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Contratistas superan nómina del Municipio

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VÍA PRESTACIÓN DE servicios y convenios interadministrativos el Municipio de Medellín contrató a 8.400 personas. El secretario General, Gustavo Arboleda, afirma que este personal era necesario para poder ejecutar el plan de gobierno de Alonso Salazar Jaramillo.
Los números, por sí solos, bien pueden ser interpretados como una gran generación de empleo, pero, también, como una nómina paralela: el Municipi0 de Medellín tiene una planta de 5.669 funcionarios y a través de contratos de prestación de servicios y convenios interadministrativos el nivel central contrató a 8.400 personas, lo cual demandó una inversión superior a los 256.249 millones de pesos.

Según documentos conocidos por EL COLOMBIANO, de dicha cuantía el mayor valor fue manejado a través de la Secretaría de Gobierno. Esta dependencia suscribió 17 convenios interadministrativos con el Colegio Mayor de Antioquia, la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), con un presupuesto superior a los 69.160 millones de pesos y la vinculación de 1.211 personas a su ejecución.

A lo anterior se añaden ocho contratos de prestación de servicios, por valor de 90,3 millones de pesos.

No obstante, por el número de personas vinculadas sobresale la Secretaría de Educación, con 3.692 personas relacionadas con la ejecución de 35 contratos de prestación de servicios y 9 convenios interadministrativos con el Colegio Mayor de Antioquia, la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), la Empresa Social del Estado (Metrosalud) y el Instituto Pascual Bravo.

¿Para qué tanta gente?
Gustavo Arboleda, secretario General de la Alcaldía, afirma que aquí no cabe la figura de la nómina paralela, porque las labores que desarrollan esos contratistas no corresponden a las actividades rutinarias de la administración. Dicho de otra manera, no duplican el trabajo de funcionarios de planta, pues la mayoría está vinculado al desarrollo de proyectos específicos contemplados en el Plan de Desarrollo de Alonso Salazar Jaramillo.

Por esa misma razón, el presupuesto de estos convenios y contratos de servicios no se imputa como funcionamiento, sino como inversión, con lo cual se queda a salvo de los límites que impone la Ley 617 en materia de gastos de funcionamiento.

Arboleda le dijo a este diario que estos contratos y el personal vinculado a los mismos es conocido tanto por el Departamento de la Función Pública como por los entes de control y con ninguno de ellos se han tenido inconvenientes.

En otras fuentes municipales este diario estableció que de los 8.400 contratistas solo 493 están haciendo labores del giro ordinario de la Alcaldía, o sea que podrían tipificarse como nómina paralela.

No son pocos los casos en que los contratistas llevan 4 y hasta ocho años trabajando para el Municipio y hay quienes temen que esto dé lugar a demandas por lo que jurídicamente se conoce como "contrato realidad".

El tema pasa por la modificación de normas como la Ley 617 y con por lo menos 2.000 personas de planta que, se estima, requiere un municipio como Medellín.
Contexto
Convenios perniciosos: SAI
Álvaro Villegas Moreno, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), es un duro crítico de los convenios interadministrativos, una modalidad del corte "yo con yo" a nivel estatal y en la que no se hacen procesos licitatorios. En el caso de los firmados con universidades públicas, el dirigente gremial considera que allí se genera una competencia desleal y desigual entre el centro docente y los profesionales que forma en sus aulas. Entre otras razones, porque la Universidad no paga impuestos y disfruta de una infraestructura que es pagada por todos los contribuyentes.

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