A la recuperación de los bienes patrimoniales le hace falta más recursos por parte de la administración municipal. El acuerdo para protegerlos aún no tiene el impacto que se pretendió.
La publicidad del mago Fernandini, grafitis y hasta una arenga que reclama: "Con hambre no hay paz", visten el abandono de la casa donde nació el científico Francisco Antonio Zea en 1766, que retrata el estado de la mayoría de bienes patrimoniales del centro de Medellín.
El caserón, situado en la esquina de la calle Boyacá con Tenerife, tiene una puerta tapada con ladrillos y sus ventanas son de rejas para evitar que la desmantelen, pero los transeúntes pasan presurosos sin advertir su valor histórico. En una placa poco visible de la Sociedad de Mejoras Públicas se lee que allí nació este prócer de la Independencia.
Un recorrido por otros inmuebles con características de patrimoniales, en el Centro y el barrio Prado, no levanta el ánimo por el progresivo deterioro.
Así, la casa donde vivió el escritor jericoano Manuel Mejía Vallejo, en Perú, entre El Palo y la av. Oriental, se ve triste en su fachada. El polvo cubre lo que queda de su pintura rosada, que se pela a cascarones, aún con afiches de la última contienda política.
Al frente, Lina, administradora de una tienda de antigüedades, dice que muchas personas le preguntan si la venden o alquilan, y ella lo único que sabe es que un muchacho viene cada mes a recoger la cuenta de servicios. "Es grande y era muy bonita, pero la tuvieron que sellar por los gamines", dice.
Cuadras arriba, María José Posada, una sonsoneña, de 86 años de edad, cumple la terapia que más le encanta: caminar por las calles de Prado. Pero cada vez se le estruja más el corazón al observar la agonía del barrio. "Cuál Medellín innovadora, sino hacen nada por esta belleza ni conservan las casonas y las aceras están llenas de huecos", se queja.
María José añora que recuperen las viejas casas donde vivieron personajes que conoció, y al pasar por el Palacio Egipcio, recuerda que muchos años fue sede arzobispal. La edificación que rompe con la arquitectura del barrio, hoy es de un particular que vive en Bogotá y, al decir de quien la cuida, "él dueño la va a recuperar".
En cambio, a todo el frente se cae a pedazos lo que fue una casa hermosa. La desvalijaron y apenas quedan la fachada y el lote.
En el mismo sector, en Ecuador con Cuba, un cruce con mucho flujo vehicular, se levanta imponente la que fue la vivienda del expresidente Carlos E. Restrepo. Es un caserón blanco con muchas ventanas, luce deshabitado, pero la estructura se encuentra en buen estado.
La misma suerte corren otros bienes del Centro que así no hayan sido de personajes ilustres, tienen valor patrimonial. En Ayacucho acaban de derrumbar la vieja sede del DAS, una casa gigante de arquitectura campesina que, por paradoja, la tumbó una entidad universitaria.
Patrimonio: poca sensibilidad
Ante este panorama, el arquitecto Luis Fernando González, doctor en historia y director de maestría en la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional, sostiene que las administraciones de Medellín han sido poco dadas a responsabilizarse con el patrimonio.
Incluso observa que gobiernos, como el de Luis Pérez, tumbaron elementos patrimoniales sabiendo que lo eran. "Así fue con el Pasaje Sucre, lo sacaron del listado de manera presurosa, hicieron un contrato super rápido, lo firmó la Secretaría de Hacienda y en un acto de habilidad burocrática se contrató la demolición", recuerda.
Otro hecho que señala de la misma administración, fue la intervención de La Macarena para un centro de espectáculos, y fue sancionada porque no pidió permiso a las autoridades competentes. Una acción popular que encabezó la arquitecta Catalina Velásquez, que pasó por varias instancias, dice, se ratificó en el Consejo de Estado en 2009 por vulneración al derecho colectivo de la defensa del patrimonio histórico de la Nación.
Ese poco interés lo refrenda en que al aprobarse el POT en 1999 ordenó un plan especial de protección del patrimonio de Medellín, y sólo 10 años después se concretó, en 2009. Y por ausencia de normativa, agrega, en ese tiempo hicieron lo que a bien les pareciera, desde la administración hasta los privados.
Aún con el plan aprobado, González no ve los logros, porque no existe una entidad exclusiva de patrimonio que investigue y asesore las 24 horas, como la tiene Bogotá.
Porque la normativa es tan poca, añade, con el tranvía de Ayacucho se destruyeron bienes de interés. "Los inmobiliarios demolieron cantidad de casas de enorme valor", dice, y notifica que por el traslado del tráfico vehicular a Bomboná y Colombia, unos "palacetes bellísimos" están amenazados por el cambio de usos del suelo y la especulación de constructores.
Pero el investigador puntualiza que si lo que está en el plan especial de protección, se encuentra en franco deterioro, qué se puede esperar de lo demás a merced del mercado inmobiliario, que lo tiene en la mira para cambiar el concepto de área de influencia.
Lo que se recupera son edificios institucionales, comerciales y religiosos, pero no ocurre igual con el rango de arquitecturas modestas y las contextuales, que son contextos urbanos, calles enteras que marcan el paisaje urbano de una época.
En respuesta, Herman Montoya Gil, líder del programa Memoria y Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana, señala que el acuerdo 23 de 2009 (plan especial de protección patrimonial) responde a lo que dice la ley para proteger el patrimonio de bienes muebles e inmuebles y material e inmaterial.
Deja claro que en los que son de propiedad del Municipio se hacen intervenciones directas como ocurrió con la Casa Barrientos o con los edificios Vásquez y Carré. Y en convenios con el Mincultura se intervinieron la cúpula de la iglesia de San Antonio, la Veracruz y la Metropolitana, que tienen declaratoria nacional.
En el caso del barrio Prado, precisa, se declararon unos 240 bienes. Algunos tienen nivel de conservación externa en el que el dueño puede conservar la fachada y modificar el interior. Pero si es conservación integral, el propietario debe solicitar a una curaduría el permiso para intervenirlo.
A muchos los exime un porcentaje del impuesto predial, que puede ser del 100% si son integrales. Como no es mucha plata, Montoya dice que Planeación ha intentado lo que en Bogotá, bajarlos a estrato 1 para que los impuestos y servicios disminuyan y sus dueños dediquen esos recursos a conservar los bienes.
Sobre la Casa de Zea, sostiene que están los diseños del Mincultura para restaurarla y el año pasado el Municipio iba a hacer la inversión, pero jurídicamente no se ha podido por no ser el propietario.
Y la de Carlos E. Restrepo tiene declaratoria de bien patrimonial, pero es propiedad privada. Cual mural, su fachada tiene afiches y la advertencia de un pintor callejero: "¡Con la comida no se juega.".
¿QUÉ SIGUE?
EN LOS PRIVADOS NO PUEDE INVERTIR
Herman Montoya recalca que el Municipio no puede invertir de manera directa en bienes privados y hay dueños que dejan caer las casas. En los propios se actúa, y en una casa patrimonio de Prado que se restauró, se atiende a la comunidad con vigías que también hacen procesos de formación ciudadana.
Pero admite que se requieren más recursos, aunque las exenciones son una cifra alta. Para dar una idea, la restauración del Carré costó más de 3.000 millones, y este año el presupuesto es de 1.000 millones y no hay restauración.
EN DEFINITIVAEl concejal Jesús A. Echeverry dice que revivirá el debate por la protección del patrimonio. Aprecia indiferencia del gobierno municicipal y dice que no lo contempla en su plan de desarrollo.