Antes de allanar la casa en el barrio Castilla de Medellín, los agentes solo sabían dos cosas: que posiblemente allí había armas que serían vendidas a las bandas y guerrillas de Antioquia, y que el dueño de la mercancía era un misterioso señor de la guerra al que llamaban “Zeus”.

Entraron en la madrugada del 22/6/16 y fueron recibidos por un expolicía en pijama, que dormía con su esposa e hija. Se aterró cuando vio entrar a sus antiguos colegas, quienes al quitar un cuadro vieron una caja fuerte incrustada en la pared, que contenía dos proveedores, 17 balas y partes de pistola.

En una caleta en el piso, tras una baldosa suelta, hallaron 298 cartuchos de distintos calibres y sobre un camarote una caja con 56 municiones para fusil 5.56. En la propiedad había más caletas en las paredes, pero estaban vacías.

Dos días más tarde, un informante condujo a los investigadores a otra residencia de Castilla, desocupada y con un botín más grande: tres fusiles 7.62 con 18 proveedores, dos pistolas Glock y Beretta con nueve proveedores, un revólver calibre 32 y 20 granadas de mano; además, 8.952 balas de fusil, 450 de pistola 9 milímetros y 50 de revólver calibre 38. De nuevo, las fuentes insistían en que eso era de “Zeus”.

A la Dijín y a la Fiscalía les iban llegando gotas de información sobre el personaje, pero ninguna que permitiera identificarlo. Se decía que adquiría armas en Villavicencio y las traía a Medellín para alquilarlas a mercenarios y venderlas a los combos, disidencias de las Farc y a un contacto del Eln apodado “Mauricio”, que las recibía en Anorí. A él se las enviaba desarmadas, en maletines y cajas camufladas en buses de servicio público.

Nadie en el bajo mundo se atrevía a decir su nombre y por cinco meses hubo silencio, hasta que otro informante envió a los detectives a una pista definitiva. El 22/11/16 llegaron a un lavadero de carros del barrio Aranjuez, llamado Express Car. El local se conectaba con dos apartamentos y una bodega, y en los registros decomisaron cinco pistolas con siete proveedores, dos revólveres, dos silenciadores, carcazas y cañones de diversas armas, tres proveedores de fusil, un par de esposas y 462 municiones de distintos calibres, incluso para pistola FiveSeven (5.7 x 28 m.m.).

En la operación fue detenido un joven de 22 años, asustadizo, quien dijo que el propietario del local era su padre, un hombre que no permanecía en la ciudad. Así los agentes obtuvieron la esquiva identidad de “Zeus”: José Alexánder Peláez Mejía, nacido el 15 de agosto de 1975 en La Virginia, Risaralda, con nacionalidad colombiana y venezolana y cuya actividad comercial era la restauración de carros.

Se expidió una orden de captura y una Circular Azul de Interpol, a la espera de localizarlo en los países que frecuentaba, como Panamá, pero logró cubrir sus huellas durante tres años.

El 17/2/19 se disparó una alerta de Interpol en Tegucigalpa, Honduras, adonde había ingresado de manera irregular un hombre de 43 años y características similares al objetivo. Resultó ser “Zeus”.

“Este hombre sería el principal abastecedor de armas con destino a los frentes del Eln y disidencias de las Farc que delinquen en Antioquia”, aseveró el general Gonzalo Londoño, director de la Dijín.

El 4 de marzo lo deportaron y en el aeropuerto Eldorado fue arrestado; al día siguiente, en la audiencia de garantías, la Fiscalía imputó cargos por tráfico de armas y municiones. Peláez no aceptó la responsabilidad y el Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia lo envió a la cárcel.

La historia de “Zeus” es otro capítulo dentro del oscuro mundo del tráfico de armas en Medellín y Antioquia. Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía, en la ciudad se incautaron 1.957 armas entre 2016 y 2018, es decir, 1.7 cada día. Y en 2019 (hasta marzo 3) han decomisado 148, o sea 2.4 diarias, en una capital donde han matado a bala a 83 personas.

Pese a los volúmenes de incautaciones, y a que al día hay un promedio de 1.2 homicidios con estos artefactos, las investigaciones contra este flagelo son escasas. Así lo reconoció el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana: “cuando yo llegué (al cargo) no encontré una investigación directa de tráfico de armas. Es un problema delicado, este año llevamos 180 armas incautadas (en todo el Valle de Aburrá) y ya no se ven trabucos ni changones, todas son originales”.

EL COLOMBIANO le ha seguido la pista a la situación en la última década, y constatando con fuentes judiciales y de Inteligencia, se concluye que en la actualidad la principal fuente de armas son los armerillos de EE.UU., en especial de La Florida. Los traficantes contratan a personas con ciudadanía estadounidense y sin antecedentes penales, quienes compran las armas en tiendas autorizadas y las entregan a la organización delictiva.

Los rifles y fusiles semiautomáticos, cuyo uso en Colombia es potestad de la Fuerza Pública, se venden en EE.UU. como deportivos. El control posterior en aquella nación no es frecuente, no hay un seguimiento a las armas adquiridas ni un tope máximo para comprar, y mucho menos cuando la transacción es por internet.

“Estamos más concentrados en lo que entra a nuestro país, como la droga, que en las cosas que salen”, señaló un agente de seguridad radicado en Miami*, al ser consultado por este diario. Añadió que, “a pesar del sentimiento popular”, allá se frustran los intentos por restringir las armas debido a la interpretación de la Segunda Enmienda que hace la Corte Suprema y al influyente cabildeo de la Asociación del Rifle, que incluye aportes millonarios a campañas políticas.

Los artefactos se exportan desde Miami y México, y en menor medida por Venezuela y Ecuador. La ruta marítima a veces hace escala en Panamá, o llega directo a los puertos de Barranquilla, Buenaventura y Turbo; por aire, en vuelo de carga hasta Bogotá.

Las armas vienen por partes y ocultas en cajas de electrodomésticos, equipos de gimnasio y autopartes. Aquí se distribuyen en encomiendas, taxis, buses, camiones para el transporte de residuos biológicos y hospitalarios o con logos de multinacionales.

“Sabemos que quienes reciben las armas, alquilan apartamentos en Medellín y los ocupan por dos meses, hasta que llega el paquete. A veces usan familiares, quienes dan su dirección para el envío; no destapan la caja, así que ignoran qué trae”, narró un fiscal*.

En muchos casos se produce un trueque de armas por cocaína, entre carteles internacionales y facciones locales como el Clan del Golfo, “la Oficina”, Eln y el Clan Isaza del Magdalena Medio. “Los traficantes actúan como comisionistas entre los extranjeros y los colombianos, juntan cantidades de droga que parten de los 300 kilos y la exportan, para luego traer el arsenal”, complementa el jurista.

Otra modalidad para abastecerse, en especial de explosivos y municiones, implica a batallones y almacenes militares y policiales, en lo que se conoce como mercado gris: cuando la transacción inicia con una adquisición legal y por distintas causas termina en poder de un actor ilegal.

Hay tres ejemplos recientes: la captura del patrullero Ferley Cardona, de la Sijín de Antioquia (22/2/17). En un allanamiento a una casa en el barrio El Volador, le incautaron dos revólveres, 11 granadas, 288 cartuchos de explosivo Indugel, cuatro rollos de mecha y 3.700 detonadores. Según la Fiscalía, ese Indugel hacía parte de un cargamento de 2.7 toneladas decomisadas en Segovia y que se suponía habían sido destruidas por la Policía. Al parecer, el uniformado se confabuló con otros para venderle al Clan del Golfo.

El segundo caso es el del mayor Héctor Murillo, jefe del Modelo de Cuadrantes de la Policía en Antioquia, detenido el 25/11/17 y procesado por corrupción. De acuerdo con el expediente, trabajaba para el Clan del Golfo y una de sus funciones era conseguirles armas y munición.

Y el tercero partió de una denuncia de la Brigada 17 del Ejército, que el pasado 12 de enero informó que del batallón de Ingenieros ubicado en Apartadó desaparecieron un fusil y una ametralladora.

Claudia Carrasquilla, jefa de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, recordó que “muchos cabecillas de organizaciones ilegales tienen armas con permiso para porte, obtenidos en diferentes brigadas”. Uno de ellos es Sebastián Murillo (“Lindolfo”), un líder de “la Oficina” capturado en 2018.

Un investigador policial* asevera que “el 90% de los homicidios de Medellín son con munición fabricada por Indumil (Industria Militar Colombiana), hay una fuga grande de balas en los almacenes de los organismos de seguridad”.

Perseguir a los traficantes es complejo, según los investigadores, porque tienen un perfil diferente al bandido convencional. Su estilo es empresarial, no están en la nómina de grupos tradicionales y nunca se ensucian las manos con la mercancía. No están adoctrinados, por eso comercian con el mejor postor y le venden a facciones enemigas entre sí.

En esa descripción no solo encaja “Zeus”, también Elkin Gallego Yepes (“el Negro”), otro de los pocos traficantes descubiertos en el Aburrá. Lideraba una estructura que conseguía armamento para diferentes clanes y tenía bodegas en Medellín, Bello y Guarne, por donde movía la mercancía en taxis.

Entre los hechos que condujeron a su detención, estuvieron la incautación de 10 revólveres en un vehículo de estos en Calasanz (24/6/15) y de 400 cartuchos 9 m.m. en otro “amarillo” que iba por el barrio Alfonso López (05/8/15).

Por las interceptaciones a “el Negro”, las autoridades conocieron el lenguaje cifrado que usaban para comercializar. A un revólver, según la marca, le decían “alacrán” (Scorpio), “Martínez” (Martial), “don Wálter” (Walter) o “Rogelio” (Ruger); a la munición, “fruticas”, “caja de arroz chino”, “comidita” o “sim card larga” (proyectiles de largo alcance); a los proveedores, “cocos” o “controles”; y a las pistolas, “juguete” o “negrita”.

“El Negro” y tres compinches, entre ellos el subintendente César Augusto Aristizábal (“Peska”), adscrito a la Dirección de Tránsito de la Policía, fueron detenidos en 2015 y condenados a penas entre los 7 y 10 años de cárcel.

A pesar de los esfuerzos, a la región siguen entrando armas nuevas, como las encontradas el pasado 11 de febrero en un inquilinato de Bello, que incluían una ametralladora M60, cinco fusiles, siete pistolas y proveedores expansivos, que fueron entregados por un desertor del Eln.

El siguiente 25 de febrero, en una finca de la vereda Las Conchas, en Anorí, arrestaron a “Gabino”, un guerrillero del Eln, quien ocultaba bajo tierra un poderoso fusil Barret .50, capaz de perforar vehículos blindados e impactar un objetivo a 2.5 k.m. de distancia.

Esta arma ya había sido vista en poder de Ricardo Ayala (“Cabuyo”), líder de la disidencia del frente 36, una escuadra de forajidos que azota el Norte de Antioquia. Él es uno de los principales clientes de los señores de la guerra que, como “Zeus” y “el Negro”, se lucran de la violencia en una región acostumbrada a enterrar gente todos los días.

*Identidades reservadas

Los cuestionamientos por las denuncias de alzas en el cobro del impuesto vehicular le llegan a la Gobernación de Antioquia y tan solo va poco más de dos meses en el proceso de recaudo de este año.

Para los contribuyentes la conclusión es simple: es inaudito que un vehículo se valorice, como lo determinan algunos avalúos y que, como consecuencia, las cuentas de cobro de 2019 estén llegando más altas que las de 2018.

Le sucedió a un ciudadano, quien pidió la reserva de su identidad, pero con facturas y reclamaciones a la Gobernación en mano, cuestionó la idoneidad del proceso que se está realizando para el recaudo.

Al solicitar en www.vehiculosantioquia.com el formulario de liquidación de 2019, para cancelar el impuesto, esta persona se llevó una no tan grata sorpresa: el total a pagar que le aparecía, por su Chevrolet Tracker, era de $ 1’ 614.000, superior al del año pasado, que fue de $ 890.600, según se lo reportó la Administración seccional en un estado de cuenta.

Para mayor sorpresa, el contribuyente comentó que buscó los reportes de la Secretaría de Hacienda, de la información que diera sustento al incremento y encontró que, en 2018, cuando su carro salió de la agencia, fue avaluado por el Ministerio de Transporte en $ 52’433.071. Este año, en cambio, subió a $ 71’000.000 .

EL COLOMBIANO preguntó en redes sociales a los ciudadanos si han sentido que el cobro de este impuesto les aumentó y encontró un descontento.

Sebastián Saldarriaga señaló que el impuesto vehicular para su carro se incrementó en un 32%: “solicité el reavalúo y la respuesta es que están de acuerdo a las tablas del Ministerio (de Transporte), sin embargo, ellos (la Gobernación de Antioquia) tomaron un vehículo similar pero no el correcto, me liquidaron con el de mayor valor”.

Andrés Jaramillo apuntó que “este es el único país en donde los vehículos se valorizan cada año para pagar impuestos, pero se deprecian comercialmente”.

Janeth Arango dijo que “es un aumento desmedido. El descuento es otro ‘cuento chino’ y con el pico y placa es un descaro pagar más por menos”.

Al respecto, el diputado de la Asamblea de Antioquia, Luis Eduardo Peláez, advirtió que el alza en cobros es consecuencia de errores en los avalúos que la Secretaría de Hacienda está realizando, procedimiento que contrató para que sea apoyado por una firma particular.

“Ellos (Hacienda y el contratista) dicen que pueden homologar o reestructurar los valores de avalúos, pero, ¿por lo alto? Eso no es así, un carro usado pierde valor comercial, nunca lo gana”, afirmó.

La secretaria de Hacienda de Antioquia, Adriana Hernández, respondió al ser cuestionada por la Asamblea sobre los cobros de impuesto vehicular, que se han recibido seis reclamaciones (hasta el 15 de febrero pasado) sobre avalúos. Recordó que la fórmula de cálculo del impuesto está determinada en la Ordenanza 29 de 2017, artículos 187 y 188, que indicó que el tributo sale de sumar la base gravable con la tarifa.

En cuanto a los cambios de las tarifa u homologaciones, expuso que son permitidas por la ley haciendo un comparativo con vehículos similares.

“La resolución que cada año expide el Ministerio de Transporte consagra el procedimiento para la determinación de la base gravable de un vehículo (para 2019) y, además, en el artículo 6 establece que para los que no se encuentren en las tablas (listado de avalúos del Gobierno Nacional), el valor comercial que se tomará para efectos de la declaración y pago, será el que corresponda al automotor, incorporado en esta resolución, que más se asimile a sus características: marca, línea, cilindraje, capacidad de carga, número de pasajeros(...)”, dijo.

A los cuestionamientos por cambios en avalúos e incrementos, se suman los de las fallas en la web vehiculosantioquia.com para el pago. El usuario John Arboleda acotó: “no sirve para pagar con tarjeta de crédito. Hago el proceso y después de ingresar los datos dice que ha ocurrido un error”. En ese mismo sentido, Óscar Londoño, afirmó que “si la página existiera, pues uno pagaba, pero no: está caída hace una semana” .

Gruesa reputación precedía su apodo: ‘La bestia’. Traficando con heroína, asesinando a 40 personas, e impartiendo órdenes para ejecutar cientos de muertes, dejó de ser un campesino de la ciudad italiana de Corleone para convertirse en el más grande de los capos de la mafia siciliana en las décadas de los 80 y los 90. Era Salvatore Totò Riina, quien en un sillón de cuero, en la penumbra, tomaba decisiones difíciles de la Cosa Nostra, tal y como el jefe de los mafiosos lo hacía en El Padrino, novela del italiano Mario Puzo, que cumple 50 años de haberse publicado.

El metro con 58 de su estatura era suficiente para apadrinar el negocio del crimen con sobornos y matanzas en las calles de Palermo. Silenció para siempre a los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992. También, en ese año, Leoluca Orlando, quien se desempeñó por primera vez como alcalde de Palermo, Sicilia, de 1985 a 1990, (y actualmente ejerce como tal) contestó el teléfono y escuchó el sonido del peligro, una voz de amenaza. A eso se sumó el titular de la primera página de un diario alemán: “El próximo será Orlando”. Así entendió su conexión con el ‘Capo di capos’.

Él, demócrata, católico, disruptivo e independiente, hijo de la aristocracia siciliana, preocupado por la educación de niños y jóvenes, se había convertido en el objetivo de una de las cabezas de la mafia que, según la revista Time, en 2011, era de las más infames de todos los tiempos.

Los años enderezaron la historia. Mientras Totò Riina recibió 26 cadenas perpetuas y murió en 2017, en la cárcel de Parma, a los 87 años; Leoluca, con el voto antimafia, se convirtió en diputado en 1992 y en el tercer aspirante más votado del país. Luego, cuanto más lo llamaban el ‘Hombre bomba’, por múltiples amenazas que ponían tiempo finito a su vida, más reelegido fue por los palermitanos que lo han seleccionado 6 veces como alcalde.

Hoy vive, “en parte, gracias a la democracia de la mafia”, dice. A esa frase le sigue la historia de un soplón que fue testigo de una reunión de jefes de la mafia en la que Totò anunció sus intenciones de matar a Orlando. La mayoría votó en contra con el argumento de que hasta las mujeres y los niños estaban dispuestos a morir por el alcalde. “Soy el único caso que ha hecho perder al jefe de la mafia en una votación”, afirma.

Esa misma lucha que lo ha llevado a vivir aislado de su familia y escoltado por hombres armados —incluso en el Parlamento mientras votaba— continúa así como su defensa de los derechos humanos. Es autor de la Carta de Palermo, que muestra, con su ejemplo, identificación y trato justo a migrantes.

En Medellín observó con esperanza cómo un símbolo del narcotráfico, El Mónaco, se derrumbaba. Siente que su hogar, el quinto territorio más poblado de Italia, padeció el crimen en paralelo y de manera similar a lo vivido en Medellín. “En esta ciudad y en la mía no solo se mata por dinero, sino por poder, amistad, familia, justicia. Hablo de la mafia que tiene una razón de identidad como el nazismo. Es la perversión del honor y amistad por vergüenza y complicidad”, afirma.

Todo está en el mensaje, porque para arrestar a un mafioso pueden ser suficientes cinco minutos, pero para cambiar la mentalidad del hijo del asesino son incipientes, así lo explica: “Si no lo convenzo de que lo que hizo su papá no era conveniente, vamos a tener un nuevo asesino”.

Y destaca la dignidad institucional para los familiares de las víctimas. “Fue la primera vez que en Medellín ellos no solamente encontraron reconocimiento moral sino institucional. Héctor Abad no era un militar, era un médico que se ocupaba de derechos humanos, es como para nosotros el cardenal Salvatore Pappalardo. No tenía armas, solo pedía una escuela. Tuvieron más miedo de un cura o de un médico, que de las armas de los policías, y los mataron”.

Solo quien tiene la experiencia de 30 años de trabajo por el cambio es capaz de hacer esas afirmaciones, para entenderlo, lo entrevistamos:

Cuando fue alcalde por primera vez mafiosos gobernaban, ¿enfrentarlos era tabú?

Pensar en la mafia después de la Segunda Guerra Mundial en términos de extorsión es reductivo. Gobernaba. Tenía rostro de Estado, de Iglesia y de empresa. Era una sola Palermo comprometida con un sistema de poder cultural, político, económico y religioso. El sueño de un jefe de la mafia es que no haya asesinados, porque si hay significa conflicto con bandas mafiosas o con el Estado. Por 27 años, Corleone, la ciudad donde los mafiosos más poderosos se crearon, era muy segura. Tenía 7 bancos y nunca hubo un hurto. Ni los ladrones se sentían libres para robar. Si hoy vas, finalmente hay ladrones, como ocurre en el mundo.

¿Cómo acabar la mafia?

Ella necesita tener una justificación cultural y religiosa. Para combatirla se necesita el carro siciliano, con dos ruedas: la de la represión, de la cárcel y la Policía; y la de la educación, la empresa y la escuela. Esas dos deben ir a la misma velocidad. Si solo funciona la primera, no avanza. Al final, alguien dirá que estaba mejor antes. Si solamente gira la segunda, el riesgo es que hay un bellísimo concierto de música siciliana en honor a un jefe de la mafia.

Usted quería hacer el cambio, pero necesitaba una estructura, ¿cómo lo logra? Empecé a hacer política con una fuerte misión ética: reivindicar a amigos que la mafia había asesinado. Sobre todo, a mi maestro político Piersanti Mattarella. Fui al tribunal para el ‘maxiproceso’ (la investigación penal más grande que ha existido contra mafiosos). Y en el búnker que construí, donde estaban 500 detenidos, pedí en nombre de la ciudad su condena. Se sorprendieron al ver que el alcalde estaba en su contra.

¿Y nunca se atrevieron a pedirle algo para la mafia?

Varias veces me amenazaron, pero no podían pedirme nada. Tenían miedo. En ese mismo periodo, otros buscaban hacer lo mismo que yo en diferentes lugares. El cardenal Salvatore Pappalardo; en la policía, Ninni casarà—que lo mataron el primer día que empecé—. Y podría hablar de comidas de las que soy el único invitado que no han matado.

¿Por qué sigue vivo?

Se lo debo primero a la Policía, pero la otra rueda fueron mujeres y niños, porque la mafia como sistema de poder necesita consenso. En 1992, después de la masacre de Capaci y la muerte de Paolo Borsellino, hubo una revuelta popular. Miles de personas salieron a la calle, mujeres y niños diciendo no más. Fue momento de cambio porque se consideraba que el homicidio era una pena de muerte natural cuando alguien había hecho algo mal. Esa perversión de mensaje se rompió. Un grupo de mujeres de Palermo fue a la Policía con un listado de hijos, listos para protegerme. Estas mujeres mandaron el mensaje de que yo no estaba solo.

Totò Riina lo consideraba su enemigo, ¿cómo termina con él?

Se autoneutralizó. Mató demasiado, al punto que ni para los propios intereses de la mafia era conveniente. Después de la guerra había dos modelos de mafia: el ‘siciliano americano’, monogeneracional, en el que así como el hijo del periodista no será periodista, el hijo de empresario no será empresario, el hijo del mafioso no será mafioso, por lo que no atacaba instituciones. Y estaba elmodelo ‘los Corleoneses’ en el que el hijo del mafioso es mafioso, casado con hija de otro mafioso. En estos vínculos familiares se mataba a políticos y policías. Por eso, el cambio cultural fue fundamental. Tuve la ventaja de ser político y pude dedicarme a conquistar la segunda rueda que hizo que el cambio surgiera de la revuelta popular.

¿Cómo es hoy su ciudad?

Hay dos Palermo y, quizás, dos Medellín. Una en la que la mafia no gobierna y es la Palermo de Leoluca Orlando. La segunda, todavía existe porque la mafia sigue en Palermo, pero no gobierna y entre más tiempo pasa más disminuye su poder. Se vuelve más una banda criminal que no tiene relación con la política. Finalmente la mafia en Palermo está fuera de la Iglesia, el Estado, los bancos y la sociedad civil. Hoy, amigos de la mafia son minoría y no gobiernan, así que pueden ser golpeados con la rueda de la represión. Ese es el cambio verdadero; después la fortaleza son jóvenes, mi compromiso más grande. Me llamaban el alcalde de los niños y los “sabios de la antigua política” pensaban que perdía tiempo porque no votaban, pero la verdad es que un padre o una madre tienen más miedo de un niño que en una mesa pregunta por qué, que de una multa de la Policía. Además, el turismo es la más grande agencia educativa, cambió la oferta económica e introdujo elementos de equidad. Somos una ciudad proyectada al futuro.

¿Dónde entra su concepto del jardín planetario?

Palermo es una de las ciudades mejores cableadas de Europa, pero no somos solo Google y Facebook. Cuando alguien me pregunta cuántos migrantes tenemos, no respondo 12 mil o 30 mil, digo: no hay. Como alcalde no hago ninguna diferencia entre quien nace en Palermo y quien vive. El gobierno nacional en Italia, que es fascista, me recuerda a Mussolini en los primeros años. Transforma la solidaridad italiana en miedo. Nosotros somos un punto de resistencia, por eso, ordené a mis oficiales desobedecer la ley de Salvini, que impide expedir certificado de residencia. Ellos tienen miedo, así que yo firmo los certificados. El Ministro de Interior ha dicho que va a mandar al ejército. Ha pasado un mes y medio y no ha llegado. Espero que alguien me denuncie para así poder decir que esa ley está en contra de la Constitución. Este gobierno italiano no está en contra de los migrantes sino de la cultura de los italianos.

¿Qué tanto llega este
mensaje a la ciudadanía?

Para poder acoger a los migrantes hay que haber hecho un camino. Nosotros queremos ser la capital de los derechos: luchamos contra la mafia, acogemos a migrantes y respetamos la comunidad gay. Hoy Palermo es una ciudad más adelantada que otras porque estuvimos más atrás que todas. Nuestra más grande motivación fue la vergüenza. Lo que pasa hoy es que si en Palermo me roban un carro yo creo que fue la mafia y eso hace que la respuesta sea más dura.

¿Medellín podría adoptar una política similar
para migrantes?

Se necesita que Naciones Unidas juegue otro papel. La cosa importante es que durante su discurso, el día de la implosión del Mónaco, Federico Gutiérrez dijo que no era una posición política sino ética, es decir le habló a todo el mundo, hasta a quienes no votaron por él. Y es por ahí. La libertad del Gobierno frente a la mafia es una cuestión ética. Se reveló como el líder de la nueva historia de Medellín. Y todos pueden estar de acuerdo porque yo soy persona y nosotros somos comunidad. Ese es el verdadero mensaje.

La incoherencia en Colombia es parte fundamental del problema, ¿cómo llegar a la coherencia?

Presupone dos elementos: la visión y libertad. Si tengo visión y no soy libre, puedo ser incoherente porque termino haciendo lo que otro me dice.

Pero la libertad es difícil...

Es el valor supremo. Lo aprendí de mamá, una mujer con valores muy fuertes y un respeto sagrado por la libertad. Mamá decía: pienso esto, y yo la contradecía. Después de media hora no había espacio de mediación, me acompañaba a la puerta de la casa y al cerrarla decía: entendiste que lo que dije es justo y tienes que hacerlo, o no. Eso es fantástico. Es la libertad..

Encuentre una entrevista en video del alcalde de Palermo en la que habla de la importancia de los liderazgos positivos para gobernar.

Dentro de un costal y envuelto en bolsas negras fue encontrado, la tarde de este domingo, el cuerpo desmembrado de un hombre, en el barrio La Colinita en Medellín.

El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) reveló que el cadáver fue hallado alrededor de las 4:00 p.m., sin extremidades ni cabeza, por lo cual aún no se especifica la identidad de la víctima, que habría sido asesinada un día antes del hallazgo de su cuerpo, el pasado sábado 9 de marzo.

La inspección judicial, a cargo del CTI de la Fiscalía, que se retrasó debido al aguacero que azotó a Medellín la tarde - noche del domingo, obligó al cierre de la carrera 53, al costado del cementerio Campos de Paz, que conecta con la avenida 80.

Las autoridades investigan los móviles del este asesinato, que se convierte en el tercer caso de personas desmembradas en lo que va corrido del año en el Valle de Aburrá.

Muerte tras una riña

En la madrugada del domingo, a las 2:23 a.m., se llevó a cabo la inspección judicial del cuerpo Daniel Alejandro Ferreira García, un joven de 21 años que fue asesinado con arma de fuego en el barrio Cristo Rey de Medellín.

El Sisc consignó que en el mismo hecho resultó lesionado otro hombre, de 22 años, y testigos manifestaron que fue el resultado de una pelea en un bar que terminó con disparos en la vía pública.

Con estos dos homicidios ya son 5 los casos que se registran en la comuna Guayabal, y la capital antioqueña llegó a 120 muertes violentas en lo corrido del año.

Esta cifra representa un aumento del 11 % con respecto al 2018, cuando hasta el 10 de marzo fueron asesinadas 108 personas.

Proteger los derechos de los migrantes. Eso es lo que pretende la Personería de Medellín que solicitó al Gobierno Nacional llevar a cabo un nuevo censo, teniendo en cuenta que el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (Ramv) hecho hasta junio de 2018 quedó desactualizado debido a la cantidad de ciudadanos del vecino país que llegaron desde entonces.

Esa petición la respalda la Colonia Venezolana en Colombia (Colvenz), que en voz de su vicepresidente Toni Vitola indicó que a marzo estiman que solo en Antioquia habría superado la cifra de 100.000 venezolanos, cuando hasta enero pasado Migración Colombia calculaba 76.591.

Guillermo Durán, personero de Medellín, señaló que previa a esta última cifra, el censo del año pasado solo alcanzó a registrar 21.850, por lo cual se hace necesario otro proceso para conocer el volumen de esta población en la capital antioqueña.

“Solo así podrán implementarse adecuadamente políticas públicas y legalización de los migrantes, para evitar que sean víctimas de explotación laboral, sexual, o que los amenacen con deportación para vulnerar sus derechos fundamentales”, expresó.

Agregó que los ciudadanos venezolanos deben tener los mismos derechos que cualquier colombiano, bien sea que regresen a su país una vez se resuelva la situación política o si deciden quedarse en Medellín.

Vitola recordó que, debido al cierre de los consulados por la ruptura de las relaciones diplomáticas binacionales, el censo se hace necesario no solo para identificar la cantidad de los migrantes, sino para regularizarlos y evitar que se queden varados en las calles.

Por otro lado, recordó, en junio vencen los dos años que otorgaba el primer Permiso Especial de Permanencia (PEP), el cual lo tienen vigente 9.948 personas en el departamento y quedarán sin soporte para estar en Colombia.

“No saben si habrá renovación, y no todos lograron pasar del PEP a una visa de trabajo, porque esta les cuesta más de un millón de pesos”, anotó.

Llevar a cabo una segunda edición del Ramv es un proceso costoso y no tan sencillo, explicó Felipe Muñoz, gerente de Frontera de la Presidencia, pero dijo que es algo que se está evaluando desde el Gobierno Nacional.

Sin embargo, indicó, cada dos meses se actualizan los estimados y los registros del número de venezolanos en el país, de acuerdo a los migrantes que lleguen u obtengan el PEP.

“Claro que sería mejor hacer un nuevo Ramv, pero cuando se hace hay que decirles a quienes lo integran qué se les va a ofrecer, y aún no ha terminado el proceso con los migrantes registrados el año pasado”, reveló.

Además, Muñoz adelantó que Migración Colombia es consciente de que el primer PEP está por vencer y ya evalúa una posible solución.

En Santa Rosa de Osos, municipio del Norte antioqueño, 30 reclusos comenzarán este mes a estudiar su bachillerato desde la cárcel.

Las clases para los presos serán virtuales e iniciarán este martes 12 de marzo. Hacen parte del programa Bachillerato Digital de la Gobernación, que extendió el beneficio a la población carcelaria.

Aunque fue anunciado como el primer municipio que implementará esta estrategia, lo cierto es que al año pasado, el secretario de Educación departamental, Néstor David Restrepo, reveló que se llevó a cabo una prueba piloto con 100 reclusos en Titiribí y Yarumal.

El objetivo, explicó el funcionario, es fortalecer el proceso de reinserción de las personas privadas de la libertad, de ta manera que puedan finalizar su secundaria y tener más oportunidades una vez cumplan su condena.

El Bachillerato Digital es un programa que a la fecha tiene sede en los 117 municipios no certificados, ha graduado a más de 100 alumnos, y este componente que se abre en los centros penitenciarios continuará en Andes y Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño.

El secretario Restrepo le dijo a EL COLOMBIANO, en enero de este año, que el Inpec mostró su interés en implementar esta estrategia en otras cárceles del país, y en Antioquia, luego del Suroeste, se abrirían inscripciones en Caucasia, La Ceja, Santo Domingo y Puerto Triunfo.

En los lugares donde funciona, el Bachillerato Digital tiene abiertas las matrículas todo al año, y los cursos arrancan cuando hay al menos 12 personas inscritas.

Previo a iniciar los estudios existe una capacitación para aprender a manejar la plataforma digital. Las personas interesadas pueden acceder al programa a través deeste enlace de la Secretaría de Educación de Antioquia.

Como respuesta al análisis de la firma noruego–chilena Skava Consulting, contratada por EPM para estudiar las causas de la contingencia de Hidroituango, la firma Integral, diseñadora del proyecto, dijo que no está de acuerdo con los resultados que la señalan como responsable.

Así lo expresó esta empresa a través de una carta enviada a EPM, en la cual manifiesta que no comparte todas las conclusiones del informe causa-raíz.

Por deducción, la consultora identificó 28 hipótesis y señaló a Intregral por el diseño de la galería auxiliar de desviación, que por la erosión causada por cambios de presión del caudal del Cauca, terminó colapsado.

Siga leyendo: La historia del túnel auxiliar de desviación, punto de quiebre de Hidroituango

La firma diseñadora de la hidroeléctrica expresó que discrepa sobre la metodología con la cual Skava elaboró su estudio, y agregó que profundizarán en su propio análisis.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, dijo durante la presentación del estudio causa raíz, el pasado viernes 1 de marzo, que al Consorcio Generación Ituango (Integral-Solingral) le correspondía dar las explicaciones pertinentes.

Un importante golpe dio el Ejército contra la explotación minera ilícita en el Bajo Cauca antioqueño con la incautación, en los últimos días, de maquinaria amarilla avaluada en más de 3.000 millones de pesos.

Los operativos de los militares, en articulación con otras instituciones como la Policía y la Fuerza Aérea, se concentraron en zona rural de los municipios de Cáceres, Tarazá, El Bagre y Nechí.

La colaboración ciudadana fue vital para ubicar los yacimientos mineros irregulares que allí se encontraban, y en los cuales fueron decomisadas 47 unidades productoras, 50 motores, 10 dragas y 2 excavadoras, implementos con los que al mes se obtenían ganancias de 500 millones de pesos a costa del delito ambiental.

Según el Ejército, la renta servía para el sostenimiento de redes logísticas y criminales de grupos como Eln, Clan del Golfo y Los Caparrapos, que manejan estas actividades al tiempo que se dedican al narcotráfico y la extorsión.

“La tala indiscriminada de árboles, el daño a la flora y fauna, la contaminación de fuentes hídricas por el abuso en el empleo de mercurio, son algunos de los daños casi que irreversibles que se generan por motivo de este delito”, señalaron los militares en un comunicado.

En lo corrido de 2019 se han efectuado 47 capturas de personas vinculadas de manera directa a este crimen ambiental.

El hombre señalado de estrangular a su pareja el pasado 8 de marzo, durante la conmemoración del Día de la Mujer, fue enviado a la cárcel por un juzgado de Medellín como medida preventiva mientras se adelanta su juicio.

Jeferson Andrés Mahecha Gutiérrez, de 23 años, confesó el mismo día su crimen en un puesto de Policía; sin embargo, durante la audiencia ante el juez, el hombre no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de feminicidio agravado.

La víctima fue María Yusney Pamplona Arango, de 37 años, quien de acuerdo a las investigaciones fue agredida en su propia casa, en el barrio Santander de Medellín, y la Fiscalía reveló que Mahecha Gutiérrez habría estado bajo efectos del alcohol y estupefacientes.

Otros procesos de la Fiscalía

Un juez condenó a 37 años de prisión a Yeison Camilo Quintero Hoyos, de 32 años, por el homicidio con arma de fuego de Jhon Darío Noreña Noreña, de 30 años, en hechos ocurridos el 10 de diciembre de 2016 cuando fue asaltada su fábrica de arepas en el barrio Belén San Bernardo, en Medellín.

Las cámaras de seguridad registraron el asesinato y permitieron la captura de otro hombre, Juan Guillermo Zapata Zapata, quien tras un acuerdo con la Fiscalía logró reducir su condena a 16 años de cárcel.

La Fiscalía también impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Camilo Robayo Vanegas y Estefanía González Echavarría, de 23 y 20 años respectivamente, por el homicidio de Alirio de Jesús Arias Orozco.

Este caso ocurrió el 21 de octubre del año pasado en el barrio Prado Centro. La víctima, que tenía 49 años, fue interceptada por la pareja cuando volvía a su casa, al parecer hurtaron sus pertenencias y le propinaron cinco puñaladas. Los imputados no aceptaron los cargos imputados por el delito de homicidio agravado.

Un juzgado de El Retiro, durante la audiencia de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Julián Andrés Ramírez Bernal, presunto responsable de la muerte de su exnovia Isabela Escobar Gutiérrez, de 23 años de edad, en esta localidad del Oriente antioqueño.

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El hombre de 35 años es investigado por este crimen ocurrido el mes pasado. Fue capturado el viernes 8 de marzo en Sabaneta, en un inmueble que al parecer pertenece a uno de sus familiares, y durante la audiencia aceptó cargos por el delito de desaparición forzosa, pero no por feminicidio agravado.

Isabela fue reportada como desaparecida el pasado 4 de febrero y nueve días después, en la vereda El Carmen de El Retiro, las autoridades encontraron su cuerpo en avanzado estado de descomposición, por lo cual Medicina Legal tuvo que practicar pruebas de ADN para establecer plenamente su identidad.

La joven laboraba en la sede de la Universidad Eafit ubicada en su pueblo desde septiembre, y mientras duró la búsqueda la Alcaldía ofreció una recompensa de $30 millones por información sobre su paradero. En la localidad, el 14 de febrero, la comunidad marchó para rechazar el crimen y lanzó un clamor por el respeto a la vida.

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Este lunes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, visita las instalaciones de EL COLOMBIANO y encabeza la entrega de una placa conmemorativa con motivo del aniversario 31 del atentado al periódico que ocurrió el 10 de marzo de 1988:

(Lea aquí La prensa, otro blanco del narcotráfico)

Además del mandatario, el acto fue presidido por Martha Ortiz Gómez, directora de EL COLOMBIANO; Luis Miguel de Bedout, presidente de EL COLOMBIANO y por Juan Gómez Martínez, exdirector del periódico y quien para ese entonces era candidato a la Alcaldía de Medellín.

“Estamos para recordar, para entender que #MedellínEsMás. Fue ayer hace 31 años cuando de manera cobarde quisieron intimidar el medio que denunciaba lo que ocurría en nuestra ciudad”, cuenta el Alcalde Federico Gutiérrez sobre el atentado a EL COLOMBIANO en 1988.

“Fue muy difícil, yo estoy aquí por milagro. En realidad el que merece todos los homenajes fue un antiguo agente de policía que prestó servicio en El Colombiano, en portería. Esa noche él estaba en portería, la empujaron y tiraron dos paquetes. Él vio y tuvo el valor de coger la caja, bajar las escaleras, lanzarla a la calle; volver por el paquete y tirarlo a la calle, y gritar “corran que es una bomba”. Gracias a que gritó solo murió una persona”, contó Juan Gómez Martínez sobre Gabriel Trespalacios, el héroe que salvó muchas vidas en 1988, en la sede del periódico.

A veces, el camino profesional de una mujer está atravesado por la desconfianzas o los prejuicios. Los cargos directivos de las grandes empresas siguen siendo esquivos para las mujeres e, incluso, muchas de ellas ni quiera consiguen empleo.

En Medellín el panorama no es más amable. La tasa de desempleo de las mujeres en la ciudad llegó a 11,9% en 2018, por encima de la de los hombres, que fue de 8,4% de acuerdo con el DANE. Esto quiere decir que, de un año a otro, aumentó en 6.000 la cifra de mujeres desocupadas.

Estos datos los recoge el último informe de MedellínCómoVamos -MCM-, el cual también arroja otros datos relacionados con las aún marcadas brechas de género en el campo laboral: mientras 7 de cada 10 hombres que buscaban empleo el año pasado lo encontraron, en las mujeres esa relación fue de 5 de cada 10.

¿Y cuántas de aquellas que consiguen emplearse escalan hasta la gerencia de las empresas? En la ciudad ni siquiera es claro, por la ausencia de estudios, cuántas mujeres ocupan cargos directivos. ¿Por qué sigue siendo tan difícil?.

Violencia que empaña el ascenso

No es sencillo contemplar el ascenso profesional y laboral en entornos en los que las mujeres aún tienen miedo. De acuerdo con el informe de MCM, en 2018, el 60 % de las mujeres se sintieron menos seguras que los hombres caminando solas por la noche en la ciudad. Y la inseguridad es, quizás, con motivos: el año pasado fueron asesinadas 41 mujeres, es decir, 3.1 casos por cada 100 mil mujeres. A esto se suma que las mujeres agrupan el 87.4% de los casos de violencia sexual en la ciudad.

El techo de cristal

Los estereotipos de género son como una suerte de techo, una superficie que está ahí, que impide a las mujeres derribarla o ascender y que es difícil de detectar.

Dora Cecilia Saldarriaga, coordinadora del Observatorio de Género de la Universidad Autónoma Latinoamericana, dice que esta teoría, la de los “techos de cristal”, es una aproximación a las razones por las que, si las mujeres cuentan con la formación profesional y están altamente cualificadas, difícilmente acceden a cargos directivos.

“La única explicación para esta brecha es un asunto solamente atribuible a los estereotipos y a la discriminaciónn”, dice Saldarriaga, “esas ideas que están ahí de que no son capaces, ese estereotipo de debilidad”.

Y el acceso no es solo limitado también en las empresas, sino en escenarios de participación política. Por ejemplo, solo el 23 % de las curules del Concejo de Medellín (entre 2016y 2019) son ocupadas por mujeres. Esto se traduce en 5 de 21 curules.

Juliet Gómez Osorio, directora de la Corporación Colectiva Justicia, dice que los estándares internacionales del derecho al trabajo también contemplan la obligación que tiene el Estado de promover la empleabilidad en sectores no tradicionales para las mujeres (como el de la construcción). Sin embargo, explica Gómez, esta no es una obligación que el Estado colombiano haya garantizado.

Aún no lo hemos medido

Las estadísticas de cuántas mujeres lideran las empresas en la ciudad aún no son claras. Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín, indicó que brechas de género en el ámbito laboral aún son tan amplias que necesitan que la empresa privada se sume en el proceso.

En ese sentido, la Administración Municipal pondrá en marcha este mes el Pacto por la Equidad, que busca vincular al sector privado en el trabajo por disminuir estas desigualdades. Lo primero que propone el proyecto es que cada compañía se mida a través del Ránking Par, un estudio diagnóstico que se aplicará por primera vez en Medellín de manera gratuita. Tiene como fin evaluar la equidad de género al interior de las empresas privadas de la ciudad y es realizado por la consultora Aequales y la Universidad Eafit.

La convocatoria para que las empresas registren la información a través de un formulario en línea cierra en mayo y con la información recopilada, la Universidad Eafit entregará el balance final.

“La empresa es indispensable en esta discusión (...) Los Head Hunters (empleadores) tienen que hacer una transformación grande en la manera en la que ven a las mujeres para los cargos directivos”.

Esta base de datos permitirá, de acuerdo con Gómez, trabajar en proyectos conjuntos con las empresas participantes.

La docente Saldarriaga añade que las mujeres sí están ocupando cargos altos, pero algunas veces son puestos de subdirección con salarios más bajos que sus pares masculinos.

Pero el primer paso para atacar el problema es medirlo. Y mientras no haya un compromiso del sector privado, las mujeres seguirán al mando de cargos de salarios bajos, aún en la penumbra. En donde, a pesar de escribir los informes, de liderar las investigaciones, son otros los que terminan por llevarse el crédito.

El Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín reestableció las operaciones aéreas tras el cierre termporal de este lunes a causa de las fuertes lluvias.

A través de sus redes sociales, Airplan S.A.S informó que las condiciones meteorológicas adversas para las operaciones aéreas obligaron a su cierre: “En este momento, el Aeropuerto se encuentra cerrado por fuerte tormenta sobre la estación que dificulta la visibilidad”, precisaron.

Las operaciones se reanudaron a las 4:23 p.m. Debido al cierre, se presentaron 8 vuelos demorados saliendo.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de Medellín, entre las 3:45 p.m. y 4:00 p.m. del lunes se registraron 229 descargas eléctricas sobre el Valle de Aburrá, la gran mayoría, sobre el corregimiento de Altavista y San Antonio De Prado, así como en las comunas del suroccidente de la ciudad.

Entre las 3:15 p.m. y las 3:32 p.m. se registraron, por su parte, 31 descargas eléctricas, siendo el municipio de Medellín (Palmitas y El Poblado), con 13 descargas, el de mayor registro. Le siguió Itagüí, con 9 descargas.

Luego de las fuertes lluvias que cayeron esta tarde en Medellín, y en otros municipios como Itagüí, Envigado y Sabaneta, las autoridades atendieron algunas emergencias que se registraron producto de la tormenta.

El equipo de Bomberos de Medellín atendió un desprendimiento de tierra en el barrio Betania, comuna 13 de la ciudad. Además, reportaron desplomes de árbol en vía pública en diferentes sectores. Uno de ellos en inmediaciones del centro de salud de Santa Rosa de Lima, en la carrera 86 con 49, del barrio Calasanz (comuna 12).

Todos los casos se presentan por las lluvias, precisaron los bomberos, y han ocurrido en el Occidente de Medellín, en las comunas 11, 12, 13 y 16.

Inicia la temporada de lluvias

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como es habitual cada año a mediados de marzo, se da inicio en Colombia a la primera temporada de lluvias del año, la cual (de acuerdo con la información del IDEAM) se acentuará en abril y mayo, especialmente en los departamentos de la región andina.

La UNGRD recalcó que es importante conocer que en esta temporada se pueden presentar diferentes tipos de eventos como las inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, vendavales, deslizamientos, tormentas eléctricas, granizadas, por lo que se invita a las comunidades a no exponerse frente a este tipo de eventos y estar preparados.

Solo un 6 % de los mejores cien colegios del país en ciencias naturales tienen como sede el departamento de Antioquia.

Así lo estableció la firma consultora Sapiens Research, luego de elaborar el listado de los 100 mejores colegios en Colombia por materia donde se incluyó a las ciencias naturales. Las otras materias que completaron el estudio fueron inglés, lectura, matemáticas y sociales.

(Lea aquí Los ocho colegios paisas que entraron en el top 100 del país en matemáticas)

Seis instituciones educativas del departamento, todas de carácter privado, tuvieron un lugar entre las mejores del país en esta materia. Aquí le mostramos cuáles fueron y qué posición ocuoparon a nivel nacional:

(Lea aquí Los mejores colegios en inglés del 2018 en Antioquia)

Top 10 en el país

En el ranking nacional de esta materia llama la atención la poca participación de los colegios públicos. Solo el Liceo de la Udenar de Pasto (posición 87) logró entrar en el top 100 de los mejores colegios en ciencias. Aquí los diez mejores del país en esta área:

Colegio Bilingüe Diana Oese (Cali), Institución Educativa Cambridge School (Pamplona), Colegio Los Nogales (Bogotá), Colegio San Jorge de Inglaterra (Bogotá), Colegio La Quinta Del Puente (Floridablanca), Colegio Nuevo Cambridge (Floridablanca), Colegio San Carlos (Bogotá), Colegio Campoalegre (Sopó), Liceo Campo David (Bogotá), Colegio Hispanoamericano (Cali).

Los golpes, gritos, empujones e insultos que recibió el joven Dairon Córdoba Martínez quedaron registrados en un video que circuló por redes sociales. La agresión de la que fue víctima el pasado viernes, 8 de marzo, en Aranjuez (comuna 4 de Medellín), respondería a un caso de discriminación por su color de piel.

El caso lo denunció este lunes, ante el Concejo de Medellín, la corporada Daniela Maturana Agudelo, quien contó que Córdoba es empleado del sistema de salud y el pasado viernes un hombre lo abordó mientras se encontraba realizando unas compras. Al parecer, el sujeto habría intentado robarle y luego lo habría señalado de ser un ladrón.

“Córdoba tuvo turno hasta altas horas de la noche del jueves y salió al otro día a comprar cosas para la casa. Un hombre vio que tenía plata. El ladrón lo persiguió, él sintió miedo y salió corriendo. Y lo que hicieron los ciudadanos de Medellín fue empezar a gritar ‘cójanlo a él por ser negro’. (...) Duele mucho. (...) Por el simple hecho de ser una persona negra la gente dudó de él y no del verdadero ladrón (...)”, puntualizó la concejal.

Maturana agregó que se comunicó con Córdoba, quien le manifestó que tras la agresión le robaron las llaves de su motocicleta y de su casa, el celular y la billetera.

“Acá hay racismo y hay discriminación. Todavía en esta sociedad no entendemos que somos diversos”, concluyó la concejal, quien invitó a una movilización esta semana a manera de protesta.

“¿En serio está pasando eso en 2019?”, se preguntó el concejal Daniel Carvalho Mejía,“¿qué puede estar sintiendo este muchacho cuando fue su barrio el que lo cogió a golpes por ser negro?”.

Carvalho indicó que amigos cercanos a Dairon Córdoba confirmaron que fue amenazado y que le dijeron que tenía abandonar el barrio. El corporado, también, solicitó a la Alcaldía de Medellín y a las autoridades que le brinden el oportuno acompañamiento psicológico y de seguridad a Córdoba.

En redes sociales se hizo viral la denuncia compartida por Carolina Murillo, quien se presenta como la pareja sentimental de Dairon Córdoba.

De acuerdo a la publicación de Murillo, Dairon se encontraba al frente de la Iglesia El Calvario, en un minimercado en el que estaba comprando algunas cosas para el día de la mujer. Posteriormente, un hombre lo habría perseguido para quitarle sus pertenencias y luego lo inculpó de ser un ladrón.

“(...) El sujeto grita: ‘Cójanlo, cójanlo, que estaba robando’, el señor del minimercado baja corriendo a decir que él no estaba hurtando nada, que acababa de salir del negocio, que antes el sujeto ya mencionado lo estaba esperando para robarle (...). La comunidad reacciona injustamente, sin saber las cosas. A mi pareja le hurtan el bolso, celular, dinero, los regalos y la ropa que tenía puesta. Me parece injusto que por ser uno negro la gente lo fleche a uno como ladrón (...)”, apuntó Murillo.

Con el hashtag #YoTambiénSoyDairon, algunas personas convocaron a una movilización el próximo, viernes 15 de marzo, en Aranjuez.

A propósito del caso, la Gerencia Afro de la Gobernación de Antioquia expresó su solidaridad con Córdoba y manifestó su respaldo.

“La Gerencia Afro se solidariza con el Sr. Dairon Córdoba Martínez, víctima de violencia en Medellín y rechaza tajantemente todo acto de injusticia y discriminación con las comunidades negras y afrodescendientes”, comunicaron a través de Twitter.

Por su parte, la Personería de Medellín indicó que, hasta el momento, no han recibido reporte del caso.

Serán 17 ejes viales, distribuidos en cinco puentes, con una longitud total de 1,47 kilómetros. El intercambio de La Ayurá, otro de los proyectos detonantes de infraestructura que se desarrollarán en el sur metropolitano, junto a la ampliación de la vía distribuidora y el intercambio de Induamérica, conectará a Envigado con Itagüí y Medellín.

La semana pasada, según Luis Pérez Carrillo, subdirector de Proyectos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), se publicaron los pliegos definitivos, por lo que, estimó, el contrato se adjudicará en la primera semana de abril y se firmará acta de inicio antes de que termine ese mes.

El intercambio cruzará el río Medellín, a la altura de la estación Ayurá del metro, y tendrá lazos con el Sistema Regional del Río, tanto en la avenida Regional Norte como en la Autopista Sur, además de la avenida Las Vegas. Tendrá 4,7 kilómetros de vías en rampa y a nivel, integrando senderos peatonales y ciclorrutas.

Esta obra permitirá el ingreso de vehículos a la Central Mayorista, descongestionando los intercambios viales de La Aguacatala y Simón Bolívar, conocido como el Pandequeso, sobre los que recae gran parte del tráfico en hora pico.

Buscará atraer flujos de estos puentes para redistribuir las cargas vehiculares de las avenidas Las Vegas y El Poblado. También se modernizarán las redes eléctricas, de alumbrado y telecomunicaciones.

Pérez Carrillo explicó que tuvieron dificultades con la adquisición de los predios requeridos para la obra, debido a la definición del avalúo. Dijo que era previsible que este tipo de problemas se presentaran porque se trata de una obra de infraestructura compleja, con incidencia en dos municipios.

Señaló que la obra tendrá plazo constructivo de 20 meses, es decir, que debería estar lista en diciembre de 2020, y explicó que la licitación se hará por $106.000 millones.

Envigado e Itagüí aportaron los predios que costaron $20.000 millones. El Amva estima que agilizará el tránsito de 112.000 vehículos diarios que se mueven por las vías de influencia, adicional a los 14.000 que ingresan cada día a la Central Mayorista.

Acotó que el proyecto es prioritario para Envigado que solo tiene un ingreso desde la vía distribuidora de la Autopista Sur, el mencionado puente del Pandequeso, que colapsa en hora pico. Añadió que el intercambio se articulará a cinco obras del megaplán vial, las cuales convergen en el corredor de La Ayurá.

Diego Aguirre, director Administrativo de Planeación de Itagüí, señaló que dicho municipio aporta tres predios para la ejecución de la obra que, además, mejorará el espacio público en esa jurisdicción.

Por su parte, Carlos Viviescas, director de Prosur, gremio que agrupa a los municipios de esa zona del Valle de Aburrá, opinó que el puente no solo unirá los costados oriental y occidental, sino que facilitará el intercambio económico, de vivienda y de tránsito entre Envigado e Itagüí.

Andrés Pava Restrepo, coordinador del área de Movilidad y Gestión Territorial de la Universidad EIA, opinó que la construcción de este tipo de obras intermunicipales, con área influencia en Envigado, son posibles después del ingreso de este al Área (2016).

Dijo que la anexión permitió sintonizar las políticas y directrices municipales con el resto de la región metropolitana. “Es una obra que hacía mucha falta, fortalecerá el corredor más importante de Envigado que es La Ayurá. Romperá el aislamiento de tráfico de este municipio”, concluyó .

Serán 17 ejes viales de 6,2 kilómetros, distribuidos en cinco puentes, con una longitud total de 1,4 kilómetros. El intercambio vial de La Ayurá, otro de los proyectos detonantes de infraestructura que se desarrollarán en el sur metropolitano, junto a la ampliación de la vía distribuidora y el intercambio de Induamérica, conectará a Envigado con Itagüí y La Estrella.

La obra, según Luis Pérez Carrillo, subdirector de Proyectos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), público la semana pasada los pliegos definitivos, por lo que se estima que se adjudique la primera semana de abril y se firme acta de inicio en la segunda quincena de ese mes.

El intercambio cruzará el río Medellín, a la altura de la estación Ayurá del metro, y tendrá lazos con el Sistema Regional del Río, tanto en la Avenida Regional Norte como en la Autopista Sur, además de la Avenida Las Vegas. Tendrá 4,7 kilómetros de vías en rampa y a nivel, integrando senderos peatonales y ciclorruta.

Esta obra permitirá el ingreso de vehículos a la Central Mayorista, descongestionando los intercambios viales de La Aguacatala y Simón Bolívar, conocido como el Pandequeso, que absorben gran parte del tráfico en hora pico.

Buscará atraer flujos de estos puentes para redistribuir las cargas vehiculares de las Avenidas Las Vegas y El Poblado. Asimismo, se modernizarán las redes viales, eléctricas, de alumbrado y telecomunicaciones.

Pérez Carrillo explicó que tuvieron dificultades con la adquisición de los predios requeridos para la obra, debido a la definición del avalúo. Dijo que era previsible que este tipo de dificultades se presentara porque se trata de una obra civil compleja y incidencia en dos municipios.

Señaló que la obra tendrá plazo constructivo de 20 meses, es decir, que debería estar lista en diciembre de 2020, y que la licitación se hará con precio reajustable, con un valor de $106.000 millones.

Envigado e Itagüí aportaron los predios que costaron $20.000 millones. El AMVA estima que impactará a 112.000 vehículos diarios que se mueven por los ejes viales de influencia y a 14.000 adicionales que ingresan cada día a la Central Mayorista.

La avenida Regional Norte, vía arteria que permite el tránsito departamental y nacional que viene del Eje Cafetero y va hacia la Costa Atlántica, sumará otra fase constructiva con la adecuación de tres carriles en el sur del Aburrá, que conformarán la vía distribuidora.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) adjudicó en septiembre pasado al Consorcio Vial 20-20 la obra de 3,8 kilómetros de longitud, con un costo de $33.304 millones. La fase contratada va desde la quebrada Zúñiga hasta Mayorca.

Según Pérez Carrillo, en mayo se pondría en servicio un primer tramo entre La Ayurá y Viva Envigado; y el restante interregno, entre Viva Envigado y Mayor, se entregaría en septiembre.

La segunda fase de la vía distribuidora, entre Mayorca y la calle 77 Sur, en Sabaneta, aún no tiene fecha prevista de inicio, debido a las dificultades prediales del terreno.

Con el 100 por ciento de las pilas de cimentación construidas y el 80 por ciento de los movimientos de tierra ejecutados, va tomando forma la Ciudadela Universitaria de Occidente, una obra muy esperada en la ciudad por los sectores educativo y empresarial, ya que allí se priorizará la formación por competencias para garantizar el acceso al empleo.

Se prevé que cuando entre en funcionamiento, 8.000 jóvenes de la ciudad tendrán acceso a educación superior en las modalidades tecnológica, técnica y para el trabajo y el desarrollo humano, áreas relacionadas con la Cuarta Revolución Industrial, de la cual Medellín es considerada la capital en Latinoamérica.

La Ciudadela se construye en los límites entre las comunas 12 (La América) y 13 (San Javier), en el mismo lote donde hasta 2010 funcionó la cárcel el Buen Pastor, que albergaba a las reclusas de Medellín y que de allí fueron trasladadas a la cárcel de El Pedregal, en San Cristóbal.

“Este proyecto está constituido por 15 edificios, que son estructuras independientes que se tejen y comunican entre sí. Son 23.000 m2 (metros cuadrados) de construcción y 37.000 m2 de espacio público, como zonas verdes y escenarios deportivos”, detalló Nicolás Rivillas, subdirector de Diseño e Innovación de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, encargada de la ejecución del proyecto y cuya construcción ganó el Consorcio CCU Ciudadela Universitaria.

Sobre las características de la construcción, Rivillas explicó que se busca reducir al máximo el uso de concreto y materias pétreas (piedra), con el fin de hacerlo lo más sostenible posible. En la licencia de aprovechamiento forestal las talas no pasan de los 10 árboles e incluso se conservará un bosque nativo que se fue generando desde la desocupación y posterior demolición de la cárcel, y se conservará una araucaria que lleva décadas en el lugar.

Serán 8 aulas comunes y 18 aulas multipropósito, es decir, que cambian su funcionalidad dependiendo de las necesidades de maestros y estudiantes relacionadas con el tipo de cátedra a dictar.

María Clara Ramírez, directora general del programa de Educación Superior de la Alcaldía, Sapiencia, que será su administrador en contenido y filosofía, recalca que el modelo de enseñanza que se impartirá será orientado a la pertinencia laboral, enfocado a crear personas con competencias para la Cuarta Revolución Industrial.

La idea es que las instituciones de educación superior de la Alcaldía, como el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano y el Pascual Bravo, confluyan en este espacio para capacitar estudiantes en las áreas que necesitan las empresas.

“Lo que requiere la ciudad está relacionado con la economía naranja o las tecnologías en áreas puntuales como el big data, la inteligencia artificial y el internet de las cosas”, indicó Ramírez.

Lo anterior significa que la Ciudadela Universitaria de Occidente no será una institución educativa como tal sino un espacio de convergencia de instituciones de educación superior cuyos programas relacionados con la cuarta revolución industrial coinciden.

“Será como tener la revolución del talento en un mismo espacio, a la vanguardia del mundo, en cooperación y con el propósito del desarrollo de Medellín”, puntualizó la directora de Sapiencia.

Según los cálculos de EDU, está previsto que la Ciudadela esté lista para el primer trimestre de 2020. En 2015, cuando fue demolido el edificio de la cárcel, se anunció que en 20 meses estaría construida, pero las obras solo arrancaron en noviembre de 2018. Los retrasos se debieron a un rediseño del proyecto, según la explicación del concejal Bernardo Alejandro Guerra.

La obra, cuyo proyecto se gestó en la pasada administración del alcalde Aníbal Gaviria, es esperado con ansiedad por la empresa privada, con la que se ha trabajado de la mano para que sea la que aporte los conocimientos en la pertinencia del tipo de profesional que necesita la región.

“La Ciudadela le hará un gran aporte al fortalecimiento empresarial, teniendo en cuenta que en Medellín la mayoría de empresas son pymes (pequeñas y medianas empresas) que requieren un factor de supervivencia y competitividad de sus socios, empleados y trabajadores, y esto se adquiere con educación y preparación”, sostuvo Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia.

Señaló que en la Cámara de Comercio de Medellín hay registradas cerca de 6.000 empresas de emprendimiento que generan 36.000 empleos, que serán grandes beneficiadas con el modelo educativo de este centro de estudios.

“Al brindar educación pertinente en programas técnicos y tecnológicos servirá para que los jóvenes no se frustren en los vicios y las drogas por falta de oportunidades”, puntualizó Soto .

Después de la explosión que sacudió la estructura de EL COLOMBIANO en la sede de Juanambú, la empresa no se rindió en su afán de mantener informadas a sus audiencias.

Ese ataque, el 10 de marzo de 1988, a las 10:26 de la noche, dejó como saldo una persona muerta y varios heridos. La acción valerosa del vigilante Gabriel Trespalacios evitó una tragedia mayor.

“Lo ocurrido ese día dejó como héroes no solo al vigilante sino de manera conjunta a los periodistas de EL COLOMBIANO y de todo el país que no renunciaron a su profesión pese a la intimidación, las amenazas y los ataques. Por el contrario, siguieron contando la historia con mayor intensidad, buscando siempre la verdad”, destacó el alcalde Federico Gutiérrez, en el acto de conmemoración de ese ataque, que se realizó ayer en la sede actual del periódico.

En el marco de la campaña Medellín abraza su historia, el alcalde entregó una placa conmemorativa por la valentía que demostró El Colombiano al continuar firme en su tarea, hasta el día de hoy.

Durante el homenaje, Martha Ortiz Gómez, directora de EL COLOMBIANO, agradeció el gesto y señaló que el trabajo, a lo largo de 107 años de historia, siempre ha sido el mismo: “nuestro compromiso es con la verdad y el periodismo, no importa el precio”.

Esos días difíciles de la década del 80 y comienzos del 90, no frenaron el trabajo de esta casa periodística. “Conseguimos unas carpas de tractomulas que nos las prestó un transportador para poder techar el periódico por la lluvia de esos días y mantenernos en funcionamiento”, relató Luis Miguel De Bedout, presidente del grupo editorial, en el acto de entrega de la placa conmemorativa, evento al que también asistió el entonces director de EC y exalcalde de Medellín Juan Gómez Martínez.

Desde mediados de enero el general Eliécer Camacho Jiménez tomó las riendas como comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El uniformado, que venía de comandar la regional I de la Policía (altiplano cundiboyacense, con excepción de Bogotá), ha tenido que hacerle frente a una confrontación armada en Bello, a denuncias de una posible reactivación del Eln en Medellín y a fenómenos particulares de una ciudad que concentra el 43 % de los grupos delincuenciales organizados del país.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el uniformado explicó cuál es el panorama de seguridad en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

¿Qué pasa con la situación de seguridad en Bello?

“Yo estuve en Medellín hace cerca de 24 años, y en este tiempo veo un sur que avanzó muchísimo y un norte que se quedó un poco rezagado. A veces en los consejos de seguridad buscamos a un culpable (del problema): administración o policía, pero también hay una gobernación, una Fiscalía, un CTI, Ejército, comunidad. Si algo ha pasado ahí es culpa de todos los actores.

Es real. Allá hay extorsiones al transporte, la construcción, al diario vivir: el queso, la arepa, el huevo, el yogur.

Pero si uno va a meterse solo con la Policía, en el día a día hay que coger al que anda en la moto, al del hurto, al sicario. Todo eso tiene un fondo más grande de lo que alcanza a hacer el policía en la calle.

Por eso es necesaria una intervención estructural, y ya hay reuniones con Fiscalía especializada para focalizar más las operaciones y lograr afectar a los criminales en sus finanzas y estructura. Ellos crearon una economía paralela a la real y vamos a trabajarle muy fuerte a eso.

El indicador mayor es el homicidio, porque creemos que donde se presenta, ahí está el problema. Pero resulta que a veces hay un hervidero por debajo de la tierra, como un volcán, que si no se revienta, nadie se alborota”.

¿Qué ha hecho la Policía para recuperar la paz allá?

“Fortalecimos el pie de fuerza, identificamos los puntos de confrontación. Tenemos unos dispositivos de control y prevención, focalizados a estas organizaciones criminales y su espacio delictivo, y hemos logrado 42 capturas, además de la incautación de 19 armas, tanto en retenes en la calle como en allanamientos.

En el municipio se mantiene la restricción de circulación de parrillero, y se han hecho más de 200 inmovilizaciones con el tránsito. En el tema de horarios, la alcaldía de Bello consideró que ya era prudente y regresó al horario tradicional para algunos establecimientos comerciales (4:00 a.m.).

Tenemos información de que en algunos sectores se mantiene la intención de confrontar y de asesinarse, más que todo entre integrantes de las organizaciones criminales.

Pero seguimos y tenemos el apoyo del Ejército, en las partes altas de Niquía, para controlar a esas estructuras”.

¿Ya identificaron bandas y cabecillas responsables de la confrontación?

“Sí, por ejemplo está “Pachelly”, una banda que no nació ahora sino que está desde la época de la guerra del narcoterrorismo; y otras que han nacido. Y han nacido como “el Mesa” y “Niquía Camacol”. Pero por debajo de ellas hay muchísima delincuencia común, pequeñita, pequeñita, que día a día cobra las extorsiones puerta a puerta y trafica con estupefacientes.

Los cabecillas están identificados pero eso tiene sus reservas: yo puedo saber que una persona es delincuente pero hasta que no tenga una judicialización, no puedo mencionarlo”.

¿Cuántas bandas y hombres tienen las estructuras?

“Nosotros tenemos identificadas cinco grandes bandas y otras más que están debajo. Entre todas, si contamos los auxiliadores, podrían ser más de 300 hombres funcionando; pero en el organigrama, las cabezas no son más de 30.

Ya estamos con Fiscalía especializada mirando cómo los controlamos porque en Bello están aflorando fenómenos delictivos hacia el sur del Valle de Aburrá y otras zonas del departamento”.

¿Cómo va el mapa del crimen que pidió el gobernador de Antioquia?

“Ya tenemos información de los sitios y las rentas criminales que tienen los grupos, no podría decirle por el momento cuáles son y dónde están, pero están identificadas en las investigaciones.

El día del consejo de seguridad (28 de febrero), que vinieron el director de la Dijín, de la Sijín, de Inteligencia, también se mostraron avances grandísimos en las investigaciones contras estas organizaciones”.

Pero aún no se ha dado un gran golpe...

“No. Tenemos unas afectaciones. Les incautamos armas de fuego, y eso les impacta el día a día, el sicariato y la confrontación. Pero todo esto tiene sus tiempos, y dentro del cronograma, en un par de meses podemos estar presentando capturas importantes.

Estamos haciendo articulación para golpear de manera simultánea a todas las organizaciones y que no lleguen otras a apoderarse de las rentas ilícitas.

Y hay un tema de legislación que es necesario revisar, porque ha pasado que el delincuente le cobra al ciudadano $2.000 o $5.000 para la ‘seguridad’ y pasa la patrulla, lo coge y lo único que puede hacer es incautarle el dinero y ponerlo a disposición de la Fiscalía. Y resulta que tiene $400 mil y eso —a ojo de la ley— dicen que no es nada. Pero si se suman todos los barrios y todos los días, pues son rentas criminales que mantienen la guerra.

Usted va a los barrios y le pregunta a la gente si sufre extorsión y le dicen que no, que hay muchachos que les están ayudando a cuidar el barrio. Y le pregunta qué pasa si no paga y ellos dicen que nada, pero mentira que le pinchan el carro o le rompen el vidrio. Posiblemente no los asesinen, porque son personas reconocidas del barrio, pero les hacen creer que ellos son un mal necesario”.

¿Hay presencia del Eln en el Valle de Aburrá?

“Hay investigaciones que son más de Fiscalía, y ellos tienen información de que estos criminales (bandas como ‘Pachelly’) han hecho transacciones con el Eln con el fin de intercambiar armas por drogas. Lo que tienen son movimientos criminales enfocados más a delincuencia común que al terrorismo.

Pero no tenemos referenciado que haya un asentamiento armado o un grupo que pueda realizar una toma a una unidad policial o actividades terroristas programadas. Es más tema seudo político, de pedagogía”.

¿Ya hay zonas permeadas con ideología?

“En Bello se han mencionado dos barrios que son propensos porque se han capturado personas ahí, porque cerca les han colocado banderas, pero eso es reserva. Nombrarlos sería estigmatizarlos.

Ellos (Eln) han tratado incluso de ingresar a la educación privada, amarrados a pensamientos ideológicos.

A finales de enero murió en Villavicencio una persona que estaba armando un artefacto explosivo, se le accionó, pero quedó un papelito y en él se mencionaba un edificio de aquí de Medellín. Tocó reforzar la vigilancia, pero no descuidamos el sector de la Alpujarra, las estaciones de Policía, que en una época fueron blanco de carrobombas”.

¿Cómo y hacia dónde se expanden las bandas del Valle de Aburrá?

“A ‘el Mesa’ se le ha encontrado que está por el sector de Soacha y en Boyacá. Cualquiera diría que qué ganancias le da eso, pero el tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades es algo que no teníamos en el país hace años y que hoy es muy apetecido por ellos, porque es una renta que no tiene mucho desgaste y ni siquiera tiene problema de extradición.

El narcotráfico es capaz de articular a los terroristas. En el pasado uno no pensaba que un jefe paramilitar fuera a negociar con uno de las Farc, pero como hoy no está esa línea, entonces los grupos criminales se articulan con cualquiera (...) El negocio es armas por droga (...) Son una empresa criminal”.

¿Cuál es la instrucción que recibieron desde Presidencia para la seguridad local?

“Para el Gobierno Nacional el Valle de Aburrá, y más exactamente Medellín, son muy importantes. El Ministro de Defensa está haciéndole seguimiento casi a diario a la ciudad, nos está llamando y está en contacto con el alcalde para mirar cómo están las cosas, qué se necesita, porque es una prioridad que la situación no se salga de las manos.

Hay una intervención con Fiscalía especializada (en crimen organizado), personal de la Dijín y la Dipol, del más alto nivel, con mayor disponibilidad de tiempo y de elementos logísticos o tecnológicos, para empezar a afectar un nivel más alto de las estructuras. Porque se ha determinado que hay algunos criminales que tienen cierto poder sobre las organizaciones, viven en sectores exclusivos de Medellín.

Si ellos no tuvieran cómo mantener a esos muchachos (combos) no habría cómo mover esas estructuras que son grandes.

Y para Bello, donde se mostró la problemática de bandas, llegaron unos grupos muy fuertes con gente de Bogotá, que está adelantando investigaciones más estructurales”.

¿Cómo mantienen los niveles de capturas si las cárceles están hacinadas?

“En el Área Metropolitana podemos tener entre 100 y 120 capturas diarias por diferentes delitos. Por lo menos 50 se van con medida intramural (a la cárcel).

Hubo un mandato del Consejo de Estado donde le dijo al Inpec que cuando dieran dos libertades, recibieran una. Y claro, eso descongestiona, pero es una solución que le cae en hombros a una institución que no tiene esa responsabilidad: por eso hoy el hacinamiento que estaba en el Inpec ya está en los calabozos de la Policía, y los agentes que tenemos custodiando las celdas deberían estar en la calle trabajando.

Hay 300 policías destinados a esas celdas. El hacinamiento es grande: en una celda de 4x4 metros puede haber hasta 20 personas, sin un colchón. Nuestras estaciones puede que tengan una ducha y un inodoro, porque toda la vida se ha llevado gente allá, pero de forma transitoria; los teníamos 6 o 12 horas máximo y nunca más de seis personas por celda. Hoy tenemos más de 1.500 personas en nuestras celdas. Desde Bogotá buscan alternativas jurídicas para aliviar la situación”.

¿Cómo van las operaciones contra bandas que atacan a extranjeros y los drogan?

“Tenemos unas tres investigaciones específicas, adelantadas con el Gaula. Y hay un plan especial que vamos a desarrollar alrededor del Parque Lleras donde hay problemas graves como estupefacientes y prostitución.

Pero no es solo el tema policial. No se a qué hora se crearon algunos hostales donde se quedan 10 personas desconocidas en un sitio a consumir, a hacer cualquier cantidad de actividades lícitas o ilícitas. En Europa se ve eso, pero es otra clase de culturas.

Aquí deberíamos tener hoteles bien formados y no esos sitios que se prestan para las cadenas delictivas. Y también hay que hacer un trabajo para que las cadenas hoteleras de nombre no permitan la prostitución” .