Representantes del transporte formal denuncian pérdidas millonarias y exigen más controles del Tránsito.
E n Medellín hay por lo menos 1.300 vehículos "piratas" en el transporte público. Por eso los transportadores formales piden a las autoridades de tránsito incrementar los controles sobre el servicio colectivo ilegal, que opera en diferentes sectores de la ciudad, en algunos casos apoyados por combos delictivos.
Las rutas más afectadas son las 302 y 303 de Circular Sur, que recorren la avenida 80. Para tener una idea precisa de lo que significa esta actividad en dinero contante, los transportadores calculan que hacen por lo menos 600 viajes diarios, en ambos sentidos, que multiplicados por 300 días daría unos 180.000 recorridos, que a su vez multiplicado por cuatro serían 720.000 pasajeros al año que pierden las empresas legales, que en pesos representan cerca de 1.000 millones.
Esta cifra se limita a estas rutas, pero la actividad también se realiza en otros sectores, como la avenida El Poblado, el Centro y la 33, entre otros, por lo cual el monto que dejan de percibir las empresas legales es mucho mayor. El problema también afecta a los usuarios del transporte legal, porque impacta de manera directa la tarifa.
"Si el Gobierno controlara la piratería aumentaría el número de pasajeros que utilizan el sistema colectivo formal y la tarifa tendería a estabilizarse, porque entre más pasajeros mayor ingreso, y a mayor ingreso los costos y los gastos se disuelven en ese mayor ingreso, por lo que no habría necesidad de incrementarla", explicó un transportador.
La situación ha llegado al punto de que algunos conductores se han rebelado en sus empresas y se niegan a trabajar exigiendo control estricto de los ilegales. Y algo igualmentre preocupante: el hecho genera enfrentamientos.
Según el gremio, la ilegalidad está regada por toda la ciudad. Unos nacen en las terminales, otros en la ruta intermedia o en parte de los recorridos, y tiene connotaciones de extorsiones, de vacunas y de cobro de cupos por parte de bandas criminales.
Un conductor que ilegalmente hacía colectivos por la 80, y quien pidió reserva del nombre, manifestó que el año pasado se vivieron momentos muy tensos que lo llevaron a abandonar esta labor.
"Había enfrentamientos con los buseros, el Tránsito nos inmovilizaba los vehículos y nos sancionaba, hasta que un combo ofreció protegernos, pero debíamos pagar 40.000 pesos semanales cada uno", contó el conductor.
Dijo que esto fue la gota que colmó la copa, pues tampoco le parecía justo regalar un día de trabajo y por eso decidió abandonar la labor y seguir con unos contratos que tenía.
Según los transportadores, cuando le han preguntado al Tránsito por qué no se hacen los controles, les responden que los guardas cumplen esta tarea desarmados y que se les volvió no solo un problema de control de tránsito, sino también de orden público, porque cuando han ido a ejercer la autoridad, los han tenido que retirar, pues son amenazados.
El subsecretario de Control del Tránsito de Medellín, Carlos Marín , afirma que los controles se hacen de manera permanente, pero confirma la versión que da el transportador.
"Lo que pasa es que está regado por diferentes sitios y de hecho ya nos han lesionado y amenazado a varios agentes de tránsito en repetidas ocasiones, por eso algunas veces trabajamos de forma conjunta con la Policía Nacional".
Sin embargo, el gremio transportador considera que este control no es difícil de hacer porque esta ilegalidad no se da en zonas retiradas de la ciudad, sino en sectores céntricos. Se extrañan con la situación de la 80, porque son personas de estratos cuatro y cinco las que utilizan ese servicio ilegal.
Llaman la atención sobre algunos centros de acopio que se legalizaron en la periferia, a pesar de que el gremio del transporte les sugirió no hacerlo y por eso hoy la mayoría se convirtieron en terminales de transporte colectivo ilegal.
Para los transportadores, la no aplicación de los controles por la autoridad afecta directamente la tarifa y por eso invitan a la ciudadanía a utilizar el transporte debidamente legalizado.
Prestar un servicio público sin autorización ocasiona inmovilización de vehículo hasta por 40 días.
PROBLEMA
SE DISPUTAN LAS RUTAS
En taxis, en vehículos particulares y hasta de servicios especiales se presta el servicio de transporte colectivo ilegal, disputándose las rutas y los pasajeros con el transporte de buses debidamente formalizado.
SOLUCIÓN
NO UTILIZAR TRANSPORTE PIRATA
Las empresas de buses y el Sistema Integrado de Transporte Masivo, pues pierden pasajeros y una buena cantidad de ingresos. También los usuarios en caso de un accidente, pues la mayoría de estos vehículos piratas no cuentan con el seguro obligatorio, Soat.
¿QUIÉN GANA?
USUARIOS Y TRANSPORTADORES
Ganan los usuarios y los transportadores con un mayor control al transporte ilegal. Los usuarios, porque a mayores ingresos menos impacto en la tarifa del transporte formal. Y la ciudad, porque se ataca un ingreso a las bandas que hoy apoyan esta actividad.
¿QUIÉN PIERDE?
EL TRANSPORTE LEGAL
Si bien la Secretaría de Tránsito asegura que hace control a este ejercicio ilegal y que el año pasado sancionó a 664 conductores, también invita a la ciudadanía a no utilizar este transporte.
E n Medellín hay por lo menos 1.300 vehículos "piratas" en el transporte público. Por eso los transportadores formales piden a las autoridades de tránsito incrementar los controles sobre el servicio colectivo ilegal, que opera en diferentes sectores de la ciudad, en algunos casos apoyados por combos delictivos.
Las rutas más afectadas son las 302 y 303 de Circular Sur, que recorren la avenida 80. Para tener una idea precisa de lo que significa esta actividad en dinero contante, los transportadores calculan que hacen por lo menos 600 viajes diarios, en ambos sentidos, que multiplicados por 300 días daría unos 180.000 recorridos, que a su vez multiplicado por cuatro serían 720.000 pasajeros al año que pierden las empresas legales, que en pesos representan cerca de 1.000 millones.
Esta cifra se limita a estas rutas, pero la actividad también se realiza en otros sectores, como la avenida El Poblado, el Centro y la 33, entre otros, por lo cual el monto que dejan de percibir las empresas legales es mucho mayor. El problema también afecta a los usuarios del transporte legal, porque impacta de manera directa la tarifa.
"Si el Gobierno controlara la piratería aumentaría el número de pasajeros que utilizan el sistema colectivo formal y la tarifa tendería a estabilizarse, porque entre más pasajeros mayor ingreso, y a mayor ingreso los costos y los gastos se disuelven en ese mayor ingreso, por lo que no habría necesidad de incrementarla", explicó un transportador.
La situación ha llegado al punto de que algunos conductores se han rebelado en sus empresas y se niegan a trabajar exigiendo control estricto de los ilegales. Y algo igualmentre preocupante: el hecho genera enfrentamientos.
Según el gremio, la ilegalidad está regada por toda la ciudad. Unos nacen en las terminales, otros en la ruta intermedia o en parte de los recorridos, y tiene connotaciones de extorsiones, de vacunas y de cobro de cupos por parte de bandas criminales.
Un conductor que ilegalmente hacía colectivos por la 80, y quien pidió reserva del nombre, manifestó que el año pasado se vivieron momentos muy tensos que lo llevaron a abandonar esta labor.
"Había enfrentamientos con los buseros, el Tránsito nos inmovilizaba los vehículos y nos sancionaba, hasta que un combo ofreció protegernos, pero debíamos pagar 40.000 pesos semanales cada uno", contó el conductor.
Dijo que esto fue la gota que colmó la copa, pues tampoco le parecía justo regalar un día de trabajo y por eso decidió abandonar la labor y seguir con unos contratos que tenía.
Según los transportadores, cuando le han preguntado al Tránsito por qué no se hacen los controles, les responden que los guardas cumplen esta tarea desarmados y que se les volvió no solo un problema de control de tránsito, sino también de orden público, porque cuando han ido a ejercer la autoridad, los han tenido que retirar, pues son amenazados.
El subsecretario de Control del Tránsito de Medellín, Carlos Marín , afirma que los controles se hacen de manera permanente, pero confirma la versión que da el transportador.
"Lo que pasa es que está regado por diferentes sitios y de hecho ya nos han lesionado y amenazado a varios agentes de tránsito en repetidas ocasiones, por eso algunas veces trabajamos de forma conjunta con la Policía Nacional".
Sin embargo, el gremio transportador considera que este control no es difícil de hacer porque esta ilegalidad no se da en zonas retiradas de la ciudad, sino en sectores céntricos. Se extrañan con la situación de la 80, porque son personas de estratos cuatro y cinco las que utilizan ese servicio ilegal.
Llaman la atención sobre algunos centros de acopio que se legalizaron en la periferia, a pesar de que el gremio del transporte les sugirió no hacerlo y por eso hoy la mayoría se convirtieron en terminales de transporte colectivo ilegal.
Para los transportadores, la no aplicación de los controles por la autoridad afecta directamente la tarifa y por eso invitan a la ciudadanía a utilizar el transporte debidamente legalizado.
Prestar un servicio público sin autorización ocasiona inmovilización de vehículo hasta por 40 días.
PROBLEMA
SE DISPUTAN LAS RUTAS
En taxis, en vehículos particulares y hasta de servicios especiales se presta el servicio de transporte colectivo ilegal, disputándose las rutas y los pasajeros con el transporte de buses debidamente formalizado.
SOLUCIÓN
NO UTILIZAR TRANSPORTE PIRATA
Las empresas de buses y el Sistema Integrado de Transporte Masivo, pues pierden pasajeros y una buena cantidad de ingresos. También los usuarios en caso de un accidente, pues la mayoría de estos vehículos piratas no cuentan con el seguro obligatorio, Soat.
¿QUIÉN GANA?
USUARIOS Y TRANSPORTADORES
Ganan los usuarios y los transportadores con un mayor control al transporte ilegal. Los usuarios, porque a mayores ingresos menos impacto en la tarifa del transporte formal. Y la ciudad, porque se ataca un ingreso a las bandas que hoy apoyan esta actividad.
¿QUIÉN PIERDE?
EL TRANSPORTE LEGAL
Si bien la Secretaría de Tránsito asegura que hace control a este ejercicio ilegal y que el año pasado sancionó a 664 conductores, también invita a la ciudadanía a no utilizar este transporte.