En la noche de hoy, 18 de marzo, comunidades de las zonas de Altos de la Virgen y Juan XXIII, en la Comuna 13, denunciaron balaceras que responden a enfrentamientos entre los grupos delincuenciales Agonía y Pesebres.

Según una fuente bajo reserva, miembros de los grupos armados se enfrentaron con armas de largo alcance durante un lapso de 15 minutos.

De acuerdo al relato, el hecho se generó debido a que personas del grupo armado Carlos Pesebre se desplazaron por la zona de La Quiebra hasta Altos de la Virgen. Allí iniciaron los disparos contra individuos del combo La Agonía, provocando el fuego bilateral.

La comunidad de la zona continúa temerosa de que se produzcan nuevos enfrentamientos que generen balaceras indiscriminadas en medio de la población y atenten contra la integridad de civiles inocentes.

EL COLOMBIANO conoció que tanto uniformados del Ejército como de la Policía Nacional ya hacen presencia en la zona e incluso reciben apoyo del helicóptero Halcón de la Policía.

En la noche de este lunes se reportó la quema de varios vehículos en la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica entre el corregimiento de Puerto Valdivia (Valdivia) y Tarazá.

La denuncia fue publicada por la Asociación de Transporte de Carga, ATC, que por medio de su cuenta de Twitter recomendó a los camioneros no transitar por esa vía del departamento por razones de seguridad.

El hecho al parecer fue cometido por varios hombres armados, quienes en el sector conocido como El 15, obligaron a parar varios camiones y buses y procedieron a prenderle fuego a varios, aunque por el momento las autoridades no confirman cuántos vehículos resultaron afectados.

En esa zona, límites entre el Norte y Bajo Cauca de Antioquia delinque la guerrilla del Eln con la compañía Héroes de Tarazá y el frente Compañero Tomás. El Clan del Golfo también tiene presencia en esa región.

Sin batas ni tapabocas, pero con preguntas e ideas, así recorren las calles de Medellín los miembros del Laboratorio Social. Una iniciativa de la Fundación Mi Sangre, Eafit y la Alcaldía de Medellín que se presenta como un proyecto de “gobernanza colectiva en donde actores de distintos sectores se juntan alrededor de una misma preocupación: la violencia entre los jóvenes y el reclutamiento forzado por parte de bandas criminales, que lleva en muchos casos al homicidio”, según lo describe Juanita Naranjo, politóloga y consultora del Laboratorio.

La iniciativa liderada por Catalina Cock, directora de Mi Sangre, y Aldo Cívico, antropólogo y estratega de liderazgo, surgió de sus motivaciones, trabajos y conversaciones. Además, de una invitación que hizo el alcalde de Medellín a Cívico para pensar una estrategia que aporte al esfuerzo de interrumpir los ciclos de violencia.

Esto por la experiencia del investigador en Palermo, una de las ciudades italianas que, como la capital antioqueña, vivió la violencia a causa del narcotráfico, pero que logró sobreponerse con lo que se denominó “el carro con dos ruedas: una es la justicia, con la fuerza y el orden. La otra es la cultura con el compromiso ciudadano y fortalecimiento de las comunidades. Esa es la que busca el Laboratorio”, comentó Cívico.

Durante el año pasado y lo que va de este, se han dado cita empresarios, activistas, artistas y hasta youtubers en diversos lugares de la ciudad. En cada sitio buscan conocer experiencias de transformación. Han pasado, por ejemplo, por la comuna 13 para acercarse a iniciativas como Agroarte y Son Batá, o en Aranjuez con 4 Elementos Skuela de la agrupación Crew Peligrosos. “El Laboratorio nos permite transformarnos como individuos, y al final del día, así es cómo se transforman los sistemas, que no cambian misteriosamente, cambian por las personas que lo componen”, comentó Cock.

Según sus integrantes, además de las vivencias en el campo de estudio, toman los aprendizajes y experiencias de sus integrantes, para en el futuro crear prototipos de intervención que impacten y transformen la realidad de los jóvenes de la ciudad.

“Le apuntamos a la solución de problemáticas específicas pero también a contar otras historias de procesos que envuelven y protegen a los jóvenes”, afirmó Aldair Romero, miembro del proyecto.

Por ahora, los ciudadanos investigadores continúan conociendo casos exitosos de diferentes organizaciones de la ciudad para después proponer estrategias que puedan ser implementadas en el gran Laboratorio Social que es Medellín.

En San Pedro de los Milagros, la presencia de perros en las calles generando problemas ambientales y cierta inseguridad para los transeúntes empezó a solucionarse hace dos semanas, cuando se puso a funcionar un albergue canino.

El sitio, que era una anhelo de la comunidad animalista local debido a las condiciones de insalubridad en las que operaba el anterior refugio, ubicado en la plaza de mercado, fue construido en un predio rural adquirido por la alcaldía y en el cual también funcionarán un vivero, una caseta ambiental, un espacio de transformación de residuos orgánicos y un banco de semillas para plántulas nativas.

La inversión en el proyecto fue de $330 millones, pero para el espacio de las mascotas se destinaron $65 millones. Tiene capacidad para 160 animales, entre perros y gatos, pero en su primera etapa funcionará con cupo para 40.

Óscar Gallo Roldán, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica, Umata, recuerda que la construcción del albergue era una lucha que en San Pedro se venía dando desde hacía siete años.

“En su Plan de Gobierno, el alcalde, viendo que teníamos un albergue sin cumplir las condiciones mínimas de salud, decidió montar este centro de bienestar animal, que es sitio de paso mientras los animales se dan en adopción”, explica Gallo.

El proyecto, detalla, incluye la contratación de un veterinario profesional que esté a cargo de la atención médica de las mascotas, que son recogidas de las calles con acompañamiento de la Policía Ambiental y llevadas al refugio. Cuando se detecte que una mascota tiene un dueño que la abandonó, esta se le regresa acompañada de un comparendo por maltrato animal.

“Por ahora solo serán acogidos 40 animales; no se trata de que ya todo mundo quiera abandonar los animales para que lleguen acá; esto es solo un hogar de paso”, advierte.

El refugio es atendido por Martín Jaramillo, quien tenía a su cargo el anterior refugio y es el responsable de la limpieza de los habitáculos de los perros, también de bañarlos y hasta de esterilizarlos.

Jorge Lopera, del colectivo Adopciones San Pedro, advierte que la alcaldía debe contratar etólogos y veterinarios profesionales por considerar que Jaramillo no es la persona más idónea para estas funciones: “Esa labor debe hacerse con amor y profesionalismo, si no todo será peor”, señala.

La joven Johana Zuluaga, de la comunidad animalista local, afirma que el sitio es mucho mejor que el que había antes, “pero la clave es que la gente tome conciencia de que los animales son responsabilidad de las familias y no de la alcaldía; hay que promover las adopciones y no abandonar las mascotas”, dice.

El concejal animalista de Medellín, Álvaro Múnera, que en 2018 hizo denuncias por el maltrato animal en el anterior refugio, alertó por las que considera deficiencias del nuevo albergue.

“Lo que veo son unas perreras que mejoraron lo que había, pero faltan una oficina administrativa, un quirófano, una gatera (espacio para gatos), habitáculos para animales en cuarentena y de razas peligrosas; aún no se puede hablar de un centro de bienestar animal”, recalca.

El alcalde Héctor Darío Pérez, reclama apoyo del Gobierno Nacional para que aporte recursos para que el lugar sea sostenible en el tiempo. Y en contraposición al concejal Múnera, sostiene que este albergue debe ser un referente a nivel departamental, donde el 85 % de los municipios carecen de al menos un hogar de paso con esta infraestructura .

El cierre definitivo del Café Rojo, un espacio cultural ubicado en el Centro de Medellín, luego de recibir dos sanciones en aplicación del Código de Policía, generó rechazo en algunos usuarios de este espacio, entre ellos escritores y académicos, teniendo en cuenta que es un sitio de puertas abiertas para manifestaciones del arte como la pintura, la literatura, la música y la cultura en general.

Los hechos que llevaron a que la Secretaría de Seguridad decretara su clausura el pasado 9 de enero en respuesta a una apelación, están relacionados con dos sanciones impuestas en 2018. La primera se dio luego de un procedimiento de inspección el 19 de julio en el cual, según el acta policial, se violó el artículo 92 del Código de Policía, porque el establecimiento, conocido como Centro de Emprendimiento Cultural Café Rojo,desarrollaba la actividad económica sin cumplir los requisitos legales.

Los agentes detectaron, ese día, la presencia de un menor de edad (hecho prohibido para establecimientos con consumo de licor); además, anotaron que el local no cumplía las normas de seguridad exigidas por el Cuerpo de Bomberos y tenía “deficientes condiciones higiénico sanitarias” exigidas por la Secretaría de Salud.

En este caso, el Café Rojo recibió una multa de 32 salarios mínimos legales vigentes y diez días de suspensión. La decisión no fue apelada por la propietaria Adriana Hernández, que recibió el inmueble en comodato de parte de la Universidad Cooperativa de Colombia para que desarrollara actividades culturales.

El segundo hecho nació en otro procedimiento de control adelantado por la Policía el 31 de agosto de 2018, en el cual se detectaron “actividades diferentes a las registradas en el objeto social de la matrícula mercantil”.

Ese día, al ingresar al local, ubicado en la carrera 43 con calle 53, cerca al parque del Periodista, las autoridades detectaron que en ese momento se realizaba una tertulia sobre una etnia indígena, se terminaba el montaje de una exposición de fotografíasy unos músicos ensayaban una presentación, lo que generaba excesivo ruido, hechos que fueron considerados ajenos al fin cultural estipulado. La sanción tampoco se apeló.

Luego de la dos sanciones, la Inspección 10B, con jurisdicción en el Centro, aplicó el artículo 92 del Código de Policía, que establece que “cuando en el término de dos años y en diferentes hechos se incurra en dos o más comportamientos contrarios a la convivencia que motivan la suspensión temporal de la actividad o multa” se puede decretar el cierre definitivo, lo que ocurrió el 20 de diciembre de 2018.

En este caso, la dueña interpuso recurso de apelación por considerar excesiva la pena, acción que se interpuso ante la Secretaría de Seguridad, que el 9 de enero confirmó la sanción.

La subsecretaria de Gobierno Local Lina Calle explicó que su dependencia se limitó a cumplir lo que ordena la ley, que estipula que “cuando un establecimiento ha sufrido dos suspensiones temporales en un tiempo determinado, lo que sigue por ley es que el inspector, que es la autoridad para el caso, inicie un proceso de suspensión definitiva de la actividad; la Secretaría de Seguridad, como instancia superior, confirmó el fallo”, dijo. Añadió que su dependencia no escoge a quién sancionar, “pues la norma es explícita”.

Hernándezafirmó que hay “una persecución y no sé con qué intereses” e interpuso una tutela, que también le fue negada. Con abogados, estudia llevar el caso hasta el Contencioso Administrativo buscando que revoquen el cierre.

El reconocido poeta y ensayista Raúl Henao, quien realizaba allí un taller de poesía, destacó la importancia del Café en la escena cultural local. “Tengo más de 70 años, viví a la Medellín, de los años 60 y 70, cuando había galerías, salas de arte, de cine y todas se han ido cerrando. En una zona como el parque del Periodista que exista un lugar como este es un hecho valioso y no debe cerrarse”, opinó.

La académica, pedagoga y escritora Lucila González de Chávez lamentó que se cierre otro espacio cultural, a sabiendas de que en la ciudad han desaparecido librerías, bibliotecas y teatros: “El Café Rojo es un espacio para que los artistas muestren su arte; y allí estuve dictando una charla sobre el idioma, en un recital de poesía y en un homenaje a Porfirio Barba Jacob”, dijo.

El historiador y escritor de la Universidad Nacional, Fernando Cuartas, dio testimonio de que allí, por cuatro años, lideró un taller de literatura. Su cierre lo consideró “una gran pérdida para la ciudad” y opinó que en la imposición de las medidas “no se vio un ánimo conciliatorio”.

La Alianza Cultural por el Centro, que la integran diversas entidades públicas y privadas, no quiso pronunciarse. Corpocentro, que también reúne entidades del sector privado, tampoco opinó sobre el tema.

Dicen que al escritor Alberto Aguirre (1926-2012) no le gustaba recibir premios, ni ser entrevistado; no disfrutaba figurar. ¿Qué pensaría ahora que su imagen será esculpida y ubicada en la Casa de la Cultura de su natal Girardota?

Además de este monumento, la administración de este municipio al norte del Valle de Aburrá también pondrá a mediados de este año una escultura del girardotano José María Sierra (1848-1921), el “campesino millonario”, considerado por la Cámara de Comercio de Medellín como uno de los 100 empresarios más importantes de la historia de Antioquia.

En estas dos obras la alcaldía invierte alrededor de $333 millones, de los cuales $75 millones provienen de un aporte del Instituto de Cultura y Patrimonio del departamento. Los costos molestan a parte de la comunidad, que piensa que hay necesidades en infraestructura, incluso en cultura, más urgentes.

Darío Castrillón, habitante del municipio, preguntó si no era posible enaltecer la memoria de los dos personajes con homenajes menos costosos como el nombre de una calle, bustos pequeños, y destinar el grueso de los recursos en proyectos de infraestructura para el municipio.

Algunos girardotanos se quejaron de la malla vial del municipio, no solo urbana sino rural. Andrés Cadavid expresó que hace falta inversión “en las veredas, por ejemplo, donde toca llenar los huecos de las vías con escombros, tierra y hasta basura para que estas sean transitables”.

Incluso, personas que integran el sector cultural también manifestaron prevenciones. Sergio Henao señaló que dentro del plan de desarrollo municipal se necesitan recursos para actividades, cursos o estímulos para artistas locales.

Andrés Palacio Villa comentó que tal vez hace falta una difusión de la obra de Aguirre, que no es muy conocida entre los habitantes pese a su importancia, antes de pensar en una escultura.

“Uno de los monumentos exalta la figura de José María “Pepe” Sierra, y uno se pregunta si hacerse rico es un valor o algo para rendirle tributo, son criterios que para cada uno son distintos”, dijo.

La familia de Aguirre también se enfrentó a una disyuntiva a la hora de opinar acerca del tema. Valoran el homenaje, pero dicen que no es algo que hubiera querido el escritor.

María Clara Calle Aguirre destacó, por ejemplo, que el hecho de que la biblioteca municipal lleve el nombre de su abuelo, aunque parezca un pequeño acto, ayuda a recuperar la memoria del personaje.

“Sin embargo, eso es contradictorio con lo que él pensaba. En muchos de sus escritos dejaba constancia de que detestaba las distinciones, cuando lo invitaban a un homenaje en su nombre no asistía, y cuando le insistían delegaba a alguien de la familia”, reveló.

El alcalde Vladimir Jaramillo defendió el proyecto, que viene gestándose hace más de un año e informó que incluso una de las esculturas, la de Pepe Sierra, está casi terminada.

En 185 años de historia, agregó, el municipio solo tenía tres monumentos, uno de Simón Bolívar, otro de Enrique Olaya Herrera y uno en homenaje a la madre, por lo cual este asunto era una tarea pendiente.

Jaramillo indicó que, contrario a las divisiones que existen en el sector cultural del municipio porque todos quieren recibir una porción de recursos más grande, desde 2016 se ha triplicado la inversión en este ámbito.

“En 2015 se destinaban alrededor de $300 millones al año. El año pasado el monto para cultura fue de $800 millones y este año esperamos llegar a los $1.000 millones”, anotó.

Aunque el valor del contrato inicial con el artista antioqueño Hernán Agudelo Torres para la creación de las dos esculturas era menor, el mandatario explicó que, por petición del gobernador Luis Pérez, se modificó el tamaño del monumento que representará a Aguirre y las dos obras costarán $333 millones.

Jaramillo expresó que hay mucha ignorancia sobre quiénes son los hijos y referentes del pueblo, y por eso defiende el aporte cultural a través de los monumentos y más de 20 murales con la historia de Girardota que se han pintado por iniciativa de la alcaldía.

“Los alcaldes no solo están para hacer obras de cemento, sino para valorar a través del arte la historia de cada municipio. Los personajes ilustres deben convertirse en referentes para la población. No se trata de un despilfarro de recursos públicos”, concluyó.

La vida se perfila cada vez más en “altura”. Las construcciones de edificios residenciales representan hoy más del 98 % de la oferta de viviendas nuevas en la ciudad, según Federico Estrada, gerente de la Lonja, gremio inmobiliario de Medellín y Antioquia.

Ya sea en edificios individuales o en “urbanizaciones” de apartamentos con perímetro cerrado y áreas comunes, el panorama de casas de un piso parece ser algo del pasado en zonas de la ciudad.

Esta nueva realidad plantea el nacimiento de comunidades muy distintas a las de los barrios de antaño. Así lo señala el arquitecto y urbanista Juan Miguel Gómez. Para el experto, los retos de relacionamiento en las unidades de propiedad horizontal pasan por superar el individualismo y encontrar canales para construir tejido social.

Solo así, dice Gómez, este tipo de comunidades podrá superar los problemas de convivencia que sufren.

De los diagnósticos del problema Alfonso Álvarez López conoce de fondo. Ha pasado casi los últimos 10 años de su vida investigando las dificultades de relacionamiento y convivencia que se viven en las unidades residenciales de propiedad horizontal. Para él, representante de una organización que agrupa a más de 600 de ellas, este es un debate de primer orden.

“Si en Medellín existiera un solo edificio y solo ahí se presentaran dificultades, no nos afectaría mucho. Pero si son centenares, miles de este tipo de construcciones, y cada una de ellas tiene este virus, entonces ya el problema no es de cada urbanización, es un problema de ciudad”, dice Álvarez.

Se refiere a lo que él ha analizado como una paradoja: que en la propiedad horizontal lo que debería unir a las personas, es lo que en realidad las separa más: las zonas comunes y las decisiones que se deben tomar en conjunto. “Un problema grave es que la gente no entiende como una inversión los gastos y presupuestos comunes”.

Además, agrega, existe lo que ha denominado una “mala costumbre” de las personas de acudir ante cualquier problemática con los vecinos, a un abogado.

“Si hay un desencuentro con el vecino, se llama a la administración; la administración se comunica con el presunto infractor; si este no acata la orden, llama a la Policía; las autoridades emiten el comparendo y si todo sale ‘bien’, el sujeto la paga. Si no, se van a juzgados. Y en todo ese circuito, los dos vecinos nunca se hablaron”, cuenta López.

Para cambiar esa realidad, él y su equipo diseñaron un programa que llamaron “comunidades felices”. Lo que buscan es propiciar espacios de encuentro para que las personas se conozcan, interactúen y accedan al diálogo como la base de cualquier relacionamiento.

“Lo que queremos es cambiar el chip de lo que la gente compra cuando accede a una vivienda en un edificio o en una urbanización de edificios. Hoy casi que las personas llegan con el mantra de que no los ‘moleste nadie para nada’. Eso lo queremos derribar creando una nueva concepción, donde conocernos se vuelve nuestra mayor fortaleza”, señala López.

Cuando dice eso viene a su memoria una anécdota que representa su preocupación.

“Un día, en un edificio, se murió una persona de forma sorpresiva. Al poco tiempo se hizo una reunión por otro motivo, y los familiares del fallecido se dieron cuenta de que solo unos pisos abajo de su apartamento vivían unas personas que hacían parte del sector salud y que pudieron haber hecho algo para salvarle la vida a su familiar ”, finaliza su relato.

EL COLOMBIANO consultó con diversos administradores de propiedades horizontales de distintos sectores, y encontró las cinco dificultades de convivencia más recurrentes de este tipo de comunidades.

Mientras avanzan los foros temáticos, incluso con la moderación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en paralelo ocurren los desencuentros entre algunos precandidatos y crecen los rumores sobre si, efectivamente, el candidato uribista está entre los seis precandidatos inscritos en la actualidad. Es más, el uribismo tendría un as bajo la manga en caso de que ninguno de los seis postulados tome fuerza.

Pues bien, desde hace varios meses, seis personas luchan democráticamente por el aval del partido: Luis Fernando Begué, Nicolás Duque, Álvaro López, Jaime Mejía, Ana Cristina Moreno y Alfredo Ramos.

Aunque, por un lado, se pusieron de acuerdo en iniciar con foros y luego hacer dos encuestas (ver recuadro), por el otro, las diferencias y las rencillas se agudizaron en los últimos días entre ellos.

Según varias fuentes cercanas al Centro Democrático consultadas por EL COLOMBIANO, hay una puja interna entre Luis Alfredo Ramos y Fabio Valencia Cossio, dos pesos pesados dentro del uribismo.

El primero, lógicamente, apoya a su hijo el exsenador Alfredo Ramos para quedarse con el aval y, el segundo, al presidente del Concejo de Medellín Jaime Mejía.

El disgusto en el partido comenzó desde enero cuando Jaime Mejía decidió sacar vallas y un carro valla con su nombre y el logo del Centro Democrático. Según le dijo a El COLOMBIANO una de las fuentes consultadas, “desde allí empezó una disputa porque quiso sacar provecho y aunque luego desmontó la publicidad, el malestar había quedado”.

Según Fabio Valencia, quien integra la mesa directiva del Centro Democrático, “no hay disputa con Luis Alfredo, lo respeto. En el partido tenemos la decisión irrevocable de hacer el proceso interno, optar por opciones, pero respetar la decisión que salga. Ese es el compromiso, el que salga se va a apoyar”.

A Ramos (hijo) lo señalan de no generar unión entre todos los sectores uribistas, algo que responde con vehemencia: “La política de dedo está mandada a recoger. La disputa es entre el clientelismo del partido y los nuevos estilos políticos. Nosotros le apostamos a conquistar el corazón de los ciudadanos. Buscan enredar y dilatar el proceso, yo soy decente, pero no ingenuo”.

Valencia agregó que el candidato se definirá por encuestas y que no hay lugar a las manipulaciones.

A esto se le suma, que en la escena de los foros apareció un personaje que hasta ahora no estaba contemplado y que se puede convertir en una ficha clave del uribismo.

Se trata de Mateo Restrepo, expresidente de Continental Gold, quien renunció en diciembre y hace pocos días asistió a uno de los foros organizados por la colectividad, según él, por invitación directa del senador Uribe.

Restrepo es amigo personal de Tomás Uribe (hijo del expresidente), siempre cercano al uribismo y es la persona que suena para entrar, más adelante, a la carrera por el aval del Centro Democrático.

Lo que podría pasar, según se comenta en los mentideros políticos, es que Restrepo busque el aval conservador o se convierta en el candidato de Gutiérrez, para luego participar de una consulta o de una coalición con el precandidato del Centro Democrático. Esta hipótesis, según algunos precandidatos consultados “no sería justa”.

Restrepo por su parte, aseveró que “estoy dedicado a los temas del sector privado, al foro asistí porque sigo cercano al partido de Uribe y por escuchar a los aspirantes”. Sobre la posibilidad de entrar al proceso más adelante para quedarse con el aval uribista, dijo: “No tengo comentario y no tengo información sobre eso”.

Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, quien compartió con Restrepo en el foro de movilidad y ambiente, afirmó que el partido tiene abierta la posibilidad de las coaliciones, “hemos dicho que sería importante una con el equipo del alcalde Gutiérrez. Yo quiero muchísimo a Mateo, es un gran profesional y líder, pero tengo disciplina de partido y acataré los lineamientos del Centro Democrático”.

Se acercan los días definitivos para las consultas y las encuestas. Los seis precandidatos siguen sus “precampañas” con el anhelo de tener uno de los avales más codiciados, el guiño del expresidente Uribe, quien viene de varios triunfos electorales como el plebiscito por la paz, el Congreso y la Presidencia de la República.

Agobiada por los tacos que generaban 478.000 vehículos —un tercio del actual parque automotor—, Medellín decidió estrenar la medida de pico y placa en febrero de 2005 para dos números de placa y cuatro horas diarias.

La restricción ya había sido implementada en Bogotá en 1998, durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa.

La política, en boga durante más de una década en Latinoamérica, tuvo variaciones después (desde junio de 2012 el 64 % del perímetro urbano quedó sin restricción; además, se redujo una hora diaria), pero siempre con un objetivo: intervenir el tráfico vehicular durante las horas pico.

Desde 2016, cuando se declaró la primera contingencia por la contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá, la medida tuvo otra motivación: reducir el 79 % de las emisiones de material particulado PM2.5, las cuales son generadas por los vehículos —21 % lo produce la industria—.

Ahora, cuando la restricción subió a nueve horas diarias tras la declaratoria de alerta ambiental, se debate si el pico y placa es o no una medida estructural en favor de la contaminación y la movilidad.

Incluso, la Alcaldía de Medellín contrató en septiembre un estudio con la firma mexicana Grupo Cal y Mayor que determinará si la ciudad debe ampliar la restricción en número de horas, en más zonas, si debe incluir las motos de cuatro tiempos, y analizará los efectos socioeconómicos, de movilidad y ambientales que conllevaría la implementación de diferentes medidas de gestión de demanda.

La posición que se ha impuesto en el debate académico es que las acciones restrictivas del tráfico generan la modificación de los hábitos de movilización, que se hacen más temprano o más tarde dependiendo del comienzo del horario de la medida.

La Encuesta Origen-Destino 2017, realizada por el Área Metropolitana, confirmó esa hipótesis: la máxima demanda diurna se sitúa entre las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m., hora en la que se realiza el 11 % de todos los viajes diarios. En la tarde, la franja con mayor recurrencia se da entre 5:00 y 6:00 p.m. Ambos periodos coinciden con la proximidad del comienzo del pico y placa (7:00 a.m. y 5:30 p.m.). El traslado de la hora pico también se debe al incremento del 102 % de los carros, y 411 % de las motos, entre 2005 y 2016.

Víctor Valencia Alaix, docente de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, opinó que el pico y placa es una medida coyuntural para intervenir tacos y problemas del aire. “Pero es un paño de agua tibia, no es una medida seria, afecta la libertad de movilidad y la productividad. Es parcial y no estructural”, afirmó.

Un estudio realizado por la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes en 2018, que analizó efectos del pico y placa en Bogotá, afirmó que la evidencia internacional y nacional señala que esta medida es inefectiva porque no mejora la calidad del aire, sino que, a futuro, tiende a empeorarla, dado que los conductores tratan de evadirlo comprando un segundo vehículo.

Valencia conceptuó que las medidas adoptados en Medellín “han sido administrativas y no técnicas” y que las autoridades deben determinar la pertinencia, basadas en estudios, de soluciones multicriterio como incentivos para adopción de tecnologías limpias, peajes intraurbanos, teletrabajo y optimización de la infraestructura vial y del transporte público. “El análisis debe hacerlo una entidad privada, sin intereses particulares, para que se mire el problema desde todas las facetas”, anotó.

Sergio Ignacio Soto, director de Fenalco, avaló la modificación de horarios laborales, más aún cuando Medellín es sede de la cuarta revolución industrial. “No podemos permitir que la región sea estigmatizada como altamente contaminada, eso afecta el clúster turístico. Se requieren soluciones de fondo, no restrictivas”, indicó.

Por eso dijo que no están de acuerdo con los peajes urbanos. “Hay cientos de miles de personas que obtienen de su carro o moto el sustento de sus hogares, eso sería un golpe durísimo. Eso, además, generaría migraciones de actividades empresariales a otras regiones que no tengan esas cargas impositivas”, sostuvo.

Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, coincidió en que la evidencia mundial confirma que el pico y placa no es una medida estructural y, por el contrario, genera efectos contrarios. “Las contingencias ambientales requieren de medidas coyunturales, lo que no podemos aceptar es que nos quedemos en esas medidas para alivianar problemas estructurales”, afirmó.

Opinó que los peajes urbanos, como los que existen en el Centro de Londres, ayudaron a mejorar la movilidad y a reducir los contaminantes. “Podría ser una medida estructural para el Centro de Medellín”, propuso.

Mencionó otras acciones como mejorar más la calidad de los combustibles, implementar el plan de cargue y descargue en horas valle, promover un fondo de chatarización para reponer vehículos más contaminantes, establecer revisiones tecnicomecánicas permanentes y acelerar la flexibilización laboral.

“Ahora que Bogotá está en el radar por las crisis del aire, se deben liderar con ellos cambios en las normas ante el Gobierno Nacional”, concluyó.

Tres personas lesionadas dejó un aparatoso accidente en la madrugada de este martes ocurrido en sentido occidente- oriente, antes de llegar al CAI de Policía de Las Palmas, confirmaron las autoridades.

El hecho se presentó a las 3:46 de la madrugada en el kilómetro 11+ 600 a la altura del Zarzal. Al parecer el conductor del vehículo pierde el control y sufre volcamiento cayendo por un abismo y queda sostenido solo por un árbol.

Bomberos Medellín atendieron la emergencia que dejó tres heridos leves que fueron remitidos a centros asistenciales en Rionegro y la clínica El Rosario.

La vía estuvo cerrada con paso solo por el carril de descenso y se registró una congestión vehicular por lo menos de 3 kilómetros afectando vías como Los Balsos, aunque ya se encuentra la vía operando con normalidad luego de que se retirara el vehículo.

El pasamanos del puente de La Minorista sobre el río Medellín amaneció este martes sin una parte de su tramo. Al parecer habitantes de calle arrancaron parte de esta estructura metálica para revenderla.

El hecho se presentó en la madrugada en el sector del puente hacia la Universidad Nacional. Luego de arrancar la estructura quedó un vacío de por lo menos 6 metros que podría ser peligroso para los transeúntes que se trasladan por la zona.

Los habitantes del sector pidieron a las autoridades hacer el cierre con algún tipo de señalización para que no se presente una tragedia y reparar la estructura.

Amenazas provenientes de grupos ilegales obligaron al sacerdote Raúl Mejía Valencia, de la parroquia de San Antonio de

Padua, de Armenia Mantequilla, a salir intempestivamente de este municipio ubicado en la región Occidente del departamento.

Así lo denunció la Diócesis de Caldas a través de un comunicado de prensa, en el que explicaron que las intimidaciones fueron corroboradas por las autoridades competentes y que, con el ánimo de preservar la vida del sacerdote, fue necesario disponer su salida inmediata de la población.

En el comunicado firmado por Carlos Manuel Arenas Henao, canciller de la Diócesis de Caldas, y César A. Balbín Tamayo, obispo de Caldas, la institución condenó las amenazas contra la vida, la integridad y los bienes, no solo del párroco Mejía, “sino de todos los habitantes del occidente cercano del Antioquia, que sufren tan lamentable flagelo”. Agregaron que, en ese sentido, la comunidad estará desprovista de su pastor hasta que cambien las condiciones y se pueda proveer el oficio vacante.

También llamaron la atención a las autoridades municipales, departamentales y nacionales, para que hicieran presencia efectiva en esta región y en el resto del departamento.

“Que en la esperanza de que acontecimientos tan lamentables, nunca se vuelvan a suceder en nuestro territorio diocesano”, concluye el comunicado.

Desde las 7:30 a.m de este martes, y hasta poco más de las 10 a.m. del mismo día, el aeropuerto Olaya Herrera permaneció cerrado a causa de las fuertes lluvias.

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A través de sus redes sociales, Airplan S.A.S informó en la mañana que las condiciones meteorológicas adversas para las operaciones aéreas obligaron a su cierre: “Se presentan demoras en seis vuelos llegando y seis saliendo. Doce vuelos han sido desviados al aeropuerto José María Córdova”, precisaron.

En la mañana del pasado lunes el aeropuerto también tuvo que suspender operaciones. Desde las 6:30 a.m hasta las 10:00 a.m del lunes estuvo cerrado, provocando la demora de 13 vuelos saliendo y 10 llegando.

Este mes inicia en el país la primera temporada de lluvias, anunciada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). En este contexto, el departamento de Antioquia es un escenario de riesgo por sus variables condiciones climáticas y la posibilidad de ocurrencia de fenómenos naturales.

Así lo explicó el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia (Dapard), quien recomendó a las autoridades locales actualizar los planes de contingencia y precisó que los meses de abril y mayo serían los más críticos.

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Juliana Palacio Bermúdez, directora del Dapard, enfatizó en que marzo es el mes de transición de la temporada seca a la primera temporada de lluvia y que ya están activos los Consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para atender cualquier evento que se presente en las localidades.

Actualmente, agregó Palacio, algunos municipios han sido sancionados por la Contraloría General de la Nación por no tener en funcionamiento sus Fondos ni Planes Municipales para la Gestión del Riesgo. Se trata de cinco localidades que no cuentan con información del Fondo: Cocorná, El Peñol, Santuario, Marinilla y San Vicente. Dos municipios están en proceso de elaboración (Concepción, San Carlos) y

cuatro municipios deben corregir el documento mediante el cual se crea el fondo, ya que lo hicieron por decreto y no por acuerdo (Nariño, Uramita, Anorí, Copacabana).

El Dapard precisó que, durante esta temporada de lluvias, se pueden presentar diferentes tipos de eventos como son las inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, vendavales, deslizamientos, tormentas eléctricas y granizadas, por lo que se invita a las comunidades a estar preparados y no exponerse.

Durante el periodo marzo 2018 – marzo 2019, se han presentado 37 de estos eventos, de los cuales se envió ayuda humanitaria para 15.444 personas damnificadas. En mayor alerta están las localidades de Murindó, Valdivia e Ituango.

Tenga en cuenta estas recomendaciones

El Dapard entregó además algunas como recomendaciones para estar preparados ante cualquier contingencia:

1. Tener a la mano un maletín o botiquín médico para emergencias.

2. Revisar, ajustar, cambiar o limpiar los techos, canales y canaletas para evitar inundaciones en las viviendas.

3. Evitar invadir zonas ubicadas en el cauce de los ríos, laderas o zonas propensas a la formación de movimientos en masa.

4. Evitar conducir cuando esté lloviendo ya que se disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de accidentes.

Fleteos a los padres de familia que esperan a sus hijos, estudiantes heridos a cuchillo y hasta mujeres abusadas, son algunos de los casos que se han registrado en las afueras de algunas de las mejores universidades del Valle de Aburrá.

La problemática, que tiene en alerta a las autoridades, ocurre de manera sistemática. Las bandas hurtan los mismos elementos y practican estrategias muy parecidas para despojar a los estudiantes de sus pertenencias.

Alejandro Palacio, representante estudiantil de la Universidad Nacional, confirma que hace dos meses se reunieron los representantes de las universidades con la Secretaría de Seguridad para hablar sobre el tema porque para ellos es algo“sistemático” y no “hechos aislados” como creen las autoridades.

“En todas las universidades están robando. Los delincuentes saben que a un estudiante universitario le roban un celular, un IPad o un computador y que es una presa fácil”, denunció Palacio.

En dos sondeos realizados por las redes sociales de EL COLOMBIANO, Instagram (1.900 votos) y Facebook (3.500 votos), la mitad de los estudiantes que respondieron confirman haber sido víctimas de un atraco. Algunos hasta contaron sus historias de cómo ocurrieron estos hechos.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, indicó que no se puede hablar de bandas criminales dedicadas al hurto de universitarios sino de delincuentes comunes que aprovechan la oportunidad para robar en estos sitios.

“Yo me reuní con la Sijín y no hemos encontrado una actividad articulada por parte de una organización que se dedique exclusivamente al hurto de elementos a estudiantes de una universidad determinada”, confirmó.

El alto oficial anunció además que en los próximos meses se reforzará el pie de fuerza con auxiliares. “Los vamos a utilizar en la protección de estos centros educativos y sus entornos porque son hechos con mucho impacto para nuestros estudiantes”, agregó.

Camacho reveló además que se comenzó un acercamiento con los líderes estudiantiles y rectores de las universidades para fortalecer las medidas de seguridad e invitar a los estudiantes a denunciar. “Es importante denunciar, porque hay personas que creen que las denuncias no tienen un fin jurídico, pero sí sirven para articular y dar con los responsables”, insistió.

“Tener la capacidad de que en cada punto, esquina y corredor tengamos a un policía es un poco difícil. Por eso se necesita una articulación con la seguridad de las universidades y con base a las denuncias conocer los sitios donde hurtan, las horas, las modalidades, para hacer un seguimiento y con agentes encubiertos atrapar a estos delincuentes”, insistió.

El oficial reveló además que hay establecimientos que compran estos elementos robados para comercializarlos y dijo que han logrado detectar ventas por redes sociales e internet. “Hemos logrado capturar a varios delincuentes que venden esta clase de elementos en el mercado digital y en compraventas”, concluyó.

Estas son las denuncias que hacen varios representantes estudiantiles sobre lo que viene ocurriendo en las universidades:

Universidad Eafit

Sebastián Maldonado, representante de los estudiantes en Eafit, comentó que los robos en su universidad son constantes en las salidas peatonales y el recorrido que lleva a la estación del metro de La Aguacatala.

“Hace un mes se presentaron unos robos en las salidas peatonales de la universidad donde los estudiantes esperan los buses y donde los padres los recogen. A los estudiantes les roban los celulares, tablets. Los robos son en moto con armas de fuego o cuchillo y hay casos de padres de familia que esperan a sus hijos y les tocan la ventanilla y los fletean”, denunció el líder.

Maldonado agrega que ya estuvieron reunidos con el Secretario de Seguridad, Andrés Tobón, y se comprometió con algunas medidas de seguridad como más presencia de la Policía alrededor del campus. “Nosotros además estamos pidiendo a los estudiantes que denuncien al personal de seguridad, representantes o autoridades. Porque lo que hacen es informar en redes y eso no sirve”.

Laura Hernández, otra representante estudiantil, agregó que ha conocido casos donde tumban a los estudiantes de las bicicletas para luego robárselas. “Le pedimos más presencia a las autoridades porque hay estudiantes que salen a las 9:30 de la noche de estudiar”, agregó.

Universidad Pontificia Bolivariana

Otra de las universidades que ha denunciado algunos casos de atracos ha sido la UPB. Daniela Vergara, representante estudiantil, aseguró que ha habido algunos atracos en los alrededores de la universidad por Unicentro y la 70.

“La mayoría son robos a personas que les arrebatan el bolso, pero el año pasado persiguieron a un estudiante hasta la casa y con arma le robaron todos los electrodomésticos que había en su casa”, indicó Vergara.

Los elementos hurtados son los mismos, celulares, computadores portátiles y bolsos. Y hasta dos víctimas de atracos por mes se registran, eso sin contar las personas que no denuncian. Para esto la universidad creo una línea segura, un 123 para que los estudiantes, además de un grupo de WhatsApp llamado Distrito Universidad, donde tiene comunicación directa con la Alcaldía, Fiscalía y Policía. Y tienen más de 300 cámaras de seguridad, algunas que vigilan los exteriores y la vías de todo el perímetro.

“Uno puede marcar la línea segura que está en fijo y celular y poner la denuncia del robo. La Universidad le avisa a las autoridades y tenemos un cuadrante exclusivo que pasa constantemente por la universidad”, agrega Vergara.

Javier Andrés Orozco, coordinador de seguridad de la UPB, asegura que las modalidades de atraco son muy parecidas a las de las otras universidades. “Los intimidan con arma de fuego o navaja. Y se movilizan en moto o en carro. Les roban los equipos celulares, computadores. En toda la periferia de la universidad se presenta este problema, pero donde más nos han denunciado es entre Unicentro y la universidad, en el pasaje de la avenida Bolivariana”, confirma Orozco.

Otra de las modalidades es que los ladrones se hacen pasar por bandas criminales y así atemorizan a los estudiantes. “También han robado a muchachos del colegio con una modalidad vieja. Están 4 o 5 estudiantes de séptimo u octavo de bachillerato y llega una persona y les dice que ya los tienen fichados que son los que están vendiendo droga por el sector, que necesitan revisar los celulares y los intimidan diciendo que tienen vehículos vigilando afuera y cuando ellos les entregan los celulares se los llevan”, agrega.

“Muchas veces los atracan y no nos dicen nada. Pero cuando nos informan nosotros les ayudamos a poner la denuncia, porque la Fiscalía y la Policía necesitan esas denuncias para hacer los focos de calor y poner los cuadrantes en los sitios indicados”, concluye.

Universidad Nacional

Alejandro Palacio, representante estudiantil dice que la inseguridad en su campus es constante y que las autoridades hacen presencia 20 días pero después no vuelven a realizar acompañamiento o patrullajes.

“En el caso de la Universidad Nacional hace 8 meses a una estudiante de la universidad la violarona escasos 70 metros a las 8:00 de la mañana. Nosotros hicimos una tuiteratón de #SeguridadParaLaUN. Federico Gutiérrez nos atendió, estuve en la oficina del alcalde junto al rector, pero toman medidas 20 días mientras los estudiantes vuelven a estar tranquilos y hasta ahí llega la eficacia de la Alcaldía”, dice Palacio.

Según el líder estudiantil varios estudiantes de la universidad han sido atacados con armas blancas. “Son muchos los atracos, dar una cifra es complejo porque hay personas que no denuncian, hay un subregistro, pero se podría decir que hay más de 5 robos por mes”, sostiene.

Palacio pidió a las autoridades un acompañamiento efectivo con corredores de seguridad para que los estudiantes que tiene que acceder al transporte público lo hagan de manera tranquila. También pidió mejorar la iluminación y las cámaras de seguridad que hay en la zona. “Cuando ocurrió el hecho de la violación nos dimos cuentas que las cámaras de la universidad son muy precarias. Y cuarto es muy importante que se entienda que lo que sucede en las universidades no son hechos aislados”, concluyó.

Universidad de Antioquia

Juan Pablo Posada, representante de los estudiantes de la U. de A. no solo conoce los casos de otros estudiantes sino que ha sido también víctima de atraco, según él fue asaltado en el puente de Barranquilla en octubre del año pasado y la denuncia nunca prosperó.

“La universidad conecta con Prado Centro y el puente del Mico, lugares donde roban mucho porque es una zona muy sola y tiene además una población que se dedica al robo de celulares, computadores, tablets y bolsos. Hay personas que roban con cuchillo, otros en motocicleta con arma de fuego y hay otros que los amedrentan solo con palabras. Se han dado casos de estudiantes heridos a puñal”, denuncia Posada.

Según el líder estudiantil a diario se reportan entre2 y 3 denuncias por hurto. “Eso es pan de cada día. La Policía puso una patrulla desde el puente de Coca Cola y una circulación constante de motocicletas de policía, pero no es sistemática. Cuando ocurre un robo el estudiante llama la Policía y esta tarda entre 10 y 15 minutos en llegar y eso que hay un CAI cerca de la Universidad Nacional”, agrega solicitando más presencia y reacción efectiva de las autoridades.

Universidad de Medellín

En esta universidad aunque la modalidad de atracos es parecida, la mayoría de estudiantes dicen que en los atracos algunas veces no utilizan ni armas sino amedrentamiento. Dicen que hacen partes de bandas criminales para despojar de los celulares a las víctimas.

“La semana pasada le preguntamos a los estudiantes si habían sido víctimas y hay muchas denuncias sobre hechos de inseguridad. Hay un patrón común y es que personas les dicen que son de una banda y que necesitan ver el celular, le miran los contactos y les roban el celular”, confirma Javier Andrés Ferro, representante estudiantil de la Universidad de Medellín.

“A las personas que más roban son las que viven en sectores aledaños o las que tiene que bajar a coger bus. Tienen que caminar dos cuadras hasta un parque y en ese trayecto les salen de los arbustos. Normalmente roban con cuchillo, pero han dicho que algunos les sacan pistola en el parque de Los Alpes. Roban celulares, relojes y computadores”, agrega.

Según el líder estudiantil se presenta por lo menos una víctima por semana, es decir cuatro casos cada mes. “Se volvió algo recurrente por fuera de los campus los atracos, nos volvimos un público objetivo de los ladrones”, concluyó.

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

Este es uno de los campus universitarios más azotados por hurtos en el Valle de Aburrá. Sus representantes estudiantiles han denunciado en varias oportunidades los constantes robos de los que son víctimas en la sede de Fraternidad y Robledo.

“Hicimos una encuesta por redes sociales y son muchos los afectados. Recibimos 280 respuestas y la gran mayoría decían que habían sido víctimas de hurto. Decían que los alrededores del ITM eran inseguros. Hay un caso de una chica embarazada que le sacaron cuchillo y le tocó entregar el bolso. Otro chico cuando estaba bajando en moto lo hicieron caer. En otro caso le pegaron a una alumna hace dos semanas por robarla”, denunció Valentina Yepes Ardila, representante de los estudiantes.

“A las autoridades les pedimos seguridad alrededor del campus, pero real no solo una semana. Los estudiantes estaban acudiendo con miedo y algunos querían desertar. Hace un año llegó una carta a un consejo directivo de una chica que pedía el reembolso de su matrícula porque vivía en Caldas y ya había sido víctima de hurto alrededor de la sede de Fraternidad”, agregó.

Politécnico Jaime Isaza Cadavid

En este campus educativo no solo se han presentado atracos en las vías aledañas a la universidad sino que tiene además otro problema y es que no hay torniquetes en las entradas para controlar el ingreso de las personas.

“Los robos son con cuchillo y también le arrebatan a los estudiantes los bolsos. Dentro del Poli también roban los celulares y computadores, porque tenemos además otro problema y es que al Poli entra cualquier persona”, confirma Sindy Naranjo, representante estudiantil.

“El semestre pasado en semana de parciales tuvimos alrededor de 6 robos. En semanas antes de parciales se aumentan mucho y cuando va a empezar el semestre. Las autoridades están al tanto y lo que se ha intentado es cambiar los carnets integrándolos a la cívica para poder poner torniquetes y controlar el acceso. Se espera que estén listos en abril”, agrega.

Institución Universitaria Pascual Bravo

Manuela Duque, representante estudiantil confirma que la mayoría de atracos suceden en la noche no solo en su universidad sino también a los estudiantes del Colegio Mayor, pues la mayor demanda de estudiantes está en la jornada nocturna.

“El acompañamiento no es tan permanente en horas de la noche y la gran demanda de los estudiantes del Colegio Mayor, ITM y Pascual Bravo es en esa jornada. Cuando salen de estudiar tipo 9:30 de la noche tienen que ir caminando y ahí se presentan los robos. La mayoría de robos son en motocicleta con arma blanca o arma de fuego. Cuando las personas se bajan por el Rinconcito Ecuatoriano o por la 80 y Pilarica los atracan con arma blanca”, denuncia.

La líder estudiantil pidió a la administración municipal mejorar la iluminación, “hay zonas poco iluminadas y los ladrones aprovechan la situación”. También pidió mejorar el transporte para esta zona de El Volador, porque según ella hay una gran demanda de estudiantes y pocos buses.

Respirar un mejor aire en la ciudad que ya ajusta varios días en contingencia ambiental y que las medidas de las autoridades sean más planificadas y mejor pensadas para que sí ataquen el problema de la contaminación. Esas son algunas de las ideas de un grupo de activistas que este miércoles, 19 de marzo, realizarán un plantón por el aire en el Parque de los Deseos de Medellín.

Daniel Suárez, uno de los activistas, explicó que el plantón de mañana es una invitación a los ciudadanos para que se sumen en la búsqueda de soluciones al problema, puesto que consideran que la administración municipal aún no ha ejecutado acciones sólidas y de choque a la situación.

“Se propone un plantón en el Parque de los Deseos a partir de las 6:00 p.m. La idea es, además, generar un espacio pedagógico para reflexionar sobre las principales problemáticas que tiene la ciudad y cómo podríamos aportar a su mejoramiento desde la ciudadanía”, precisó Suárez.

El activista agregó que, desde la administración, aún no evidencian acciones sólidas a la situación, por lo que el plantón por el aire busca dejar un mensaje positivo, de construcción y de diálogo con las personas que asistan.

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Y frente a la asistencia, los organizadores tienen buenas expectativas. “Esperamos que llegue un número importante de personas, aunque entendemos la situación de horarios y el momento del día”, concluyó Suárez.

Dos días de la extensión del pico y placa ambiental

Al mediodía de este martes, el segundo día de la implementación del pico y placa ambiental por parte del Área Metropolitana, las 19 estaciones de monitoreo del Sistema de Alerta Temprana (Siata) se encontraban en amarillo (concentración moderada de partículas contaminantes 2.5).

La mejoría registrada en las estaciones de medición se presenta luego de que el AMVA decidió pasar del estado de prevención al de alerta, al mediodía del domingo, cuando 16 estaciones del Siata registraban niveles superiores a los 56 microgramos por metro cúbico de concentración de material particulado (PM 2,5) —un aire dañino para toda la población—.

Con esta declaratoria, como había ocurrido el pasado 6, 7 y 8 de marzo, se extendió el alcance y horario del pico y placa y se dictaron medidas adicionales para la industria desde hoy y hasta el miércoles.

En la madrugada de este martes falleció el profesor universitario Gildardo Lotero, un apasionado por el lenguaje y la gramática, que dedicó su vida a formar a los profesionales de la facultad de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana.

A lo largo de sus más de 40 años de docencia en la UPB su metodología giró en torno a la exigencia, la redacción, el lenguaje y las tildes. Sus estudiante lo llamaban jocosamente como “Tildardo” o Atila, el rey de los “unos”. Estaba casado hace 35 años con Martha Elena Arias, profesora de la Escuela de Arquitectura y Diseño de La Bolivariana.

El catedrático Lotero había publicado varios libros, entre ellos, la historia de la UPB, a propósito de los 50 años de la universidad. Uno de sus tantos estudiantes, Juan Fernando Muñoz, docente de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la UPB, afirma que “Gildardo fue un profesor talentoso, que enseñó con convicción, entusiasmo, disciplina y carácter. Él nos enseñó el rigor de escribir bien, de tener el sigilo de informar lo correcto, de ser precisos en el procesamiento de la información y, sobre todo, de ser responsables y éticos en el desempeño periodístico. Fue un profesor probo, incólume, digno, transparente, consagrado y de un humor tan fino como su escritura”.

La misa con las cenizas del profesor se realizará este martes, a las 4:00 p.m., en el templo universitario Nuestra Señora del Santísimo Sacramento.

Luego de una campaña de expectativa en redes sociales, la aerolínea de bajo costo Viva Air anunció que reabrirá desde junio próximo la ruta entre Medellín y Barranquilla:

La ruta, según consta en la web de Viva Air donde ya hay pasajes a la venta, tendrá una frecuencia de un vuelo de ida y otro de regreso hacia Medellín, distribuido en los siguientes horarios:

Lunes a sábado

Salida Medellín: 17:37
Llegada a Barranquilla 18:49

Salida Barranquilla 19:19
Llegada a Medellín 20:31

Domingos

Salida Medellín: 14:14
Llegada a Barranquilla: 15:26

Salida Barranquilla 20:04
Llegada a Medellín 21:16

La reapertura de la ruta, que ya cuenta con la aprobación por parte de la Aerocivil, comenzará a operar el próximo 17 de junio:

Viva Air anunció además que reabrió el trayecto entre Bogotá y Barranquilla. Ambas rutas habían sido suspendidas en el 2017 en medio de un proceso de reorganización de la aerolínea:

“Para Viva Air es un orgullo poder contarles a nuestros clientes que nuevamente operaremos las rutas Bogotá - Barranquilla - Bogotá y Medellín - Barranquilla - Medellín. Regresamos a la casa de la Selección Colombia con nuestros aviones nuevos, como la aerolínea más puntual de Colombia, y como siempre con los precios más económicos del mercado. De hecho, esperamos que las tarifas disminuyan hasta un 30 %”, dijo Félix Antelo, CEO de Viva Air.

El coliseo Jaidukamá del municipio de Ituango, recibió en la tarde de hoy, 19 de marzo, a miembros de la Contraloría General de la Nación, quienes escucharon peticiones de la ciudadanía, organismos locales, regionales y nacionales sobre las afectaciones que ha dejado el proyecto hidroeléctrico que desarrolla EPM cerca a ese territorio.

Los ánimos se caldearon entre los asistentes cuando se abordó el tema sobre el uso del coliseo. Este espacio ha estado cerrado desde mayo de 2018 y según el movimiento de derechos humanos Ríos Vivos, ha sido destinado para el albergue de familias desplazadas por la ejecución de la obra.

Cristóbal Giraldo, presidente de la Asociación de Víctimas, dijo que “si EPM no hubiese sacado a estas familias del río Cauca, no estarían viviendo en estas condiciones. Lo que han hecho aquí en inversión social son obligaciones que ellos deben cumplir”.

Algunos de los residentes que asistieron al evento afirman sentirse afectados por Ríos Vivos, ya que la ocupación del coliseo es solo un método de presión a EPM para lograr más reparaciones.

“Traen gente de Toledo, Sabanalarga y otros municipios para que parezca que hay familias enteras, pero la realidad es que aquí solo mantienen dos o tres personas vigilando para mantener el coliseo cerrado y tener una comunidad entera afectada”, afirmó Maria Victoria Zapata Yepes, rectora del colegio Pedro Nel Gómez de Ituango.

“Hay gente indemnizada varias veces y siguen buscando más. El municipio les abrió las puertas durante la contingencia pero no pensamos que se tomarían el espacio por tanto tiempo”, subrayó Zapata Yepes.

Comunidad reclamó

Grupos de jóvenes deportistas de diferentes disciplinas asistieron al acto para sembrar su voz de protesta y exigir la devolución del coliseo. Varios de ellos, con micrófono en mano, hicieron reclamos airados y afirmaron que la imposibilidad de desarrollar sus prácticas deportivas dejaba la juventud del municipio a merced de las drogas y la delincuencia.

A ellos se sumaron otras personas que se acercaron al recinto para ser escuchados.

“A Ríos Vivos le digo yo, como padre de familia, este no es el sitio para protestar”, exclamó un campesino que participó del evento.

Por su parte, José Iván Posada, residente del municipio, dijo sentirse beneficiado con el proyecto, ya que Ituango pasó de ser un territorio olvidado a un municipio en vía de desarrollo, con carreteras pavimentadas y mejores servicios en salud.

La Contraloría General de la República hace presencia en Ituango desde el pasado 1 de marzo, cuando una comisión recorrió diferentes zonas del territorio con el objetivo de conocer las afectaciones de la población por cuenta de la hidroeléctrica.

A las 5:30 de la tarde el tráfico en las calles de Medellín está fluido y tranquilo. Ni un solo taco. Muy diferente al panorama que tenía la ciudad solo dos horas antes, cuando muchos conductores intentaban huirle al pico y placa ambiental extendido, que rige en el área metropolitana desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

(Lea aquí ¿Qué tan efectivo es el pico y placa para mejorar el aire y la movilidad del Aburrá?)

Podríamos hablar de cualquier día: ese es un escenario común cuando se adopta esta medida en el marco del estado de alerta por baja calidad del aire en el Valle de Aburrá. Incluso, lo mismo sucede cuando la región entra en estado de prevención y se decreta pico y placa para 6 dígitos, sin extensión de horario. Así lo ha registrado El Colombiano en Instagram:

Y también es común leer a ciudadanos en redes sociales decir que la medida no es exitosa del todo, pues aseguran que lo que hace es cambiar la congestión (y la cantidad de emisiones) de un horario a otro.

Incluso, el caricaturista Ricky ilustró esa percepción en esta caricatura para El Colombiano.

Con base en esa preocupación ciudadana y a propósito de la decisión de adoptar nuevamente la extensión del pico y placa a nueve horas, EL COLOMBIANO consultó a sus seguidores en redes sociales sobre la opción de ampliar la medida a 24 horas, de manera que el taco no se traslade sino que no exista, y se reduzcan las emisiones de contaminantes que tienen a la ciudad en estado de alerta.

Este fue el resultado en Twitter: 78% dijo que sí, frente a un 22% en desacuerdo.

El medio también consultó sobre los motivos por los que los ciudadanos estarían de acuerdo o en desacuerdo con una restricción de todo el día. Las respuestas fueron diversas: algunos dieron un “sí” cerrado, otros pusieron algunas condiciones y otros aseguraron no estar de acuerdo.

“Claro que sí”

“Sí, pero hay condiciones”

“No estoy de acuerdo”

Lo que dicen quienes toman las decisiones

Este mes la preocupación de la ciudadanía ha aumentado por la baja calidad del aire. El domingo 17 de marzo, en particular, la inquietud fue mayor pues 17 de las las estaciones de monitoreo del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, SIATA, estaban en rojo a eso de las 10:00 de la mañana.

Esto se suma a la nubosidad de los últimos días, que fácilmente se confunde con contaminación y contribuye a que las partículas contaminantes no se dispersen con facilidad.

(Lea aquí Activistas convocan a un plantón por el aire en Medellín)

Con base a estos datos, la junta Metropolitana decidió decretar estado de alerta, acatando lo que estipula el Plan Operacional para enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica en el Área Metropolitana del Vallé de Aburrá –POECA-.

¿Pico y placa todo el día?

Esta no es una medida que se contemple en el POECA para el nivel III de contaminación, que es el que la Ciudad enfrenta actualmente.

“Las restricciones que se tienen de pico y placa están definidas por protocolo y en los horarios en los que hay menor radiación. Coincide efectivamente con la salida de las personas hacia su sitio de destino y el retorno en la noche”, dijo al respecto la subdirectora ambiental del Área Metropolitana, María del Pilar Restrepo, el domingo en rueda de prensa.

La restricción de 6 dígitos y 9 horas, “saca de circulación al 60% de vehículos y fuentes móviles” de las calles de Medellín, según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Eso sí, Restrepo contó que si la región metropolitana llega a un estado de emergencia (nivel IV de contaminación) sí se contempla una medida aún más restrictiva: el POECA estipula que en ese caso, sería necesario “implementar la restricción total a la circulación de automóviles particulares, motos de 2 y 4 tiempos en el horario extendido de 5:00 a 22.00 horas”, y así mismo para camiones y volquetas.

¿Y los demás emisores?

En la región metropolitana, el 80% de las emisiones provienen de fuentes móviles, indicó el alcalde este lunes en atención a medios. Vale recordar que en esa categoría caben automóviles particulares, motos de 4 y 2 tiempos, buses, camiones y volquetas, siendo estos dos últimos los agentes que mayor contaminantes emiten, con un 36% y 22% de la contribución, respectivamente.

Y esa es precisamente una constante en los comentarios que observamos en la consulta que hizo EL COLOMBIANO en redes sociales:

Al respecto, el alcalde de Medellín y presidente de la junta metropolitana aseguró que es comprensible que la ciudadanía sienta que son estos actores los que deben tener mayor control:“la gente asume que deja los vehículos en sus casas y le da mucha rabia cuando ve un vehículo chimenea. No puede haber una chimenea por ahí rodando”.

Sobre los operativos de control, la subdirectora Restrepo informó que en 2019 se han realizado 6.422 mediciones a fuentes móviles, 4.600 de ellas en Medellín, con un porcentaje de rechazo del 46%. Es decir, de 100 vehículos que son sometidos a estas pruebas, 46 no pasan.

Y preocupa, además, que muchos de ellos tienen el documento que certifica que supuestamente cumplen la norma: “hay CDA muy juiciosos, pero no puede ser que (los vehículos) en los CDA pasen el control y en la calle no los pasen”, rechazó Gutiérrez.

El alcalde dijo, además, que ya expidió “una notificación al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia” para que tomen decisiones al respecto. Dijo que les notificó cuáles son los CDA en los que se presentan estas inconsistencias.

¿Cómo van las fuentes fijas?

Los contaminantes que provienen de la industria son otra de las preocupaciones que presentaron los seguidores de EL COLOMBIANO en sus respuestas.

De acuerdo con la subdirectora ambiental del AMVA, en estado de alerta las medidas para las fuentes fijas se incrementan e incluyen la suspensión de empresas que no demuestran cumplimiento, así como la prohibición de trabajos de mantenimiento preventivo a equipos de control de emisiones atmosféricas por parte de las compañías.

María del Pilar Restrepo dijo que, en 2019, la autoridad ambiental ha impuesto 46 medidas preventivas, 7 de ellas en curso.

Además, se han ejecutado 210 Planes de Movilidad Empresarial Sostenible (MES), que tienen a 329.774 personas, empleados de esas 210 empresas, movilizándose de manera sostenible.

Cabe recordar que esos planes incluyen alternativas de movilidad a pie y en bicicleta, transporte público, teletrabajo, horarios flexibles y escalonados, y carros compartidos.