Víctimas de desplazamiento intraurbano piden protección para sus viviendas y bienes despojados.
Con el primer golpe del martillo y el destornillador con el que tumbó el candado de la puerta de la que fue su casa por más de 47 años, Irene * sintió que la alegría y la incertidumbre se apoderaron de su delgado cuerpo moreno.
Lo confirmó al subir temblorosa cada uno de los 27 escalones de su vivienda enmohecida y llena de papeles y cuentas de servicios que no alcanzó a pagar. Era la primera vez que volvía a su casa después de agosto de 2010, cuando la amenazó el combo de Belén Rincón conocido como "Barrio Bolsa": "Váyase si no quiere que la saquemos a puro plomo".
Por eso, al llegar a su habitación lloró. De ella brotó todo el dolor represado desde aquel aciago 6 de agosto cuando tuvo que salir dejándolo todo. "Se robaron mis pertenencias. Se llevaron el televisor, el equipo, mis alhajitas y mi cama. ¡Ay mi cama en la que quería morir de vieja", sollozó Irene.
La mujer recorrió cada uno de los tres pisos de la casa, ahora envuelta en un olor a orín corrompido, en los que crecieron más de tres generaciones. Tuvo que abrirse paso entre los muebles acabados, las paredes agujereadas por los tiros de fusil, la ropa húmeda tirada en el piso, las fotos de sus seres queridos y el desorden hecho por integrantes del combo que se apoderó de su casa.
"Vamos a buscar qué me voy llevar. No les vamos a dejar nada. No es justo que hagan eso con nosotros que no hicimos sino servirles", comentó la mujer.
A su regreso para llevarse lo poco que le quedaba, Irene solo encontró las ruinas de lo que fue un pasado feliz. Uno de esos vestigios estaba detrás de una puerta. Planchados y listos para usar estaban colgados dos uniformes escolares. El 7 de febrero de 2010, las niñas no pudieron usarlo para ir a estudiar.
Preocupados por sus casas
Después del desplazamiento de Irene y sus otros 36 familiares, ninguno de ellos pudo regresar. Sobre ellos pesaba una amenaza del combo del barrio Belén, que les impedía retornar. Si lo hacían "dijeron que nos tirarían una granada o nos matarían".
Por eso, rescatar los bienes, más que alegría, les recordó el drama que padecen ellos y centenares de familias en Medellín: el riesgo de perder sus casas, a las que no pueden regresar por las amenazas contra sus vidas, con la incertidumbre de saber que los que los expulsaron se apoderaron de sus inmuebles y enseres.
Muchos de los 232.989 desplazados (57.551 familias) que la violencia produjo en Medellín desde 1998 hasta enero de 2012, según datos de la Unidad de Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, (antigua Acción Social), tienen que saldar las nuevas deudas como el pago de arriendo, servicios públicos y la alimentación.
Así le sucedió a Martha Lía, una habitante de la comuna 13 quien después de dejar su casa propia por amenazas del combo La Agonía, tuvo que sortear todo tipo de carencias. Consiguió otra vivienda más pequeña, pero "debemos tres meses de arriendo y servicios. En nuestra casa trabajábamos vendiendo arepas y comidas, y ahora, sin trabajo, es la primera vez que pasamos hambre", relata la mujer.
Una fuente oficial que conoce de cerca el problema, da cuenta que en Medellín hay cerca de 790 viviendas de personas desplazadas, que son ocupadas por grupos ilegales que no permiten el retorno de los afectados.
Sin embargo, se trata de un subregistro que carece de denuncia, lo que no permite acciones contundentes. El personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas, explicó que "no lo hacen porque sienten miedo o porque tienen que irse rápidamente ante las amenazas".
La problemática de las casas de los desplazados intraurbanos se agrava porque, tal como lo reconoce la Personería de Medellín, cerca de 300 familias que obtuvieron sus viviendas con subsidios estatales las abandonaron por amenazas o asesinatos de familiares. Ahora piden que los autoricen a venderlas o les den otras en sectores diferentes.
La norma para las viviendas de interés social exige que las familias las habiten y prohíbe su venta.
¿Por qué se las apoderan?
Estas viviendas, según un investigador de la Policía, "son utilizadas por los combos para convertirlas en plazas de vicio, se las entregan a sus familiares o simplemente se pasan a vivir allí. Si son estratégicas, las utilizan como fortín".
Así quedó evidenciado en agosto de 2010. El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar demolió "la casa del terror", una vivienda en el barrio San José La Cima en la que, según el mandatario, "se cometieron toda clase de vejámenes y muertes".
Luz Dolly, la propietaria de esa vivienda, al igual que Irene, fue desplazada en enero de 1998. Nunca pudo regresar. Volvió nueve años después cuando Salazar con almadana en mano dijo: "Siempre quise demoler esta casa por todas las cosas que pasaron en ella. Queremos hacer un parque infantil o un jardín para niños". Dos años después, "ni parque ni jardín", reclaman los habitantes del Nororiente de Medellín.
Pero el poder de los ilegales en estas viviendas ha llegado al extremo de que no dejan al propietario arrendar y si lo hace, "el inquilino debe pagarle la mitad del dinero a los del combo; sino lo hacen, desplazan al que llegue a vivir ahí", dijo Irene.
El asesinato el 31 de diciembre de 2009 de dos jóvenes del combo que la desplazó, fue la desgracia para Irene: "Nos acusaron de dejarlos matar por no avisarles y se ensañaron con nosotros y otros vecinos que también desplazaron a bala".
El 1 de febrero de 2010, después de las constantes amenazas para que abandonara su vivienda, le asesinaron a uno de los sobrinos. El 3 de febrero le iban a asesinar a otro y la situación se volvió tan tensa que "un día nos dispararon mientras almorzábamos mi niña y yo". Ahí fue cuando decidieron irse.
Piden protección
Desde el momento en que Irene fue desplazada, comenzó a buscar ayuda "para sacar sus cositas". Pidió protección legal en las oficinas de la Alcaldía para evitar que su casa fuera ocupada o incluso vendida por los delincuentes. Pero se la negaron, según ella, porque no figura como propietaria, sino sus bisabuelos, que construyeron la casa en tapia hace más de 70 años en Belén Rincón.
La heredó su madre y luego ella y sus hermanos. "Aquí creció toda nuestra familia, entre todos la mejoramos y levantamos para que vivieran hijos, hermanos y sobrinos", dice con una voz que suena a nostalgia y amargura.
Sólo el pasado viernes, tras haber tocado puertas y por gestión de EL COLOMBIANO pudo ir a sacar lo poco que le quedaba acompañada de la Policía y de funcionarios de la Alcaldía de Medellín.
Pero su drama no termina porque teme perder su hogar de toda la vida. Los abogados que atienden desplazados le dijeron que podría perder la casa porque no aparece a su nombre, sino de sus bisabuelos. "Y que por construir sin licencia y sin desenglobar solo nos darían una vivienda y vivíamos ocho familias en la casa de tres pisos. Saldríamos perdiendo y nos tocaría amontonarnos como ratones", reclama la desplazada.
Según Luz Patricia Correa, directora de la Unidad de Desplazamiento Forzado de la Alcaldía de Medellín, la capital antioqueña es la única en Colombia que tiene un programa de protección jurídica a los inmuebles y enseres de los desplazados intraurbanos.
La funcionaria agregó que "el reto es la protección material. Cómo se garantiza que a esa casa no entre nadie, que no se lleven las cosas que hay y después cómo restituirles. Lo más difícil es que no se puede contar con un policía para cada vivienda". En esa gestión, han recibido 509 solicitudes de protección para 561 inmuebles. De estas, hay 134 en trámite y 375 atendidas o cerradas.
No obstante, la directora de la Unidad de Desplazamiento indicó que a esta oficina han llegado personas a solicitar protección del inmueble "y luego aparecen otros diciendo que son los dueños. Incluso, algunos de los malhechores han venido a pedir protección para casas de la que han desplazado gente. Por eso se investiga la situación de los que piden protección".
Acompañados de la Policía, Irene, su sobrino y su hija, pudieron trastear algunas cosas de su antigua vivienda. Pero este trasteo no alivió el drama que vive hace 20 meses cuando abandonó su barrio.
Irene echó en los costales libros, fotografías, un poco de ropa, utensilios de cocina, un perfume viejo que se aplicó al encontrarlo. Salió de su casa y la cerró con el candado. Las lágrimas volvieron a ahogarle mientras se abrazó y se despidió de su tío y su amiga.
Con la voz quebrada por dejar el barrio y sus vecinos de toda la vida murmuró "nos dañaron la vida", mientras se alejaba de la casa propia que ayudó a reconstruir y donde vivió desde su nacimiento hace 47 años.
*Nombre cambiado
PROBLEMA
¿Cómo proteger las viviendas?
Las viviendas de los desplazados han sido usurpadas por los integrantes de los combos que no permiten que retornen los desplazados ni que sean alquiladas. Además, las han convertido en fortín e incluso las usan para la venta de estupefacientes.
SOLUCIÓN
Sí hay protección a desplazados
El secretario de Gobierno de Medellín, Mauricio Facio Lince, aseguró que "La respuesta es integral, sicosocial con las personas, con procesos económicos. Hay una respuesta entendiendo al propietario de la vivienda, y así brindar la protección".
¿QUÉ SIGUE?
Hay que buscar la restitución
Luz Patricia Correa, explicó que Medellín está pensando en proponerle al Gobierno Nacional "cómo hacer para que en la Ley de Víctimas y Restitución, esta también sea urbana; cómo restituir esa gente para que pueda volver y como la reparación para ellos es que les devuelvan su casa. Por ahora es muy precario, está muy limitado a lo rural. Esa es la iniciativa de la alcaldía de Medellín".