en la etapa que va desde la vereda El Tigre de Chigorodó hasta el túnel del Toyo, está desfinanciado.

“Planteamos que se cobre tarifa plena si se quiere, pero que reubiquen las casetas, que los peajes los paguen los camiones y tractomulas que vienen hacia la región y no la gente de a pie”, expresó Romero.

Respuesta del gobernador

Como una fórmula para financiar las obras que se aplica desde hace más de 12 años, defendió el gobernador de Antioquia Luis Pérez la instalación de los peajes. Sin embargo, manifestó que es un asunto que nada tiene que ver con el Departamento.

“Es un problema de la ANI, de unos bancos y de unos concesionarios, de eso se ha hablado siempre, yo como gobernador y ciudadano los apoyo como un instrumento de desarrollo de las carreteras colombianas”, aseveró.

También anunció que en la zona hará presencia la Policía y el Ejército para evitar que se altere el orden público, y subrayó que bajo ningún pretexto permitirán el cierre de vías o la paralización del transporte.

“Hablamos con el ministro de Transporte y acordamos que cualquier empresa transportadora que no preste el servicio recibirá de inmediato las sanción a que dé lugar. Todas están advertidas y contarán con la protección de la fuerza pública para trabajar”, sentenció.

Este martes se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en Aparatadó para dar un parte de tranquilidad a la comunidad y evitar, en palabras del gobernador, que “se lleven a cabo actividades que creemos no son necesarias”.

No obstante, Romero afirmó que el mandatario está desinformado y no ha participado en las reuniones a las que lo han llamado para explicarle la situación. También aseguró que el paro cívico será pacífico y no contempla el cierre de vías.

“Como cese de actividades se convoca desde los sindicatos, si la empresa no tiene conductores automáticamente se para la movilidad, por mucho que la empresa quiera operar”, declaró Romero.

Con el paro, los líderes de la región esperan que se suspenda el anunciado inicio de cobro de los peajes y, que tanto la ANI como el Gobierno Nacional, se sienten a dialogar sobre la reubicación de los mismos.