Por medio de amenazas intervienen la cadena de distribución y venta legales. El gremio calcula pérdidas del 40 % y reporta que tuvo que acudir a despidos.
La pérdida de las ventas en un 40 por ciento, el despido de 30 trabajadores y tener 15 carros parados, son las consecuencias que deja, en las empresas legales del Valle de Aburrá, la acción de las bandas criminales que se metieron al negocio de distribución y venta de huevos en las comunas nororiental, noroccidental y en algunos barrios de Bello.
12 empresarios dedicados a esta actividad denunciaron que las pandillas obligan a los tenderos a que les compren solo a ellos el producto. Igual ocurre con el negocio de las arepas.
Esta situación, denuncian, también ha causado el desplazamiento forzado de algunos comerciantes que tienen que dejar sus locales por miedo a las represalias de las bandas.
"No les hice caso y aunque me mandaban a decir que quemarían los carros o atacarían al conductor, yo seguía trabajando. Pero llegaron a mi bodega, me amenazaron y me obligaron a venderles el producto", contó un distribuidor, quien pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad.
En marzo eran 10 barrios los prohibidos para trabajar bajo amenaza. Ahora son 20.
Otro distribuidor recordó que este problema lo empezó a padecer hace 8 años en los municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán, donde las autodefensas asumieron el control de la distribución de huevos. Desde hace tres años la misma situación la padece en el noroccidente de Medellín y el sur de Bello, donde el control lo ejercían los jefes de combos de esos sectores.
Añadió, desde comienzos de 2013 el fenómeno se extendió a los Populares, Santo Domingo, Aranjuez, Santa Cruz, Manrique Oriental, Castilla, Pedregal, Robledo, San Germán, la Iguaná y el corregimiento San Cristóbal, más Zamora, en Bello.
Las víctimas aseguraron que el problema ya lo conocen el Gaula, la Policía, la Vicealcaldía de Seguridad de Medellín y el Secretario de Gobierno de Antioquia.
Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Seguridad de Medellín, define el caso como constreñimiento ilegal. "Los delincuentes decidieron por una mutación para evitar la acción del Gaula y las capturas en flagrancia como ocurre casi siempre con la extorsión y optaron por recurrir a una actividad delictiva con menos pena y que es difícil de investigar. De todas maneras vamos a hacerle frente a este nuevo reto", aseveró el funcionario.
Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Arnulfo Serna, dijo que toda la responsabilidad aquí no puede caer sobre el Gaula, porque conoce casos de extorsión y de secuestro específicamente.
"Para eso hay fiscales que tienen facultades para conocer delitos establecidos en el Código Penal y cuentan con policía judicial para que inicie los actos de investigación", remató el secretario de Seguridad.
DESDE ADENTRO
USAN FACTURAS Y TAMBIÉN AMENAZAN
Desde la Federación Nacional de Avicultores, anotó que de tiempo atrás productores y comercializadores de huevos en Antioquia han hecho sus denuncias, pero hasta ahora no hay una acción contundente de la Fuerza Púbica. "Montaron toda una red que incluso utiliza y pide facturas para hacerse pasar como empresarios legales, pero van y amenazan a todo el mundo para que los negocios solo se hagan con ellos", dijo.
EN DEFINITIVALa denuncia publicada por El Colombiano sobre el mercado ilegal de arepas reveló otra práctica delincuencial: la distribución y venta de huevos. 13 comunidades son el territorio de acción.
La pérdida de las ventas en un 40 por ciento, el despido de 30 trabajadores y tener 15 carros parados, son las consecuencias que deja, en las empresas legales del Valle de Aburrá, la acción de las bandas criminales que se metieron al negocio de distribución y venta de huevos en las comunas nororiental, noroccidental y en algunos barrios de Bello.
12 empresarios dedicados a esta actividad denunciaron que las pandillas obligan a los tenderos a que les compren solo a ellos el producto. Igual ocurre con el negocio de las arepas.
Esta situación, denuncian, también ha causado el desplazamiento forzado de algunos comerciantes que tienen que dejar sus locales por miedo a las represalias de las bandas.
"No les hice caso y aunque me mandaban a decir que quemarían los carros o atacarían al conductor, yo seguía trabajando. Pero llegaron a mi bodega, me amenazaron y me obligaron a venderles el producto", contó un distribuidor, quien pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad.
En marzo eran 10 barrios los prohibidos para trabajar bajo amenaza. Ahora son 20.
Otro distribuidor recordó que este problema lo empezó a padecer hace 8 años en los municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán, donde las autodefensas asumieron el control de la distribución de huevos. Desde hace tres años la misma situación la padece en el noroccidente de Medellín y el sur de Bello, donde el control lo ejercían los jefes de combos de esos sectores.
Añadió, desde comienzos de 2013 el fenómeno se extendió a los Populares, Santo Domingo, Aranjuez, Santa Cruz, Manrique Oriental, Castilla, Pedregal, Robledo, San Germán, la Iguaná y el corregimiento San Cristóbal, más Zamora, en Bello.
Las víctimas aseguraron que el problema ya lo conocen el Gaula, la Policía, la Vicealcaldía de Seguridad de Medellín y el Secretario de Gobierno de Antioquia.
Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Seguridad de Medellín, define el caso como constreñimiento ilegal. "Los delincuentes decidieron por una mutación para evitar la acción del Gaula y las capturas en flagrancia como ocurre casi siempre con la extorsión y optaron por recurrir a una actividad delictiva con menos pena y que es difícil de investigar. De todas maneras vamos a hacerle frente a este nuevo reto", aseveró el funcionario.
Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Arnulfo Serna, dijo que toda la responsabilidad aquí no puede caer sobre el Gaula, porque conoce casos de extorsión y de secuestro específicamente.
"Para eso hay fiscales que tienen facultades para conocer delitos establecidos en el Código Penal y cuentan con policía judicial para que inicie los actos de investigación", remató el secretario de Seguridad.
DESDE ADENTRO
USAN FACTURAS Y TAMBIÉN AMENAZAN
Desde la Federación Nacional de Avicultores, anotó que de tiempo atrás productores y comercializadores de huevos en Antioquia han hecho sus denuncias, pero hasta ahora no hay una acción contundente de la Fuerza Púbica. "Montaron toda una red que incluso utiliza y pide facturas para hacerse pasar como empresarios legales, pero van y amenazan a todo el mundo para que los negocios solo se hagan con ellos", dijo.
EN DEFINITIVALa denuncia publicada por El Colombiano sobre el mercado ilegal de arepas reveló otra práctica delincuencial: la distribución y venta de huevos. 13 comunidades son el territorio de acción.