La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de alias “Kique” y alias “El Diablo”, quienes habrían participado en el homicidio de la líder social Ana Fabricia Córdoba Cabrera.

La mujer de 51 años de edad murió por un acto cometido por sicarios el 7 de junio de 2011 mientras se desplazaba en un bus de servicio público por el barrio Andalucía La Francia en Medellín.

De acuerdo con el ente acusador, alias “Kike” y alias “El Diablo” son presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Los investigadores establecieron que los procesados hicieron parte de una banda delincuencial conocida como Los Triana y fueron capturados en las últimas horas por servidores del CTI adscritos a la Dirección Nacional Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos.

La medida restrictiva de la libertad fue proferida por el Juzgado 14 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías.

Alias “Kike” y alias “El Diablo” no se allanaron a los cargos imputados.

Amenazada por Los Triana

El ente acusador agregó que, en el año 2000, Ana Fabricia Córdoba Cabrera fue desplazada de la región de Urabá por integrantes de las autodefensas y se radicó en Medellín.

Allí fue amenazada de muerte por la estructura criminal de Los Triana.

Tras cumplir la suspensión de siete meses que le impuso la Procuraduría General de la Nación por haber agredido a un periodista, este próximo 2 de octubre se reincorporará a su curul en el Concejo de Medellín Santiago Jaramillo Botero.

Así lo confirmó Aura Marleny Arcila, presidenta de la corporación, quien detalló que durante las próximas sesiones ordinarias -entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre- las votaciones se realizarán de nuevo con los 21 concejales.

En este periodo de sesiones se debatirán temas claves como el proyecto de acuerdo 150 de 2018, por medio del cual se autoriza la enajenación de unas participaciones accionarias de EPM por la crisis en Hidroituango; la discusión de la política pública de protección a moradores, una obligación emanada del Plan de Ordenamiento Territorial; la política pública de equidad de género; y el presupuesto municipal para 2019.

Puede leer: Concejo debatirá en octubre venta de activos de EPM

En total son 33 proyectos de acuerdo que están radicados para discutirse.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el concejal Jaramillo Botero habló de su regreso a la corporación.

¿Qué pasó con usted durante estos siete meses de suspensión?

“Salimos a las calles a socializar nuestra propuesta política a la Alcaldía de Medellín. También estamos socializando candidatos al Concejo por el movimiento Ciudadano Consenso, que además de ser unión de voluntades, tiene sentido social. Hemos recorrido 15 comunidades y cinco universidades”.

¿Seguirá en su curul o renunciará para dedicarse a su campaña a la Alcaldía”

“No, seguiré en la corporación como candidato a la Alcaldía. No voy a renunciar”.

Llega a un periodo de sesiones con debates complejos como el de la venta de activos de EPM. ¿Cuál es su posición al respecto?

“Llegamos con la disposición de defender lo público, por lo que votaremos negativa la venta de acciones de EPM. Llegaremos con voz y voto a promover una política de seguridad que hable de los diferentes tópicos como vacunas, microtráfico, extorsión y pagadiario”.

¿Qué reflexión hizo durante su suspensión? ¿Se equivocó?

“Me equivoqué al haber creído que, por hacer democracia en el partido que me cobijó, me iban a respetar los derechos. Por hablar de democracia en esa colectividad (Centro Democrático) fui expulsado. Salieron a decir que estaba loco, lo que por fortuna la comunidad entendió como una locura de amor por la urbe, porque soy demasiado brillante y seré el próximo alcalde de Medellín”.

Pero la suspensión de la Procuraduría fue por la agresión a un periodista...

“Fue un falso positivo informativo. Estamos peleando con justicia internacional y muy próximamente tendremos buenas noticias”.

Sin pertenecer a la bancada del Centro Democrático, ¿se apartará de las decisiones del partido?

“La colectividad que me cobijaba no tiene dentro de su militancia el ánimo constructivo de hacer democracia, por lo que ya hago parte de una nueva colectividad llamada Movimiento Ciudadano Consenso que construirá independencia para tomar criterio en decisiones importantes”.

¿Cómo cree que será el ambiente que lo espera en el Concejo?

“Respeto mucho a mis compañeros concejales, para ellos mi aprecio y respeto. Llegaremos a construir ciudad desde el respeto y las ideas”.

¿Qué piensa del revuelo que causan sus opiniones en redes sociales?

“Y no solamente en Antioquia sino en el país, soy el concejal de Colombia por fortuna. Las redes generan discusiones importantes por lo que nos sentimos orgullosos de lo que hemos construido. No nos arrepentimos de un solo trino”.

¿Tiene posibilidades ciertas de ser alcalde?

“El alcalde de los medellinenses es quien ha tenido el gusto de complacerle en esta entrevista. Seré el alcalde en el periodo 2020-2023”.

¿Qué le responde a la gente que dice que usted no está en sus cabales?

“Los invito a todos a que vayamos juntos al loquero, así como invité a Álvaro (Uribe), a ver qué tan locos estamos Lucas”.

Los desarrollos urbanísticos en los barrios Sevilla, Chagualo, Jesús de Nazareno y Miranda, de Medellín, no se han materializado, como esperaba la administración municipal dentro del plan de expansión de Ruta N, y la consolidación del Distrito de Innovación en esa zona del norte de la ciudad.

El plan parcial del que se habla hace una década, buscando integrar la Universidad de Antioquia, los parques Explora y Norte, Ruta N y la Sede de Investigación Universitaria (SIU), entre otros espacios de entretenimiento, cultura y ciencia, aún no alza vuelo, no obstante el trabajo esmerado y los avances en socialización y proyectos de emprendimiento con las comunidades.

Para Iván Rendón, líder de Gestión Social del Distrito de Innovación de Ruta N, el principal logro desde 2016, cuando inició el trabajo social para plantear las intervenciones en la zona, en la que la mayoría de asentamientos son estrato 2,3 y 4, es la de superar la percepción, en habitantes, de que renovar implica desplazar.

“El gran miedo de la gente cuando se va a desarrollar un distrito es a que lo desplacen y reducimos esas tensiones. Más allá de grandes edificios necesitamos actividades dinámicas, creativas, de innovación entre comunidades tradicionales. La transformación no son solo edificios”, dijo.

Ruta N, el centro de la innovación de Medellín, adscrito a la Alcaldía, es el encargado del diseño y trabajo social para la creación del plan parcial. La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), es el operador del proyecto (gestión predial y contratación de obras).

En un comienzo, cuando se empezó a hablar del Distrito, las molestias en la comunidad por la renovación que se venía, eran evidentes, aceptó Rendón. Hoy, aclaró, “la totalidad de habitantes y comerciantes de la zona, 6.800, según cálculos de Ruta N, están de acuerdo con el proceso”.

Ese consenso, añadió, se dio producto de un trabajo de identificación de características económicas de la zona y entendiendo las vocaciones, que son asociadas a autopartes, mecánica de vehículos, famihoteles o residencias de estudiantes, y gastronomía.

“Esos factores mueven la economía local. Queremos que se entienda que vivir en un Distrito no implica que se desplacen sus actividades, sino que pueden prestar un mejor servicio”, apuntó.

Rendón agregó que son conscientes de que “la gente se va de la zona, porque no tiene cómo sostener un nuevo tipo de vida” y reportó que están buscando el asentamiento de proyectos detonantes, “que se gestionan con bancas para tener pronto los desarrollos urbanísticos de la zona”.

De las dificultades prediales que enfrenten los proyectos de planes parcial, como en el caso de El Naranjal, occidente de Medellín, no se escapa el Distrito de la Innovación.

Aunque la EDU no entregó información sobre propuestas económicas para compra de predios, la comunidad se muestra escéptica con las ofertas económicas que les vayan a hacer los urbanizadores.

Carlos Salazar, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Miranda, uno de los que se intervendrá, enfatizó que les han comunicado sobre el plan, pero los habitantes temen que “los saquen a las malas y sin plata”.

“En estos casos le dan a uno lo que quieran y no lo que vale la propiedad. Conformamos un consejo con habitantes para defendernos”, apuntó.

El líder comunitario comentó que hay expectativa por la ampliación de vías, como sucedería en la carrera 51 c, entre las calle 78 a la 72. Además, explicó, los talleres y bodegas, muchas de reciclaje, que predominan en el sector, serían modernizadas o adquiridas para dar paso a nuevas edificaciones de oficinas y viviendas.

La meta planteada hace dos años por la EDU, operador urbanístico, era de intervenir 1,5 millones de metros cuadrados en los cuatro barrios que hacen parte del Distrito de Innovación a 2030.

Ese generación de espacio tenía como punto de partida la construcción de Ruta N 2, en un área de 37.000 metros cuadrados, y que iniciaría obras en junio de 2016, pero que hoy sigue sobre el papel.

El retraso de la megaobra, que tendrá además de oficinas, hoteles y vivienda, y en la que se esperaba alojar 150 empresas, es atribuido a dificultades del desarrollador inicial para lograr el cierre financiero del proyecto.

Alejandro Franco, gerente de Ruta N, confirmó que actualmente buscan la manera que el proyecto detone, con inversión pública, “y más adelante privada”.

La inseguridad en los buses de servicio público es un bola de nieve, que tiende a crecer con cada giro de la registradora y con cada timonazo en las estrechas curvas de las barriadas de Medellín. En los últimos dos años, asesinaron a 18 personas dentro de estos vehículos, 48 resultaron heridas y 1.615 fueron víctimas de robos.

Las cifras oficiales, tomadas del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc), ofrecen un panorama preocupante: si sumamos todos esos hechos, se concluye que entre 2016 y el 25 de agosto de 2018, cada mes se produjeron en promedio 50 delitos de ese tipo en los buses de la ciudad, es decir, uno cada 14,4 horas.

La situación se puso particularmente sensible desde abril, cuando un enfrentamiento entre bandas de las comunas 12 y 13 provocó el homicidio de dos choferes, la quema de dos vehículos y sendos paros de transporte que afectaron a cerca de 50.000 usuarios. La cereza de este pútrido pastel son los atracos, como los ocurridos en dos recorridos de la empresa Coonatra el pasado 1 de septiembre en el Centro, que fueron difundidos de forma viral por redes sociales, elevando la indignación de los ciudadanos.

EL COLOMBIANO hizo un recorrido por terminales de buses de las comunas Popular, Aranjuez, Doce de Octubre, Robledo, San Javier, La América y Belén, conversando con despachadores y conductores sobre su visión del asunto. Coinciden en que las autoridades hacen esfuerzos para atacar la inseguridad, pero que eso no ha frenado los hurtos y mucho menos la extorsión, un flagelo que ya hace parte de los gastos rutinarios del oficio, como pagar la gasolina o la revisión técnico-mecánica.

Según la estadística, aún no termina 2018 y ya van 626 robos en buses; si la tendencia continúa hasta fin de año, podrían duplicarse los 378 casos de 2016. El cosquilleo y el atraco son los métodos más comunes (ver la infografía).

En cuanto a las muertes en estos dos años, 12 difuntos fueron pasajeros y seis conductores. Las últimas víctimas se llamaban Paula González Muñoz, una profesora de colegio acuchillada por oponerse al robo de su bolso, cuando viajaba en un bus por el barrio Guayaquil (05/8/18); y el chofer Bairon Viana Morales, tiroteado por un sicario mientras conducía un bus de servicio público contratado para movilizar a unos practicantes de Medicina, en el barrio Jesús Nazareno.

Este año la Fuerza Pública ha respondido con operativos antiextorsión y en contra de los cabecillas de bandas que más amenazan al gremio transportador.

Entre los detenidos están alias “Chatán” y “Diego Pájaro”, de los combos “los Chivos” y “los Pájaros”, respectivamente, que azotaban las rutas de Belén y Altavista; “Juancito”, “Igor” y “Jota”, de “Betania”, “la Agonía” y “el Coco”, quienes oprimían a los buseros de La América y San Javier.

También fueron enviados a prisión el mercenario “Makelele”, presunto responsable de matar a Jhon Jairo Sánchez Gómez, conductor de la ruta Calasanz-Boston (13/7/18); y “la Chinga”, uno de los supuestos partícipes de los asaltos del 1 de septiembre a los buses de Coonatra.

Las medidas han incluido vigilancia con cámaras y agentes encubiertos, incluso escolta policial a los buses, que se acabó al mitigarse en julio la crisis de violencia de las comunas 12 y 13. No obstante, el problema de fondo sigue con el motor encendido, pitando con furia tras la rueda de los buses. ¿Qué otras soluciones se pueden implementar?

Quisimos conocer la opinión de algunos dirigentes del gremio transportador, pero aseveraron que, por razones de seguridad, preferían reservar sus pensamientos.

Uno de ellos*, comentó: “todo lo hemos dejado en manos de las autoridades, porque esto ya se nos salió de las manos, por lo delicado que está. Es que nosotros solo somos civiles, hermano”.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, sugirió cuatro medidas para frenar la problemática:

1). Que los empresarios y directivos del transporte hagan una revisión más rigurosa de la contratación, “pues a veces aparecen empleados que tienen antecedentes delincuenciales”.

2). Aumentar la instalación de cámaras de grabación en los automotores, “gracias a eso logramos sacar la orden de captura para ‘la Chinga’”,

3). Que los conductores no manejen más dinero en efectivo, lo que se logra incrementando la cobertura de la Tarjeta Cívica-

4). Que las víctimas hagan denuncias formales,“porque en la estadística aparecen pocos registros de extorsión, pero sabemos que la realidad es diferente. El Gaula tiene una efectividad del 97 % atendiendo esas denuncias”.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, indicó que la Administración Municipal “tiene un muy buen trabajo con las empresas transportadoras para erradicar este problema, que es histórico en la ciudad”.

Esa articulación ha permitido identificar a las compañías y rutas más afectadas, “y así podemos coordinarnos con la Fiscalía para dar golpes tan contundentes como los que hemos dado en Castilla y la comuna 13”.

En su proceso de apoyo a los conductores y dueños de buses, la Alcaldía viene apoyando a las firmas más perjudicadas por la inseguridad: Conducciones América, Conducciones Palenque Robledal, Transportes Medellín Castilla, Cootrabel, Autobuses El Poblado, Metrosur, Coonatra y Conducciones AyR.

En términos de Tobón, la extorsión que lacera a los buseros “es una renta ilegal de los pequeños combos, para su sostenimiento y mantener la dinámica criminal en los territorios”. Es por eso que una de sus propuestas apunta a no ceder en el esfuerzo de desarticular esos grupos, “y eso no es posible por fuera de la colaboración armónica entre la ciudadanía y el Estado”.

El principal obstáculo para esa colaboración sigue siendo el miedo, instalado en los quehaceres diarios de los choferes, alistadores, dueños y administradores de rutas. La zozobra es palpable en las terminales visitadas por este diario, en las que los empleados se referían al problema con frases huidizas.

Uno de ellos, revisando la llanta trasera de su vehículo, exclamó que “ya estamos acostumbrados, en cualquier momento el pasajero al que uno le para, hace el daño” .

*Identidades reservadas por solicitud de las fuentes.

Con consignas de “viva la Universidad, no la dejés privatizar”, cientos de estudiantes de la Universidad de Antioquia en Medellín y Rionegro salieron a las calles a protestar por la desfinanciación que amenaza la educación superior pública.

La marcha, conocida como “Carnaval por la Universidad Pública” fue convocada por la Asamblea de Estudiantes. En Medellín el recorrido inició en el Parque de los Deseos (vecino al Alma Máter) y está previsto que llegue hasta La Alpujarra. Entre tanto, en el Oriente de Antioquia, la movilización inició en la sede de El Carmen y finalizará en la Plaza de la Libertad de Rionegro.

Hasta el momento no se han presentado alteraciones de orden público en las movilizaciones, reportó la Policía, aunque sí congestión vial en la vía La Ceja - Rionegro, y en el centro de Medellín.

Voceros de los profesores de la universidad habían denunciado que el desfinanciamiento progresivo al que hoy se enfrenta el sector ha llevado a que “la universidad pública colombiana esté en una profunda crisis y en una posibilidad de no permanencia y continuidad en el futuro”.

Lea: Lupa a presupuesto de la universidad pública

Jhon Jairo Arboleda, rector de la Universidad, explicó que ya hubo una reunión con la actual ministra de Educación, María Victoria Angulo, para ponerla al tanto de las inquietudes de maestros y alumnos. “Le explicamos la situación financiera de todas las universidades públicas del país, le explicamos el proceso de desfinanciación que se viene dando desde la promulgación de la Ley 30 en 1992 porque el gasto de las universidades crece por encima del IPC”, dijo.

Una emergencia se presentó al mediodía de este martes cuando dos niños, al parecer, lanzaron una piedra contra un panal de abejas y causaron un ataque que dejó un saldo de 12 personas lesionadas en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, del barrio La América de Medellín.

Los niños afectados fueron, precisamente, los que lanzaron las piedras según los reportes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, Dagrd.

Entre los afectados hay 11 menores de edad y un adulto. Ocho pacientes fueron atendidos por bomberos y personal de la Secretaría de Salud y, por fortuna, ninguno tuvo que ser trasladado a un centro médico.

La historia de jóvenes que invaden los carriles de los metros del mundo para pintar grafitis en los trenes tuvo un nuevo capítulo en Quito, Ecuador.

Lea: Muerte de grafiteros en vías férreas, caso recurrente en otros metros del mundo

En la madrugada del pasado lunes, 20 hombres ingresaron ilegalmente a los talleres del metro de la capital ecuatoriana, amordazaron e inmovilizaron a los guardias, y procedieron a pintar uno de los trenes, antes de ser detenidos por otros agentes de seguridad, según el reporte del diario local “El Comercio”.

Como dato curioso, los jóvenes plasmaron con pintura amarilla las palabras Shuk, Skil y Suber, nombres artísticos de los tres jóvenes que murieron atropellados por uno de los trenes del metro de Medellín, en julio de ese año.

Además: El último tren de los jóvenes grafiteros

Cabe destacar que el metro de Quito apenas empezará a operar en diciembre de 2019 y que el tren rayado es el primero en llegar a la ciudad.

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ofreció una recompensa de $100 mil dólares por información que permita identificar a “esta banda delincuencial organizada que además estaba con armas de fuego y que tenía una planificación de lo que quería hacer (....) son enemigos de la ciudad y no vamos a permitir que frenen el desarrollo”, dijo.

La administración de la capital de Ecuador creó además una línea especial de denuncia “para evitar que la ciudad se llene de grafitis o pintas (...) Los rayones y garabatos no son arte urbano. Son actos que atentan contra la propiedad, tanto pública como privada”, informó la Alcaldía de Quito en un comunicado.

Atrás quedó la incertidumbre. Los movimientos de volquetas, retroexcavadoras y trabajadores son ingredientes, hoy, de los paisajes de Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. La polémica por dudas en contratos, es cosa del pasado.

No es pretencioso decir que el Túnel del Toyo es el proyecto de infraestructura vial más importante de la historia en Antioquia, con un valor de 1,8 billones de pesos. Tanto lo es que, si bien está en el Occidente del departamento, a 120 kilómetros de Medellín, la Alcaldía de la capital antioqueña invierte $520.000 millones para su construcción.

También, en el sistema vial que comprende 18 túneles (más una galería auxiliar de emergencia en el Toyo), la Nación aporta $540.000 millones y la Gobernación, que es su principal financiador, $780.000 millones.

Perforar las montañas del Occidente, una abrupta topografía que hace una proeza para los antioqueños buscar el mar, parecía utópico. Tras nueve meses de labores, los constructores reportan un avance en obras del 11%, en un proyecto que tiene como fecha de entrega el 2024.

Solo en el túnel principal, técnicamente denominado el número 17—que tiene casi 10 kilómetros de extensión—se han excavado 65 metros.

A toda marcha, 741 hombres y mujeres trabajan en el proyecto, la mayoría se concentra en el portal de salida de la estructura, en Cañasgordas. Muchos de esos trabajadores son de la zona.

Diariamente, comenta Rodrigo Soto, gerente del consorcio Antioquia Al Mar, encargado de la construcción, logran avanzar 1,5 metros, ayudados por una sofisticada máquina- taladro, y enfrentando el corazón de una montaña con el nivel de material más complejo de la geología.

En el túnel 18, cercano al principal, los logros son mayores. De los 258 metros que tiene han penetrado 210, y mientras los obreros rasguñan la montaña una gran pistola robotizada, llamada Jumbo, lanza concreto a las paredes para darle firmeza al orificio por donde pasarán los carros que buscan el Urabá.

A medida que rompen, ponen arcos de hierro en los extremos y techo. El sonido de los ventiladores y las máquinas ensordece y el riesgo de desprendimientos de piedras es latente, por lo que no se escatima en medidas de seguridad para los trabajadores.

Antioquia Al Mar trabaja en uno de los dos tramos de la obra, el primero. Allí se incluye el túnel 17, el del Toyo, de 9,85 km, y según Soto, el más grande de Colombia, incluso por encima de dos sin terminar, el de la Línea y el de Oriente, de 8,6 km y 8,3 km de largos, respectivamente.

Serán pues, en el tramo uno, 18,2 km comprendidos por 7 túneles, más la galería auxiliar del principal, 17 puentes y 4,4 km de vías a cielo abierto.

Esta galería auxiliar o de rescate, anota Soto, conecta cada 400 metros con el túnel principal, y aunque no será para uso público, servirá para tránsito de ambulancias, bomberos o grúas que sean requeridas para una emergencia.

Son 19,4 km, con 11 túneles—el mayor de 1,4 km—13 puentes y 4 túneles falsos (sitios en los que se hacen techos en concreto para contener la caída de material) y 12,3 km de vías a cielo abierto los que comprenden el tramo 2, destaca Soto.

“Invías se comprometió a sacar la construcción del tramo 2, que es el que nosotros (Antioquia Al Mar) no construiremos, sino que se hará más adelante y estará adjudicado a comienzos del próximo año”, recalca el directivo.

Añade que la entidad nacional tiene reservados $680.000 millones y está gestionando el resto del dinero, “porque les vale casi $1 billón, para sacarlo a licitación”.

“El compromiso es que esto tiene que hacerse, porque los dos tramos son el corazón de los Pacíficos (concesiones de Autopistas para la Prosperidad) y si falla, todos fracasan”, enfatiza.

A la par con Antioquia al Mar, trabajan, en el Occidente, las concesiones Mar 1 y Mar 2, encargados de los tramos que conectan con el Toyo, en Santa Fe de Antioquia y Dabeiba.

La región, se palpa, está en obra y la movilidad, por momentos, se hace compleja debido a los constantes pare y siga en la vía, una troncal que en 8 años estará relegada, ojalá no al olvido.

Casas abandonadas, otras demolidas son un preámbulo de lo que se viene cuando la nueva vía reduzca a la tradicional Carretera al Mar, hoy a cargo de Mar 1, a ser solo paso para los habitantes de poblaciones cercanas.

Soto relata que cuando esté en servicio el Toyo se tendrá que definir un doliente de la carretera, que seguirá siendo alternativa, para que no pase lo que sucede con la vía San Pedro, carcomida por el abandono y santuario de la destrucción y la inseguridad.

Para el gobernador Luis Pérez, la megaobra representa la posibilidad de tener a Medellín a 3 horas y media del mar de Antioquia “un sueño que se está haciendo realidad”.

“Este es un ejemplo de Antioquia para Colombia, porque este túnel se está haciendo con recursos regionales, invertidos por la Gobernación y la Alcaldía de Medellín y sobre todo con ingeniería antioqueña”, expresa Pérez.

La reducción del trayecto entusiasma. Hoy, viajar de la capital antioqueña a Necoclí, una de las poblaciones turísticas de Urabá, en carro puede tardar hasta 10 horas.

Las curvas cerradas, los taludes inestables y las pendientes predominan en la vía que actualmente, además, tiene una malla deteriorada producto de la carga que soporta por las dificultades que ha tenido la troncal a la Costa Caribe, que la hizo la única alternativa para el tráfico pesado.

“La velocidad en la nueva vía será de 80 km por hora. Un camión, desde el puente amarillo (Paso Real), en Santa Fe de Antioquia, a Cañasgordas, tarda cerca de 2 horas y, muchas veces, se tapa por derrumbes”, considera el ingeniero Soto.

Agrega que la nueva vía tiene una velocidad de 80 km por hora, lo que redunda en la posibilidad de transitarse en 30 minutos, es decir, se ganaría una hora y media.

“La idea es que la vía a Urabá sea competitiva y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lo ha dicho: esto traerá muchas empresas que se instalarán en Urabá y se desarrollará la región, para que haya fuentes de trabajo allá y la gente no se vaya a la ciudad”, apunta Soto.

Esa premisa justifica la inversión de Medellín, aprobada por su Concejo, en una obra a tantos kilómetros de distancia. La idea es fomentar el progreso industrial de la urbe acercando los puertos, y de paso, detener el fenómeno migratorio.

“Aquí no solo es cuánto cueste esta obra, sino que seamos capaces de hacerla, en el departamento tenemos buena ingeniería y buenos ingenieros”, recalca el gobernador.

Las fachadas de las casas están carcomidas por el polvo y manchadas de color ocre. En la vereda Buenos Aires, de Cañasgordas, la cotidianidad cambió desde enero del año pasado con la llegada de las obras. Allí, en el humilde asentamiento, se hace el portal de salida del Túnel del Toyo, las vías anexas y el edificio que servirá de sede administrativa del sistema.

Cientos de personas, trabajadores del consorcio constructor, unos con trajes naranjados, otros chalecos rojos, caminan y se resguardan del sol. Las camionetas 4 por 4 transitan por la trocha y dejan a su paso nubes de polvo.

Algunos moradores, como Enrique Salgar, de 88 años, cuentan los días en el calendario para abandonar sus ranchos. Tendrán que vender para darle paso a la nueva infraestructura.

“Estoy esperando a que regresen (empleados del consorcio encargados de la compra de predios) para negociar. Ya me hicieron una primera oferta que consideré injusta y no acepté”, comenta el hombre, mientras atiende su granero de cinco décadas en la vereda.

Muchas de las viviendas ya fueron tumbadas. Otras, con carteles en los que se oponen al proyecto, siguen en pie y sus habitantes solo aguardan, resignados a partir, la mayoría sin rumbo claro.

Tiene 78 años y Ramón Emilio Úsuga cree que luchar contra el desarrollo es innecesario. Es momento de un cambio, opina, y espera que le den más de $60 millones para encontrar otra casa en el pueblo.

“Hay gente que se quiere ganar la lotería vendiendo. Yo solo espero que me den lo justo, para morir tranquilo, en paz”, concluye.

Pavel Gogulan, conocido como el “hombre araña ruso”, quien el pasado lunes escaló, de manera ilegal, la torre sur de la sede central de Bancolombia deberá salir del país antes del próximo domingo o será deportado.

La noticia la confirmó el propio Gogulan, quien explicó que este martes fue retenido por varios policías mientras daba una entrevista en una cadena radial. “Escucharon mi transmisión y vinieron. Me llevaron al servicio de migración, donde firmé un documento sobre la partida independiente de Colombia hasta el domingo”, dijo.

Según Gogulan , si el domingo no sale del país será puesto en una lista de personas buscadas y podría incluso ser encarcelado hasta por tres años. Y aclaró que sólo podrá volver a Colombia en un año, siempre y cuando la embajada colombiana en Rusia se lo autorice.

Gogulan asegura que ya ha escalado más de 200 edificios en 48 países, en muchos de los cuales termina detenido por la Policía por cumplir su hazaña sin ningún tipo de seguridad.

El pasado lunes en el edificio Bancolombia tampoco usó protección ni solicitó permiso. Escaló doce pisos sin camisa, en pantaloneta, usando guantes y unos zapatos crocs.

Una emergencia se vivió en la tarde de este martes en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, por cuenta de un fuerte aguacero que cayó durante casi cuatro horas sobre el casco urbano.

Eliécer Arteaga, alcalde de Apartadó, explicó que las lluvias colapsaron el sistema de alcantarillado y, como resultado, por lo menos el 40% del casco urbano resultó afectado. “Tuvimos muchas motos y carros que se apagaron en la calle, algunas casas inundadas, igual que centros comerciales, clínicas, el Concejo y la misma sede de la Alcaldía”, relató.

Arteaga aclaró que el Archivo Municipal se tuvo que mover para evitar daños mayores, y que aún no se ha hecho la evaluación para determinar si hubo afectaciones. “Dejó de llover pasadas las 7:30 p.m. e inmediatamente el nivel del agua bajó, tanto en las calles como en el río”, dijo.

Una de las zonas más afectadas fue el hospital. Rubén Darío Cuervo, director de la IPS Universitaria en ese municipio, explicó que varios techos del centro médico colapsaron por la lluvias. “El área de urgencias, donde atendemos unas 150 personas diarias, fue la más afectada y tuvimos que reubicar a varios pacientes. Ya estamos haciendo la solicitud de un plan de emergencias, porque los techos están muy malos, ya cumplieron su vida útil”, manifestó.

Cuervo agregó que por las calles del municipio la gente caminaba “y el agua les llegaba más arriba de los tobillos. El aguacero fue muy, muy fuerte”.

En redes sociales se difundieron imágenes de algunos pasillos del centro comercial Nuestro Urabá, convertidos en ríos. Por ahora, según informes oficiales, no hay reportes de personas lesionadas o desaparecidas.

Sin agua

El servicio de acueducto también fue interrumpido. Aguas Regionales (de EPM) informó en un comunicado que tras las lluvias, se inundaron todos los sistemas de bombeo de los tanques de almacenamiento, y por ello, se interrumpió de forma generalizada el abastecimiento de agua, mientras se hacen evaluaciones y ajustes técnicos. La empresa no indicó cuándo será restablecido el servicio.
El Alcalde de Apartadó reportó que actualmente en el municipio se adelanta una renovación del sistema de alcantarillado, en alianza con EPM. La obra tiene un costo de $1.000 millones.

Un trágico accidente se presentó en la tarde de este martes en pleno centro de Medellín. Un peatón murió atropellado por un bus de servicio público mientras intentaba cruzar una calle cerca del hotel Nutibara.

La secretaría de Movilidad de Medellín reportó que el accidente ocurrió a las 3:50 p.m. en la calle 53 con carrera 51. El peatón, cuya identidad no ha sido plenamente confirmada, falleció instantáneamente.

La policía judicial se encargó de las labores de inspección y levantamiento del cadáver. En la zona, producto del procedimiento y de los curiosos, hubo congestión vial durante casi una hora.

Hasta el pasado 2 de septiembre, según cifras de la Secretaría de Movilidad, en Medellín se habían presentado 28.743 accidentes de tránsito, en los cuales fallecieron 152 personas. De ellas, 69 eran peatones y 61 motociclistas.
La semana pasada el secretario de Movilidad, Humberto Iglesias, informó que la ciudad presenta una reducción de 17% en el número de víctimas fatales producto de accidentes de tránsito. “Aunque el crecimiento del parque automotor en el Valle de Aburrá ha sido del 122% en los últimos 10 años, en este mismo periodo se evidencia una disminución de 69 muertes por incidentes de tránsito, es decir un 21% menos”, dijo Iglesias.

Las comunas con mayor reducción en casos de mortalidad son Robledo con 14 casos menos (-82%), La Candelaria con 14 casos menos (-29%), Castilla con 13 casos menos (-48%) y Guayabal con 9 casos menos (-47%).

Por Daniel Quintero Mesa

Infraestructura e inversión social han sido las banderas que la administración de Carlos Durán Franco ha ondeado durante casi tres años de mandato. La construcción del Hospital de Caldas es la iniciativa más importante expresa el mandatario. Para la realización de este proyecto la Gobernación de Antioquia aportará 10.000 millones de pesos, agregó Durán.

También se trabaja en la remodelación de 9 sedes educativas, en la construcción del megacolegio de La Quiebra y en la pista de patinaje. Se espera que todos estos proyectos se entreguen antes de finalice la administración. Estas son otras iniciativas:

1. 22.500 millones de pesos es la cifra destinada para la construcción del nuevo Palacio Municipal de Caldas.

2. Avance del 90% en la adecuación del Centro de Desarrollo Infantil, que debe inaugurarse en diciembre.

3. 1652 m2 de malla vial urbana y 1.205 m2 de malla rural han sido construidos durante esta administración.

4. Convenio con La Sallista para dar becas a estudiantes a cambio de reducción en impuestos.

5. Cobertura completa de transporte para los niños de las escuelas rurales y zonas más alejadas.

6. Implementación de la nueva ruta circular de buses para movilizar a los habitantes de Caldas.

Por Víctor Andrés Álvarez C.

Salud y ambiente son dos de los ejes temáticos del plan de desarrollo de Copacabana que muestran mayores avances en ejecución: 77,12 % y 82,46 %. Otros como movilidad y transporte, a un año y 4 meses de concluir el gobierno, solo tienen un 20,7 %, cada uno y vivienda, 52,13%.

La administración asegura que llegará al 100 % de cumplimiento de la hoja de ruta y tiene como uno de sus proyectos bandera la construcción de una ruta de ciclocaminabilidad hacia Barbosa.

En seguridad, los avances, reporta, son buenos y en ese propósito proyecta hacer una nueva estación de Policía. Estos son otros avances:

1. Alcaldía adquirió 84.520 metros cuadrados de monte para preservación por $1.300 millones.

2. Alcalde dice que 111 habitantes de calle se han beneficiado con procesos de resocialización.

3. Con inversión de $2.400 millones (Presidencia y Alcaldía) pusieron 54 cámaras de seguridad.

4. Harán tramo de ciclorruta a Barbosa. Con Amva invierten $2.500 millones.

5. Construyen tercer bloque de aulas de la I. E. La Vida por $5.500 millones.

6. Se reporta inversión de $2.200 millones en Hospital Santa Margarita.

Bendecido por Dios, aunque incomprendido. Así se siente Óscar Alberto Restrepo, alcalde de Copacabana, al comentar que la gestión de recursos, que ha realizado para ejecutar proyectos ambientales, sociales y de infraestructura ha sido histórica, pero no valorada por parte de la comunidad.

Considera que sus apuestas por sembrar árboles y poner reglas a canteras, principalmente en la vía Medellín Bogotá, no son tan populares como las intervenciones con cemento, pero saca pecho por su labor de preservar recursos naturales y, dice, las próximas generaciones se lo valorarán.

Sin embargo, su gobierno es uno de los tres peores calificados en la Gran Encuesta Metropolitana, publicada por EL COLOMBIANO el lunes pasado. “Cuestionan lo bueno y lo malo”, sentencia.

Una polémica reciente fue que el municipio apareció en Planeación Nacional perdiendo categorización...

“Cuando el gobierno Santos presentó su Plan de Desarrollo se dijo que se modificaría el artículo 8 de la Ley 617 y en las áreas metropolitanas los municipios que no tengan ingresos corrientes mayores a 50.000 salarios mínimos legales vigentes, así cumplan con el número de población, automáticamente tiene que bajar de categoría. Por eso bajamos, (de segunda a tercera), porque no teníamos los ingresos, para ser de segunda nos faltan $8.000 millones. Responsablemente me siento más cómodo en tercera categoría. La empresa más grande de nosotros es Haceb, porque Imusa se fue y las otras son pequeñas. Por malas ventas le tuvimos que devolver a Haceb $1.200 millones”.

Pero, siempre fueron industriales, ¿acaso ya no?

“Solo tenemos seis empresas grandes, el resto son medianas y comercio, con más de 3.000 negocios. Entre las grandes está Whirlpool, Haceb. Nuestros corredores ya no son tan grandes y el Plan Básico de Ordenamiento (PBOT) tiene restricciones, que están sujetas a validación, para determinar los que son comerciales, industriales”.

¿Por qué no han actualizado ese PBOT?

“En dos administraciones anteriores se ha tratado de llevar a feliz término la revisión definitiva del PBOT. Esto ha sido objeto de críticas, porque no se ha podido materializar y poner a disposición del Concejo esta hoja de ruta, y no es que no haya habido voluntad de los alcaldes, sino que Corantioquia y Área Metropolitana (Amva), que aprueban los planes, han sido la talanquera para la revisión. Han declarado a Copacabana un territorio en zona acuífera. En un mapa que sacaron dicen que está sobre agua, y eso es mentira. La mayor parte es rocosa y montañosa”.

¿Cuándo lo actualizarán?

“Me conseguí recursos con el Departamento Nacional de Planeación ($300 millones) para la nueva revisión en 2017; el Amva me dio $100 millones más, para conseguir profesionales de apoyo: un geólogo y especialista en ordenamiento territorial. Articulé los ensayos que han hecho y determinamos que con $500 millones podíamos concluir la revisión.

Hemos hecho mesas de trabajo con comerciantes, industriales, ambientalistas, finqueros y hoy tenemos ese PBOT en revisión. El actual plan es una colcha de retazos”.

¿Le preocupa la expansión urbanística que viene de Bello hacia su municipio?

“Casi todas las casas viejas de Copacabana se convirtieron en edificios de cuatro pisos, pero hemos sido responsables con la expansión. Sin planeación se adolece de infraestructura deportiva, cultural, espacios de educación. Eso se ve como si fuera desarrollo, pero antes trae condiciones contrarias. Queremos un municipio sostenible, amigable con el medio ambiente. Aquí queremos ver entrar y salir el Sol”.

¿Detener la construcción no le restringiría recursos para invertir?

“No le podemos hacer el quite, pero sí controles. Implementamos la oficina de infracciones urbanísticas y estamos construyendo un plan de construcción segura para que no de cualquier manera se construya. Los proyectos deben pensar en movilidad, ambiente, seguridad”.

¿Cómo va el control a canteras, práctica que ya ha dejado tragedias y dificultades en la Medellín - Bogotá?

“Tuvimos dificultades en octubre de 2016, con un deslizamiento por una intervención irresponsable de una cantera, que así haya tenido permisos en regla, estaba interviniendo irresponsablemente la tierra, socavando al aire libre una ladera de una montaña que estaba pegada de los pelos. Hubo 16 muertos y un problema ambiental. Hoy todavía tenemos ese problema, una montaña que se asomó porque la socavaron de manera irresponsable”.

¿Qué ha hecho al respecto?

“Tuve la fortuna de contar con recursos propios, a través de un crédito, para comprar 84.523 metros de reserva forestal, un territorio que llamamos la fábrica de agua, tiene 4 nacimientos de agua. Era el próximo crecimiento de la cantera, había extendido sus brazos hasta allá y se los cortamos. No somos autoridad competente, pero tenemos una inspección que hace control. Hay intervenciones artesanales en esa ladera, viven de explotar una piedra, pero se les olvida que se les puede venir la montaña completa”.

¿Cuánto invirtió en esa fábrica de agua y qué hará?

“Se invirtieron $1.300 millones, por avalúo de la Lonja y autorizado por Corantioquia. Hoy el lugar es nuestro, hemos hecho tres sembratones, tenemos sembrados 2.000 árboles entre nativos, ornamentales y frutales. La meta es que sean 5.000. Queremos convertir el lugar en una despensa para las aves. Montar una granja donde los niños vean que el agua no nace en bolsas, sino de la tierra”.

Patrimonios como el teatro Gloria, están casi en ruinas, ¿por qué lo descuidaron?

“Es lamentable. El cementerio, la iglesia son patrimonios que cuidamos. El teatro Gloria es referente nuestro, en los años 60 funcionaba, pero es propiedad privada y la familia a cargo lo tiene convertido en bodega. Dice que si se lo compramos lo venden, pero el Municipio no tiene capacidad económica de adquirirlo. Los dueños prefieren dejarlo caer que mantenerlo.

Las casas viejas las están vendiendo para hacer edificios modernos. Hay declaratoria de bienes patrimoniales y los conservamos, como el Cerro de la Cruz”.

¿Por qué tantos cabecillas de organizaciones ilegales caen en Copacabana?

“Estamos afectados. Hacemos un consejo de justicia cada seis meses con autoridades y califican a Copacabana como un municipio seguro.

Algunas personas encuentran atractivas las fincas y vienen y se encaletan aquí, pero tenemos controles, porque solo hay una entrada y salida, entonces es fácil cuando nos dan pistas”.

¿Controlan las fincas?

“Acabamos de sacar el decreto 049 de 2018 que tiene que ver con que hoy irresponsablemente se vienen a una finca y se quedan con el equipo prendido tres y cuatro días con la música a todo volumen. A esas personas les llegamos con Policía y CTI, y les decimos que el ruido molesta a la comunidad. Les pedimos que le bajen el volumen. Dejamos un sello de advertencia, un comparendo ambiental y si nos vuelven a reportar que siguen con la música a alto volumen regresamos, con un electricista autorizado, y cortamos la energía por 12 horas”.

¿Cómo van en homicidios?

“Hemos mejorado el indicador. Estuvimos en los primeros tres meses del año con cero homicidios, hoy tenemos 11 muertes violentas, uno menos con respecto al mismo periodo del año pasado. De esos homicidios, cuatro fueron en el municipio. Una mujer que la asesinaron a machete, un hombre asesinado en un local comercial, en total, 4 por intolerancia. Los otros siete son los que arrojan al río Medellín y los encontramos aquí”.

¿Y por qué cree que les dejan los cadáveres?

“Ha habido irresponsabilidad de algunas administraciones (vecinas) que dicen: déjelo que se vaya; entonces se los ponemos a los indicadores de nuestro municipio. También los dejan en bolsas o baúles de carros a orilla de la carretera. Por ejemplo, a un muchacho lo mataron en Bello, al parecer había salido a robarse una moto, y lo encontraron aquí”.

¿Qué le dice a los que cuestionan su gestión?

“Algunos ciudadanos andan preocupados por ver cemento y adobe, pero se les olvida que mi propuesta es social. Le apunto más al medio ambiente y a las personas en condición de vulnerabilidad. Cuestionan lo bueno y lo malo. Cuando hablan de revocatorias tienen que tener argumentos. A mí no me pueden decir que estoy incumpliendo el Plan de Desarrollo. Me siento bendecido por Dios, me conseguí $100.000 millones, que no los tenía el Municipio, con el DPS, Corantioquia, Amva, Gobernación y MinInterior para más inversión”.

UN EXPEDIENTE EN LA FISCALÍA

Por: Nelson Matta Colorado

EL COLOMBIANO consultó las bases de datos de los entes de control, indagando qué investigaciones existen en contra del alcalde de Copacabana, Óscar Restrepo. En la Fiscalía le figura un expediente abierto, en etapa de indagación, por el supuesto delito de prevaricato por acción, por hechos de noviembre de 2016 (radicado N°0500 16000 248 201701467). La denuncia penal fue instaurada por la Federación Nacional de Pirotécnicos (Fenalpi), agremiación que se quejó de Restrepo y otros gobernantes por sus políticas en contra de los polvoreros.

En la Procuraduría no le aparecen procesos disciplinarios y la entidad certificó que “no registra sanciones ni inhabilidades vigentes”. Por su parte, la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva expidió un certificado, según el cual Restrepo “no se encuentra reportado como responsable fiscal”.

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El alcalde de Caldas Carlos Durán Franco sacó el retrovisor a la hora de defender su gestión: dice que recibió deudas y no obras, que el presupuesto es muy limitado para las necesidades del municipio y que, además, heredó problemas de la anterior administración. Todo ello enmarcado en los enormes desafíos que ha tenido que asumir en estos casi tres años de gobierno.

La demolición de la Casa Consistorial para construir un nuevo palacio municipal, el anuncio de modificar el actual Plan de Ordenamiento Territorial y la implementación de nuevos cupos para taxis, son parte de los cuestionamientos que le hacen los ciudadanos, algunos organismos de control y los opositores políticos.

A estos últimos, especialmente, Durán les atribuye el hecho de que su gestión sea la de más baja aprobación, según los resultados de la Gran Encuesta Metropolitana de EL COLOMBIANO.

¿Piensa que los habitantes de Caldas lo han abandonado o realmente cree que está en deuda con el municipio?

“Nosotros hemos recibido el aprecio y apoyo por parte de la gente del municipio, sin embargo, el resultado de la encuesta fue en un mal momento en el cual enfrentamos muchos problemas, aspiramos a hacer las cosas mucho mejor toda vez que nuestra labor contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Caldas”.

“Muy seguramente eso pudo incidir y más aún porque estamos en momentos complicados sobre todo en lo político. Además las manifestaciones públicas entorno al tema de los taxis también pudo incidir a la hora de responder la encuesta. Es simplemente un concepto que yo tengo. Quiero respetar el trabajo que se hizo, avanzar y enfrentar cualquier tipo de situación que se nos venga”.

¿Qué es lo que sucede con los cupos de taxi en Caldas?

“En Caldas, hace 20 años no se inscribía un solo cupo de taxi, únicamente tenemos 120 taxis frente a una demanda de 80.000 habitantes, la falta de cupos para estos vehículos hace que la informalidad llegue y se convierta en un riesgo para todas las personas”.

¿Se han concertado mesas de trabajo con representantes de los taxistas?

“Ellos interpusieron unas acciones legales y decidimos suspender durante dos semanas la inscripción de nuevos cupos hasta que no hubiese una respuesta o definición legal. Los transportadores perdieron las dos tutelas y nosotros seguimos firmes en la inscripción de los cupos para estos vehículos. Sin embargo, hay algo que deben saber y es que el acto administrativo que establece la implementación de estos cupos viene de la administración anterior donde se hizo el estudio y el análisis de la implementación de la norma, concertado obviamente con las autoridades de control de esa época”.

“Es indudable que cuando uno está en una alcaldía la oposición se convierte en un dedo señalador de ciertas situaciones. Nosotros tenemos la convicción de estar haciendo bien las cosas y de la mejor manera. Otro problema contra el que venimos luchando es la estafa inmobiliaria, a las personas les venden proyectos de vivienda aparentemente lícitos pero no lo son, hemos encontrado construcciones que no cuentan con las licencias ambientales al día.”

¿Cómo están combatiendo la estafa inmobiliaria?

“Lo que hacemos es invitar a la gente para que se acerque a la oficina de Planeación y verifique que el proyecto que van a comprar ya ha cumplido con todo el tema legal, que se ha revisado sus estructuras, que haya pagado los impuestos de construcción y las cargas urbanísticas previamente”.

¿Cómo va la construcción del palacio municipal y cuáles son los tropiezos en el camino con la Casa Consistorial?

“Tomamos la decisión de demoler la Casa Consistorial para salvaguardar la vida de más de 300 personas que trabajamos allí. Se han invertido más de 22.500 millones de pesos en la construcción del nuevo centro administrativo, proyecto en el que participa el Área Metropolitana. Tuvimos una dificultad con el hallazgo de una fuente de agua, razón por la cual tuvimos que profundizar en el estudio de suelos, el problema fue superado y ya estamos en proceso licitatorio para la construcción del palacio municipal”.

¿Se logró demostrar que la Casa Consistorial no era un Bien de Interés Cultural?

“Siempre hemos tenido claro que la Casa Consistorial no era Bien de Interés Cultural. Hemos ganado las demandas interpuestas, un Juez Administrativo de Antioquia determinó que no era un bien de esa naturaleza y el Tribunal Contencioso Administrativo falló en segunda instancia a nuestro favor, por lo tanto podíamos disponer de ese predio. En estos momentos cursa otra demanda a la cual estamos respondiendo”.

Luego de anunciar la modificación del PBOT, ¿qué consideraciones tuvo en cuenta para tomar esta decisión?

“A sabiendas de que el municipio tiende al crecimiento, estamos adelantando el proyecto de modificación del PBOT, las empresas ya están llegando a Caldas pero no han podido instalarse con plenitud, porque el municipio no cuenta con un PBOT moderno. Por eso necesitamos ampliar la cobertura de construcción para utilizar zonas rurales o zonas de ampliación urbana para la creación de estas organizaciones lo que ayudaría en el recaudo de impuestos y en la generación de empleo”.

¿Qué tan importante ha sido la inversión social para esta administración?

“Uno de nuestros fuertes es precisamente la cercanía con el tema cultural y artístico hacia las comunidades, hay pocas cosas para hacer en cuanto a lo que ofrecen las instituciones privadas. Por eso desde lo público estamos respondiendo y tratando de implementar mayor cobertura de actividades para el aprovechamiento del tiempo libre”.

“No hemos tenido dificultades, el único inconveniente fue hace tres meses que el Concejo Municipal nos quitó las facultades de transferir recursos. Teniendo el dinero, no lo podíamos transferir a la alimentación de los niños, pero eso ya fue solucionado”.

“Nosotros ganamos esta Alcaldía con muchas dificultades en tanto que los políticos tradicionales nunca nos acompañaron. Somos una fuerza alternativa ajena a la política tradicional. Esto ha hecho que los ataques cada vez sean más fuertes, nos toca asumir con nobleza y respeto los señalamientos de los opositores”.

En cuanto a la seguridad, ¿qué situación vive el municipio?

“Según los reportes estadísticos de la Policía Nacional, Caldas es uno de los municipios más tranquilos del Área Metropolitana, obviamente no nos escapamos de los problemas que tiene el Valle de Aburrá, por ejemplo, el microtráfico y el hurto. Este último ha afectado a nuestros pensionados porque están siendo abordados por fleteros al momento de retirar sus mesadas. Estamos trabajando con la Policía Nacional para eliminar este fenómeno”.

Otro de los anuncios fue la implementación de una ruta circular de buses. ¿Caldas si cuenta con la infraestructura para soportar este tipo de transporte?

“La ruta de transporte masivo público se implementó para la atención de las personas que se mueven hacia los barrios y veredas de Caldas. El municipio por supuesto cuenta con la infraestructura, por eso estamos arreglando la malla vial y aumentando el número de carreteras”.

¿Qué está haciendo la administración para reducir los índices de desempleo en el municipio?

“El índice de desempleo se disminuye generando oportunidades para la creación de nuevas empresas y eso es lo que estamos haciendo con la solicitud que haremos ante el Concejo para la modificación del PBOT. Si llegan nuevas empresas a Caldas aumentarán las vacantes y plazas para nuestros habitantes que se encuentran desempleados”.

¿Cuáles son los proyectos que se van a entregar antes de finalizar la administración?

“Queremos entregar el palacio municipal con un avance del 80%, el Centro de Desarrollo Infantil, la cancha de la Locería, el megacolegio rural de la vereda La Quiebra, una pista de patinaje para la cual ya dispusimos todos los recursos y el más importante, el hospital de Caldas”.

INVESTIGADO POR PLAN TERRITORIAL

Al alcalde de Caldas, Carlos Durán, en la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá le figura una investigación disciplinaria (caso N°D-2017-959756) en etapa de recolección de pruebas. Se relaciona con una queja por presuntas irregularidades en la aprobación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en la que también está implicado el Concejo. La misma Procuraduría archivó a su favor otro proceso, por una queja que lo señalaba de dañar el patrimonio arquitectónico, por la demolición de la antigua casa de gobierno.

El Juzgado Civil del Circuito de Caldas también le archivó este año una demanda de un grupo de constructores, que lo señalaban de cobrar “comisiones por proyectos”.

Durán no tiene sanciones de la Contraloría ni expedientes abiertos en la Fiscalía, aunque en esta última entidad puso una denuncia como víctima de amenazas, al parecer derivadas de la llegada masiva de taxis a la localidad.

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Al margen del río Magdalena, habita, en estado natural, el mono araña o marimonda (Ateles hybrydus), en los bosques de departamentos como Caldas, Cundinamarca, Guajira, Magdalena y Cesar.

Sin embargo, este primate es una de las especies silvestres más amenazadas del país y actualmente figura en la lista del Ministerio de Ambiente por estar en peligro crítico de extinción.

Una buena noticia, en términos de su conservación, llegó el pasado domingo 9 de septiembre, con el nacimiento de un ejemplar de mono araña del Magdalena en el Parque Zoológico Santa Fe de Medellín. Pero, ¿cómo es posible la reproducción de estas especies en cautiverio?

Catalina Díaz, bióloga del zoológico, señaló que el grupo en donde nació la cría está conformado por trece integrantes y que los individuos que no nacieron en el zoológico han sido incautados del tráfico ilegal.

Díaz agregó, además, que el estro o época de celo de las hembras tiene una duración de dos semanas, y ocurre cada tres a cinco meses, lo que hace más fácil su reproducción.

En vida silvestre, indicó la bióloga, los monos araña viven en grupos familiares de hasta 15 individuos, en donde hay un macho dominante que se aparea con todas las hembras. En el zoológico aseguran el control de la reproducción manteniendo solo un macho efectivo en el grupo, el resto está castrado.

“Nosotros no hacemos ningún tipo de inseminación artificial, ni inseminación en vitro. Dejamos que la naturaleza vaya en curso”, explicó.

Esta semana también se registraron en el zoológico los nacimientos de un mono saimirí (Saimiri sciureus), tres grullas reales (Balearica regulorum) y dos monos titíes pigmeos (cebuella pygmaea).

Al interior del Santa Fe también se han reproducido chigüiros, tortugas, búhos y flamencos. A principio de este año tuvieron el nacimiento de un polluelo de guacamaya verde limón.

Iván Darío Soto Calderón, doctor en Biología de la Conservación de la Universidad de Nueva Orleans, indicó que si bien los zoológicos son asociados tradicionalmente a conceptos negativos, (como sitios de encierro o exhibición de la fauna), estos espacios tienen un importante aporte a la reproducción en cautiverio de animales que, en condiciones naturales, pueden tener dificultades. “Además del éxito de conseguir que se reproduzcan, se destaca el conocimiento que se logre recopilar sobre estas especies”, dijo Soto .

El aumento de urbanismo en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, es todo un fenómeno en los últimos 10 años. ¿Pero está preparado el municipio y Antioquia para este boom inmobiliario y comercial?

Según Eduardo Loaiza, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en Antioquia, el crecimiento de Rionegro ha sido exponencial. En este 2018 se han vendido 1.169 viviendas y para fin de año se espera llegar a las 1.900 unidades, un crecimiento del 30 % en comparación con el año anterior.

“El Oriente ha sido la zona en Antioquia de mayor crecimiento en los últimos años y la mitad de la dinámica del Oriente está ubicada en el municipio de Rionegro”, confirma Loaiza.

Para Federico Estrada, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz el caso de Rionegro es especial. “Es la única zona que muestra crecimientos comparativamente con el año anterior, cuando lo que estamos viendo es una corrección en la actividad inmobiliaria”. Además el precio del suelo ha tenido una valoración por encima del 15%, según la Lonja.

El Oriente antioqueño viene creciendo al 200 % en vivienda en los últimos 6 años y el 11 % de las construcciones de vivienda en Antioquia se desarrollan en esa región, según datos de Camacol.

El crecimiento viene de la mano de un aumento poblacional importante. Rionegro pasó de tener 30.000 habitantes en 1964 a más de 126.000 para este 2018, según proyecciones. Con tasas de crecimiento del 1,5 y 2,0 % cada año.

Para Martín Alonso Pérez, presidente Sociedad Antioqueña de Ingenieros, la expansión de Rionegro está asociada a la escasez de sueloque existe en el Valle de Aburrá, y a desarrollos como la ampliación del aeropuerto, la agroindustria y otros proyectos como el reasentamiento de empresas.

“Rionegro, Marinilla y La Ceja son muy atractivos para los nuevos desarrollos urbanísticos. La demanda de vivienda crece por las personas que están trabajando en las empresas nuevas que se están asentando en la región, por la ampliación del aeropuerto y el hub de mantenimiento que montó Avianca que ha generado cerca de 1.600 puestos de trabajo. Esos procesos de dinámica económica han llevado a que se demande vivienda de distinto tipo de clase media y alta”, afirma Pérez.

Hasta hace 10 años, en Rionegro existía un mercado inmobiliario importante de lotes urbanizados de parcelación, viviendas campestres y fincas. Luego llegó el auge de construcción de vivienda unifamiliar en áreas como San Antonio de Prado, con condominios de casas. Pero ahora, adicional a todo eso, llegó la construcción de edificios.

Ese crecimiento de la vivienda, según afirma Pérez, no ha venido respaldado por una planificación a la misma velocidad. “El sector privado va a 80 km/h y la planificación estatal a 20 km/h. Es claro que hay una dinámica inmobiliaria acelerada, pero hay un retraso grande en infraestructura vial y lo más grave es la atención a los servicios públicos para recibir a esa nueva población”, explica.

EPM compró la empresa de servicios públicos de Rionegro, E.P. Río, con la intención de llegar a ofrecer en los próximos años un servicio de la misma calidad que en Medellín.

“La llegada de EPM desde el año pasado sin duda marca un panorama mucho más alentador por la redefinición de esos sistemas de alcantarillado. Ya vienen adelantando la segunda fase de diseño y un plan maestro de expansión de acueducto y alcantarillado”, cuenta Javier Parra, subdirector de Recursos Naturales de Cornare.

El funcionario agrega que es vital para atender el crecimiento poblacional en sectores como El Porvenir- Las Delicias, Rionegro-Gualanday y desde el casco urbano hacía El Rosal y la doble calzada Los Sauces. Pues además ya se habla de una conurbación inminente entre Rionegro y Marinilla por esa doble calzada.

“El crecimiento de la población va a seguir en alza porque Rionegro entre cinco o diez años se va a fusionar con Marinilla, porque ambos tienen infraestructuras muy claras de accesibilidad a mercados mayores como es Bogotá y el Valle de Aburrá”, explica Martín Alonso Pérez, presidente de la SAI.

El secretario de Planeación de este municipio, Guillermo León Gómez, cuenta que desde la administración están preparados para afrontar este fenómeno en los próximos años.

Con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que tiene una mirada a futuro, priorizando el sistema de movilidad masivo (con un tren elevado); un plan vial urbano que prioriza al peatón y ciclista; además de un sistema de acueducto urbano y rural y un programa de vivienda.

“Recientemente hicimos un nuevo POT donde dejamos muy vislumbrada la ciudad hasta dentro de 70 años. Ya hicimos un ejercicio de prospectiva de especular hacia donde va. Lo primero son diagnósticos, un plan de movilidad ambicioso y un plan de acción a 30 años como ciudad sostenible”, reitera Gómez.

El objetivo es que Rionegro se integre con el Valle de Aburrá y el resto del país de una forma armónica. Como en 1964 cuando se soñó con la autopista, el aeropuerto, los embalses y los túneles para comunicar el Valle de Aburrá con Oriente, hoy se quiere pensar esta región desde una mirada al futuro y contagiar a las nuevas generaciones para hacerlo posible.

“Nuestra mirada no puede ser solo del POT, sino que tiene que ser a largo plazo y por ello tomamos varias decisiones. Como revisar nuestro POT e incluir dos módulos: el del José María Córdova que es reservar las tierras en servicio del aeropuerto para la aerotropolis, la ciudad con su aeropuerto. Y el segundo es el de concentración de viviendas que es el gran polígono de Llanogrande”, explica Gómez.

Por ejemplo, en materia de movilidad urbana se están haciendo de manera paralela los diseños y construcción de vías principales para desatascar los niveles de hacinamiento que se presentan en algunas arterias urbanas. Es el caso de la construcción de las dobles calzadas de Las Torres, Los Sauces y El Carretero y la vía que va a conectar la autopista Medellín- Bogotá con la zona urbana. Con esto se quiere resolver en los próximos 5 años el problema de la movilidad.

Además, se tiene un proyecto bandera que es el sistema masivo de transporte de pasajeros tipo APM (Automated People Mover), que consiste en “una estructura elevada de trenes ligeros que se impulsará con motores de viento, contribuyendo a reducir la contaminación ambiental, ya que no emite CO2”.

En lo que tiene que ver con el crecimiento de su industria. Rionegro quiere especializarse en la agroindustria, pues gran parte de sus empleos se generan ahí. “Hemos traído industria no contaminante y otras empresas como Nutresa, Argos, Suramericana. Hay empresas del sector salud, bancario y en el sector educativo. Tenemos la zona franca de la salud en torno al San Vicente de Paul y zona franca industrial y comercial que queda en el sector de Barro Blanco”, comenta Gómez.

Aunque para Alejandro Echeverri, director del instituto Urbam de la universidad Eafit, ese crecimiento industrial que vive hoy el Oriente no debe cometer los mismos errores que en el Valle de Aburrá, precisamente que llevaron al hacinamiento actual y contaminación del aire.

“El proceso que tenemos y estamos viviendo hoy en el Valle de San Nicolás de desarrollo económico, inmobiliario y de ocupación es el reto mayor que tenemos hoy en la región. Tenemos que ser muy inteligentes y aplicar mucha innovación para poder construir y proponer escenarios de futuro que sean sostenibles y armónicos con el territorio, las personas y el paisaje”, afirma.

El experto ve dos opciones para enfrentar ese crecimiento. “Un modelo como el que desarrollamos en los años 70 y 80, copiando los problemas y malos ejemplos que hicimos en el Valle de Aburrá, sin mucha conciencia en la protección de los sistemas ambientales, con problemas de ocupación y movilidad. O lograr desarrollar un modelo sostenible mirando el siglo 21, que sea armónico y con las personas que han habitado este valle”, asegura.

Para Echeverri el proceso de ocupación va tan rápido y es tanta la presión económica e inmobiliaria que los gobiernos se están equivocando nuevamente. “Todos tenemos una responsabilidad ética con este territorio”, recordó.

Javier Parra, subdirector de Recursos Naturales de Cornare, cree que no hay una mala planificación o crecimiento desordenado. “Nosotros hemos tenido unas regulaciones en materia de densificación del suelo rural como no se tienen en otras partes del país. Hemos establecido normas y condicionantes para que estos territorios, particularmente Rionegro, crezcan de manera equilibrada y sostenible con los recursos naturales”, afirma.

Y es que la visión del nuevo POT de Rionegro apunta a que sea una“ciudad intermedia, verde y sostenible, con el aprovechamiento justo de sus recursos”. Pues no hay que olvidar que el Oriente tiene una extensión verde significativa con reservas en bosques, páramos, fuentes hídricas y biodiversidad.

En el caso de Rionegro hay lugares intocables como lo es el Cerro del Capiro que comparte con La Ceja y que son considerados zonas de preservación donde no se puede desarrollar actividad constructiva. Además hay zonas de restauración donde el 80 % del predio debe tener zona boscosa para que se le autorice una licencia. La Alcaldía, además, hace un monitoreo permanente de la dinámica inmobiliaria en sus zonas urbanas y rurales.

A futuro Rionegro tendrá varios retos, pues se proyecta como una zona altamente poblada y con gran desarrollo, por lo que tiene la tarea de lograr una articulación con los demás municipios cercanos y convertirse en una ciudad intermedia, para resolver el flujo inmobiliario que migra desde Medellín y alcanzar metas comunes con los otros municipios de Oriente.

Con pancartas en las que se leía mensajes como “Por la defensa de la Universidad pública, exigimos financiación estatal adecuada” y entre consignas como “Pública la recibimos y pública la devolveremos”, los estudiantes de Medellín marcharon ayer por las calles de la ciudad con el objetivo de hacer un llamado a la situación de desfinanciación que tiene en crisis a las universidades estatales colombianas.

La marcha, denominada como “carnaval por la Universidad por la universidad pública”, partió a las 4:00 p.m. desde el Parque de los Deseos, recorrió las calles del centro de la ciudad y llegó hasta la Alpujarra. Contó con la participación de estudiantes y docentes de las diferentes instituciones de educación superior del departamento, entre las que se encuentran la Universidad de Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Universidad Nacional de Colombia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. En el resto del país también se realizaron movilizaciones, en ciudades como Bogotá, Cali e Ibagué.

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Yessid Álvarez Maya, estudiante de la maestría en Biología de la Universidad de Antioquia y asistente a la marcha, explicó que se trató de una movilización pacífica en la que participaron todas las facultades de la comunidad universitaria y en la que tuvieron el acompañamiento de algunos docentes.

“Por lo menos mis profesores de Microbiología asistieron, convocaron a la marcha y estuvieron activos todo el tiempo”, agregó Álvarez.

John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia, indicó que actualmente la institución tiene enormes problemas financieros, por lo que se está trabajando internamente para reducir los gastos. Agregó que esta institución está tratando de llamar la atención de las autoridades competentes, en el ámbito local y nacional, para generar consciencia de la importancia de ajustar el tema financiero en las universidades estatales.

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“Tenemos un déficit calculado, desde el año anterior a 2018, de 68.700 millones de pesos. El déficit acumulado está cercano a los 113 mil millones de pesos. Estamos ajustando el gasto, vamos a fijar un marco fiscal que nos permita tratar de no gastar más de lo que recibimos y eso implicará unas estrategias administrativas que nos posibiliten hacer ahorros importantes en todas las unidades académicas”, explicó Arboleda.

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El pasado 23 de agosto, la Asamblea General de Profesores de la Universidad de Antioquia se declaró en asamblea permanente ante las inconformidades por la desfinanciación de las universidades públicas. Entre los puntos de debate también se encontraba lo que consideran reformas inconsultas por parte del Gobierno Nacional al Decreto 1279 de 2002, en el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes.

Este miércoles, la Asamblea General de Profesores sesionó de nuevo y, de acuerdo con Jaime Rafael Nieto, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia -Asoprudea-, los profesores se encuentra definiendo estrategias para mantener esta movilización en el tiempo, con el objetivo de que se vinculen más estamentos universitarios, incluyendo a las directivas.

Nieto indicó que, si bien consideran que han tenido avances, aún no hay resultados concretos. Explicó, también, que una de las necesidades cruciales es lograr una interlocución directa con el Gobierno Nacional para discutir puntos como los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 , los cuales consideran, entre el estamento profesoral, que han incidido directamente en el acumulado histórico de desfinanciación de la educación superior.

Además: Lupa a presupuesto de la universidad pública

Ante el desfinanciamiento que enfrentan hoy las universidades públicas del país, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya Castaño, a través de un comunicado le pedirá al Gobierno Nacional que en el Plan de Desarrollo, el Presupuesto Nacional, y la reforma al programa “Ser pilo paga”, asegure el sostenimiento financiero de las universidades públicas, que son las únicas que tienen presencia en todas las regiones y atienden al 85 % de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 del país.

El día de hoy también sesionó la asamblea general de estudiantes de la Universidad de Antioquia, con el fin de discutir la coyuntura actual y los mecanismos que implementarán para continuar con la movilización.

Cinco viviendas utilizadas para el expendio de estupefacientes fueron demolidas, este miércoles, en el sector de La Chirria del municipio de Rionegro.

Así lo informó el coronel Néstor Pineda Castellanos, comandante del Distrito Rionegro de la Policía Antioquia.

“Iniciamos, en el municipio de Rionegro, la extinción y demolición de cinco predios, los cuales venían siendo utilizados por el tráfico local de estupefacientes”, explicó Pineda.

Además del tráfico de sustancias ilegales, la Policía Antioquia informó que en estos inmuebles se planeaban delitos como extorsión y concierto para delinquir.

Las autoridades agregaron, además, que las viviendas demolidas están avaluadas en aproximadamente 800 millones de pesos.

Las viviendas demolidas están avaluadas en aproximadamente 800 millones de pesos. Fotografía: Cortesía.

En tanto autoridades colombianas dejaron en firme, este miércoles, la orden para que Pavel Gogulan, el “hombre araña ruso”, salga del país dentro de los próximos 5 días, el extranjero cuestionó que en Medellín persistan problemáticas sociales a la vista de todos, mientras deportistas como él son deportados.

Gogulan ha sido reconocido en el mundo por escalar edificios sin protección contra accidentes. En Medellín, esta semana, lo hizo en la Milla de Oro (El Poblado) y en el de Bancolombia.

Sus acciones en el país le generaron dos comparendos sancionatorios por parte de la Policía Nacional, tras escalar “poniendo en riesgo su integridad y la de las personas que transitaban por el lugar”.

La determinación de Migración Colombia fue cuestionada por Gogulan, quien además atribuyó a empleados del último edificio que escaló en Medellín, generar la denuncia que propició su deportación.

Según Migración, la decisión de cancelar el permiso de ingreso y permanencia al extranjero de 25 años, fue tomada luego de que “evidenciara que el ciudadano ruso se encontraba realizando actividades diferentes a las autorizadas al momento de su ingreso”.

“Frente a la declaración entregada por el ciudadano ruso (...) en la que asegura que, si no cruzo la frontera, seré puesto en la lista de los más buscados y, una vez atrapado, sentenciado a tres años de prisión, Migración Colombia se permite precisar que dicha afirmación es totalmente falsa y que, simplemente, en caso de que Pavel Gogulan no abandone el país en el tiempo otorgado, quedará incurso de una sanción de deportación, tal y como lo estipula el Decreto 1067 de 2015.

Las maniobras del ruso en Colombia, y la presunta ilegalidad de estas, generaron que la Policía Nacional lo denunciara, este lunes, ante la Fiscalía General de la Nación, pero la entidad se abstuvo de iniciar el proceso de judicialización o de imponer algún tipo de medida.

“Tras ser notificado de la decisión de cancelar su Permiso de Ingreso y Permanencia por parte de la Regional Antioquia de Migración Colombia, Pavel Gogulan informó que saldrá del país en los próximos días, con el fin de continuar el viaje que inició hace 33 meses y que lo ha llevado a 48 países”, dijo Migración.

La carta del “hombre araña ruso”

Tras su inminente salida de Medellín y Colombia, Pavel Gogulan escribió una carta narrando los detalles que propiciaron la orden de deportación.

“Mi viaje a su hermoso país termina. Las autoridades me dieron 3 días para salir por mi voluntad, me ordenaron que firmara un documento y tengo plazo para cruzar la frontera hasta el próximo domingo. Esto lo han causado los propietarios del edificio de Bancolombia, cuya reputación, según ellos arruiné, escalando a plena luz del día y violando la seguridad y guardias de su edificio. No puedo entrar al país por un año a menos que me case con una colombiana”.

El extranjero fue más allá y se refirió a su deportación, la que calificó como una injusticia cometida contra él y su actividad deportiva, pues, indicó, no se hace los mismo con personas que vienen a Colombia en busca de otras diversiones.

“Mientras en las calles de Medellín se observa públicamente y sin castigo el consumo y venta de drogas, la trata de blancas, la violencia, la inseguridad, etc., las personas como yo, que no somos violentos, que no buscamos quitarle los bienes a nadie, que promueven el deporte y una forma de vida activa, que buscamos una sonrisa y asombro en las personas y sociedades que visito, somos deportados”, enfatizó.