Dos adultos mayores se están convirtiendo en el terror de las entidades bancarias en Medellín, pues en los últimos tres años han asaltado a mano armada 11 establecimientos, llevándose un botín total cercano a los 120 millones de pesos.

Fuentes cercanas a la situación le contaron a EL COLOMBIANO que estos hombres, cuya apariencia y cabello entrecano los sitúa en una edad superior a los 60 años, se acercan a los bancos como si fueran clientes y esgrimen armas de fuego para intimidar a los empleados y usuarios.

Los atracos no duran más de un minuto, tiempo en el cual sustraen el dinero de las cajas y escapan, en una modalidad conocida como “taquillazo”. Su golpe más reciente fue el pasado 28 de febrero, en una sucursal del Banco Popular ubicada en el barrio El Nogal. A la salida, dejaron encerradas a las víctimas con un candado, tal cual se observa en el video obtenido por este diario.

Uno de ellos es de contextura gruesa y el otro es delgado, ambos de tez trigueña y por lo general usan gorras para ocultar su rostro de las cámaras de seguridad.

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Según la información preliminar, el primer caso que se atribuye a “los Cuchos”, como se les ha denominado, sucedió el 24 de marzo de 2016 en el BBVA de La América. Ese año al parecer atracaron otras dos sucursales de la misma entidad, en el barrio Simón Bolívar (septiembre 25/16) y en el parque de Belén (noviembre 21/16).

El 25 de octubre de 2017 reaparecieron, asaltando la oficina del BBVA en el barrio El Volador. El año más activo para el par de compinches fue 2018, donde presuntamente continuaron el azote a las sucursales del BBVA en Suramericana (marzo 13/18), La Alpujarra (abril 13/18), Lorena (julio 14/18), Laureles (octubre 18/18) y de nuevo en El Volador (diciembre 12/18).

Para completar su faena ese año, también habrían robado en la sede de Bancolombia de Bolivariana (noviembre 27/18).

Al ser puesto en conocimiento de esta situación, el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, comentó que los investigadores de la Policía están tratando de establecer la identidad de los ladrones.

José de Jesús Tabárez Cuervo, de 65 años, desapareció desde el pasado 11 de febrero, según han señalado sus familiares.

Ante la Fiscalía denunciaron que luego de que saliera de su casa ubicada en la vereda Toldas, en el municipio de Guarne, ese día, con rumbo a Rionegro, no volvieron a saber nada de él.

Piden que cualquier información que les permita dar con su paradero reportarla a la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía, en el 4446677, extensiones 1156 a 1160.

Un automóvil tipo sedán (cuatro puertas) de color verde, producido por la multinacional china BYD, será el primer taxi 100 % eléctrico que prestará servicio de transporte público próximamente en Medellín. La meta de la administración municipal es que en 2020 sean 1.500 los ecotaxis que circulen.

El “e5 400” no produce humo ni emite ningún tipo de material contaminante producto de combustibles fósiles, cumple con todas las condiciones de seguridad (6 airbags) y ya ha sido probado en las principales laderas de la ciudad. Así mismo se han realizado estudios para comprobar que efectivamente el vehículo puede soportar el trabajo diario de un taxi.

“Hace 10 años BYD viene poniendo taxis eléctricos en el mundo y cuenta con la experiencia comprobada de más de 80.000 unidades rodando en varios países”, dijo Juan Felipe Velásquez, director comercial de BYD Colombia.

El empresario subrayó que los vehículos pueden cargar al 100 % en cualquiera de las estaciones públicas, en 45 minutos.

Sin embargo, también se puede instalar una unidad en los hogares para recargar el carro desde un enchufe común en 4 horas y media.

Desde BYD dicen que EPM ha hecho unas pruebas en las que el vehículo ha tenido buenos resultados. Incluso aseguran que el taxi ya ha hecho, con una sola carga, una ruta como Medellín-Bogotá.

La meta es posicionar la ciudad como la capital de la movilidad eléctrica en Latinoamérica. Esta iniciativa se suma a los 64 buses eléctricos de Metroplús que también compró Medellín a la misma firma china (BYD), los cuales se espera que estén rodando por las troncales del sistema en agosto próximo.

El precio del e5 es un factor a tener en cuenta. La tecnología eléctrica todavía no se ha masificado en Colombia por lo que su costo puede ser un impedimento para propietarios de taxis interesados.

Desde BYD afirman que este vehículo representa un ahorro del 70 % en el costo del combustible y 50 % menos en el mantenimiento, lo que ayudaría a librar en un tiempo de 2 o 3 años los $99’900.000 que vale el taxi (si se trabaja en un promedio normal).

“Un taxi común y corriente en promedio trabaja entre 12 y 13 horas, y recorre entre 200 y 250 kilómetros”, así lo explicó Juan David Lopera, gerente de Tax Belén, que es la empresa a la que estará afiliado el vehículo cero emisiones.

Lopera afirmó que aunque sea impopular, Medellín debe favorecer los sistemas de transporte público e ir apagando el servicio de las motocicletas, que hoy son más de 700.000 en la ciudad y tienden a seguir creciendo.

“Y para los vehículos particulares debemos empezar a implementar el pico y placa todo el día”, dijo.

El modelo de ingreso de los ecotaxis será por reposición; saldrán automóviles que tengan más de seis años de vida útil para ser chatarrizados. Esto permitirá que se habilite el cupo para que pueda entrar a operar un nuevo carro de transporte eléctrico.

Además, de acuerdo al gerente, la operación comercial del taxi eléctrico se prevé que comience aproximadamente en un mes, no obstante habrá un tiempo pedagógico para las personas.

Lopera confirmó que durante cierto período este vehículo prestará servicio gratuito para que la gente lo pruebe y se familiarice con él.

Después, la tarifa de la carrera mínima será de $7.000, mientras que la de los taxis amarillos es de $5.500.

Andrés Emiro Díez, experto en movilidad eléctrica de la UPB, afirmó que esta tecnología de movilidad va a ser estable durante años y brindará mayor calidad de vida para la población.

“La batería que tiene incorporada este vehículo, de níquel, cobalto y manganeso, está a la altura de los autos que tiene Tesla (empresa líder en desarrollo de vehículos eléctricos), que es tecnología de punta”, expresó.

Para hacerse una idea, la capacidad energética de las baterías es de 60 kilovatios por hora, lo que representa más o menos la energía que producirían dos galones de gasolina que cuestan poco menos de $20.000. Con eso, el ecotaxi puede hacer 400 km.

“En cambio, por cada galón los taxis están dando 40 kilómetros, o sea 10 veces menos”, explicó el experto .

En menos de tres segundos, el próximo 28 de marzo, se irán al piso los sueños de 60 propietarios de apartamentos en el edificio Altos del Lago, en Rionegro. Ese es el tiempo que durará el derribamiento controlado, según el estimado por Atila Implosion S.A.S.

Es la misma firma que implosionó el Mónaco, y antes había demolido otros dos edificios enfermos de Medellín: Space y Bernavento. En este caso pondrá fin a un proyecto con 60 apartamentos construidos, 10 habitados, y planeado para un total de 116.

La constructora de Altos del Lago es Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S. (Sincc) y el plan que presentó para salvar el edificio dividió a los afectados.

Desde el 15 de febrero de 2017, cuando fue evacuado por fallas estructurales, parte de los propietarios defendía que podía ser repotenciado, mientras que otro grupo aceptó la demolición.

Hernán Velasco, director de proyectos de Atila, explicó que la evacuación de la comunidad, en un perímetro de 100 metros alrededor de Altos del Lago, comenzará a las 6:00 a.m. del mismo día.

El ingeniero aclaró que no se trata de una implosión, sino de derribamiento controlado porque “no se inyectan las cargas explosivas en columnas y vigas. Por el mal estado del edificio hay que adosar (instalar por los lados)”.

Cristian Ospina, subsecretario de Gestión del Riesgo de Rionegro, dijo que una hora después del derribamiento, los evacuados pueden volver.

En representación de al menos 20 dueños de apartamentos, Jhon Jairo Parra expresó que no están de acuerdo con la demolición, argumentando que el estudio contratado por la alcaldía que llevó a esta decisión fue rebatido y demostró que el edificio podía ser repotenciado.

“Se basaron en un análisis hecho por la Universidad Nacional en septiembre de 2017 que fue controvertido por el ingeniero José Darío Aristizábal (contratado por Sincc), entonces nos gustaría un tercer estudio independiente”, dijo.

Parra dijo que el plan de repotenciamiento fue descartado por el Municipio porque la opción fácil es demoler, y agregó que demandarán a la alcaldía.

Del otro lado, Cristian Sánchez, abogado de 36 propietarios, manifestó que el anuncio del derribamiento no los tomó por sorpresa y estaban esperando a que el daño se concrete para iniciar los procesos legales contra la administración municipal y el banco que recaudó por la compra de los apartamentos.

“Buscaremos reparación e indemnización, no de la constructora porque sabemos que no tiene recursos, sino de la alcaldía, por lo que pederán allí dentro y el valor invertido”, apuntó.

En Medellín, la variación del tráfico sí fue evidente: ayer, entre las 05:00 y 10:00 a.m., dejaron de circular por las vías de la ciudad 72.000 vehículos, en comparación con un miércoles típico. Esto es una disminución del 35 %, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad.

Y es que tras la primera jornada de la extensión del pico y placa ambiental —que pasó de 5 a 9 horas al día por cuenta del deterioro en la calidad del aire— no solo hubo menos vehículos, sino también una mejoría en las estaciones de medición del Siata.

El martes, antes de la medida, 17 de las 19 estaciones se ubicaron en alerta naranja (concentración de partículas contaminantes dañina para grupos sensibles) y 2 en amarillo (moderada).

Ayer en la tarde el panorama era otro: 9 estaban en naranja y 10 en amarillo.

Aunque las medidas más restrictivas se han planteado para vehículos particulares y motos de dos y cuatro tiempos (que generan juntos, de acuerdo al Área Metropolitana -Amva-, el 29 % de las emisiones contaminantes de material particulado 2.5), el estado de prevención revive el debate de si son necesarios controles más drásticos para camiones, tractocamiones y volquetas, que concentran el doble de estas emisiones (59 %).

Renovar la flota de volquetas del Aburrá y el Oriente cercano era el propósito de un plan público-privado que buscaba sustituir el 60% de estos vehículos que operaban en esta región por tecnologías de menor impacto ambiental.

Aunque serían sustituidas 1.300 volquetas antiguas por nuevas con tecnología Euro V (menos contaminante), el proyecto parece haber quedado en el aire, de acuerdo con Luis González, presidente de la Asociación de Volqueteros Unidos de Antioquia.

González destacó que aún no hay un plan de chatarrización definido y que, si bien están trabajando con Camacol en el proceso, sigue pendiente que el Ministerio de Transporte defina cuál será la ruta para esta renovación vehicular.

“Por supuesto nos preocupa y realizamos mantenimientos preventivos (...) aún tenemos un parque automotor muy antiguo, un gran número de vehículos tienen más de 20 años”, agregó.

Otro de los pendientes es la implementación del cambio de horarios de circulación para vehículos de tráfico pesado, una estrategia del Amva para que las labores de cargue y descargue de camiones sean en las noches y madrugadas.

Felipe Muñoz, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), afirmó que aunque el Amva ha liderado mesas de trabajo, los planes no se ejecutan. Precisó que, si bien el estudio técnico se hizo en 2016, solo hasta el pasado lunes se retomó el tema.

“El compromiso es de todos: del que genera la carga, del transportador y del que recibe”, indicó Muñoz, “y ninguno de los destinatarios de la carga ha modificado sus horarios porque el Amva nunca les dio acompañamiento”.

Sergio Ignacio Soto, director de Fenalco Antioquia, reiteró que para ejecutarse este plan es urgente que las autoridades garanticen la seguridad en las vías durante las noches y que estas acciones no se pongan en marcha de forma traumática.

Con relación a los controles, María del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del Área, explicó que, en lo que va del año, el 58 % de las mediciones realizadas por la entidad han sido a los vehículos de transporte de carga y pasajeros de diésel pesado. (Esto es un total de 2.001 operativos en la vía y 352 en patios de las empresas). Las mediciones en automóviles y motos, por su parte, concentran el 37 % y el 5 %, respectivamente. Así, en lo corrido de 2019, el Amva ajusta 3.445 de estos controles.

La restricción para el desarrollo de la minería en Jericó, decretada por el Concejo en el Acuerdo 010 de 2018, ya no es suficiente para autoridades y comunidad, en el propósito de disipar el fantasma de la actividad.

Una determinación de Corantioquia, autoridad ambiental, levantó la medida que impedía la exploración a una multinacional y abrió el camino para que se inicie la búsqueda de oro en las montañas de ese municipio del Suroeste.

Si bien la medida exonera a la Sociedad Minera Quebradona Colombia S.A, filial de AngloGold Ashanti de supuestas malas prácticas ambientales, como el secamiento de ríos, de acuerdo con lo denunciado por autoridades locales y habitantes, la multinacional aseguró que aún no realiza actividades de exploración, ni lo hará, hasta que el Tribunal Administrativo de Antioquia defina si da validez al Acuerdo 010 o lo deja sin piso.

Desde finales de 2018, la Alcaldía de Jericó impuso una medida preventiva ambiental contra la empresa minera por, presuntamente, estar generando daño ambiental en el predio La Mancha, vereda Cauca de esa localidad.

Tras la acción de la administración local, Corantioquia procedió, el mes pasado, a realizar dos visitas con expertos al territorio y, Rigoberto Arroyave, director de la entidad para la provincia Cartama, explicó que no detectaron afectación a recursos naturales ni ambientales.

“Encontramos que la fuente La Soledad tenía caudal, aunque en ese momento venía presentando un fenómeno fuerte de sequía, caudales bajos. Sin embargo ellos (AngloGold) estaban captando agua para su trabajo y en la fuente todavía quedaba un remanente del líquido”, dijo.

Arroyave indicó que en el recorrido evidenciaron que la firma minera estaba haciendo captación, “porque tenían el permiso”, y, además, “la fuente no quedó seca”.

Agregó que, no obstante el levantamiento de la medida, se notificó a la minera que la autoridad ambiental seguirá haciendo monitoreo a “los caudales de La Vainillala y La Soledad, a ver cómo es su recuperación y hasta que no tengamos el conocimiento total de la recuperación de esos caudales no autorizaremos el uso del agua”, acotó.

El alcalde de Jericó, Jorge Andrés Pérez, consideró la decisión de Corantioquia como apresurada y carente de elementos rigurosos: “la petición que les hicimos era para revisar si había afectaciones por las actividades, pues hubo denuncias del mal manejo de cuencas cerca a las plataformas de la finca La Mancha”.

Pérez sentenció que “estamos revisando con el equipo jurídico qué acciones tomar frente a esta respuesta de la autoridad ambiental”.

En ese sentido, Fernando Jaramillo, de la Mesa Ambiental de Jericó y habitante del municipio, afirmó que Corantioquia no tuvo en cuenta la apreciación de la comunidad, “que no quiere empresas mineras en la zona”.

“Corantioquia ha proferido, de manera reiterada, medidas que favorecen a la empresa. Por ejemplo, esperamos, hace tres años, que se resuelva un proceso sancionatorio contra una minera por hacer perforaciones al pie de las quebradas, y no lo ha resuelto. Pero aquí, al tercer día, que el municipio prohibe la actividad minera, esa autoridad ambiental dice que no hay motivo para sanciones. Esto nos extraña”, apuntó.

Respecto a los señalamientos de subjetividad, Arroyave aseveró que Corantioquia está atendiendo las quejas de la comunidad e insistió que no hay afectación a los recursos naturales y medio ambientales, por lo que no podíamos aplicar una sanción. “Somos neutrales y aplicamos la ley”, concluyó.

El desmonte de un mariposario que funcionaba en una escuela rural de la vereda El Portento, en El Retiro, generó controversia en la localidad del Oriente antioqueño ya que allí, a lo largo de 16 años, quienes tenían a cargo el proyecto lograron incentivar el amor y la protección por esta especie y acumular experiencias y conocimientos que ahora, según parece, quedarán en el olvido.

El sitio, en realidad, había sido cerrado desde el 11 octubre de 2018, cuando el colectivo Laboratorio del Espíritu, que tenía a cargo el proyecto, entregó el espacio -propiedad de la alcaldía que lo había cedido en comodato desde 2003- por considerar que se había desviado el objetivo de promover semilleros de investigación científica.

“Los semilleros fueron desplazados por la venta de plantas hospederas y de crisálidas, lo que hizo que el Laboratorio del Espíritu tomara la decisión de terminar el proyecto con las personas encargadas hasta el momento”, dijo la directora del Laboratorio del Espíritu, Gloria Bermúdez Bermúdez.

Pero el cierre del 11 de octubre no significó la muerte del lugar, pues ese hecho dio origen al nacimiento de la Corporación Centro de Investigación y Conservación Casa de Mariposas, un colectivo conformado en su mayoría por jóvenes amantes de este insecto, por considerarlo un polinizador de gran importancia para el medio ambiente. Lo integran los mismos que tenían a cargo los proyectos científicos del mariposario y querían tener de nuevo el comodato.

“En ese proceso veníamos hasta el viernes, cuando tumbaron el lugar sin explicación y causando la pérdida de lo que teníamos acumulado hasta el momento”, contó Juliana Villada, líder del colectivo.

Afirmó que su grupo tramitó el registro ante la Cámara de Comercio y que, incluso, venía siendo asesorado por la misma alcaldía. El desmonte los tomó por sorpresa y sin saber si seguirán con la actividad, que les dio logros y reconocimientos como viajes de representación a otros países.

José Raúl Botero, secretario de Asuntos Administrativos y Bienes de la alcaldía, negó que en la incursión para cerrar definitivamente el lugar se hayan destruido colecciones y enseres. Dijo que el espacio venía cerrado desde octubre y que lo del viernes fue un simple protocolo.

“Allí se había perdido el sentido para lo que fue creado el lugar, ya no era para la actividad investigativa de los niños sino para la venta de plantas, y la alcaldía no podía permitir que a un bien de su propiedad otros le sacaran usufructo”, señaló. Insistió en que no hubo destrucción del espacio sino desmonte.

“El proyecto ya no tenía sentido: con el auge constructivo de El Retiro, las mariposas perdieron su hábitat; ya ni se ven”, concluyó Botero.

En un comunicado, la Corporación exigió de la alcaldía una explicación de los hechos, pues en el cierre del lugar, que se hizo sin su presencia, se perdió una colección de 63 especies de mariposas. También 23 plantas hospederas y las repisas en las que las colecciones estaban montadas.

Juliana Villada, una apasionada por este insecto y por la labor que desarrollaba con los niños, admitió que el espacio es propiedad del Municipio y que este podía disponer de él cuando lo deseara, pero lamentó que lo haya hecho de manera abrupta. Además, le quedó la sensación de que pese a que su grupo tramitaba un nuevo comodato del lugar, ya este no irá más y se perderá la oportunidad de seguir desarrollando su labor.

“La Corporación le solicita a la administración municipal (...) manifestarse acerca del proceso que hoy se ve afectado y perjudica a la vereda y, sobre todo, los ecosistemas y el desarrollo científico de la región”, dijo el colectivo.

Juliana advirtió que esta escasez de mariposas debería incentivar a que se luche por ellas. Afirmó que el colectivo buscará seguir la labor, pues “las alas no nos las cortaron”.

La Fiscalía General de la Nación reportó la captura, por orden judicial, de alias “Tato”, un sujeto que delinquía al occidente de Medellín.

Según la información, “Tato” tenía pertenece a la estructura criminal del sector Villa Flora (comuna 7, Robledo) y es acusado de los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

La captura se ejecutó con apoyo de unidades del Ejército Nacional.

EPM entregó la mañana de este jueves diferentes imágenes de los avances en el proceso de drenaje de la Casa de Máquinas en Hidroituango.

Estas obras hacen parte del proceso de recuperación del corazón de la central hidroeléctrica luego que tuviera que ser inundada para darle paso al río Cauca con el fin de evitar una tragedia en las comunidades aguas abajo del proyecto.

A través de un comunicado, aseguraron que están trabajando con seis motobombas que drenan 1,6 m3/s de agua de la casa de máquinas y en paralelo reparan las galerías y el túnel de acceso para extraer los residuos estancados en los recintos.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, aseguró desde hace varios días que esta semana terminaría la desinundación de la sala.

En la medida en que avance el drenaje del agua desde las cavernas y cuando se puedan tener asegurados los ingresos para evitar accidentes, se inspeccionará y se evaluará la estructura y su estado.

El túnel de desviación se encuentra en la cota o altura 260 metros msnm, por debajo de la cota del vertedero que se ubica en la cota 401 msnm.

Este túnel cobró un valor especial en la contingencia, porque desde allí se adelantan los trabajos de pretaponamiento del túnel auxiliar de desviación, con la instalación de las compuertas y del túnel derecho con las inyecciones de concreto.

Un total de cinco personas fueron asesinadas el miércoles 6 de marzo en Medellín, lo cual elevó a 110 el número de homicidios registrado este año en la capital antioqueña.

Hasta la misma fecha del año anterior, el total de personas asesinadas en la ciudad fue de 106, lo que representa un incremento del 3.8%.

Las últimas víctimas, según el reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, Sisc, fueron las siguientes:

Cristian David Laverde Valencia, de 18 años, quien recibió múltiples impactos de bala cuando se encontraba ejerciendo sus labores en un taller de mecánica ubicado en la comuna 12, La América. Los asesinos fueron tres hombres que llegaron en motos hasta el lugar y huyeron luego de cometer el delito.

Sergio Eliécer Bolívar Toro, de 35 años, hallado muerto debajo de un puente en la vía al Túnel de Occidente un día después de que hubiera sido sacado de su casa, en la comuna 13, por desconocidos.

Steven Machado y Miguel Ángel Calle, dos jóvenes de 24 y 23 años de edad, quienes fueron atacados cuando iban en su moto por el sector de La América, comuna 12, por dos sujetos que también se movilizaban en motocicletas.

La quinta víctima es un hombre sin identificar (NN), pero que era conocido como Raider Gelver, de nacionalidad venezolana, quien ingresó con heridas propinadas con arma de fuego recibidas cuando caminaba por una calle del corregimiento Altavista. Según el Sisc, la víctima, al escuchar unos disparos, se ocultó detrás de un vehículo, pero de todos modos fue impactado y murió en un centro asistencial al que fue trasladado tras recibir los impactos. Se calcula que tenía 17 años de edad.

En todos los casos, las autoridades desconocen las causas de los crímenes y quiénes fueron los autores de los mismos. Es decir, por ahora hay impunidad.

En otras localidades del Valle de Aburrá también se registraron víctimas de asesinato. En la vereda Pan de Azúcar, de Sabaneta, al interior de un automóvil fue ultimado con arma de fuego Luis Felipe Restrepo Pulgarín, de 25 años. Tampoco se conocen los móviles ni autores.

En Girardota, en la vereda Loma de Los Ochoa, fue hallado muerto, con múltiples heridas de arma blanca, un hombre de aproximadamente 50 años, de quien se investigaban su identidad así como las causas del crimen.

La condena a 35 años de prisión que le fue impuesta en 2013 a Alejandra Salazar Rengifo por el asesinato de una niña de seis años, al lanzarla desde el piso 18 de un edificio de El Poblado, quedó en firme con un fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia en respuesta a un recurso de casación interpuesto por el abogado defensor de la condenada.

La sentencia a la joven Alejandra le fue impuesta el 22 de agosto de 2013 por el Juzgado 1 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, fallo en el cual también la inhabilitó por el mismo periodo para ejercer funciones públicas. En este último caso, la Corte redujo a 20 años la condena (de inhabilidad para cumplir funcionas públicas) por considerar que excede lo permitido por la ley, cuyo máxima condena es de 20 años.

La Corte, en su fallo de casación, negó la petición de la condenada, que pretendía la suspensión de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria.

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La defensa de Alejandra Salazar ya había apelado la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín, que en sentencia del 2 de junio de 2016 también confirmó íntegramente la condena.

Como se recuerda, la víctima del crimen fue la niña Valery Juliana Pérez Torres, a la que Alejandra cuidaba por tener una relación sentimental con el padre de la menor, quien estaba separado de madre de la infante, Jheimy Torres, residente en Bogotá en ese momento.

El crimen contra la menor fue cometido el 06 de julio de 2012 en horas de la mañana y un testigo que observó la caída de la menor fue clave en el juicio contra Alejandra Salazar, que tras arrojar a la pequeña salió del edificio como si no hubiera ocurrido nada, pero las cámaras de los ascensores la captaron arreglándose el cabello con total indiferencia, para dar a entender que no sabía del caso.

Pero pese a la altura, Valery cayó viva y logró hablar ante las enfermeras que la socorrieron para expresar que había sido lanzada desde la altura y que no había sido un accidente. Ante un policía, acusó directamente a su madrastra, Alejandra Salazar. La niña, sin embargo, aunque luchó por su vida y su caso fue considerado milagroso, murió 5 días después (el 11 de julio de 2102) a causa de la gravedad de sus heridas.

Contra el falla de casación de la Corte Suprema no caben más recursos. La condena ya es definitiva.

Durante sus intervenciones ante la Corte Constitucional, los gobernadores de los departamentos más afectados por los cultivos ilícitos sentaron sus posturas sobre el uso de glifosato para combatirlos.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, afirmó que “los ilegales caminan más rápido que las autoridades”. Argumentó que una de las razones por las que la erradicación manual no ha sido efectiva es por su alto costo. Según sus cuentas, erradicar una hectárea bajo este método cuesta unos ocho millones de pesos.

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“Ser colombiano debería producir orgullo, pero no se ha vuelto así. Colombia es sinónimo de cocaína en todos los países del mundo. Los cultivos son monstruos de siete cabezas. Estamos perdiendo la guerra de erradicación”, manifestó.

Gobernadores de Nariño y Putumayo, contra el glifosato

El gobernador de Nariño inició su intervención lamentando que el presidente Iván Duque no se haya quedado a escuchar la voz de los mandatarios regionales en un tema tan sensible, particularmente para su departamento, como el narcotráfico.

“La erradicación humana nos ha costado lo más valioso: las vidas humanas. Policía y campesinos han perdido la vida en labores de erradicación”, expuso el mandatario argumentando que una de las soluciones es la sustitución efectiva de cultivos, incluso por encima del uso del glifosato.

Dijo que desde el sur no están de acuerdo con el uso del químico para la aspersión aérea ya que eso no solucionaría la problemática social que se ha generado alrededor del narcotráfico.

En este mismo bloque intervino la gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca, quien señaló que no centrará el debate en un herbicida, sino en más de 20.000 familias que esperan una inversión sólida que fortalezca el tejido social de los habitantes de su departamento.

“A estas familias que tienen la voluntad de decirle no a la resiembra, que están luchando por un mejor país, no les podemos salir con un chorro de babas. Ellas están a la espera de que se les cumpla lo prometido en los programas de sustitución de cultivos”, manifestó la mandataria.

Los departamentos más afectados por los cultivos ilícitos son, en su orden, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia y Cauca.

La Secretaría de Salud de Antioquia tomó la decisión de pedir al hospital E.S.E. San Juan de Dios de Valdivia, en el norte del departamento, la devolución de $181 millones que habían sido entregados para que los dirigentes municipales hicieran la compra de una ambulancia.

A pesar de que los recursos para adquirir el vehículo ya habían sido entregados desde enero, hasta la fecha no se ha realizado la compra por diferencias entre el alcalde del municipio, Jonás Darío Henao Cardona, quien a su vez es el presidente de la junta del centro de salud, con el gerente del hospital, Juan Felipe Speck Morales.

Con esta decisión, el ente departamental espera agilizar el proceso para comprar la ambulancia, la cual iba a ser utilizada para atender los habitantes del Valdivia y los damnificados de la emergencia generada por Hidroituango.

De la totalidad del dinero, $81 millones fueron puestos por la Secretaría de Salud de Antioquia. Los otros $100 millones los entregó el Ministerio de Salud y Protección Social.

Asimismo, se espera que Valdivia tenga otra ambulancia más en el futuro cercano, cuando se haga efectiva una licitación que adelanta la Gobernación de Antioquia para la compra de otras 35 ambulancias que beneficiarán el mismo número de municipios.

En la tarde de este jueves, uniformados de la Policía Nacional con apoyo de la red de cámaras del 123, lograron interceptar una motocicleta que había sido hurtada y asimismo la captura de uno de los presuntos responsables del delito.

El hecho se registró en El Poblado, cuando dos sujetos en moto tumbaron a un conductor y uno de ellos huyó conduciendo el vehículo ajeno.

“La moto, además, tenía un GPS y el ciudadano logra informarnos oportunamente las características del vehículo que le acababan de hurtar”, dijo el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Gracias a esa información, el sistema de cámaras pudo ubicar y observar tanto la moto hurtada, como la otra en la que se movilizaban los sujetos que serían responsables del hecho.

De esta forma, las unidades de Policía lograron interceptar la motocicleta y capturar a una persona en una estación de gasolina del sector Palos Verdes, en la comuna 3 (Manrique), al nororiente de la ciudad.

El general Camacho advirtió que, aunque se logró recuperar la moto hurtada y capturar uno de los implicados, el otro sujeto emprendió la huida y trabajan en su búsqueda.

Desde hace tres años se firmó un pacto de cumplimiento entre Metro y Metroplús para que esta última adecuara la estación San Pedro como un lugar para ofrecer servicios; sin embargo, se ha venido prorrogando año tras año hasta la fecha, y nuevamente la empresa estima lograrlo antes de diciembre.

En enero se cumplió la fecha fijada por el Juzgado 16 administrativo de Medellín para que Metroplús instalara en esta parada —que no sirvió para cargue y descargue de pasajeros— oficinas, áreas comunitarias y una bibliometro (red de bibliotecas públicas del sistema metro).

No obstante, desde diciembre del año pasado, Metroplús había reconocido que no podría terminar las obras a tiempo, aduciendo la demora de trámites y permisos ante curadurías y Planeación Municipal.

“El pasado 22 de febrero, en audiencia pública, expresamos al juez y a la Procuraduría Ambiental y Agraria en qué avanzaba el pacto de cumplimiento, que por temas relacionados con uso de suelo requería un nuevo cronograma y eso fue lo que solicitamos”, expresó Andrés Moreno, gerente de la empresa.

Agregó que debido a la documentación y el respaldo que tienen para justificar la demora de las obras, Metroplús no fue sancionado y solo esperan que el juez revise el plan presentado y apruebe las nuevas fechas.

Moreno indicó que esperan terminar el tema de permisos en máximo tres meses, y luego los trabajos en la estación tardarían menos de cinco meses, por lo cual “esperamos que San Pedro pueda estar lista este año”, dijo.

Entretanto, habitantes del área de influencia de esta parada insisten en que la inclinación que tiene el lugar puede resolverse y así funcionaría para lo que fue construida: cargue y descargue de pasajeros.

Guillermo Lainez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Manrique 1, reveló que durante la audiencia pública de febrero ni siquiera por petición de la Procuraduría dejaron expresar la voluntad de la comunidad.

“A raíz de esto, adelantaremos acciones frente a la administración municipal, ni siquiera con Metroplús o el Metro, nos vamos a olvidar de ellos y vamos a ver si nos escucha la alcaldía”, apuntó.

Si en Medellín, gobierno, empresas y transportadores no conversan sobre lo que cada uno puede poner para contribuir con una movilidad sostenible, será difícil que la gente deje el carro en casa.

Así lo consideran dirigentes gremiales y expertos preocupados, como miles de usuarios, por las congestiones que se presentaron en estaciones del metro el miércoles y jueves pasado, días en que rigió la ampliación del horario de pico y placa en el Valle de Aburrá.

Si bien Medellín cuenta con un sistema integrado de transporte público (metro, metrocable, metroplús, tranvía y alimentadores), la cantidad de gente que se acumuló en busca de uno de esos modos para llegar a los trabajos y al estudio, generó caos.

Y es que según cifras de la empresa Metro, el aumento de pasajeros ayer en el sistema fue del 10 por ciento, entre las 6:00 a.m. y las 6:59 a.m., con respecto al jueves 28 de febrero, pasando de 108.023 usuarios a 120.131.

Las quejas de los usuarios por las congestiones no se hicieron esperar. Por ejemplo, en Twitter, César Saavedra reveló una imagen en la que se aprecia una fila que, incluso, sale de la estación Madera.

“No es responsabilidad del Metro, ustedes son los mejores, es la falta de estrategia tras las medidas de pico y placa ambiental. Ejemplo, ¿si aplica para todo el área metropolitana, por qué no se habilitan rutas de buses que hagan un recorrido similar?”, indicó.

La culpa no es del metro, aseguró Juan David Parra, jefe de Servicio al cliente de esa empresa, al anotar que no ha existido corresponsabilidad por parte de la industria en el sentido de tener horarios escalonados.

“Somos una ciudad con horarios estándares hace tiempo para la mayoría de personas, que ingresan y salen a la misma hora. La idea es que las empresas tengan horarios escalonados y podamos extender los picos de frecuencia”, apuntó.

Para Sergio Ignacio Soto, director de Fenalco Antioquia, es urgente que el Valle de Aburrá se comporte como una metrópolis en la que las personas van al trabajo a las 8:00 a.m, y también a la 1:00 a.m. o a las 4:00 a.m.

“Esas horas de más serán de vida productiva, académica, de competitividad y turismo de congresos, negocios, certámenes feriales, inversión extranjera y eso nos ayudará a salir de esta coyuntura de la contaminación y congestión”, señaló, no obstante instó por que se adquieran más vagones para el metro y buses eléctricos para metroplús.

Soto propuso que las empresas y colegios adopten jornadas continuas, por ejemplo entrando a las 6:00 a.m y saliendo a las 2:00 p.m. lo que generará y trasladará la alta movilidad a las horas valle.

“Me comprometo a que el sector empresarial e industrial de confección que necesite transporte de carga lo haga en las noches, pero para eso necesitamos seguridad pública que evite los robos”, dijo.

Édgar Higuera, coordinador de Logística de la Andi, se mostró confiado en que la industria adopte nuevos horarios, escalonados o no habituales, de trabajo. “Para que funcione debe haber concertación entre las empresas y las alcaldías. Y no es desde el punto de vista de la restricción, porque a muchas personas se les olvida que una ciudad tiene que ser abastecida de alimentos”, enfatizó y concluyó que muchas empresas están interesadas en adquirir vehículos eléctricos a cambio de poder circular a cualquier hora .

La fachada del Hospital Venancio Díaz Díaz de Sabaneta—de ladrillos blancos y cubierta de ventanas— es la misma desde hace más de dos décadas. No cambia nada, dice Mariana Tobón, se ve desgastada y parece necesitar de mantenimiento.

“Por eso no vamos al Hospital, no nos da confianza”, comenta Tobón, quien reside desde hace 30 años en la localidad. “Además, el tiempo de espera allí es larguísimo”.

Y es que la comunidad de Sabaneta espera, desde hace años, que se realicen intervenciones en la sede de la única IPS pública del municipio, creada en los años noventa.

“¿Por qué ha demorado tanto el Municipio en adecuar o implementar una nueva sede?”, se pregunta Héctor Yepes, secretario General de Sabaneta, “no sé, pero nosotros ya lo estamos haciendo”.

El secretario agrega que, cuando inició esta administración en 2016, el Hospital estaba en crisis económica. Para salvaguardarlo, se han realizado inversiones cercanas a los $15.000 millones en 3 años. Aunque la modernización de la IPS quizás no es notoria en su aspecto externo, dice el funcionario, sí son evidentes en la planta interna y en la atención al ciudadano.

En medio de todo, las buenas noticias para la remodelación del Venancio Díaz llegaron por parte del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quiendurante la celebración de los 50 años del municipio, en noviembre de 2018, anunció recursos por $22.000 millones para la construcción de un nuevo hospital.

El aporte inicial para materializar estas obras, dijo el mandatario, sería de $ 5.000 millones. Sin embargo, estos recursos aún no llegan.

Y están a la espera. Yepes precisa que después del anuncio del gobernador, la administración comenzó a trabajar en el proyecto y que ya están finalizados los diseños y estudios técnicos para la intervención del hospital.

En ese sentido, dice el secretario, el Municipio aportaría entre $10.000 y $11.000 millones, pero necesita que la Gobernación disponga de los recursos anunciados para comenzar las obras.

De acuerdo con Rubén Darío Cano Torres, gerente del Hospital, la propuesta presentada ante la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Salud contempla, entre otros aspectos, la modernización de la infraestructura del hospital, la repotenciación de la edificación y la adición en metros cuadrados construidos (pasando de 4.200 m2 a 8.400 m2). A esto se suma la intervención en urgencias, hospitalización, servicios quirúrgicos y estaciones de enfermería.

“Construiremos un hospital con zonas de circulación y sismicidad que cumplan la norma. Se dotará de equipos modernos de ascensores, zona de lavado de ropas, aire acondicionado, red de eléctrica y de incendios”, explica Cano.

¿Y qué pasó con las celdas de parqueo que tuvieron que eliminarse para dar paso a las obras de la calle 77 sur? El gerente agrega que, para resolver este problema, los nuevos diseños contemplan un piso de parqueaderos para la sede.

Montoya destaca servicios como el de vacunación y la Unidad Móvil Odontológica.

¿Y sobre el deterioro de la fachada? Para la presidenta de las juntas hay que tener en cuenta, precisamente, los trabajos en la doble calzada de la 77 sur, que pudieron incidir en su deterioro. Y por eso, dice, es prioritario que lleguen los recursos para darle un empujón al mantenimiento .

Surgió en 2014 como una solución para recuperar el retraso de un año que tenía la desviación del río Cauca, dentro de la ejecución de Hidroituango. Una auditoría de la Contraloría General afirmó después que este túnel, denominado Galería Auxiliar de Desviación (GAD), empezó a construirse 13 meses antes de obtener licencia ambiental.

Sin embargo, el hecho de mayor notoriedad fue el colapso de la estructura, que marcó el comienzo de la contingencia en Hidroituango.

Hicimos una radiografía de los acontecimientos que marcaron la historia de este tercer túnel, el punto de inflexión para la futura central.

El diseño original del proyecto contempló el desvío con dos túneles de 14 metros de ancho por 14 metros de alto, conocidos como izquierdo y derecho. Conforme a lo establecido en el cronograma original, el río Cauca debía desviarse por dichos túneles a principios de 2013, sin embargo, se presentaron problemas en adquisición de predios, demoras en la construcción de vías de acceso y dificultades en los emboquilles de los pozos de compuertas, en el portal del sistema de desviación.

Finalmente, el río solo pudo ser desviado en febrero de 2014. Previo a ese hito, se analizaron alternativas para recuperar el atraso de un año que tenía el megaproyecto en ese momento. La conclusión fue construir un tercer túnel de desviación, conocido como GAD, que permitiría el cierre futuro de los dos primeros túneles y el posterior llenado del embalse. Además, esta GAD facilitaría que los dos túneles originales pudieran ejecutarse sin las compuertas previstas desde el comienzo.

En un documento dirigido al Congreso el 20 de septiembre pasado, EPM explicó que para avalar el funcionamiento de este sistema auxiliar de desviación se hizo un modelo hidráulico a escala en el Instituto Lactec de la Universidad de Paraná, en Curitiba (Brasil).

Los diseños de la GAD iniciaron en octubre de 2014 y están consignados en un informe denominado “Análisis de alternativas para el cierre de los túneles de desviación y llenado del embalse”. Dichos diseños fueron ejecutados por el Consorcio Generación Ituango (Integral-Solingral), a través del contrato CT-2011-009.

En una auditoría realizada al proceso de licenciamiento de Hidroituango, conocida en agosto de 2018, la Contraloría General confirmó un hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria y penal, por el comienzo de obras de la GAD sin el permiso ambiental requerido.

En el informe de 442 páginas, el ente de control afirmó que el 5 de julio de 2016 se solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la modificación de la licencia otorgada en 2009 para la construcción del sistema auxiliar de desviación.

En la resolución 1.139 del 30 de septiembre de 2016, la Anla otorgó la modificación y aprobó siete numerales. El primero de ellos fue el de la construcción de un túnel, “donde se instalarán las compuertas y la estructura de descarga de fondo que originalmente se tenía previsto instalar en los túneles de desviación”.

Pese a que las fechas de la modificación de la licencia estaban claras en el registro de la Anla, la Contraloría revisó los informes de interventoría, realizados durante la construcción de las obras civiles y el montaje de equipos electromecánicos, y evidenció que se iniciaron obras en el sistema auxiliar de desviación desde agosto de 2015, es decir, 13 meses antes de que se aprobara la modificación de la licencia.

Según la auditoría de la Contraloría, la Anla fue omisiva al momento de evaluar en campo y no evidenciar la realización de grandes obras por parte del proyecto hidroeléctrico, “sin los permisos ambientales obligatorios”. Asimismo, señaló que la “falta de un seguimiento adecuado no permite garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas al proyecto y el adecuado manejo ambiental de las actividades realizadas”.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Juan Esteban Calle Restrepo, gerente de EPM entre 2012 y 2015, dijo que “siempre entendió que el proyecto tenía todos los licenciamientos ambientales en orden” y afirmó que hay en curso una investigación sobre los temas procedimentales en el licenciamiento ambiental de la galería auxiliar de desviación.

“Esa investigación se tiene que concluir y EPM tiene que dar las explicaciones del caso, pero fue un tema procedimental. Si ahí hubo algún tipo de mal manejo e irregularidad, esas personas tienen que dar una explicación”, afirmó.

El 28 de abril de 2018, tras un desprendimiento parcial de material, la GAD sufrió una obstrucción que duró un día. El 30 de abril hubo otro derrumbe que la taponó definitivamente. El hecho produjo el embalsamiento aguas arriba y marcó el comienzo de la contingencia en el megaproyecto.

La GAD colapsó en el punto comprendido entre los 490 y 540 metros de longitud, zona situada a la salida de una curva después de la entrada.

Para conocer la causa física del taponamiento de la GAD, EPM contrató un estudio técnico a la firma noruego-chilena Skava Consulting, presentado el viernes pasado.

La causa física probable que inició el colapso sería la erosión. Esta fue progresiva en una zona donde se conjugaron la presencia de discontinuidades geológicas (cizalla) en el piso y el sector de mayor potencial erosivo del agua.

El túnel, en el sector donde se presentó el colapso, estuvo sometido a distintos tipos de regímenes de flujo en un corto periodo de tiempo. Fluctuó entre flujo libre, en transición y presión más de una vez en pocos días. Dicho comportamiento contribuyó a un daño acelerado en la capacidad estructural del túnel y el macizo rocoso circundante.

Una vez que la GAD perdió su forma y el flujo de agua indujo aumentos y oscilaciones de presión en el túnel, el soporte de la GAD perdió su funcionalidad y se aceleró la caída de material en la zona colapsada del túnel, produciendo obstrucciones que se manifestaron en disminuciones del caudal recibido del embalse.

Estas interrupciones produjeron efectos incontrolables y muy destructivos conocidos como golpe de ariete. La cavidad creció y alcanzó la roca de las paredes y del suelo, lo que finalmente detonó el colapso en forma abrupta. Este tapón continúa hasta la fecha.

Leonardo Bustamante Vega, gerente de Ingeniería de Skava Consulting, explicó el viernes pasado que esta zona de cizalla, donde se produjo la erosión y posterior colapso definitivo del túnel auxiliar, no fue tratada ni protegida, por un diagnóstico deficiente en la etapa de diseño.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, dijo durante la presentación del estudio causa raíz que al Consorcio Generación Ituango (Integral-Solingral) le correspondía dar las explicaciones pertinentes.

EL COLOMBIANO se contactó con Carlos Eduardo Isaza Aguilar, presidente ejecutivo de la firma Integral, quién informó que, por ahora, no darán declaraciones a medios de comunicación sobre las conclusiones del informe causa-raíz. “Por el momento estamos analizando en detalle el mencionado informe. Por lo pronto estaremos hablando con EPM”, sostuvo Isaza.

En Antioquia por lo menos 14.000 personas que ganan más de dos salarios mínimos ($1,6 millones mensuales) están afiliados al régimen subsidiado de seguridad social, un mecanismo de cobertura en salud diseñado para la población más vulnerable y con menores recursos.

La denuncia la hizo Carlos Mario Montoya, secretario de Salud de Antioquia, quien aseguró que ya inició la depuración de los sistemas para retirar los subsidios que reciben las personas con capacidad de pago.

“Desde el año pasado La Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales –UGPP- del Ministerio de Hacienda nos había enviado la información de que había muchos colados en el régimen subsidiado. Nosotros solicitamos los listados y se los enviamos a cada municipio, para que cada uno haga la revisión y verifique si son o no susceptibles de estar en ese régimen”, dijo.

Uno de los primeros municipios en revisar sus datos fue Concordia donde, según Montoya, ya 350 personas con capacidad de pago fueron retiradas del régimen subsidiado.

Beatriz Gallo Vélez, secretaria de Salud de Concordia explicó que la Alcaldía se comunicó con las personas mencionadas por la UGPP, y que sus nombres fueron publicados en carteleras. A través de medios locales de comunicación y de carteleras, les notificaron los motivos del retiro de la base de datos. “Como reacción, hoy ya con 167 personas han interpuesto derechos de petición, tratando de corregir lo que consideran un error”, indicó.

La funcionaria aclaró que ninguna persona se ha quedado sin la prestación oportuna de los servicios. “Se les sigue atendiendo hasta tanto no se aclare la situación de cada usuario”, precisó.

Usan más transporte público que los hombres, pero se sienten más inseguras en las noches. Trabajan igual o más, pero en promedio ganan menos. Las matan menos que a los hombres pero siempre está al acecho la violencia de género.

Las diferencias entre hombres y mujeres en la capital antioqueña aún pueden palparse en ciertos indicadores que muestran que la equidad aún es una utopía que se busca pero que está lejos de ser una realidad.

Aquí le mostramos algunos datos del informe Medellín Cómo Vamos que muestra temas tan diversos como violencia de género, embarazo adolescente, empleo juvenil y que las mujeres reciclan y participan más de la vida en comunidad:

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer?

Lejos del lugar común de felicitar con flores a las mujeres por su ternura y dedicación, el Día Internacional de la Mujer es una buena oportunidad para reflexionar sobre las desigualdades que se mantienen en la sociedad.

Según ONU Mujeres, el 59 % de las “mujeres más vulnerables” en Latinoamérica son madres a los 19 años, o antes y la inserción de las mujeres al mundo laboral en países como Colombia logró avances importantes en la pasada década pero está estancado en el 54 % hace varios años.

También es un momento para recordar a las mujeres pioneras del feminismo que, a punta de protestas y de exigir igualdad de derechos, fueron consiguiendo a principios del siglo XX conquistas como el voto femenino o la participación en espacios públicos y/o profesiones otrora reservados para el público masculino.