"Abuelita, nos tumbaron la casa, pero ya conseguí para dónde llevarla", le dijo María Emilse Montoya a una anciana de 90 años que, sentada en una silla plástica, miraba el desalojo de un asentamiento de unas 50 casas en el barrio La Cruz.
Ayer, desde las 6:00 a.m., funcionarios de Obras Públicas y de Espacio Público, apoyados por la Policía, empezaron a tumbar los 50 ranchos levantados, hace cuatro meses, con madera, plástico y zinc, en una cañada, entre los barrios La Cruz y Bello Oriente. Allí otras 120 familias ya habían iniciado el banqueo.
Emilse y sus compañeros de invasión se molestaron, porque no les avisaron del desalojo y por la forma como los sorprendieron tan temprano, sin darles tiempo de sacar sus enseres. Se negaron a ir a un albergue.
El personero delegado para Derechos Humanos de Medellín, Jesús Sánchez, indicó que el terreno es del Municipio y es zona de riesgo. Sobre reclamos de que el desalojo fue sorpresivo, explicó que hace dos meses se reunieron con ocho líderes e informaron la decisión. "Hace siete años la violencia me sacó con mi familia de Juntas de Uramita, Cañasgordas, y llegué como desplazada a Medellín. Me inscribí en los programas del Gobierno y me dieron un subsidio con el que pagaba arriendo, pero como se atrasaron, ya le debía a la dueña de la casa en La Cruz, más de un millón de pesos. Entonces con otras 12 desplazadas que tenían el mismo problema, nos dimos cuenta del lote baldío y lo ocupamos. Luego, otras 157 familias se nos unieron y empezamos a hacer banqueos y a levantar las casas. Aquí me metí, con cinco hijos, tres nietos, un yerno y la abuela", dijo.