La legislación obsoleta para asignarles plazas rurales los tiene perjudicados, puesto que a muchos los está privando del derecho a ejercer su profesión. Buscan soluciones.
Desde hace 15 días, 270 egresados de medicina de Medellín están de parias, e indagan por todo el país en dónde hay plazas para irse a prestar el servicio social obligatorio, conocido como año rural. Se sienten indignos, mendigos de un derecho que el Estado debería garantizarles, pero que no lo está haciendo y prácticamente los tiene bloqueados para ejercer su profesión.
En Antioquia sólo hay 16 plazas en igual número de municipios, a las cuales aspiran 32 egresados que lograron inscribirse la madrugada del martes 8 de enero. Es decir, sólo la mitad tendrá cupo, pero a los otros 16 se les da una amnistía: por falta de cupo se les exime del servicio y así podrán salir, con acreditación, a ejercer.
Los otros egresados de las facultades de medicina locales quedan a la expectativa, buscando plaza o aceptando ofertas en otras regiones, muchas de ellas alejadas de Antioquia y en condiciones no acordes con su dignidad de profesionales.
Es lo que le pasa, por ejemplo, a Carlos Hinestroza, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, a quien se le abrió una posibilidad para él casi imposible de aceptar.
Está ubicada en Ibagué (Tolima) en la IPS The Wala Indígena Pública, donde le ofrecen un salario de 1'179.000 pesos, para él una suma irrisoria con la que escasamente podría pagar el arriendo y alimentarse. "No creo que sea justo pagarle esto a un profesional de la medicina, con eso es imposible uno sostenerse alejado de la familia", anota Carlos, que invirtió, en meros pagos de matrícula, más de 60 millones de pesos y 7 años para su formación.
Él no cree que podrá aceptarla pues aunque quiere hacer el año rural "porque le aporta a la formación de uno", también siente violada su dignidad.
Lo grave es que si no acepta, la normatividad lo castiga con impedirle ejercer su profesión durante seis meses. Al no obtener el registro, no podrá solicitar empleo como médico en ninguna parte del país y mínimo quedará ocho meses cesante.
Es la misma situación de sus compañeros, la que califican de injusta e indigna y no solo ellos, sino también otras instancias, como las mismas universidades y personalidades del gremio de la medicina.
Problema general
Elmer Gaviria, decano de la Facultad de Medicina de la U de Antioquia, propone que al servicio social obligatorio se le haga una revisión estructural, pues está viciado de problemas y ambigüedades que hacen que el año rural se convierta en un calvario para los egresados.
"En el Ministerio de Protección Social y Salud ha faltado voluntad política para resolver el tema y hoy se castiga a los profesionales recién egresados, los condenan a desplazamientos forzados, porque los obligan a trabajar en condiciones infrahumanas, en muchas partes ni les pagan", subraya Gaviria.
Expone que conoce casos de profesionales que trabajan hasta 300 horas al mes, lo que va en contra de los mismos pacientes, pero reconoce los beneficios del año rural, tanto para la sociedad como para los profesionales, pero exige dignidad.
Mónica Uribe, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UPB, está en contra del castigo para el que no consiga la plaza o no acepte una opción que va en contra de su dignidad. "No considero justo que una persona que estudió seis años y medio tenga que quedarse parado seis meses" por una legislación inadecuada.
EN DEFINITIVALa controversia por las plazas del servicio social obligatorio rural para los médicos, persiste. Sólo un cambio en la legislación cambiaría el cuello de botella que se presenta para el ejercicio.
PARA SABER MÁS
OPCIONES QUE NO FUNCIONAN
En 2010, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 2595, por la cual creó la penalización para los egresados que no aceptaran una plaza rural, al no entregarles el registro médico e impedirles presentarse a sorteos u ocupar otra plaza durante los seis meses siguientes a la realización del sorteo en el que resulten elegidos. Este intento de solución ha sido un fracaso.
OPINIONES
ALGUNOS ABUSAN DE LOS RURALES
CAROLINA CORCHO Presidenta de Anir
"Muchos gerentes explotan al médico rural, abusan de él, no le pagan, o los contratan por prestación de servicios, les ponen más cosas de lo convenido y le descargan muchas actividades".
VÍCTOR CORREA VÉLEZ Vocero de los egresados
"Estamos dispuestos a ir a cualquier parte donde nos asignen, pero exigimos un trato digno. Ahora, los problemas de salud son mucho más profundos que esto y por eso vamos a la marcha".
ANTECEDENTES
SEMANA DE REUNIONES SIN SOLUCIÓN
Tras el lío originado con la Resolución 4503 del 28 de diciembre pasado, cuando el Ministerio definió que para Antioquia había 16 plazas rurales, para las que se podrían inscribir 32 aspirantes, 16 de los cuales serán exonerados del servicio, un grupo de 270 egresados expresó su descontento. Como sienten que les cambiaron las reglas, interpusieron una tutela reclamando su derecho a la dignidad y una solución. Esta cursa en el Tribunal Superior de Medellín, mientras su vocero ha tenido reuniones en el Minsalud buscando alternativas. Hoy lunes hay una reunión con autoridades médicas en la Facultad de la U. de A. a las 8:00 a.m. Para mañana martes se alista una marcha general.