La Administración Municipal y el Área Metropolitana deberán sustentar ante la Personería de Medellín las acciones que han emprendido para bajar los niveles de ruido y el ajuste a las normas de convivencia por parte del comercio nocturno en el sector de la avenida 33.
El ministerio público citó para la próxima semana al Municipio y a la autoridad ambiental a un comité de verificación para conocer cómo dan cumplimiento al fallo de una acción popular interpuesta por residentes del sector, que obliga a implementar acciones para garantizar el bienestar de los vecinos, cuyas quejas señalan la afectación en sus hogares por el ruido y el comportamiento en las calles de algunos clientes de los establecimientos donde se consume licor, luego del cierre.
El Juzgado 30 Administrativo de Medellín favoreció hace un mes, en fallo de segunda instancia, la acción popular interpuesta por un colectivo de residentes del sector de la 33.
La personera (e) Municipal, Martha Ligia Mejía Jaramillo, señaló que si no se puede verificar el cumplimiento del fallo judicial, a la entidad le correspondería emprender en primer lugar una acción de cumplimiento ante el mismo juzgado que profirió la decisión.
Explicó que acciones posteriores tienen que ver con el inicio de investigaciones por parte de la Unidad de Averiguaciones Disciplinarias, e incluso la Fiscalía sobre la conducta de los funcionarios que debieron cumplir el fallo.
Ante los reclamos ciudadanos el subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, Sergio Zuluaga Peña , destacó en anterior informe de este diario los controles a los establecimientos en los que participan Policía, inspecciones, Rentas del Departamento, Espacio Público y comisarías de familia.
El ministerio público citó para la próxima semana al Municipio y a la autoridad ambiental a un comité de verificación para conocer cómo dan cumplimiento al fallo de una acción popular interpuesta por residentes del sector, que obliga a implementar acciones para garantizar el bienestar de los vecinos, cuyas quejas señalan la afectación en sus hogares por el ruido y el comportamiento en las calles de algunos clientes de los establecimientos donde se consume licor, luego del cierre.
El Juzgado 30 Administrativo de Medellín favoreció hace un mes, en fallo de segunda instancia, la acción popular interpuesta por un colectivo de residentes del sector de la 33.
La personera (e) Municipal, Martha Ligia Mejía Jaramillo, señaló que si no se puede verificar el cumplimiento del fallo judicial, a la entidad le correspondería emprender en primer lugar una acción de cumplimiento ante el mismo juzgado que profirió la decisión.
Explicó que acciones posteriores tienen que ver con el inicio de investigaciones por parte de la Unidad de Averiguaciones Disciplinarias, e incluso la Fiscalía sobre la conducta de los funcionarios que debieron cumplir el fallo.
Ante los reclamos ciudadanos el subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, Sergio Zuluaga Peña , destacó en anterior informe de este diario los controles a los establecimientos en los que participan Policía, inspecciones, Rentas del Departamento, Espacio Público y comisarías de familia.