Cinco miembros de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia fueron amenazados de muerte en las últimas horas.
Según reportó la Defensoría del Pueblo, regional Antioquia, los líderes Birleyda Ballesteros Bermúdez, Yolanda Perea, Géner Jhonatan Echeverri Ceballos, Éver Borja y Faryd Alberto Usme Cortés recibieron mensajes intimidatorios o fueron abordados por hombres armados que les exigieron renunciar a la Mesa Departamental de Víctimas y desistir de continuar en la defensa de las comunidades a las que representan.
De acuerdo con información de la Defensoría, Ballesteros es representante de las mujeres y recibió amenazas por correo electrónico en las que le ordenan no trabajar más por las víctimas o será asesinada.
Perea, que en la Mesa Nacional de Víctimas representa a las mujeres víctimas de delitos sexuales, también recibió ultimátum de muerte mediante correos.
Echeverri, integrante el subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición de la mesa, informó que la noche del pasado domingo halló en la entrada de su residencia una caja con una granada, un sufragio, un pedazo de tela de uniforme militar y un estuche de un arma de fuego.
Borja, quien también hace parte del subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición, escapó el pasado 26 de noviembre a un intento de secuestro en el municipio de Chigorodó.
Y Usme, por su parte, reportó haber recibido llamadas amenazantes a su teléfono celular desde el pasado noviembre, en las que le expresaron que debe retirarse de la mesa de víctimas y de la vida pública o que de lo contrario sufriría un nuevo desplazamiento o cosas peores.
Las personas amenazadas acudieron en las últimas horas a la Defensoría, regional Antioquia, que los acompaña en su trámite ante las autoridades para que reciban la protección debida ante el riesgo en el que se encuentran.
La Defensoría del Pueblo alertó a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior para que analicen los escenarios de riesgo que podrían enfrentar los líderes de víctimas y evalúen de manera urgente las medidas de protección que consideren pertinentes.
De igual manera, le pidió al Gobierno Nacional que extienda las medidas de protección a los 46 miembros de la recién conformada Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, toda vez que se trata de una población de especial protección por parte del Estado y son la voz de los cinco millones 781.710 víctimas registradas.