La Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal contra otros seis implicados.
La Contraloría General de Medellín incluyó a seis personas en el proceso por presunta responsabilidad fiscal en el caso de la Estación San Pedro del metroplús que, en dos años, nunca ha operado.
Se trata del curador primero, Luis Fernando Betancur; del curador cuarto, Wilmar Adolfo Serna; del arquitecto diseñador, Javier Vera; de los funcionarios de Planeación, que en esa época eran subdirectores territoriales, Carlos H. Jaramillo y Juan Diego Lopera, así como del representante legal de la constructora HB Estructuras Metálicas S.A., cuyo nombre la empresa no reveló a este diario.
Sobre la imputación, el curador Luis Fernando Betancur expresó que presentará descargos en la Contraloría y explicará los motivos que lo llevaron a aprobar la obra. "La Curaduría que represento actuó correctamente aplicando las normas vigentes. Al parecer, la estación fue edificada diferente a como se aprobó, incumpliendo algunas normas de funcionalidad".
El curador cuarto, Wilmar Adolfo Serna, explicó que "la estación San Pedro está construida sobre unas fajas que corresponden al espacio público y esas licencias las da Planeación. Además, yo di la prórroga de la licencia que ya estaba otorgada y, conociendo el proceder del curador Luis F. Betancur, creo que debe ser una licencia absolutamente bien otorgada".
El arquitecto diseñador Javier Vera puntualizó que "el prototipo de la estación San Pedro ha sido aplicado en 20 sitios del sistema sin problemas. Hay que precisar que la estación como objeto y arquitectura funciona impecablemente, mi tarea no fue planificar en dónde quedarían localizadas las estaciones, pues esa decisión dependía de Planeación. Aquí hay un problema de localización de la estación, pero el objeto arquitectónico, para lo que a mí me contrataron, funciona en las 21 localizaciones".
En el caso de la empresa HB Estructuras Metálicas, sus voceros dijeron que "procederemos a enterarnos en detalle de los argumentos que fundamentan tal decisión y, de esa manera, sustentaremos jurídicamente que las actividades relacionadas con la ejecución del contrato para Metroplús S.A. fueron realizadas en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas respectivas".
Al consultar a Carlos H. Jaramillo y a Juan Diego Lopera, manifestaron no tener información explícita sobre el asunto y prefirieron no dar declaraciones.
El contralor Juan Carlos Peláez expuso que "ahora sigue la etapa de juicio en la que los implicados vendrán con sus abogados a demostrarle a la Contraloría que no tuvieron responsabilidad en el tema". Con esos argumentos, dijo Peláez, "procederemos a tomar la decisión de la responsabilidad fiscal, para cobrarles la plata. Estamos hablando de cerca de 1.500 millones de pesos".
Existe la posibilidad de que la Contraloría determine que estas personas no tienen responsabilidad de tipo fiscal y los desvincule del proceso. El contralor no dio una fecha del final del caso. Dijo que "sabemos de las herramientas legales y jurídicas que tienen los abogados para poder ampliar términos y dilatar el proceso".
EN DEFINITIVADoce personas están implicadas y los responsables deberán pagar cerca de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, es posible que la Contraloría determine que no tienen culpabilidad y los desvincule.
ANTECEDENTES
"ESPERAN HASTA EL FIN PARA ACTUAR"
Sobre el caso, el integrante de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) Tomás Castrillón, expresó que "los entes de control son muy lentos y salen a hacer inspecciones y a buscar culpables cuando ya no hay nada qué hacer".