La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Tarazá, Héctor Leonidas Giraldo, por irregularidades en la contratación de la rehabilitación de vías que comunican el corregimiento de Piedras con la vereda La Gloria - Curumana, zona rural de este municipio.
El primer cargo disciplinario señala que en el marco de este procedimiento de selección abreviada para la contratación de menor cuantía, el Alcalde no habría realizado la publicación de las variables bajo las cuales se calcularon los costos directos, los costos indirectos y todas aquellas que la entidad utilizó para calcular el presupuesto oficial.
En segundo lugar se le cuestiona por presunta omisión de publicar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones, así como sus respectivas respuestas.
Adicionalmente se observa que la resolución de apertura y el pliego de condiciones, incluido el cronograma, habrían sido publicados el 15 de mayo de 2012, pero a las 7:18 de la noche "dándole menos de 15 horas a los proponentes para asistir a la visita de obra, con lo cual presuntamente vulneró el principio de transparencia de la contratación estatal".
Considera el Ministerio Público que el servidor habría desconocido, en este proceso contractual, los principios que regulan la contratación estatal.
El primer cargo disciplinario señala que en el marco de este procedimiento de selección abreviada para la contratación de menor cuantía, el Alcalde no habría realizado la publicación de las variables bajo las cuales se calcularon los costos directos, los costos indirectos y todas aquellas que la entidad utilizó para calcular el presupuesto oficial.
En segundo lugar se le cuestiona por presunta omisión de publicar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones, así como sus respectivas respuestas.
Adicionalmente se observa que la resolución de apertura y el pliego de condiciones, incluido el cronograma, habrían sido publicados el 15 de mayo de 2012, pero a las 7:18 de la noche "dándole menos de 15 horas a los proponentes para asistir a la visita de obra, con lo cual presuntamente vulneró el principio de transparencia de la contratación estatal".
Considera el Ministerio Público que el servidor habría desconocido, en este proceso contractual, los principios que regulan la contratación estatal.