Aunque en los últimos dos días no ha habido enfrentamientos, ya son 91 las familias que se han desplazado de Bocas de Caná hacia el casco urbano de Zaragoza.
Estas familias empezaron a llegar a este municipio del Bajo Cauca el sábado pasado. Inicialmente 31, pero con los días se han sumado más y ahora se habla de 91. La razón es que en la zona se presentan enfrentamientos entre las bandas criminales "los Rastrojos" y "los Urabeños" originados en la lucha por el control de la minería informal e ilegal y el cobro de extorsiones.
El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, informó que en los últimos dos días no ha habido enfrentamientos y que desde el primer momento el Ejército se ha puesto al frente de la situación. "Hombres del Ejército están realizando operativos en la zona y determinando las condiciones para el retorno", dijo el funcionario.
Mientras llega la solución, la Unidad de Víctimas trabaja en un censo. El personero de la localidad, Juan Yalí, advirtió que es complicado conseguir albergue y alimentación para este grupo de desplazados, mientras el secretario de Gobierno local, Andrés Luján, admite que en la zona se da una lucha de bandas criminales por el control de las rentas ilícitas, en este caso de la explotación minera.
Estas familias empezaron a llegar a este municipio del Bajo Cauca el sábado pasado. Inicialmente 31, pero con los días se han sumado más y ahora se habla de 91. La razón es que en la zona se presentan enfrentamientos entre las bandas criminales "los Rastrojos" y "los Urabeños" originados en la lucha por el control de la minería informal e ilegal y el cobro de extorsiones.
El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, informó que en los últimos dos días no ha habido enfrentamientos y que desde el primer momento el Ejército se ha puesto al frente de la situación. "Hombres del Ejército están realizando operativos en la zona y determinando las condiciones para el retorno", dijo el funcionario.
Mientras llega la solución, la Unidad de Víctimas trabaja en un censo. El personero de la localidad, Juan Yalí, advirtió que es complicado conseguir albergue y alimentación para este grupo de desplazados, mientras el secretario de Gobierno local, Andrés Luján, admite que en la zona se da una lucha de bandas criminales por el control de las rentas ilícitas, en este caso de la explotación minera.