Contraloría halló presuntas irregularidades en Honorarios millonarios en el Idea, denunciados por El Colombiano.
El 19 de junio de 2011 el periódico El Colombiano publicó una investigación sobre "Honorarios millonarios en el Idea" (1). De oficio, la Contraloría General de Antioquia auditó el caso y encontró un presunto detrimento patrimonial de 277 millones 636.272 pesos, en dos contratos firmados por la administración del hoy exgerente General del Instituto, Álvaro Vásquez Osorio, con el abogado Carlos Alberto Velásquez Restrepo.
La notificación oficial la recibió este diario el 10 de mayo de 2012, mediante carta firmada por Jaime Humberto Zuluaga Correa, Contralor Auxiliar de Indagación Preliminar (2).
La historia periodística reveló que en uno de los contratos el abogado pidió inicialmente 1.100 millones de pesos por sus servicios, suma que el profesional del derecho confirmó en entrevista personal con este medio y que Vásquez Osorio negó por escrito.
La Junta Directiva del Idea no aprobó esa pretensión económica. Sin embargo, el 10 de agosto de 2010 facultó al Gerente General para que contratara al mismo abogado (3). Su misión: que el Idea ejerciera su derecho a retirarse como accionista de Plaza Mayor, con lo cual recibiría 10.544 millones de pesos por sus acciones. Una razón para ello, es que cuando Plaza Mayor absorbió al Centro Internacional de Convenciones (CIC) el Instituto bajó su porcentaje de propiedad, del 10,717 por ciento al 6,077 por ciento, y perdió el miembro de Junta que ponía.
Al final, el abogado pactó sus honorarios en 174 millones de pesos, IVA incluido, en el contrato N° 0686 (4).
Fuentes de la Contraloría le indicaron a este diario, extraoficialmente, que el abogado no cumplió con las obligaciones contempladas en la cláusula segunda del contrato, "a causa de no haberse realizado el proceso arbitral, lo que llevó a no requerirse ninguna actuación por parte del señor Velásquez Restrepo referente al cumplimiento del objeto mismo del contrato". Pese a ello, añade el ente de control, el Idea "canceló la suma de $139.200.000 correspondiente a la primera cuota del valor total del contrato, suma que se presume como detrimento patrimonial, inobservando el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000".
La Contraloría destaca que el 25 de noviembre de 2010 se hizo una modificación y ampliación del contrato en estos términos: "prestación de servicios profesionales como apoderado del Idea en el proceso arbitral instaurado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia en contra de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. y en el proceso que debe formularse ante la Superintendencia de Sociedades para ejercer el derecho de retiro". El asunto es que, para la Contraloría, "no se evidenció la justificación previa a dicha modificación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 2474 de 2010".
¿Qué dice el abogado?
Consultado sobre estas presuntas irregularidades, el abogado Velásquez Restrepo manifestó que el Idea, antes de contratar sus servicios, promovió un proceso arbitral contra Plaza Mayor (5). Él obró como apoderado arbitral del Instituto y en calidad de tal vio que los árbitros tasaron la pretensión del Idea en 11.000 millones de pesos.
Dada esa realidad, "se midió el riesgo de perder el proceso, y al observar que con dicha pérdida se podría resultar condenado en costas en un valor de 3.000 millones de pesos, equivalentes al 30 por ciento de los 11.000 millones de pesos, se optó por agotar los efectos del pacto arbitral y llevar el litigio a la Superintendencia de Sociedades, en donde no se presentaría esta contingencia".
La Supersociedades, a su turno, dijo no ser competente para tramitar esa controversia, "razón por la cual -agrega Velásquez Restrepo- la misma debe ponerse en conocimiento de los Jueces Civiles del Circuito de Medellín, para lo cual, estamos a la espera de que el Idea nos envíe el poder debidamente diligenciado, que fue remitido por esta oficina al doctor Horacio Vélez de Bedout (anterior Gerente General), con un informe de los dos procesos, el día 21 de febrero de 2012".
Velásquez Restrepo habla en tiempo presente del caso porque, "este contrato en nuestra opinión esta vigente". Así mismo, precisa que "aparte de los honorarios pagados por el Idea para representarlo ante el tribunal de arbitramento no han sido, ni serán cobrados otros diferentes, pues estos cubren toda la labor tendiente a obtener una decisión de fondo ante la autoridad que sea competente".
Demanda sin éxito
Ni al Idea ni a Carlos Alberto Velásquez Restrepo les fue bien en un segundo contrato de representación legal, cuya génesis está en el Acta 003, del 24 de febrero de 2009, de la Junta Directiva del Idea (6).
Consta allí que Álvaro Vásquez Osorio pidió autorización para contratar al abogado, para llevar el proceso de impugnación de una capitalización de Hidroituango, en la que el Instituto perdió la mayoría accionaria. Reza el Acta: "comenta que la propuesta económica presentada por el abogado oscila alrededor de $1.000 millones pagaderos así: 40% en tres contados iguales y 60% como comisión de éxito del proceso. La Junta Directiva aprueba la contratación en los términos señalados por el Gerente".
Para esa fecha, el mismo abogado tenía en ejecución un contrato de acompañamiento jurídico con el Idea, el 0413 del 30 de julio de 2008, cuyo valor inicial, de 47,9 millones de pesos, fue adicionado en 23 millones 998.000 pesos.
Soportado en documentos oficiales del Idea, este diario mostró cómo la Junta impartió esa autorización, pero en las semanas siguientes se inquietó con el contrato millonario "por alrededor de 1.000 millones de pesos" (7) y (8).
Con todo y las dudas, el 15 de mayo de 2009 se firmó el contrato 0370 con Velásquez Restrepo, para representar al IDEA en un proceso abreviado de anulación a instaurar contra la sociedad Hidroituango, para impugnar la decisión social contenida en la Resolución 007 de 2004, mediante la cual se aprobó un reglamento de colocación de acciones (9).
El monto de los honorarios se fijó así: 795 millones 610.768 pesos, pagaderos de la siguiente forma: una cuota fija de 238 millones 683.230 pesos. Y una comisión de éxito de 556 millones 927.538 pesos, si por laudo o sentencia se declara la nulidad pretendida; si se termina el proceso por causa distinta, la comisión será de 159 millones 122.154 pesos.
Según las indagaciones de este diario, el abogado contratado por Hidroituango para responder la demanda del Idea, pidió 5 millones de pesos por sus servicios. ¡Y ganó
El Idea presentó su demanda el 2 de junio de 2009 y para esa época, según normas del Código de Comercio, ya había caducado el plazo de dos meses para impugnar la decisión tomada por Hidroituango. Así lo manifestaron los jueces civiles y así lo ratificó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
En línea con lo notificado a este diario por la Contraloría, investigadores del organismo de control fiscal en Antioquia establecieron que "se presume un detrimento por 138 millones 436.272 pesos, correspondiente al 50% del valor del contrato pagado al señor Velásquez Restrepo, el 50% restante no fue cancelado, dando cumplimiento a la cláusula tercera del contrato 0370, inobservando el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y el numeral 7 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993".
Las fuentes consultadas destacaron que en la auditoría al Idea, "tampoco se halló acta de liquidación de este contrato", que sería una violación a la Ley 80 del 93.
El contratista reconoce que el tiempo para impugnar la decisión de Hidroituango estaba caducado. Por ello, se apoyó en una tesis del Tribunal Superior de Medellín, con ponencia del exmagistrado José Fernando Ramírez Gómez:_cuando han caducado los dos meses para interponer la acción de impugnación, si está involucrado el orden público y el interés común, queda abierta la posibilidad de acudir al proceso abreviado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 233 de la ley 222 de 1995 y el artículo 194 del Código de Comercio.
Ni los jueces ni el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín acogieron ese planteamiento del apoderado del Idea, quien insiste en que dos meses son pocos para sanear irregularidades que se puedan presentar en decisiones de órganos sociales y más cuando se han violado normas civiles, comerciales o estatutarias.
Por último, el comercialista recuerda que "la obligación de los abogados es de medios y es imposible asegurar el resultado de cualquier proceso. De no ser así, todos los abogados que representen judicialmente al Estado y que pierdan los respectivos procesos serían responsables de un detrimento patrimonial, así no hubieran sido negligentes en la atención del proceso, como ocurrió en el presente caso, pues todas las diligencias judiciales fueron atendidas y sustentadas en su integridad".
Este asunto, así como otros contratos firmados con abogados externos por el Idea, están incluidos en el informe de auditoria anual que la Contraloría le hace al Instituto. Sus resultados serán divulgados en los próximos días.
El implicado
Álvaro Vásquez respondió a este diario con amenazas
"Buenas noches Germán:
El esfuerzo de preparar una detallada y responsable respuesta a tus cuestionarios siempre sobre presuntas irregularidades y presuntos detrimentos, como lo he hecho tantas veces, no tiene ningún sentido, para que luego solo cites por fuera de contexto las frases que convienen a tus muy personales intereses, hablando muy claro eso sí, de tu poca ética periodística. Prefiero que publiques lo que quieras y a lo mejor hasta me resulta material adicional para acumular en la carga de la prueba que me corresponde en el proceso penal que por cuatro delitos adelanta la Fiscalía General de la Nación en tu contra. ¿Te atreves a publicar esta respuesta?
Cordial saludo.
Álvaro Vásquez Osorio"
El exgerente General del Idea le remitió copia de su respuesta por correo electrónico a Henry Pava Camelo, Sinergia Informativa, Marisol Orozco, Edgar Augusto Arias Bedoya, rt@elcolombiano.com y al abogado Juan Oberto Sotomayor Acosta.
Textualmente
Otro caso analizado por la Contraloría
Juan Oberto Sotomayor Acosta -una de las personas a las que Álvaro Vásquez Osorio, exgerente General del Idea, les puso copia de su respuesta a El Colombiano- firmó con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia un contrato en el que la Contraloría departamental también halló un presunto detrimento.
"Revisado el contrato de prestación de servicios 0244 de abril 15 de 2011 por $90.000.000, celebrado entre el IDEA y el señor Juan Oberto Sotomayor Acosta y cuyo objeto contractual es "brindar asesoría jurídico penal al IDEA, formular las correspondientes denuncias penales y actuar en representación del Instituto en todas las investigaciones y procesos relacionados con las posibles conductas punibles de estafa y falsedad en documento público, cometidas por el exfuncionario Froilán de Jesús Ortíz Gallego, durante el ejercicio de su cargo" se observó la siguiente irregularidad:
Al verificar el Manual de funciones y la planta de cargos de la Entidad adoptados mediante Resoluciones 014 y 015 del 3 de noviembre de 2010 respectivamente, se encontró que la Entidad cuenta con el personal idóneo y que las funciones desempeñadas por el contratista se encuentran contempladas dentro del Manual de funciones Articulo primero numeral 10 literal A y numeral 15 literal b Nivel Profesional el cual reza "Representar judicial y extrajudicialmente al IDEA en los trámites administrativos, de policía y judiciales en los que sea parte por activa, por pasiva o tercera vinculada". Por lo anteriormente expuesto el valor del contrato 0244 de abril 15 de 2011 celebrado con el señor Juan Oberto Soto Mayor se constituye en un presunto detrimento patrimonial, inobservando el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000".
Entrevista
Abogado: no administro bienes del Estado
El abogado Carlos Alberto Velásquez Restrepo afirma que no es posible que su acompañamiento judicial haya significado un detrimento patrimonial para el Idea. Sus tarifas, anotó, estuvieron ajustadas a las propuestas por el colegio de abogados, él no administra bienes públicos y las cuantías de los contratos fueron aprobadas por la Junta del Instituto.
¿Están vigentes ambos contratos que usted suscribió con el Dr. Álvaro Vásquez Osorio?
"El Nro. 0370 se terminó al finalizar el proceso en el Tribunal Superior de Medellín. Con relación al Nro. 0686, estamos a la espera del poder que nos ha de remitir el Idea para presentar nuevamente la demanda ante la jurisdicción ordinaria".
¿Ha hablado con el Dr. Vásquez sobre este asunto?
No. En absoluto.
Según link anexo (10), usted participó en el Comité Promotor de la campaña de Álvaro Vásquez Osorio a la Gobernación de Antioquia (2008-2012). ¿Cuánto dinero aportó para la financiación de esa campaña?
No formé parte de ningún Comité Promotor, no he asistido a ningún acto partidista en la campaña del señor Vásquez, ni publico ni privado, ni he contribuido con dinero en la campaña de este. Mi contabilidad está a su disposición para que verifique las erogaciones que he hecho; y le pido, respetuosamente, que verifique en la contabilidad de la campaña del Sr. Vásquez si recibió algún aporte en dinero de mi parte.
Mi contabilidad refleja en forma clara completa y fidedigna todo el estado de mis cuentas, pues, por disposición fiscal y tributaria, debo llevarla en forma estricta, sin borrones, enmendaduras ni alteraciones de ninguna clase".