Son fuentes hídricas de Antioquia, propiedad de particulares y necesarias para la preservación del ecosistema y el abastecimiento de agua y acueductos por parte de comunidades. La Gobernación tiene el deber de comprarlos, pero esa labor le ha sido tan compleja que el millonario presupuesto para ello, casi está intacto.

Y es que Lucy Rivera, secretaria de Medio Ambiente departamental, confiesa que la adquisición de estos predios se dificulta por la cantidad de trámites y las desgastantes negociaciones con los dueños, procesos que se han tardado hasta un año y medio.

La funcionaria explicó los tropiezos que han tenido en esa misión, la de mayor destinación de recursos, según el Plan de Desarrollo, y los avances en el tema ambiental.

Medio Ambiente es una de las secretarías con menor ejecución presupuestal, ¿por qué?

“Estamos en la línea 4 del Plan de Desarrollo (gestión ambiental). Esta tiene cuatro componentes: protección y conservación del recurso hídrico; ecosistemas estratégicos; educación y cultura ambiental y cambio climático.

La dificultad en la ejecución de la Secretaría radica en el primer componente, el de conservación y protección del recurso hídrico con uno de sus proyectos: la adquisición de predios, que representa el 93 % del total de presupuesto”.

¿Qué implica la protección del recurso hídrico?

“Estas son fuentes abastecedoras de acueductos y lo que hacemos con esos recursos que son de destinación específica, que salen del 1 por ciento de los ingresos corrientes del departamento, es adquirir predios o hacer mantenimiento, o pago por servicios ambientales.

¿Qué predios están en esa connotación de fuentes?

“Son predios única y exclusivamente para la protección de fuentes que abastezcan acueductos. Puede ser un acueducto de cabecera, corregimiento o veredal. Lo importante es que esté aguas arriba de donde se toma el agua”.

¿Cuál es el presupuesto destinado para el tema y cómo va la ejecución?

“Este año es de $39.725 millones. Llevamos invertidos casi 10.000 millones, entre 2016 y 2017. En total se han ejecutado 23.000 millones”.

¿Cómo avanza esa compra de predios?

“Hasta el momento hemos adquirido, durante 2016 y 2017, ocho predios que han significado 529,8 hectáreas. Los más costosos están en el área metropolitana y el Oriente”.

¿Cuántos deben adquirir?

“Tenemos 318 solicitudes de predios para adquirir. Fueron descartados 119, por inviables jurídicamente, ya sea porque el municipio priorizó otro predio o porque el propietario decide no vender, o porque no abastecen un acueducto, lo que se certifica en la revisión de campo”.

De 318 solicitudes, 8 finiquitadas, ¿no es muy poco?

“Este es un proceso atípico dentro de la contratación de la Secretaría. A veces tenemos todo listo para negociar y viene el propietario, le decimos el avalúo y responde que no le interesa, porque el valor no es el que esperaba.

Hay procesos que llevan un año y medio y se vienen al traste. Otra dificultad que tenemos es que a veces los predios que presenta el municipio a la Gobernación para que los adquiramos son muy pequeños. Por ejemplo, tres que tenemos casi listos (para compra) solo suman $500 millones. Nos sirven predios grandes que tengan una significativa valoración, hablando desde lo presupuestal. Igual adquirimos pequeños y grandes, pues tienen la misma importancia de conservar el agua para la comunidad”.

¿Cuál es el plan para agilizar esas compras?

“Para este segundo semestre tenemos procesos avanzados y creemos que podremos negociar entre 15 y 20 predios. Para el otro año una cantidad similar, que tendría que ser en el primer semestre antes que comience la ley de garantías”.

¿Cómo piensa solucionar las dificultades en compras y desatrancar la inversión?

“Comprar un predio para el Estado no es como ir a hacer un negocio con un particular. Tenemos seis profesionales para esa labor, cada uno encargado de una subregión y quienes ingresan la adquisición de los predios son las alcaldías.

Esta dificultad no es exclusiva de Antioquia, también está en otros departamentos. Los inconvenientes son para el departamento y los municipios en la ejecución de esos recursos. En estos convenios la Gobernación pone aproximadamente el 80 % de la plata, el municipio 10 % y a veces las corporaciones ambientales”.

¿A dónde va el resto del presupuesto?

“A cambio climático, proyecto que venimos haciendo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). También invertimos en embaraderas (estacas en madera plástica para los cultivos), educación y cultura ambiental, con campañas en el marco del programa basura cero; igualmente a áreas protegidas y el programa de guardabosques en 42 municipios. Con BanCO2 estamos tramitando vigencias futuras para ingresar 15 nuevos municipios sumados a 70 que ya tenemos”.

¿Cómo va el plan de áreas protegidas?

“Hemos declarado 754.669 hectáreas y vamos por el millón, una meta a cumplir con una declaratoria que saldrá con Corpourabá de la serranía de Abibe y el cañón de la Llorona, para lo que ya giramos recursos. Corantioquia es la que más ha declarado: Alto de San Miguel; Cacique Anorí; alto de Ventanas; ciénaga de Barbacoas, Yondó y las del Sapo y Riogrande, Nechí”.

Desde las 8:00 de la mañana de ayer el Sol comenzó a calentar fuerte el asfalto de la carrera 70, en el suroccidente de la ciudad.

Más de 1.500 hombres y mujeres, pertenecientes a las diferentes fuerzas militares del departamento estaban listos para dar inicio al desfile que habían practicado desde la noche del martes.

La intención: conmemorar los 208 años de la Independencia de Colombia y compartir con la ciudadanía la capacidad y equipamiento de la fuerza pública.

El punto de partida fue en el batallón Pedro Justo Berrío y desde ahí, recorrieron la vía hasta el sector de Bulerías. Poco a poco, y a pesar del calor que cada vez se sentía con mayor intensidad, vecinos y demás asistentes llegaron para presenciar el evento y maravillarse con los tanques y demás carros, que los más pequeños disfrutaron como si estuvieran ante una pantalla de cine.

El acto protocolario fue presidido por la secretaria de Gobierno de Antioquia, Víctoria Eugenia Ramírez y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. También estuvieron altos mandos de la Policía y el Ejército. “Es importante rescatar los valores patrios y la unidad del país. Por ello siempre habrá gratitud con las fuerzas militares”, mencionó Gutiérrez.

Los primeros en desfilar fueron los integrantes de la Séptima División del Ejército Nacional, seguidos de los soldados heridos en combate y los representantes de los veteranos de la guerra con Corea.

Así, durante cerca de cuatro horas, marcharon frente a decenas de asistentes, miembros del Ejército, la Armada Nacional y la Policía, quienes además lucían sus trajes tanto de gala como de combate.

El cuerpo de Carabineros de la Policía y el de guías caninos fueron los más aplaudidos por los ciudadanos.

Pero no sólo estuvieron las fuerzas militares. Integrantes de entidades como la Defensa Civil, la secretaría de Movilidad de Medellín y bandas marciales de la Policía Cívica Juvenil y colegios militares pusieron la nota musical. Incluso, una familia vestida con el traje tradicional campesino, formó parte del acto.

Minutos antes del desfile en la carrera 70, desde el Teatro Pablo Tobón Uribe, Centro de la ciudad, salió un ciclopaseo que estuvo liderado por el deportista Óscar Sevilla.

En los parques principales de Itagüí y Bello también se llevaron actos en conmemoración de la fiesta patria .

A Dadier Rodríguez, un joven estudiante de la ciudad le robaron su bicicleta el fin de semana durante la Décima Parada Juvenil de la Lectura, realizada en la unidad deportiva María Luisa Calle.

Mientras disfrutaba de los conciertos y las distintas actividades culturales, confiado en que la guaya con la que había asegurado su “burra”, como él la llamaba, era suficiente, los amigos de lo ajeno aprovecharon el tiempo y se la alzaron del cicloparqueadero sin que nadie lo pudiera evitar y menos orientarlo sobre qué podía hacer ante el robo.

Hoy, cuando más personas están usando este medio de transporte, también va en aumento el hurto de estos vehículos, según el reporte de la Policía basado en las denuncias: este año han sido hurtadas 262 bicicletas, 37 más que en el mismo periodo del año pasado (enero-julio), es decir, un 16 por ciento más (ver gráfico).

Sin embargo, para la Secretaría de Seguridad de Medellín, el número de bicicletas que cayeron en manos de los ladrones este año es mayor: 308, de las cuales 262 se las llevaron en vía pública, 38 en residencias y 8 en establecimientos comerciales.

En 2017, la mayor cantidad de bicicletas hurtadas se dio por descuido de los propietarios, pero en lo que va de enero a julio, el halado es la principal modalidad.

En promedio, según las estadísticas, cada día se roban una bicicleta en Medellín.

Mauricio Mesa, coordinador del Colectivo SiClas, manifestó su rechazo a este tipo de situaciones y dijo que “las autoridades deben trabajar de manera responsable para desarticular las bandas que se dedican al hurto y la venta de bicicletas”.

Mesa agregó que “las personas no deben dar papaya al dejar mal estacionadas las bicicletas y que el valor de inversión de los sistemas de seguridad debe ser el equivalente al 10% de lo que costó la bicicleta.

Este fenómeno no es nuevo

Muchas personas que habitan la capital antioqueña saben que en la Minorista y en el sector de Los Puentes se comercializan repuestos de bicicletas robadas. Es por eso que la Policía Metropolitana adelanta operativos permanentes y de persecución contra estas estructuras del crimen organizado.

Rodríguez continúa con la búsqueda de su bicicleta y le pide a las autoridades que trabajen de manera responsable para que este tipo de delitos no se vuelvan a perpetuar.

Y añadió: “La Alcaldía debe garantizar la movilidad a los ciclistas que se desplazan por las diferentes zonas de la ciudad y más aún porque esta alternativa de transporte, ayuda a proteger el medio ambiente”.

Un joven fue asesinado a puñaladas cuando trató de resistirse a un atraco, en pleno centro de Medellín.

Según el informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía (Sisc), el crimen fue perpetrado en el barrio San Benito, por cuyas aceras caminaba la víctima, en la noche de este viernes.

Las pesquisas preliminares sugieren que fue asaltado por dos hombres, quienes querían robarle sus objetos personales.

El ciudadano trató de resistir, pero lo hirieron a puñaladas. A las 9:30 p.m. ingresó a urgencias médicas, donde fue imposible salvarle la vida. Al momento de la inspección judicial carecía de documentos de identidad, por lo que las autoridades lo registraron de como NN, de 22 años aproximadamente. Los agresores lograron escapar.

Capturas por hurto

Ese mismo viernes 20 de julio, la Policía Metropolitana registró 13 casos de hurto en Medellín, de los cuales siete están relacionados con celulares, dos con bicicletas y el resto con un carro, una moto, un espejo retrovisor y dinero en efectivo.

Esos incidentes dejaron 11 personas detenidas, incluyendo a dos adolescentes de 17 y 15 años. El primero le robó $100.000 en monedas a un ciudadano, en el barrio López de Mesa; y el segundo hurtó una bicicleta y dos celulares a otro menor de edad, en el barrio Los Sauces.

De acuerdo con la estadística del Sisc, en el primer semestre de 2018 se denunciaron 15.245 robos en la capital antioqueña. Esto implica un aumento del 21% con relación al mismo periodo de 2017, es decir, 2.674 casos más.

De los incidentes conocidos este año, el 64% corresponden a hurto a personas, el 14% a hurto de motos, el 13% son asaltos a establecimientos comerciales, el 6% a residencias y 3% robo de carros.

Cuando se encontraba compartiendo con sus amigos en la entrada de su casa, una niña de cinco años fue herida de bala, en hechos registrados este viernes, en el barrio Las Independencias, de la comuna 13.

La menor recibió un impacto de bala en el brazo y fue trasladada a la Unidad Intermedia de San Javier, para luego ser remitida, en la madrugada, a otro centro asistencial.

Según los familiares de la menor de edad, en la zona se escuchó una ráfaga de disparos que sería atribuida a dos bandas delincuenciales que están enfrentadas en el sector. Sin embargo, el coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, aseguró en rueda de prensa que el disparo es producto de un manejo irresponsable de armas, pero que no se debió directamente a una balacera.

“Hay una irresponsabilidad con la manipulación de armas de fuego, tenemos que generar sensibilidad frente al uso de armas. Hablamos de un impacto, no de una balacera. No tenemos registros de un enfrentamiento”, explicó Rodríguez.

Además, el coronel agregó que se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para avanzar con la identificación de los responsables.

Familiares de la menor de edad lamentaron el hecho y dijeron que la niña afortunadamente no tiene heridas de gravedad y le hacen un llamado a las autoridades para que capturen a las personas involucradas.

Los policías que estaban a cargo del equipo scanner en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, se llevaron una sorpresa cuando inspeccionaban un parlante que iba en una encomienda para Chocó: estaba repleto de dinero.

Sucedió en la zona de carga del terminal aéreo, el viernes anterior, y la Policía informó este sábado que la suma encontrada asciende a $264.900.000, distribuidos en 5.352 billetes de $100.000, $50.000 y $20.000.

El destino de este botín se desconoce, aunque las autoridades suponen que se relaciona con actividades ilegales. La encomienda era esperada en el municipio chocoano de Juradó, por lo que, revisando la guía de envío, los uniformados localizaron al supuesto dueño del bafle.

El hombre, de 30 años, ahora está inmerso en una investigación preliminar por lavado de activos, por lo menos hasta que logre demostrar la procedencia legal de la plata.

El secretario de Productividad y Competitividad de Antioquia, Federico Guerra Hoyos, presentó su renuncia al cargo para no afectar las aspiraciones electorales de su hermano Andrés, quien será candidato nuevamente a la Gobernación.

Así lo expresó este sábado Andrés Guerra en su cuenta de Twitter: “la renuncia de mi hermano Federico a la Secretaria de Productividad de Antioquia, evitando cualquier alegato jurídico, su postura para no inhabilitarme en el proceso a la Gobernación 2019, es nobleza, hermano del alma. Gracias por creer”.

El mensaje estuvo acompañado por la carta de renuncia de su familiar, quien la presentó el pasado 16 de julio al Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. En dicha misiva no especificó la causa de la declinación de las funciones, aunque advirtió que “por los motivos que ya le he manifestado personalmente, me veo en el deber moral de apartarme del cargo”. La dimisión se haría efectiva a partir del 26 de julio.

Como secretario de Productividad, el saliente funcionario tenía la tarea de impulsar “el desarrollo económico en las regiones, el emprendimiento y fortalecer el tejido empresarial”, según la reseña oficial en la página de la Gobernación. De igual manera, debía fomentar el empleo, la inversión extranjera y promover a la región como destino turístico.

Su hermano Andrés fue candidato a la Gobernación por el partido Centro Democrático en las pasadas elecciones (2015), y su propósito es presentarse de nuevo a la contienda.

En la mañana de este sábado el Gaula de la Policía de Antioquia, capturó a ocho miembros del ‘Clan del Golfo’ que delinquían en los municipios de Segovia, Remedios y Machuca (Nordeste del departamento).

Según las autoridades, entre los capturados se encuentra Diomer Norvey Flórez Alcaraz, quien sería el cabecilla rural y coordinador de las extorsiones a personas del sector ganadero, finquero, minero y comercial, y a quienes les exigían montos mensuales entre los 500.000 y un millón de pesos.

A la captura de Flórez Alcaraz, se suma la de Jhon Sebastián Zapata alias ‘Tatan’, quien era el cabecilla de finanzas urbano de los municipios de Segovia y Remedios. A los capturados también se les investiga por la materialización de otros delitos como homicidio.

Del mismo modo, en el departamento de Caquetá se hizo efectiva la captura de Jhon Alexander Salazar Chavarría alias ‘El Peludo’, quien habría huido del municipio de Segovia para no ser encontrado por las autoridades.

Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 48 Especializada y serán llevadas ante un juez con función de control de garantías para que se judicialicen por el delito de extorsión.

Tres personas que estaban la madrugada de este domingo en la vía férrea del Metro de Medellín fueron arrolladas por un tren y murieron.

A través de un comunicado, la empresa explicó que antes del inicio de la operación comercial, un tren estaba haciendo revisión de la vía férrea y arrolló a tres personas que habían ingresado de manera ilegal al lugar.

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Detallaron que los jóvenes estaban pintando otro tren estacionado entre las estaciones Aguacatala y Poblado.

La empresa lamentó el hecho y extendió sus condolencias a la familia de los tres jóvenes y el gremio de artistas.

La Policía y la Fiscalía asumieron la investigación del lamentable hecho.

Por el accidente, la línea A del Metro de Medellín operó parcialmente y desde las 5:25 a.m. estuvieron cerradas las estaciones Aguacatala, Ayurá y Envigado.

La operación del sistema se restableció por completo a las 8:40 a.m.

Con la prohibición de visitas a los internos del patio 16, amaneció este domingo la Cárcel Nacional de Bellavista, en el norte del Valle de Aburrá.

Jorge Carmona, que lidera la organización de Derechos Humanos de la población carcelaria en Antioquia, afirmó que familiares de las 460 reclusos del patio recibieron la orden, por parte del Inpec, de no permitirles el ingreso con el argumento de una epidemia de varicela en ese pabellón del establecimiento.

“Los más afectados son aproximadamente 350 personas, familiares de los internos, que no fueron avisadas a tiempo de la prohibición de ingreso, solo les informaron este domingo después de las 8:00 p.m., y ya había comprado alimentos, artículos de aseo y otros, incluso, habían viajado de pueblos fuera del Aburrá para estar con sus seres queridos”, indicó.

La dirección del centro penitenciario confirmó, que en la noche del lunes pasado identificaron cinco casos con el brote en el pabellón, y pidió a la Secretaría de Salud de Medellín realizar una revisión de los pacientes y determinar el riesgo de los demás internos.

Tanto familiares como defensores de los internos esperan que se les de claridad sobre el estado de salud y conocer cuándo se reanudarán las visitas.

La tarde de este domingo fueron identificados los tres jóvenes que murieron tras un accidente en la vía férrea del Metro.

El hecho se presentó en la madrugada, antes del inicio de operación comercial del Metro de Medellín.

Según la empresa de transporte público, los jóvenes entraron de manera “ilegal” a las vías férreas para pintar un tren que estaba estacionado entre las estaciones Aguacatala y Poblado.

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Otro vehículo que se movía por la vía los arrolló causándoles la muerte. Este tren realizaba el proceso operativo de revisión de toda la vía férrea, según explicó el Metro en un comunicado.

Las tres víctimas fatales fueron identificadas como Javier Nicolás Rojas Medina, de 28 años; Juan David Guavita Legizamón, de 25 años y Carlos Andrés López Pérez, de 27 años.

Todos eran oriundos de Bogotá y pertenecían al grupo de grafiteros “Vsk Crew”.

Con un ejercicio de planificación e ingeniería, la Secretaría de Movilidad afirma que ha logrado mejorar la velocidad de circulación en varios cruces viales de alto tráfico vehicular de Medellín.

En las avenidas del Ferrocarril, San Juan, Colombia y El Poblado con la 4 Sur, se han obtenido aumentos de hasta el 30% de la velocidad, básicamente mediante cambios en la frecuencia de los semáforos en momentos clave del día.

Basados en análisis de la información que reportan redes como Waze y Twitter, desde el Centro de Ingeniería y Operación Semafórica -CIOS- de la Secretaría, se varían los tiempos de duración de los semáforos, ampliando el verde en un sentido y reduciéndolo en el otro, para agilizar el flujo.

Mauricio Carranza, uno de los operadores del CIOS, afirma que, en su dependencia, se maneja información al instante sobre cierres y cambios viales, mientras Waze y Twitter reportan datos sobre tráfico, congestiones, velocidad y longitudes de cola de automóviles, y con base en toda la información, se hacen cruces que permiten tomar decisiones al instante para impactar, de manera positiva, la movilidad.

“Con todos esos datos, caracterizamos una vía, y una alarma nos informa que en ella está disminuyendo la velocidad; cuando eso ocurre, el sistema le dice al controlador, de manera automática, que active un plan de descongestión; y lo que se hace es darle más tiempo de verde a esa vía sacrificando un poco la otra”, explica el ingeniero Carranza.

Admite que al ganar flujo en un sentido se pierde en otro, pero los cambios son momentáneos y quedan en el sistema, que se activa cuando ocurre un fenómeno similar.

El último reporte de resultados en cuatro sectores es altamente positivo. En la calle 4 Sur, entre la carrera 43C y la avenida El Poblado, se logró un aumento de la velocidad en 24,5%. En la avenida San Juan, entre las avenidas 80 y 65, la velocidad mejoró 30%.

En el cruce de Colombia con la carrera 74, y en la avenida del Ferrocarril, entre calles 54 y 44 (San Juan), se logró un incremento de 22,6 %.

“Este sistema nos ha permitido una mejora de aproximadamente 30% en la velocidad. Con una aplicación predeterminada, se puede ir modelando el sistema para que la velocidad vaya mejorando”, indica la subsecretaria técnica de Movilidad, Irina Rodríguez.

Luis Carlos Díaz, experto en movilidad, elogió el aporte desde la ingeniería a las mejoras el flujo vehicular, teniendo en cuenta que mientras crece el parque automotor, las vías presentan un rezago de años.

“Estas medidas son importantes, pero también hay que evaluar otros hechos, como el funcionamiento de algunos semáforos en cruces en los que, en lugar de aportar, antes frenan la movilidad”, señala y sugiere que a todos los actores de las vías hay que ofrecerles soluciones y alternativas, no solo penalización.

Al extremo suroccidental de Medellín, en el corregimiento de San Antonio de Prado, existe una biblioteca que ya ajusta dos décadas y es el sitio de encuentro entre dos barrios que, por muchos años, han evitado mirarse a la cara.

Porque, en medio de “fronteras invisibles”, la Biblioteca Público Corregimental de El Limonar es una suerte de punto central que le ha permitido a los habitantes de El Limonar 1 y El Limonar 2, dos sectores históricamente enfrentados, reencontrarse sin miedo.

Aprendieron a verse a los ojos, en una biblioteca que es hogar, acompañados de una película, una obra de teatro y de otras actividades de esta casa cultural en la que los niños han entendido que las respuestas a las preguntas de la vida cotidiana, en ocasiones, están reservadas para quienes saben esculcar en las historias de los libros.

Esta biblioteca hace parte de la red de 35 unidades de información con las que cuenta la ciudad, ubicadas en las 16 comunas y en los 5 corregimientos. En las zonas rurales del municipio, como es el caso de los corregimientos, los retos en cobertura y en el acceso hasta las veredas son mayores.

Así lo siente Carlos Agudelo, psicólogo de profesión, hoy gestor social y cultural en la biblioteca de El Limonar, quien admite que lo mejor que le ha pasado en su carrera es haber llegado hasta este rincón de libros y niños curiosos, quienes aún con los matices y dificultades de orden público, se enfilan todas las mañanas a las afueras del recinto para prestar material bibliográfico, jugar o usar la sala de internet. “La intención es ganar los diferentes espacios con la cultura”, dice.

A esta idea se suma Sulay Atehortúa, coordinadora de la biblioteca, para quien el gran reto es estar siempre a disposición de la comunidad, incluso en los momentos de mayor escalamiento del conflicto, en los que creyeron que tendrían que cerrar las puertas.

“La biblioteca mantiene viva esa posibilidad de que la gente pueda estar acá y venir, a pesar de las contingencias y de las situaciones adversas. No es solo un espacio para el tiempo de ocio, sino una oportunidad de formación y aprendizaje”, dice la coordinadora.

En el corregimiento, hoy se viven días más tranquilos que les han permitido a los gestores trabajar en el estigma y en los prejuicios que aún rondan a El Limonar.

“Estas fronteras invisibles en el sector ya no son tan marcadas, pero hubo un tiempo en que sí. Les decían: ¿qué es esa ‘pasadera’ hasta la biblioteca?”, cuenta Sandra Valencia, gestora del programa de lecturas, escritura y oralidad.

Por eso, la entidad tiene como propósito ser compañía para los niños y los adultos en la tarea de apropiarse del territorio, que la biblioteca sea un espacio de paz. Y, si bien cuenta con programas de fomento de la cultura, un descubrimiento valioso ha sido el de escuchar a la comunidad. “Muchas veces nos ponemos en la tarea de escuchar, que los visitantes puedan desahogar muchas de esas cosas que ellos sienten”, agrega Valencia.

Entre el trajín y los pocos espacios de tiempo que permite la rutina, los gestores de la biblioteca y otros voluntarios se desplazan cada semana hasta las veredas del corregimiento de San Antonio de Prado, algunas a 45 minutos de distancia, cargados de tulas con libros y cuentos para narrarles a los niños. Esas historias, sin embargo, no están solo en la voz de los funcionarios de la biblioteca: la principal pretensión de estos viajes es recoger, a través del programa “Memorias de mi vereda”, los saberes, las identidades y los testimonios de sus habitantes. “Queremos saber de dónde migra la población del corregimiento, entender la mezcla de culturas”, afirma Valencia.

Existe también un plan de trabajo para la población con discapacidad, una serie de talleres para las madres comunitarias y un programa de alfabetización digital con los adultos mayores.

En esta oferta destaca el proyecto de recuperación del medio ambiente, que nace de la consciencia que han adquirido los usuarios de la biblioteca sobre la importancia de la sostenibilidad. La biblioteca tiene una huerta y un medidor de contaminación del aire que instalaron en asocio con el Siata y la mesa ambiental del corregimiento.

El recinto es visitado, diariamente, por 150 personas, casi todos niños. A eso de las 9:00 a.m., hora de apertura, muchos de ellos esperan afuera, en un tejido de voces y risas. La perduración de esa escena, podría decirse, es el gran sueño de la biblioteca: que aun cuando la cotidianidad esté cargada de hostilidades, los niños tengan alternativas. Sobre todo, como dice Carlos, “que los libros los hagan libres”. Y, en esencia, la biblioteca es eso: libertad y resiliencia.

Limoncillo, piña, cebolla, ruda, menta y hasta orégano son algunas de las semillas que han germinado en la huerta vertical que adorna la fachada de la Biblioteca Pública Corregimental de San Sebastián de Palmitas, zona rural del noroccidente de Medellín.

Las macetas las pintaron los niños, los usuarios más recurrentes de esta biblioteca que por 24 años ha tenido como propósito apoyar la cultura de lectura y escritura en un sector de la ciudad en donde aún se presenta un alto índice de analfabetismo, tal como lo afirma Luis Ignacio Amaya, gestor de servicios de la entidad.

“La comunidad es la razón de ser de esta biblioteca. Si bien el nivel de analfabetas es alto, nosotros contribuimos con un trabajo de fortalecimiento de los procesos de lectura para combatirlo”, indica Amaya.

Con 11.400 materiales disponibles para el préstamo, la biblioteca cuenta con una sala infantil, un aula digital y una sala general. En el centro del recinto, resalta un fragmento de la escritora estadounidense Bárbara Tuchman, adherido a la pared con letras de colores: “Los libros son compañeros, maestros, magos y banqueros de los tesoros de la mente”.

Ese es, quizás, el reflejo del desafío más grande que ha asumido la biblioteca: que los libros lleguen a todos los habitantes del corregimiento. Pero llevar los libros a las veredas de Palmitas, que se ubican en zonas retiradas de la centralidad, no ha sido fácil. El compromiso con las veredas es todos los jueves en la mañana, cuando hacen recorridos por la zona y actividades de lectura en voz alta, tertulias o cineforos.

“Llegar a las veredas ha sido un reto. El transporte es un asunto muy limitado, incluso es complejo llegar al corregimiento. Siempre tratamos de llegar a las veredas con nuestra oferta de servicios”, explica Stefanía Espinosa, mediadora de la biblioteca.

Con los años, la biblioteca se ha convertido en un ícono y un referente para las familias del corregimiento, un aliado en la resolución de conflictos cotidianos.

“Aquí todo el mundo se conoce, pero este viene siendo un punto de encuentro para todas esas relaciones que se tejen. Es muy satisfactorio ver que el agricultor o que aquellos que no tienen acceso directo a la escritura y a la lectura, puedan encontrar esta opción cultural y que se apropien de ella”, dice Carolina Berrío, gestora de lectura y escritura de la entidad.

Los 1.900 habitantes de Aquitania, municipio de San Francisco, no pudieron disfrutar del sistema de acueducto que se construyó en la década del 90. El gran tanque que almacenaba el agua, antes de ponerse en funcionamiento, fue utilizado como trinchera por los grupos ilegales que se enfrentaban por el control territorial.

En el lugar, conocido como cerro El Tabor, guerrilleros, paramilitares y Ejército se establecían para detectar la presencia del enemigo y atacar. La panorámica es privilegiada en el Oriente, y por eso fue santuario de guerra durante más de 10 años.

El fin del conflicto con las Farc, los golpes contra frentes del Eln y la desmovilización de las autodefensas devolvieron la tranquilidad a las comunidades. Ayer, el sitio fue devuelto a la población. Ya no hay rastros de guerra, y en vez de miedo, reina la alegría, representada en parques infantiles, árboles y un museo en homenaje a las víctimas.

El museo es el lugar más emblemático del cerro, convertido desde ayer en uno de los 25 bosques de paz de Colombia y el segundo de Antioquia, comenta Carlos Mario Zuluaga, director de la corporación ambiental, Cornare, con jurisdicción en la región.

“Para su construcción se utilizaron los restos del acueducto que nunca se pudo terminar. Es una casa de la memoria, un monumento vivo de las víctimas. En ese sitio hacían juicios, llevaban a las personas y pocas veces lograban regresar (las mataban). Hasta ese sitio llegaban”, dijo.

La experiencia positiva con el primer bosque de paz, el de Santa Ana, en el municipio de Granada, entregado hace poco más de un año, es aliciente. Allí la comunidad se apropió del lugar, se celebran eventos culturales y hasta proyectos productivos se han ido desarrollando.

“Aquitania tiene un componente adicional y es que tendremos cerca de 1.300 hectáreas en restauración, con todas las familias que hacen parte de la zona de El Tabor. Pero no solo protección de fuentes, sino restauración productiva, que los campesinos siembren árboles y especies que les generen ingresos”, afirmó y agregó que se hicieron miradores y hasta kioscos con asaderos.

El alcalde de San Francisco, Cérbulo Guzmán, celebró la apertura del bosque de paz en su municipio, y lo consideró como un paso fundamental en la superación de la guerra y el proceso de perdón.

Junto a Zuluaga y al ministro de Ambiente, Gilberto Murillo, el mandatario local recorrió este nuevo parque en el que además los campesinos podrán obtener recursos con proyectos concernientes al turismo de naturaleza.

En total, Antioquia tendrá nueve bosques, en Granada, Cocorná, San Francisco, San Luis, El Carmen, Argelia, Nariño, Sonsón y San Rafael, municipios que vivieron en carne propia el conflicto. Serán entregados este año.

La inversión aproximada en el de Aquitania, como en los demás, es de 3.000 millones de pesos. Ahora, los habitantes esperan que las historias de balas, minas y trincheras no se vuelvan a repetir.

La última obra de Suber, Shuk y Skills ofrecía los elementos que siempre habían buscado desde que se unieron al colectivo urbano VSK Crew: adrenalina, noche y arte clandestino. Por eso 15 horas antes de que pasara el funesto tren, uno de ellos escribió en redes sociales: “bajaré a las vías, aunque me espere hasta la CIA”.

La Luna todavía era la dueña de la madrugada cuando los tres jóvenes invadieron los rieles del metro, entre las estaciones Poblado y Aguacatala, a la altura del puente de la 4sur. Detrás de la malla, una pareja en complicidad vigilaba que nadie los descubriera.

Su objetivo era pintar grafitis en un tren estacionado, solo y adormecido, en la mitad de las vías principales. Personas que los conocieron, cuya identidad pidieron reservar, contaron que no era la primera vez que lo hacían. Sus latas ya habían teñido vagones en Medellín, Bolivia y Brasil.

Como siempre, tenían que actuar con rapidez. El metro comenzaría su operación comercial a las 4:30 de la mañana y sus relojes anunciaban que venía la hora señalada.

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Cuando uno pasa por los bajos del puente de la 4sur, se da cuenta de que para los grafiteros es un lienzo de concreto.

Sus pilares están plagados de dibujos, como tatuajes en una dermis grisácea, y en la parte superior son el paisaje que divisan los conductores de carros, motos y bicis.

Jeihhco, uno de los líderes del movimiento urbano más representativo de la ciudad, narra que cuando el lugar fue inaugurado con un skate park al costado, decenas de jóvenes empezaron a llegar a la enorme estructura a pintar. “Es un espacio con energía y libertad para el color”, dice.

Es posible que esas sensaciones hubieran atraído a Suber, Shuk y Skills. Viajaron hace una semana desde Bogotá y, en compañía de amigos paisas, recorrían las calles con ojos de quien visita una galería de arte, buscando con la retina un buen lugar para colgar un cuadro.

En la voz de Jeihhco hay pesadumbre. La noticia para él y el gremio de los grafiteros fue un puñetazo en la garganta. Qué terrible despertar. “Ahora lo importante es acompañar a sus familias”, pronuncia al otro lado del teléfono.

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El tren que iban a marcar con sus trazos estaba ubicado entre las columnas de catenaria con las numeraciones 155-22 y 155-26. Justo allí hay una señal elevada que reza: “Peligro, no traspase la malla, trenes en movimiento”.

Los jóvenes la ignoraron. Su concentración estaba en la lata de pintura, por eso tampoco se percataron de ese leve silbido que producen los rieles cuando la máquina se aproxima.

A las 4:17 a.m., 13 minutos antes del inicio del servicio comercial, pasó fugaz un tren que revisaba la vía férrea, en dirección norte-sur, rumbo a la estación La Estrella.

Los grafiteros no tuvieron margen de reacción. Estaban atrapados entre el vehículo estacionado y la baranda que separa el viaducto del cauce del río Medellín. Fueron embestidos con una fuerza brutal. La pareja que los observaba a pocos metros quedó petrificada.

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La primera campanada de luto la dio la Empresa Metro, con un trino a las 5:24 a.m.: “viajeros, por incidente con personas en la vía, la línea A opera entre las estaciones Niquía - Poblado, Poblado - Niquía. Estaremos informando”.

El sistema dejó de funcionar en el sur del Valle de Aburrá y en las demás estaciones pusieron avisos notificando la restricción de movilidad.

“¿Qué pasó, agente? ¿Se le volvió a dañar una catenaria al metro?”, le pregunté a un patrullero a las 8:20 a.m., en la estación Palmas del Metroplús, mientras le enseñaba el carné de periodista.

La segunda campanada de luto la dio el patrullero, con los ojos tan abiertos como un búho: “es que un tren atropelló a tres personas y las mató”.

La tercera campanada fue una llamada telefónica a la redacción de EL COLOMBIANO, a las 11:05 a.m. Una mujer, desde Bogotá, quería saber si entre las víctimas estaba su familiar Nicolás Rojas Medina. A esa hora las autoridades retenían la información con recelo. No lo sabíamos.

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“Este anillo es de una calavera, pero no significa muerte. Simboliza que todos somos iguales por dentro”, explica con orgullo el vigilante de la empresa Atlas, dorándose bajo el Sol que despuntó en Medellín después de la tragedia. Tiene una sortija enorme, con piedras de fantasía.

A su compañía le corresponde vigilar varios tramos del sistema, desde la malla externa, incluyendo el sitio en el que sucedió la desgracia. A su compañero del turno de madrugada se lo llevaron para interrogarlo sobre lo que pasó.

“Uno a cada rato ve pasar a los grafiteros por aquí, andan con pinturas. No sé si es que están en competencias o qué, para hacerse sentir”, advierte.

Una de las preguntas que surge es cómo pudieron ingresar a los rieles. Tras un recorrido en el sector, surge una primera hipótesis.

A pocos metros del accidente está la estación Poblado en proceso de ampliación, por lo que tiene partes en obra negra, que se convierten en áreas vulnerables para el ingreso.

Este diario pudo constatar que a la altura de la columna de catenaria 155-2 hay una estructura de concreto aledaña a la malla. Subiendo a esta, se puede acceder con facilidad al viaducto. Tan solo está rodeada por un palo de mangos y una lona negra que se levanta con una simple brisa.

“Lamentamos la muerte de estos muchachos. Ningún hecho justifica que hayan muerto”, expresa el coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana. Y asevera: “hay que hacer un llamado a la responsabilidad como ciudadanos. Esta es una zona de acceso prohibido y aquí hubo una conducta de irresponsabilidad individual. No podemos legitimar actos vandálicos”.

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Al llegar la tarde, la cuarta campanada de luto retumbó en las familias, cuando las autoridades confirmaron las identidades de los grafiteros.

Se llamaban Carlos Andrés López Pérez (Shuk), de 27 años; Juan David Guávita Leguizamón (Skills), de 25; y Javier Nicolás Rojas Medina (Suber), de 26.

Las redes sociales se colmaron con mensajes del gremio, “rest in paint”, “máximo respeto a los kings” y “el arte urbano está de luto”. Camilo Gutiérrez, uno de sus amigos, señaló que “esa crew era de las más activas en Bogotá. Es una pérdida fuerte y no va a pasarse por alto. Sé que la mayoría de artistas saldrán en estos días a pintar y dejarán una posdata en referencia a ellos”.

Hubiera querido decirle a Ángela, la mujer que llamó de Bogotá, que su ser querido no estaba entre los muertos. Al caer la noche ya no contestaba el teléfono. “Lamento mucho lo sucedido”, le escribí.

En el lugar de los hechos no quedó rastro de la obra que los tres querían dibujar, tan solo la pintura plateada que esparcieron los forenses para cubrir su sangre.

Residentes del barrio Doce de Octubre amanecieron este domingo con un sentimiento de tristeza e impotencia al conocer sobre el asesinato del joven Kevin León, de 16 años, quien era líder del semillero de paz de la Corporación Héroes y Heroínas de Amor.

Kevin bajaba en la mañana del sábado por una calle de su barrio hacia el centro educativo en donde hacía un curso de inglés, cuando dos hombres en una motocicleta lo asesinaron a tiros. A pesar de que fue auxiliado poco después por la Policía y llevado a un hospital, no se logró salvar su vida.

Este domingo, sus familiares, amigos, y habitantes en general del sector salieron a marchar clamando por justicia en este caso y por la protección de quienes nada tienen que ver con los grupos violentos.

De hecho, la hipótesis principal sobre su asesinato señala a la banda “los Lecheros”, que controla la esquina donde fue baleado León, como la perpetradora de su crimen.

Según informó el diario Q’Hubo, el sueño de este joven líder barrial, quien era conocido por su dedicación, alegría y afición al fútbol, era estudiar Arquitectura.

La manipulación indebida de palancas y botones de emergencia en uno de los trenes del metro de Medellín obligó a que controladores del sistema de transporte ordenaran la evacuación de pasajeros en la estación Universidad, en la mañana de este lunes, 23 de julio.

Voceros de la empresa reportaron que la evacuación de este tren generó un retraso de 7 minutos en parte de la Línea A. La frecuencia de los trenes se normalizó a las 8:00 a.m. y en ningún momento se interrumpió la prestación del servicio.

Hace dos semanas también se presentó la evacuación de un tren en la estación Prado por el mal manejo de los botones de emergencia por parte de los usuarios, a lo que las directivas realizaron un llamado al buen comportamiento de los viajeros en el sistema de transporte.

Este es el tercero de una serie de podcast sobre la violencia en las comunas, corregimientos y sectores de Medellín. Una reflexión con las autoridades, líderes sociales y habitantes sobre lo realmente necesario para erradicar las confrontaciones armadas de estos lugares.

La calle principal del barrio Santa Lucía es un hervidero en horas pico. El metro recibe y descarga cientos de peatones que corren para alcanzar el verde de los semáforos peatonales y que hacen maromas para esquivar vendedores ambulantes. Muchos se quedan en medio del camino: comprando el medio litro de helado, las empanadas calientes y la chunchurria crocante o los aguacates que darán sabor al próximo plato.

Un CAI de la Policía a pocos metros de la estación da una aparente sensación de seguridad en medio de una fila interminable de locales comerciales. Sin embargo las motos zumban y muchos conductores pasan sin casco por las narices de los uniformados. Además, la extorsión al comercio es un secreto a voces del que pocos hablan porque el barrio es solo uno de los territorios donde el combo de El Coco manda desde hace varios años.

(Escuche aquí el segundo podcast: Así se vive en la 13, la comuna donde hay más combos que barrios)

Allí, en límites de las comunas 12 y 13 del occidente de Medellín, las pugnas por control territorial de cuatros bandas dispararon los indicadores de homicidios en esa zona de la ciudad.

Un dato ilustra la problemática: durante el primer semestre del 2018 la comuna 12, un espacio conformado por trece barrios en el que viven cerca de 100 mil personas, aumentó un 217 % sus muertes violentas.

(Lea aquí Policía Metropolitana escoltó 280 buses para restablecer el servicio en el occidente de Medellín)

Fueron 19 asesinatos, en un territorio que históricamente no ha sido tan golpeado por el conflicto, frente a seis casos que ocurrieron en el mismo periodo del año anterior. Este registro convirtió a La América en la comuna de Medellín donde más aumentó porcentualmente el delito de homicidio.

Buena parte de esa oleada se explicaría por la disputa territorial de cuatro bandas que operan en el occidente de la capital antioqueña: El Coco contra el combo de La Agonía y la banda Betania contra la organización delincuencial La Torre (Escuchar audio ubicado en la parte superior del artículo).

Estas rencillas se agudizaron en los últimos tres meses cuando personajes claves en el andamiaje criminal de las comunas 12 y 13 cayeron tras las rejas: alias Juancito, señalado de ser el cabecilla de la banda Betania y quien se entregó a las autoridades a principios de mayo, y la captura de Alias Sombra, líder de la Odín Robledo y a quien debe responderle la banda de La Torre.

Un líder social de la comuna, que pide proteger su identidad por razones de seguridad, comenta que la situación se agrava porque en La América hay un porcentaje alto de adultos mayores y muchas veces a la gente le da miedo denunciar:

“El comentario de la comunidad es que no creen en la institucionalidad, desafortunadamente porque ellos mismos ven que algunos policías charlan con los combos. Debido a eso son renuentes a dar cualquier tipo de información y no denuncian porque temen quedar expuestos”.

Esta desconfianza hacia algunos uniformados hace que la comunidad no denuncie y que, más por resignación que por convicción, termine aceptando prácticas ilegales como el cobro de extorsiones al comercio o al sector transporte.

Una alternativa para mitigar la falta de denuncias sería la plataforma ¡A Denunciar!, creada por la Policía Nacional y la Fiscalía donde se pueden instaurar denuncias y aportar datos que permitan a las autoridades desmantelar estructuras que atemorizan a comerciantes y habitantes de los barrios.

(Lea aquí Capos de Antioquia hacen fila para sometimientos)

Desde que la situación se agravó, el alcalde Federico Gutiérrez ha reiterado que el camino para superar esta problemática estructural es, además de las capturas de los cabecillas y un eventual sometimiento de los jefes, una inversión social que le arrebate jóvenes a la guerra:

“Para que eso sea exitoso no es solo que ellos - los capos - firmen y entreguen armas y platas y ya, sino qué pasa con miles de jóvenes que han tomado el camino de la ilegalidad, por eso todo el acompañamiento psicosocial para ellos y sus familias y todo el acompañamiento educativo si quieren validar y acceder a la educación superior. Las oportunidades son para todos. Si hay que inyectar más recursos porque estos jóvenes - los que hoy delinquen - van a llegar a programas sociales, se hace porque los cupos están para técnicas, tecnologías y carreras profesionales”.

Justo en ese territorio la administración contempla el proyecto de la Ciudadela Occidente, un espacio educativo donde antes funcionó la cárcel de mujeres El Buen Pastor, que beneficiaría a más de 8 mil jóvenes de las comunas 12 y 13 y en el que se invertirían más de 125 mil millones de pesos. Sin embargo para que eso sea realidad faltan por lo menos 18 meses de obras y a muchos pelaos ya el tren de la legalidad los habrá dejado.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario para los integrantes de una estructura criminal que se dedicaría a la explotación de minería ilegal en el municipio de Buriticá, en el Occidente de Antioquia. Entre quienes integraban esta organización, que sería parte del ala financiera del Clan del Golfo en esta zona del departamento, se encontraban un subintendente y tres patrulleros de la Policía Nacional.

De acuerdo con el ente investigador, los uniformados, al parecer, recibían sumas de dinero “para no incautar el material aurífero extraído y dejar pasar los explosivos utilizados en la actividad ilícita. También suministraban a los presuntos delincuentes información sobre los puestos de control policial y los movimientos de las tropas”.

La medida de aseguramiento, otorgada por el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, cobijó al subintendente Diego Ernesto Cárdenas Sanabria, alias el Cabo, y los patrulleros Jorge Andrés Echavarría Peña, Anderson Elí Paniagua González y Cristian Andrés Rincón Marín. Igualmente, también estarían involucrados los particulares Jaime Alexánder Toro Suárez, alias Alex; Jorge Alirio Rodríguez Martínez y Alexánder Atehortua, alias el Enano.

Los implicados deberán responder a los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho. Según la Fiscalía General de la Nación, ninguno de los investigados se allanó a los cargos imputados.

Un taxi se quedó sin frenos y colisionó contra una vivienda en el barrio Buenos Aires, (Centro Oriente de Medellín), en hechos sucedidos este lunes a las 2:21 p.m.

En el incidente, registrado en la calle 46 con carrera 29, no hubo personas lesionadas, según confirmó la patrulla de Policía del cuadrante.

El choque afectó la tubería externa de gas, por lo que se requirió la presencia de una unidad del cuerpo de bomberos y una cuadrilla de EPM para controlar la fuga. En el sitio se realizan labores de mitigación para normalizar el suministro de gas.