Por decisiones netamente administrativas de la Contraloría General de la República, se oficializó el cambio de la contralora delegada intersectorial de la Unidad Especial de Anticorrupción, quien llevaba el caso del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, investigado por un presunto detrimento al patrimonio público que superaría los 18 mil millones de pesos.
Después de hacer la verificación de asistencia de los implicados en este proceso, lo mismo que de sus apoderados, en las sedes de la contraloría en Bogotá y Medellín, donde se adelanta en simultánea la audiencia, la Contralora Intersectorial, quien llevaba el caso, Luz Ángela Martínez, anunció el nombre de su sucesora: Ana María Garzón.
A su vez, se conoció que el lunes 10 de septiembre, a las dos de la tarde, se reanudará el proceso, en el que la Contraloría vinculó a los exsecretarios de Infraestructura Física, Mauricio Restrepo Gutiérrez y María Cristina Mesa Zapata, 10 consorcios y uniones temporales que abarcan 20 empresas de obras civiles.
A la mayoría de los asistentes la decisión los tomó por sorpresa, puesto que este martes esperaban escuchar las aprobaciones de las solicitudes de nulidad que habían presentado en las anteriores sesiones (julio 10 y 30, y agosto 6 y 13).
Los apoderados y representantes de los afectados por la decisión de la CGR siguen reiterando que el estudio calificado por algunos como la "columna vertebral" de la diligencia, es antitécnico, tiene muchos errores matemáticos e inexactitudes.
Con respecto a la solicitud del levantamiento de las medidas cautelares que había tomado el ente de control, el despacho señaló "que si antes de la fecha prevista para continuar la audiencia se toma alguna decisión ésta se notificará por correo electrónico".