Una empresa, de $200 millones de capital, manejó proyectos de vivienda por $62.000 millones.
Fomento Urbano es una empresa constructora que cayó del cielo al infierno cuando Luis Alfredo Ramos reemplazó a Aníbal Gaviria en la Gobernación de Antioquia. Pasó de tener contratos por más de 62.000 millones de pesos a la parálisis de la mayor parte de sus obras. Los dueños se declaran víctimas de una persecución política y de la corrupción en VIVA. Anuncian demandas, hasta penales, para recuperar más de 34.000 millones de pesos que les están debiendo y para limpiar su nombre.
La controversia está vigente. Para el exviceministro de vivienda, Luis Felipe Henao, Fomento Urbano era en 2010 sinónimo de una 'pirámide' o 'tumbis' de 25.000 millones de pesos que afectó a 2.500 familias destechadas. Para la Contraloría General de Antioquia, la compañía es hoy el centro de un presunto detrimento patrimonial que supera los 10.000 millones.
Fomento Urbano nació en Medellín, el 25 de septiembre de 2002. El modesto capital de 200 millones de pesos no le daba para crear su imperio a punta de contratación estatal. Su éxito lo obtuvo al ir, de pueblo en pueblo, asesorando a familias pobres para que montaran Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) y firmando con ellas convenios para construir casas que gozaban de subsidios de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) y los respectivos municipios. A estos últimos, vale anotar, también les estructuraba los planes habitacionales.
Fuentes de la empresa -que pidieron reserva del nombre por motivos de seguridad- indicaron que una muestra de sus mejores obras está en Urabá, donde edificaron 1.500 viviendas, en una época en que VIVA otorgaba entre 1 y 1,5 millones de pesos por familia.
En 2006, el incentivo pasó a 5 millones -que se entregaba en materiales a los municipios- y se abrió una convocatoria a la que Fomento Urbano, a través de las OPV y las alcaldías, presentó 45 proyectos y le aprobaron 42.
"Les pudo más el ojo que la barriga", expresaron fuentes que conocieron de cerca a Fomento Urbano. La bonanza era frágil, porque no administraron en forma independiente cada proyecto; recibieron obras por doquier; cuando no les pagaban a tiempo en una parte, tomaban el dinero de otros frentes. En ese juego de tapar un hueco con otro asumieron materiales y mano de obra más caras.
En una auditoría de mediados de 2009, la Contraloría de Antioquia halló que entre 2005 y 2007 Fomento Urbano se aseguró la ejecución de 23 proyectos habitacionales en Caucasia, Yarumal, Marinilla, Jardín, Andes, Necoclí, San Vicente, Betania, Titiribí, Venecia, El Retiro, Carepa y El Santuario. Su obligación era levantar 2.766 viviendas, con un presupuesto superior a los 51.757 millones de pesos. Las cuentas de Fomento Urbano dicen otra cosa: firmó 42 contratos de obra con OPV, por 62.144 millones de pesos.
Toda una factura de tiempos prósperos, que uno de sus proveedores vio reflejados en lujosos autos parqueados en la sede del constructor, mientras que para una exempleada la prueba del bienestar era la generación de empleo. Tenía 50 personas en nómina y 900 a través de contratistas.
El Cristo de espaldas
Con el final de la Gobernación de Aníbal Gaviria Correa, en diciembre de 2007, cambió la suerte de Fomento Urbano.
Luis Fernando Múnera Díez, gerente de VIVA entre 2003-2007, aclaró que la entidad nunca firmó un solo contrato con Fomento Urbano, pues los convenios se suscribían con entidades sin ánimo de lucro y con los municipios. "Me retiré tranquilo", añade, "luego de entregar 72.000 viviendas y dejar en marcha 30.000 más". Para atender estos compromisos se dejaron en la caja de VIVA más de 90.000 millones de pesos, a disposición del entrante gobierno de Luis Alfredo Ramos Botero.
Diversas fuentes, incluyendo a los dueños de Fomento Urbano, coinciden en señalar que la politiquería comenzó a hacer de las suyas. Varios de los nuevos alcaldes pararon los proyectos de vivienda que ejecutaba el constructor, el cual acumuló tantos problemas con VIVA, que intermediarios llegaron a proponerle ayuda, condicionada al pago de una comisión millonaria.
También declaran que fueron acusados por funcionarios de alto nivel de VIVA y la Gobernación, en el sentido de que la empresa era del ya exgobernador Aníbal Gaviria Correa, porque no de otra manera se entendía que una sola firma tuviera 50 por ciento de los contratos de VIVA. Otros ataques señalaban a Fomento Urbano como una 'pirámide' con la que municipios y comunidad no debían contratar. (Este diario buscó la opinión de Jorge León Sánchez, exgerente de VIVA, pero no fue posible lograrlo).
El descalabro es medible en miles de millones de pesos y familias damnificadas. En junio de 2009 la Contraloría Departamental certificó que de los 51.757 millones de pesos que valían los 23 proyectos que ejecutaba Fomento Urbano, se le habían entregado al empresario 27.167 millones de pesos. No obstante, en las obras físicas estaban justificados 17.650 millones, lo cual indica que faltaban 9.516 millones de pesos por explicar.
Eso sonaba a presunta defraudación, frente a la cual Fomento Urbano se defendió en la misma Asamblea de Antioquia mostrando cifras que, en su opinión, confirmaban que la Contraloría había dado números amañados.
Para septiembre de 2009 la organización tenía en marcha 42 proyectos, que valían 62.144 millones de pesos, de los cuales le estaban debiendo 34.412 millones. Visto de otra manera: de 3.344 viviendas que debía construir, el 43 por ciento tenía dificultades, mientras que, en plata, le debían el 55 por ciento.
Uno de los atranques, según los dueños de la empresa, es que, por incertidumbres jurídicas, durante todo el 2008 VIVA no entregó materiales de construcción a los municipios.
El otro escollo grande lo tuvieron con los créditos puente, que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) otorgaba a las OPV, con el aval de VIVA. La intención original era concederlos cuando las familias recibieran las llaves de sus casas, pero en la práctica se anticiparon para darles liquidez a los empresarios particulares y para facilitar el llamado cierre financiero de los proyectos.
Para avalar esos créditos puente, VIVA depositó en el IDEA más de 45.000 millones de pesos en el último cuatrienio, pero ante el incumplimiento de las organizaciones de vivienda el Instituto ya ejecutó las garantías para más de 10.300 millones de pesos.
A planes habitacionales de Fomento Urbano les llegaron a retener créditos puente por 12.928 millones de pesos. Eso llevó a sus dueños a elevar una queja formal ante el Contralor de Antioquia, Jorge Rojas Otálvaro, el 11 de septiembre de 2009. Afirman allí que los préstamos tenían visto bueno desde 2007, que estaban apalancados con dineros de VIVA y que a las dos entidades esa plata les daba rendimientos financieros, "sin que el beneficio a las comunidades sea prioridad".
En la misma nota se quejaron de la acusación que un Contralor Auxiliar hizo en la Asamblea y según la cual un socio de la constructora le dijo a un auditor: "Somos amigos de Envigado y si sigue mariqueando vamos a ver cómo arreglamos". La presunta amenaza llegó a la Fiscalía y el Contralor Auxiliar rectificó públicamente sus palabras.
POLÉMICA
ME RECIBIERON CON 8 CADÁVERES: CONTRALORA DEPARTAMENTAL
La auditoría que la Contraloría de Antioquia le hizo a Fomento Urbano le dio vida a 11 procesos de responsabilidad fiscal, por un presunto detrimento patrimonial de 10.311 millones de pesos, que compromete, entre otros, a excaldes y exgerentes de VIVA. De ellos, ocho los archivaron en primera instancia, porque los convenios no tenían cierre financiero ni se habían liquidado y así no se podía hacer control posterior. Fiscalía y Procuraduría investigan por qué se dejaron pasar los 30 días para la decisión en segunda instancia. "A mí me recibieron con 8 cadáveres sobre el escritorio", dice la Contralora, Luz Helena Arango Cardona, quien ordenó auditorías exprés para resucitar el tema.