Autoridades locales, departamentales y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estudian un plan de contingencia para afrontar el fallo del Tribunal Superior de Medellín que ordenó no llevar más presos a Bellavista.
Un informe reciente de la Personería de Medellín revela el crecimiento exponencial que se presenta en esa cárcel en los últimos seis años, que pasó de un hacinamiento del 81 por ciento (4.394 internos) a un 207 por ciento (7.448 internos) de los cuales 1.961 son sindicados, y 5.487 condenados.
Esto aunado a las pésimas condiciones de detención y a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes padecidos por los recluidos allí, llevaron a uno de los internos a instaurar una acción de tutela fallada a su favor y por la cual se ordena no recibir más presos en Bellavista.
Jorge Mejía, secretario de Gobierno y de Derechos Humanos de la Alcaldía, confirmó que se va a evaluar el tema para ver qué recursos se pueden entablar para ganar un poco de tiempo, en aras de buscar otras alternativas. "Realmente esa decisión nos tomó por sorpresa, cayó de improviso y hay que reconocer que no estábamos preparados para eso".
Mejía lamentó que esto se presente en momentos en que se hace un gran esfuerzo para darle duro a la delincuencia organizada deteniendo a las personas vinculadas.
El personero de Medellín, Rodrigo Ardila, hizo un llamado al gobierno para que haga una reforma urgente al código penitenciario y tome las medidas necesarias, porque es una problemática en el país.
De igual manera el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le solicitó al Gobierno Nacional estudiar la posibilidad de acudir a la figura constitucional de la declaratoria de emergencia social para que se pueda enfrentar de manera urgente los grandes problemas de hacinamiento, salud y servicios que enfrenta la población penitenciaria y carcelaria del país.
Un informe reciente de la Personería de Medellín revela el crecimiento exponencial que se presenta en esa cárcel en los últimos seis años, que pasó de un hacinamiento del 81 por ciento (4.394 internos) a un 207 por ciento (7.448 internos) de los cuales 1.961 son sindicados, y 5.487 condenados.
Esto aunado a las pésimas condiciones de detención y a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes padecidos por los recluidos allí, llevaron a uno de los internos a instaurar una acción de tutela fallada a su favor y por la cual se ordena no recibir más presos en Bellavista.
Jorge Mejía, secretario de Gobierno y de Derechos Humanos de la Alcaldía, confirmó que se va a evaluar el tema para ver qué recursos se pueden entablar para ganar un poco de tiempo, en aras de buscar otras alternativas. "Realmente esa decisión nos tomó por sorpresa, cayó de improviso y hay que reconocer que no estábamos preparados para eso".
Mejía lamentó que esto se presente en momentos en que se hace un gran esfuerzo para darle duro a la delincuencia organizada deteniendo a las personas vinculadas.
El personero de Medellín, Rodrigo Ardila, hizo un llamado al gobierno para que haga una reforma urgente al código penitenciario y tome las medidas necesarias, porque es una problemática en el país.
De igual manera el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le solicitó al Gobierno Nacional estudiar la posibilidad de acudir a la figura constitucional de la declaratoria de emergencia social para que se pueda enfrentar de manera urgente los grandes problemas de hacinamiento, salud y servicios que enfrenta la población penitenciaria y carcelaria del país.