Un fiscal de la Unidad Anticorrupción le imputará cargos y pedirá medida de aseguramiento en contra de Andrés Felipe Álvarez Grajales, exdirector territorial del Incoder en Medellín por un supuesto despojo de tierras.
El ente acusador considera que tiene el suficiente material probatorio para imputarle los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documentos público y prevaricato por acción. Junto a Álvarez Grajales, también se les imputarán los mismos cargos a otras siete personas, entre ex funcionarios y particulares.
Los llamados a la audiencia son los exfuncionarios del Incoder Víctor Manuel Anaya Zabaleta, Francisco Horacio Ceballos Torres y Elkin Emilio Taberes.
Además, fueron citados los particulares Blanca Libia Martínez, María Isabel Fernández Rodas y Alejandro Andrés Londoño Úsuga. También se suma Gerardo de Jesús Gil Ochoa, exdirector territorial en Medellín.
La Fiscalía considera que con la supuesta complicidad de funcionarios y exfuncionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), presuntos campesinos recibieron entre 2005 y 2011 en Antioquia 26.000 hectáreas de tierras baldías que el Estado utiliza en sus programas de reforma agraria.
La mayoría de esos predios están en Turbo, San Pedro de Urabá y Zaragoza.
El ente acusador considera que tiene el suficiente material probatorio para imputarle los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documentos público y prevaricato por acción. Junto a Álvarez Grajales, también se les imputarán los mismos cargos a otras siete personas, entre ex funcionarios y particulares.
Los llamados a la audiencia son los exfuncionarios del Incoder Víctor Manuel Anaya Zabaleta, Francisco Horacio Ceballos Torres y Elkin Emilio Taberes.
Además, fueron citados los particulares Blanca Libia Martínez, María Isabel Fernández Rodas y Alejandro Andrés Londoño Úsuga. También se suma Gerardo de Jesús Gil Ochoa, exdirector territorial en Medellín.
La Fiscalía considera que con la supuesta complicidad de funcionarios y exfuncionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), presuntos campesinos recibieron entre 2005 y 2011 en Antioquia 26.000 hectáreas de tierras baldías que el Estado utiliza en sus programas de reforma agraria.
La mayoría de esos predios están en Turbo, San Pedro de Urabá y Zaragoza.