El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, señaló ante el Consejo de Estado que el fallo de la Procuraduría que lo destituyó por 12 años por participación en política, debe revocarse.
En audiencia pública desarrollada en la mañana de este miércoles, Salazar consideró que no debió haber sido sancionado por haber alertado a la ciudadanía en Medellín de las denuncias y quejas que estaba recibiendo sobre presuntas irregularidades en la contienda electoral por la Alcaldía de esa ciudad en el 2011.
"Lo que propone la sanción de la Procuraduría es que los Alcaldes, como jefes de orden público, guarden silencio frente a los graves problemas que tiene el país y que se deje desprotegida a la ciudadanía, cosa que sería absolutamente grave", señaló.
Dijo que, en su caso, el Procurador actuó "de manera exagerada, precipitada" ya que denunciar irregularidades era una obligación y no una indebida participación en política.
"(.) en la medida en que no está reglamentada la participación en política, dice que todo es participación política, mientras no haya prohibiciones taxativas lo que yo hice era una obligación", apuntó.
Para Salazar, la Procuraduría se saltó las funciones que tienen los Alcaldes y lo castigó por defender su buen nombre. Además, se sumó al debate sobre si el Procurador tiene la facultad de inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular.
"En Colombia son varios los hechos que se están presentando en que la decisión del pueblo es interrogada por funciones administrativas. Una sentencia de la Corte Interamericana obliga a Colombia a que esos derechos políticos sean solo suspendidos por decisión penal, lo cual delimitaría en buen sentido la función de la Procuraduría", indicó.
Sobre ese punto, el delegado de la parte demandada, Manuel Eduardo Marín Santoyo, indicó que no es necesario acudir a la jurisdicción internacional ya que los actos de la Procuraduría tienen un control posterior.
"El Consejo de Estado tiene una facultad plena de revisar la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones de la Procuraduría y entonces no podemos desechar, en virtud de una orden de la Corte Interamericana, la posibilidad de que sean nuestro propios jueces los que definan estos casos", señaló.
Además, el delegado del Ministerio Público, Roberto Serrato, indicó que ese punto sobre si el Procurador puede o no sancionar a personas elegidas por voto popular, no fue incluido desde el comienzo en la demanda.
En diligencia judicial desarrollada este miércoles, el Consejo de Estado negó la práctica de nuevas pruebas en el proceso y negó una petición de medida cautelar solicitada por la defensa de Salazar, para que fueran suspendidos los efectos del fallo de la Procuraduría.
Así, se fijó para el próximo 22 de enero de 2014 la audiencia de alegatos de conclusión en la que Salazar reiterará la petición de que el fallo sea revocado.
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"El Procurador actuó de manera exagerada en mi caso": Alonso Salazar
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