En el proyecto no se improvisó nada, ni siquiera en la legalidad del contrato ISA-Inco, afirma el gremio.
La decisión de impulsar la construcción de las Autopistas de la Prosperidad a través de un contrato interadministrativo entre Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y el Inco (Instituto Nacional de Concesiones), no fue improvisada. Fue el fruto de la asesoría de destacados abogados de los sectores público, privado y oficial y de un amplio proceso de participación y concertación "que es un admirable ejemplo para el país".
La afirmación la hizo ayer Álvaro Villegas Moreno , presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), en un pronunciamiento en el que expresó su sorpresa por los bandazos e interferencias que han tenido las grandes obras de infraestructura de Antioquia.
En el caso particular de las Autopistas de la Prosperidad, el dirigente gremial recordó que al convenio ISA-Inco se llegó luego de un trabajo de tres años, entre gobernantes, dirigentes y gremios, bajo la coordinación de la Cámara de Comercio de Medellín y con un grupo de asesores que calificó de "equipo élite". Y agregó que "fue así como se llegó a la conclusión de que lo mejor, y ceñido siempre a la legalidad, era realizar un contrato interadministrativo con ISA, entidad de carácter mixto".
Surtido todo ese proceso -manifestó Villegas "no podemos aceptar que hoy se creen dudas sobre la seriedad o sobre la seguridad de estas obras".
Dudas que son de tipo jurídico y frente a las cuales hay versiones contradictorias. De un lado, todo parece haber surgido por un documento de un funcionario de la Procuraduría que se filtró a los medios de comunicación, en el que se cuestiona la validez del convenio ISA-Inco (ahora llamado Agencia Nacional de Infraestructura, ANI). Según el ministro del Transporte, Germán Cardona , copia de ese informe aparece radicado en la ANI, mientras que el procurador General, Alejandro Ordóñez , aseguró que el documento que infortunadamente se filtró era interno y tampoco contiene ninguna decisión sobre el particular, la misma que ahora el Gobierno Nacional espera que se produzca lo más pronto posible.
ISA -que ha comprometido 37.000 millones de pesos en estudios del proyecto- ha expresado públicamente que el convenio interadministrativo suscrito con el Inco se suma a otros ya firmados con otras entidades y no tiene dudas sobre su legalidad.
Primero, ISA dice que es una firma mixta y tiene una naturaleza jurídica especial, pues pertenece a las entidades públicas descentralizadas por servicios que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
Segundo, de acuerdo con la Ley 80 de 1993 para fines contractuales es una entidad estatal, por su participación pública mayoritaria (68,56 por ciento).
Tercero, como entidad estatal y de acuerdo con la Ley 1150 de 2007, puede celebrar contratos interadministrativos, como el de las Autopistas de la Prosperidad, sin necesidad de pasar por un proceso previo de licitación pública.
Cuarto, su objeto social le permite participar en el desarrollo de obras de ingeniería.
Quinto, no hay lugar a hablar de sobrecostos en el proyecto de las autopistas. El primer costo, de 5,6 billones de pesos, carecía de estudios de ingeniería y cuando ISA los realizó arrojó el valor de 16,5 billones, únicas dos cifras que oficialmente ha planteado la entidad.
Y sexto, hasta ayer ISA no había recibido notificación alguna de la Contraloría General de la República o de la Procuraduría, pero está lista para responder a sus inquietudes.