Entre 2008 y 2011 hubo 6.932 asesinatos en Medellín, la mayoría atribuidos a ese grupo, pero sus líderes no han sido judicializados por los homicidios.
La primera y única vez que las autoridades estuvieron a punto de encerrar a alias "Sebastián" por un homicidio, ocurrió el 22 de mayo de 1996, cuando no era ni la sombra del capo que llegaría a ser y que hoy está pedido en extradición.
Narra el expediente que el ciudadano Jaime Montaño Betancur conducía una camioneta por el barrio Laureles de Medellín, cuando lo fulminaron a bala en la avenida Bolivariana.
El patrullero Ancízar Franco persiguió disparando a los sospechosos y resultó herido en la espalda. La cacería continuó hasta Cristo Rey, donde fue detenido un automóvil Chevrolet Swift con dos ocupantes. Tenía dos impactos de bala y cuatro vainillas en su interior, y uno de los tripulantes era Ericson Vargas Cardona, "Sebastián".
El joven de 22 años negó los hechos, dijo que tuvieron la mala suerte de casi chocar con el sicario que mató a Montaño, mientras este se daba plomo con el patrullero, y que los amenazó para que lo sacaran de ahí.
Vargas fue enviado a la cárcel, pero al poco tiempo los policías cambiaron la versión de los hechos a su favor. La Fiscalía 132 Seccional precluyó el caso y lo dejó en libertad, la que gozó hasta su captura del 08/8/12, cuando se había convertido en uno de los máximos jefes de la organización mafiosa "la Oficina".
Guerra de combos
Según Medicina Legal, entre 2008 y 2011 ocurrieron 6.932 asesinatos en Medellín. Los comandantes de turno de la Policía Metropolitana, generales Dagoberto García y Luis Martínez, así como el alcalde Alonso Salazar, denunciaron hasta la saciedad que el principal móvil del 80% de esas muertes era la guerra de unos 300 combos, bajo la égida de los capos enemigos "Valenciano" y "Sebastián", quienes rivalizaban por el control del bajo mundo y de "la Oficina".
En esos cuatro años ocurrieron 23 masacres en el Valle de Aburrá (de 4 o más víctimas), que sumadas dejaron 102 occisos y 40 heridos (algunos con secuelas permanentes). La más numerosa sucedió el 02/7/10, cuando dos grupos se enfrentaron en un bar de Envigado, asesinando a 8 clientes y lesionando a 12 más en el fuego cruzado.
El presidente Álvaro Uribe viajó a ese municipio en compañía del entonces director de Policía, general Óscar Naranjo, para encabezar un consejo de seguridad, al cabo del cual se dijo que la matanza fue otro capítulo en la guerra de "Valenciano" y "Sebastián".
Pese a la gran cantidad de muertes atribuidas a estas personas, ninguna ha sido judicializada por homicidio. Maximiliano Bonilla Orozco ("Valenciano") cayó en Venezuela el 27/11/11, cuando en Colombia tenía un proceso por concierto para delinquir agravado. Al mes fue deportado a E.U., donde espera una condena por narcotráfico.
Vargas tiene aquí dos expedientes por concierto para delinquir, pero el pasado 12 de agosto el Gobierno firmó la resolución de extradición, para que responda por 4 cargos de narcotráfico, porte de armas y explosivos en una corte de Nueva York.
¿Qué pasó con los miles de muertos que las autoridades les atribuyeron en Medellín, entre 2008 y 2011? ¿Quién responderá judicialmente por ellos?
Amparo Mejía, presidenta de la ONG Madres de La Candelaria Línea Fundadora, que agrupa a familiares de víctimas, opina que la extradición de los cabecillas "es un error del Estado" que deriva en la impunidad.
Trabas en los procesos
El Colombiano recogió los procesos penales de los 26 principales cabecillas de "la Oficina" capturados desde 2008. Apenas 8 tienen cargos por homicidio, cuando presuntamente fueron quienes coordinaron la mayoría de ejecuciones en la guerra de combos. Hombres como "Kener", "Chaparro" y "Riñón", a quienes la Policía catalogó como jefes de sicarios, responden por decesos anteriores al 2008.
La mayoría de cabecillas fueron procesados por concierto para delinquir, narcotráfico y porte ilegal de armas; de ellos, 6 pagarán la pena en E.U., por ofensas al pueblo estadounidense, no por la sangre derramada en el Valle de Aburrá.
De los sentenciados en Colombia, 14 hicieron acuerdos legales, aceptando culpas por beneficios, pagando de 4 a 16 años en promedio, con posibilidad de rebajas por buena conducta.
Luis F. Suárez, vicealcalde de Seguridad, confiesa que la situación "es muy grave, estamos atacando el tema, pidiéndoles a la Fiscalía y a la Policía resultados, y los bandidos haciendo arreglos con la Fiscalía o el Gobierno de E.U., donde no van a pagar por los delitos que cometieron acá".
Indagamos con fiscales de las Unidades de Vida y Bandas Emergentes las razones por las que es tan difícil imputar los asesinatos, y encontramos 5 motivos: 1. Por la estructura del crimen organizado, donde una orden pasa por varios escaños e implicados antes de su ejecución, lo que dificulta el rastreo de responsabilidades; 2. Por la corrupción, a través de funcionarios que venden información confidencial, conspiran para frenar los procesos, hacen trasladar a los servidores y señalan a testigos que son eliminados; 3. Temores de la ciudadanía para denunciarlos de manera formal; 4. Miedo de investigadores y fiscales para enfrentar a las grandes mafias sin contar con medidas de protección; 5. Escasez de recursos económicos, logísticos y de personal, para seguir a un capo por varias ciudades y países, y limitantes de acceso a cupos para interceptar líneas.
"Una cosa es la verdad real, y otra la verdad procesal, así uno sepa que son sospechosos de masacres, es duro probarlo", señala un fiscal, cuya identidad se reserva por seguridad, por expresa petición. Y añade: "Pero algo ha cambiado en los últimos años: antes eran cabecillas intocables, ahora están tras las rejas o con órdenes de captura".
Otro fiscal acota: "La gente critica los resultados contra los combos, aunque nadie sabe que uno trabaja con las uñas".
Jeremy McDermott, codirector de la Fundación InSight Crime, que estudia al crimen organizado de América, es más pragmático para explicar las pocas imputaciones: "Muchas investigaciones contra 'la Oficina' vienen de la DEA, y ellos no están interesados en los homicidios, sino en el narcotráfico".
Por eso viajará "Sebastián" a E.U. Las autoridades sospechan que con él se iría la verdad de uno de los casos más enigmáticos de la guerra de bandas: ¿Cuál es el paradero de su rival alias "Veintiocho" y tres colegialas desaparecidas por su lugarteniente "Chaparro" (29/5/09)?
En el incidente participaron cuatro policías de Itagüí, quienes les entregaron las víctimas a "Chaparro". Y este dijo desconocer el paradero, pues las cedió a personas que ya están muertas, declaración que afligió a los dolientes.
"Solo quería saber la verdad", lamenta Beatriz Saldarriaga, madre de una de las chicas. "Que a 'Sebastián' lo tengan allá o aquí, ni me va ni me viene, no creo que se vaya a echar la culpa. Ya solo espero que Dios me muestre dónde está mi hija".
EN DEFINITIVAAunque autoridades sindicaron a jefes de "la Oficina" por la mayoría de muertos entre 2008 y 2011, no han ido al estrado por eso.
La primera y única vez que las autoridades estuvieron a punto de encerrar a alias "Sebastián" por un homicidio, ocurrió el 22 de mayo de 1996, cuando no era ni la sombra del capo que llegaría a ser y que hoy está pedido en extradición.
Narra el expediente que el ciudadano Jaime Montaño Betancur conducía una camioneta por el barrio Laureles de Medellín, cuando lo fulminaron a bala en la avenida Bolivariana.
El patrullero Ancízar Franco persiguió disparando a los sospechosos y resultó herido en la espalda. La cacería continuó hasta Cristo Rey, donde fue detenido un automóvil Chevrolet Swift con dos ocupantes. Tenía dos impactos de bala y cuatro vainillas en su interior, y uno de los tripulantes era Ericson Vargas Cardona, "Sebastián".
El joven de 22 años negó los hechos, dijo que tuvieron la mala suerte de casi chocar con el sicario que mató a Montaño, mientras este se daba plomo con el patrullero, y que los amenazó para que lo sacaran de ahí.
Vargas fue enviado a la cárcel, pero al poco tiempo los policías cambiaron la versión de los hechos a su favor. La Fiscalía 132 Seccional precluyó el caso y lo dejó en libertad, la que gozó hasta su captura del 08/8/12, cuando se había convertido en uno de los máximos jefes de la organización mafiosa "la Oficina".
Guerra de combos
Según Medicina Legal, entre 2008 y 2011 ocurrieron 6.932 asesinatos en Medellín. Los comandantes de turno de la Policía Metropolitana, generales Dagoberto García y Luis Martínez, así como el alcalde Alonso Salazar, denunciaron hasta la saciedad que el principal móvil del 80% de esas muertes era la guerra de unos 300 combos, bajo la égida de los capos enemigos "Valenciano" y "Sebastián", quienes rivalizaban por el control del bajo mundo y de "la Oficina".
En esos cuatro años ocurrieron 23 masacres en el Valle de Aburrá (de 4 o más víctimas), que sumadas dejaron 102 occisos y 40 heridos (algunos con secuelas permanentes). La más numerosa sucedió el 02/7/10, cuando dos grupos se enfrentaron en un bar de Envigado, asesinando a 8 clientes y lesionando a 12 más en el fuego cruzado.
El presidente Álvaro Uribe viajó a ese municipio en compañía del entonces director de Policía, general Óscar Naranjo, para encabezar un consejo de seguridad, al cabo del cual se dijo que la matanza fue otro capítulo en la guerra de "Valenciano" y "Sebastián".
Pese a la gran cantidad de muertes atribuidas a estas personas, ninguna ha sido judicializada por homicidio. Maximiliano Bonilla Orozco ("Valenciano") cayó en Venezuela el 27/11/11, cuando en Colombia tenía un proceso por concierto para delinquir agravado. Al mes fue deportado a E.U., donde espera una condena por narcotráfico.
Vargas tiene aquí dos expedientes por concierto para delinquir, pero el pasado 12 de agosto el Gobierno firmó la resolución de extradición, para que responda por 4 cargos de narcotráfico, porte de armas y explosivos en una corte de Nueva York.
¿Qué pasó con los miles de muertos que las autoridades les atribuyeron en Medellín, entre 2008 y 2011? ¿Quién responderá judicialmente por ellos?
Amparo Mejía, presidenta de la ONG Madres de La Candelaria Línea Fundadora, que agrupa a familiares de víctimas, opina que la extradición de los cabecillas "es un error del Estado" que deriva en la impunidad.
Trabas en los procesos
El Colombiano recogió los procesos penales de los 26 principales cabecillas de "la Oficina" capturados desde 2008. Apenas 8 tienen cargos por homicidio, cuando presuntamente fueron quienes coordinaron la mayoría de ejecuciones en la guerra de combos. Hombres como "Kener", "Chaparro" y "Riñón", a quienes la Policía catalogó como jefes de sicarios, responden por decesos anteriores al 2008.
La mayoría de cabecillas fueron procesados por concierto para delinquir, narcotráfico y porte ilegal de armas; de ellos, 6 pagarán la pena en E.U., por ofensas al pueblo estadounidense, no por la sangre derramada en el Valle de Aburrá.
De los sentenciados en Colombia, 14 hicieron acuerdos legales, aceptando culpas por beneficios, pagando de 4 a 16 años en promedio, con posibilidad de rebajas por buena conducta.
Luis F. Suárez, vicealcalde de Seguridad, confiesa que la situación "es muy grave, estamos atacando el tema, pidiéndoles a la Fiscalía y a la Policía resultados, y los bandidos haciendo arreglos con la Fiscalía o el Gobierno de E.U., donde no van a pagar por los delitos que cometieron acá".
Indagamos con fiscales de las Unidades de Vida y Bandas Emergentes las razones por las que es tan difícil imputar los asesinatos, y encontramos 5 motivos: 1. Por la estructura del crimen organizado, donde una orden pasa por varios escaños e implicados antes de su ejecución, lo que dificulta el rastreo de responsabilidades; 2. Por la corrupción, a través de funcionarios que venden información confidencial, conspiran para frenar los procesos, hacen trasladar a los servidores y señalan a testigos que son eliminados; 3. Temores de la ciudadanía para denunciarlos de manera formal; 4. Miedo de investigadores y fiscales para enfrentar a las grandes mafias sin contar con medidas de protección; 5. Escasez de recursos económicos, logísticos y de personal, para seguir a un capo por varias ciudades y países, y limitantes de acceso a cupos para interceptar líneas.
"Una cosa es la verdad real, y otra la verdad procesal, así uno sepa que son sospechosos de masacres, es duro probarlo", señala un fiscal, cuya identidad se reserva por seguridad, por expresa petición. Y añade: "Pero algo ha cambiado en los últimos años: antes eran cabecillas intocables, ahora están tras las rejas o con órdenes de captura".
Otro fiscal acota: "La gente critica los resultados contra los combos, aunque nadie sabe que uno trabaja con las uñas".
Jeremy McDermott, codirector de la Fundación InSight Crime, que estudia al crimen organizado de América, es más pragmático para explicar las pocas imputaciones: "Muchas investigaciones contra 'la Oficina' vienen de la DEA, y ellos no están interesados en los homicidios, sino en el narcotráfico".
Por eso viajará "Sebastián" a E.U. Las autoridades sospechan que con él se iría la verdad de uno de los casos más enigmáticos de la guerra de bandas: ¿Cuál es el paradero de su rival alias "Veintiocho" y tres colegialas desaparecidas por su lugarteniente "Chaparro" (29/5/09)?
En el incidente participaron cuatro policías de Itagüí, quienes les entregaron las víctimas a "Chaparro". Y este dijo desconocer el paradero, pues las cedió a personas que ya están muertas, declaración que afligió a los dolientes.
"Solo quería saber la verdad", lamenta Beatriz Saldarriaga, madre de una de las chicas. "Que a 'Sebastián' lo tengan allá o aquí, ni me va ni me viene, no creo que se vaya a echar la culpa. Ya solo espero que Dios me muestre dónde está mi hija".
EN DEFINITIVAAunque autoridades sindicaron a jefes de "la Oficina" por la mayoría de muertos entre 2008 y 2011, no han ido al estrado por eso.