El presunto daño fiscal afecta a 7 exfuncionarios de su gobierno, 15 interventores y a 15 contratistas.
No son 18.000 millones de pesos, sino más de 30.000 millones de pesos, los que la Contraloría General de la República ha establecido como un presunto detrimento patrimonial en contratos de obra pública de la Gobernación de Antioquia de Luis Alfredo Ramos Botero , cuyo mandato abarcó el período 2008-2011.
La primera cifra corresponde al anuncio oficial que hizo el ente de control el pasado 16 de abril de 2012. Ese día, mediante comunicado de prensa, se informó de la imputación de pliego de cargos al exmandantario, a sus dos secretarios de Infraestructura - Mauricio Restrepo Gutiérrezy María Cristina Mesa Zapata -, la Fundación Buen Gobierno y 10 consorcios y uniones temporales, que abarcan a 20 empresas de obras civiles.
La segunda cifra, de 30.000 millones de pesos, fue establecida por EL COLOMBIANO. Su fuente son documentos oficiales y públicos de la Contraloría General de la República: 17 edictos, fijados el 7 de junio de 2012 en lugar visible de la Secretaría Común de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción. En todos ellos, en el artículo primero, se resuelve "abrir proceso de responsabilidad fiscal e imputar responsabilidad fiscal a Luis Alfredo Ramos Botero ", en su calidad de Gobernador de Antioquia, para que responda solidariamente por presuntos daños patrimoniales originados en sobrecostos y adiciones de contratos.
Según fuentes consultadas por este diario, lo normal en estas investigaciones fiscales es que los responsables se busquen entre los funcionarios, que firman los contratos, y en los interventores de las obras.
Este, sin embargo, es un hecho que sienta un nuevo precedente en Antioquia y, según algunos, en todo el país. La razón está en que la Contraloría no solo abrió los procesos de responsabilidad fiscal contra Ramos Botero, que era la cabeza de la administración seccional. También llamó, en forma solidaria, a 7 funcionarios de su administración, a 15 interventores de las obras, a 15 contratistas, que en su mayoría son consorcios o uniones temporales, y a 9 aseguradoras. En el caso de estas últimas, explican empresarios de la ingeniería, el objetivo es vincularlas para hacer efectivas las pólizas que toman los contratistas. Si los implicados llegan a ser vencidos en los juicios de responsabilidad fiscal, el Estado les cobra a las aseguradoras y recupera, en forma ágil, los presuntos sobrecostos o daños causados al erario público.
Aumentan imputados
La lista de los exfuncionarios de Ramos Botero implicados en estos procesos de responsabilidad fiscal está encabezada por su segunda secretaria de Infraestructura, María Cristina Mesa Zapata , quien aparece vinculada a 16 procesos de responsabilidad fiscal.
El primer funcionario que ocupó esa misma dependencia de Infraestructura, Mauricio Restrepo Gutiérrez , está como imputado de presunta responsabilidad fiscal en 10 de los edictos a los que tuvo acceso EL COLOMBIANO.
A los dos anteriores exfuncionarios se suman Camilo Zea Muñoz , asesor de la Secretaría de Infraestructura; Edir Amparo Graciano G ., directora de Desarrollo Físico de la Gobernación de Antioquia; Laura Rosa Mejía Grisales , directora de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de la Gobernación de Antioquia; Gloria Gómez Grisales , coordinadora de uno de los proyectos ejecutados; y Rodrigo Caicedo Villegas , Gerente de Concesiones del Departamento de Antioquia.
El presunto detrimento de mayor cuantía, establecido por la Contraloría General de la República, corresponde a "sobrecostos y adiciones del contrato N° 2008-CO-20-061 de la Subregión Norte-Bajo Cauca".
Según el auto del 8 de mayo de 2012, deben responder en forma solidaria por un presunto daño patrimonial superior a 7.466 millones de pesos las siguientes personas y empresas: El exgobernador Ramos Botero; el exsecretario de Infraestructura, Mauricio Restrepo Gutiérrez ; el exasesor de la Secretaría de Infraestructura, Carlos Emilio Zea Muñoz ; la exdirectora de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo, Rosa Mejía Grisales ; la directora de interventoría de la firma DIS S.A. EDL Ltda; la excoordinadora del proyecto, Gloria Gómez Grisales ; el exresidente interventor, Jairo Gómez Echeverry ; la exsecretaria de Infraestructura, María Cristina Mesa Zapata ; y la Unión Temporal Vías de Antioquia.
Desconcierto
La magnitud del presunto detrimento patrimonial y, sobre todo, la inclusión en estos procesos de responsabilidad fiscal de prácticamente toda la cadena involucrada en un contrato de obra pública, causó desconcierto en empresarios de la ingeniería entrevistados por EL COLOMBIANO.
Fuentes cercanas al exgobernador Ramos Botero -a quien buscó este diario- indicaron que la estrategia de él y de su equipo de colaboradores se orienta más a responder directamente ante la Contraloría. Una conducta similar han seguido las firmas comprometidas en la investigación del ente de control.
No obstante, hay sectores particularmente inquietos con la solvencia técnica que pueda tener la Contraloría para establecer, con rigor, los detrimentos patrimoniales. De manera extraoficial, comentaron que, por ejemplo, es un procedimiento antitécnico comparar los costos directos con los costos totales; o tomar, para configurar los presuntos detrimentos, solo los ítems que están por encima de los precios oficiales, ignorando aquellos que están por debajo de los mismos.
Varias de las firmas comprometidas en esta investigación ya tienen sus cuentas embargadas y no faltan las que, extraoficialmente, hablan de que se les ha violado el debido proceso.
IMPLICADOS
RAMOS, RESTREPO Y MESA, LAS CABEZAS
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
Exgobernador de Antioquia
La Contraloría resolvió abrir proceso de responsabilidad fiscal e imputar responsabilidad fiscal a Ramos, para que responda solidariamente por presuntos sobrecostos en 17 contratos de obra pública.
MAURICIO RESTREPO G.
Exsecretario de Infraestructura
La Contraloría le abrió proceso de responsabilidad fiscal a Restrepo, para que responda por el presunto daño patrimonial en 10 contratos. Para la ocurrencia de los hechos era secretario de Infraestructura.
MARÍA CRISTINA MESA ZAPATA
Exsecretaria de Infraestructura
La Contraloría le abrió a la exsecretaria de Infraestructura, María C. Mesa, proceso de responsabilidad fiscal e imputó responsabilidad fiscal por presunto daño patrimonial en 16 contratos de obra.
COLOMBIAN HEADLINES
NOT 18,000 MILLION, MORE LIKE 30,000 MILLION
On April 16th of 2012, the National Comptroller's Office of Colombia announced it would open an investigation against former Governor of Antioquia, Luis Alfredo Ramos, for alleged patrimonial detriment in public works contracts valued at 18,000 million pesos. However, EL COLOMBIANO gained access to official public documents that indicate the amount in question could be more than 30,000 million pesos. Ramos, who served as Antioquia's Governor between 2008 and 2011, is not facing charges alone; his two former Secretaries of Infrastructure are also involved, as well as the Buen Gobierno (Good Government) Foundation and ten consortiums and temporary partnerships, which could include as many as 20 companies. The alleged damages originated in excess costs and added contracts. In this type of investigation, experts explained, the responsible parties are usually found among the public officials who signed the contracts at the time and project auditors and inspectors.
Análisis
"La Contraloría está haciendo su labor": CCI
JOSÉ F. VILLEGAS HORTAL
Director de la CCI, para Antioquia
Entendemos que los procesos de responsabilidad fiscal tienen como fundamento constitucional el establecer las responsabilidades que se deriven de la gestión fiscal, una función atribuida a la Contraloría General de la República. Creemos que es el momento de empezar a establecer responsables en aquellos procesos que no cumplen los preceptos constitucionales para que no se termine estigmatizando, injustamente, a todo un sector económico. Sin duda la Contraloría está haciendo su labor y por ello ha abierto estos procesos. Pero es importante que los funcionarios que están al frente cuenten con la adecuada experiencia y preparación técnica, dado que la contratación y ejecución de una obra pública no se puede comparar con el suministro de bienes genéricos o de características uniformes.
Todo lo contrario, en la construcción de obra pública cada actividad es diferente para cada contrato y un mismo ítem puede presentar valores muy diferentes por depender de múltiples variables, así que al comparar precios entre diferentes contratos sin tener en cuenta todas las variable puede resultar en conclusiones equívocas.