Las bandas criminales son las principales violadoras de los Derechos Humanos en Colombia y su accionar se ha extendido incluso a nuevas zonas del país en donde antes no delinquían. A esas organizaciones ilegales les siguen los grupos guerrilleros.
Así lo reveló este lunes el Defensor del Pueblo, Jorge Armado Otálora, quien presentó el mapa nacional sobre riesgos de violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno, con ocasión del Día Nacional de los Derechos Humanos.
Durante el último año se han presentado 46 informes de riesgo y 17 notas de seguimiento que abarcan 109 municipios de 28 departamentos del país. Pero Otálora destacó el caso de Antioquia, departamento que ocupa el primer lugar del ranking con seis informes de violaciones de Derechos Humanos presentados por la Defensoría. Le siguen Chocó, Casanare, Caldas y Bogotá, con tres informes cada uno, y Risaralda y Nariño, con dos informes cada uno, en el último año.
Según Otálora, los grupos armados ilegales denominados bandas criminales (Bacrim) representan el 76 por ciento de todos los informes de riesgo, y en segundo lugar están las Farc como otro de los grupos que genera más amenazas a la población.
"Las bandas criminales no están aumentando, sino incrementando su accionar criminal, porque han generado más presencia en otros sectores que antes no se habían registrado en el mapa político del país", dijo Otálora. "Se han venido enquistando en algunos sectores con amenazas a los defensores de derechos humanos, incluso ya la han extendido contra los educadores en todo el país", añadió.
"Antioquia se destaca porque, como se sabe, es uno de los departamentos donde más han tenido desarrollo las bandas criminales y donde se gestaron estos grupos armados ilegales, que son los que producen el mayor número de amenazas contra la población civil. De ahí que Antioquia tenga el mayor número de informes de riesgo de la Defensoría", dijo Otálora.
Los derechos han estado amenazados por conductas delictivas como el uso de minas antipersonal, acciones para generar terror, amenazas de muerte, ataques indiscriminados, ataques contra la infraestructura, confinamientos, desaparición forzada, destrucción de bienes civiles, enfrentamientos, extorsión, homicidios, masacres, reclutamiento forzado y violencia sexual.
Pero Otálora llamó especialmente la atención en cuanto a la extorsión, el boleteo y el microtráficio, delitos que según dijo, se han venido disparando en el país, "porque los pequeños comerciantes, e incluso ciudadanos, han venido siendo objeto de boleteo y extorsión".
Los informes de la Defensoría no son por cada delito ni relacionan el número de delitos cometidos en una región determinada. Más bien, varias conductas punibles pueden hacer parte de un informe. Así, por ejemplo, si una persona es amenazada, luego extorsionada y después desplazada, las tres conductas están incluidas en un mismo informe.
Cuando se emite un informe de riesgo, la Defensoría lo dirige al Ministro del Interior, que debe convocar al Comité Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) y a partir de ahí se cita a todas las instituciones que están vinculadas en el informe por recomendaciones de la Defensoría (Gobernador, alcalde, Icbf, Fuerzas Armadas, Policía). A partir de ahí se debe generar una política para enfrentar el problema. La Defensoría, dos meses después, hace una solicitud para que se le informe qué han hecho las instituciones y cómo va el trámite del informe de riesgo.
Para saber más
La extorsión
De esa manera, para Caldas y Casanare, la Defensoría ha emitido tres informes (por cada uno de esos departamentos) que incluyen el delito de extorsión. Los siguen Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño y Arauca, cada uno con dos informes.
Según la Defensoría, en Antioquia el escenario de riesgo de inminencia por conflicto armado para la comuna 13 de Medellín se caracteriza por el reacomodamiento y recomposición de las estructuras armadas ilegales que, con posterioridad a los procesos de desmovilización de los bloques de las autodefensas que ejercían influencia y control en los barrios periféricos de la ciudad, han reincidido en la actividad ilegal.
Esos grupos han tejido redes mafiosas entre las bandas delincuenciales y 'combos' vinculados con el narcotráfico y el cobro de extorsiones a los sectores del transporte y el comercio, y también relacionados con la urbanización ilegal y los expendios de estupefacientes, y que se disputan el control territorial y social de estas zonas de Medellín ejerciendo la violencia contra la población civil mediante amenazas, homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados intraurbanos e intimidaciones al liderazgo social y comunitario.
Con respecto a este delito, en el Valle del Cauca el mapa de la Defensoría establece que la escisión de 'los Rastrojos', y el debilitamiento de sus fuentes de financiación desembocó en el cobro de extorsiones y las amenazas e intimidaciones contra los sectores económicos, bajo el entendido de que debían "colaborar con la causa".
"Algunos comerciantes y agricultores del municipio de Trujillo, tanto de la zona urbana como rural, han sido víctimas de esas exigencias y presiones, lo que ha provocado desplazamientos forzados en el presente año, debido al riesgo de sufrir retaliaciones", asegura la Defensoría. "De igual manera, se percibe en la población un ambiente de temor ante la ocurrencia de homicidios, por la presencia de auxiliadores y miembros de 'los Rastrojos', y particularmente por la expansión de la actividad de narcomenudeo".
Para la Defensoría, la división interna en 'los Rastrojos' se profundizó con la conformación de una nueva estructura armada ilegal que busca la paulatina eliminación de disidentes y de los que consideran su base social o de quienes señalen como sus auxiliadores o colaboradores.
La disputa que libran estos grupos armados ilegales por los sectores aledaños al municipio de Trujillo tiene como fin controlar el acceso a la zona del cañón de Las Garrapatas en límites con el Chocó, donde 'los Rastrojos' han sido el actor preponderante desde la desmovilización del Bloque Calima de las AUC, y que 'los Urabeños' pretenden asumir en el proceso de expansión y fortalecimiento, por lo que se prevén ataques y hechos violentos contra las personas que consideren colaboradores del grupo contrario, advierte la Defensoría.
Otras conductas
Sobre el reclutamiento forzado, el mapa de la Defensoría muestra que esa conducta aparece en cuatro de los informes sobre Antioquia y en los dos informes que emitió por cada uno de los siguientes departamentos: Valle del Cauca, Magdalena, Sucre, Putumayo, Arauca y La Guajira.
De otro lado, el homicidio aparece en los seis informes que ha emitido el ministerio público para Antioquia, en los tres que produjo (por cada departamento) para Caldas, Bogotá, Casanare y Chocó, y en los dos correspondientes a Risaralda y Nariño (dos por cada departamento).
En lo que se refiere a desaparición forzada, esta conducta se registra en tres informes para Antioquia, y dos para Valle del Cauca, Magdalena, Santander, Sucre, Casanare y Chocó. Al ojear el mapa en relación con la violencia sexual, se encuentra que Antioquia, Casanare, Nariño y Bogotá tienen dos informes cada uno, y después están Valle del Cauca, Guainía y Vaupés, con un informe cada uno.
En las regiones fronterizas como en Cúcuta, el Defensor señaló que "hay mucho boleteo". "Y hemos tenido otro inconveniente grave que se ha denunciado por abuso de la fuerza pública de Venezuela, que se ha introducido al territorio colombiano y ha venido maltratando a los indígenas de la región", aseguró.
Aclaró que los grupos conformados por los que algunos llaman 'posdesmovilizados' no tienen relación directa con la guerrilla. "Sin embargo, en algunos sectores del país se han asociado para temas de microtráfico, como se ha denunciado en la región del Catatumbo".