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Persisten diferencias entre el Metro y su sindicato de empleados por pliego de peticiones

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Este miércoles el Metro de Medellín y Sintrametro, sindicato que agrupa a cerca de 460 empleados de la empresa, adelantarán la primera de dos reuniones convocadas para continuar la discusión del pliego de peticiones tras la finalización de un primer periodo de concertación que terminó sin acuerdos la semana anterior.

En un comunicado emitido este martes, el Metro asegura que dar cumplimiento a lo consignado en el pliego de peticiones implicaría un gasto anual avaluado en 34 mil millones de pesos lo que, según la empresa, "afectaría la prestación del servicio de transporte público y, a futuro, su sostenibilidad financiera".

Sin embargo, Rubén Cataño, presidente de Sintrametro, aseguró que el avalúo del sindicato arroja una cifra cercana a los 14 mil millones de pesos anuales.

"Antes de presentar el pliego hicimos un estudio de los balances financieros de los últimos 10 años, cumplir con todo lo que dice el pliego no perjudica para nada las finanzas del Metro", dijo el líder sindical.

La diferencia en el avalúo del pliego es apenas uno de los desacuerdos con los que el Metro y el sindicato llegarán nuevamente a la mesa, luego de que la primera etapa de las negociaciones, que se inició el 7 de junio, finalizara sin avances concretos luego de siete sesiones de diálogo.

Otro aspecto que se destaca en la discusión es el relacionado con los aspectos salariales y de contratación. Mientras en su comunicado el Metro sostiene que "la empresa manifiesta su extrañeza frente a las solicitudes económicas del sindicato", pues según dice, los voceros "siempre han expresado que sus pretensiones de ninguna manera serían económicas, sino sólo dirigidas a un trato digno", Cataño asegura que ese trato se encuentra ligado a aspectos contractuales y de equidad salarial.

Según el Presidente de Sintrametro, de no llegar a un acuerdo en las dos reuniones programadas para el 3 y el 5 de julio, el sindicato convocaría a una asamblea en la que se definirían las acciones a seguir.

"Iríamos a un tribunal de arbitramento o decidiríamos si ir a huelga, no queremos perjudicar a la comunidad pero no podemos permitir que nuestros derechos se sigan vulnerando", concluyó Cataño.


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