En el edificio de La Justicia albergan a los capturados desde hace 15 días.
Arrumados en los calabozos de los sótanos del edificio de la justicia, en La Alpujarra, permanecen cerca de cien presos, la mayoría capturados en los últimos 15 días y a los que ni la cárcel Bellavista ni El Pedregal pueden recibir por fallos judiciales que lo impiden.
Los sótanos son sitios de paso, a donde se deben llevar los presos que bajan a audiencias en los juzgados y su permanencia debe ser sólo de unas horas, pero en las dos últimas semanas se volvieron cárceles.
"Estamos en condición inhumana, somos presos, no secuestrados", afirma un detenido detrás de las rejas de uno de estos calabozos, que no miden más cinco metros y donde hay hasta 30 presos.
Sus compañeros repiten lo mismo. Piden dignidad.
"Estoy enfermo de diabetes, tengo que tomar cinco dosis de insulina y solo me dan una", se queja otro recluso.
Willy Zapata está aislado en una celda porque tiene tuberculosis y es una enfermedad contagiosa: "Llevo 11 días acá, hoy (ayer) vino a verme el médico de Bellavista, mi familia está pendiente, pero esto es delicado", afirma. No está condenado, solo sindicado.
A cada instante llegan más detenidos y el sitio se llena más y más. En la mañana había 87 y en la tarde más de 90.
"No tenemos tranquilidad, ellos están sufriendo y no podemos con la angustia", se lamentó Diana Giraldo, que tiene allí a su hermano, de 24 años. Junto a ella, en la rampa de ingreso al sótano del edificio, hay varias madres, hermanas, esposas y allegadas a los presos. Todas exigen soluciones y trato humano.
Se buscan soluciones
Es un asunto muy complejo, dice Carlos Contreras, de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, que trabaja el tema.
"Esto es una señal más de lo mal que está el sistema penitenciario", afirmó el dirigente, que avala los fallos judiciales que impiden recibir más presos en las cárceles, pues es la única solución que se ha dado al problema del hacinamiento.
Pero los fallos judiciales crearon un cuello de botella que el Inpec y la justicia no han podido solucionar.
Jorge Mejía Martínez, secretario de Gobierno, admite la gravedad de la situación. Ayer se reunió con el Inpec y la Secretaría de Seguridad buscando alternativas.
"De los 21 centros carcelarios de Antioquia sólo se pueden enviar presos a Istmina y el problema lo debe resolver la Judicatura, que autorice llevar presos allá y estarlos trayendo a las remisiones", explico.
Esta alternativa sería la única viable como solución inmediata, aclaró Mejía Martínez, pues las demás son a mediano y largo plazo.
Una es la posible rehabilitación de la vieja cárcel del Buen Pastor, que se cerró cuando se habilitó El Pedregal.
"Buscamos una negociación con las monjas de la comunidad religiosa dueña del inmueble, pero ellas tienen toda la libertad para decidir", subrayó el secretario.
Si no fructifica, también se estudian alternativas como la reapertura de la cárcel de San Quintín, en Bello, o construir nuevos pabellones en el mismo predio de Bellavista.
"Cualquiera de estas soluciones apenas alcanzaría para llevar de 500 a 600 presos, es decir, ni aun así se solucionaría el problema de fondo", sentenció Mejía Martínez.
Del Inpec no fue posible obtener una respuesta.
ANTECEDENTES
LOS DOS FALLOS JUDICIALES
El fallo de tutela que impide recibir más presos en Bellavista fue del Tribunal Superior de Medellín. El otro obliga a desalojar 600 presos de El Pedregal y lo emitió el Juzgado 2o. Penal Especializado.