La protección de las zonas de conservación ambiental no debe implicar el desplazamiento de los campesinos que las habitan, pues el cuidado de los bosques debe ser "con la gente adentro".
En esta premisa coincidieron la ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, y el director de Cornare, Carlos Mario Zuluaga, durante el programa académico para conmemorar los 30 años de la corporación.
La ministra observó que todos pagamos por servicios médicos, bancarios o educativos, mientras que los ecosistémicos los queremos puros, desconociendo su costo. "Por confort y una relación hipócrita con el ambiente, invisibilizamos al campesino que está allá en el páramo", dijo, y comparó que si a un labriego se le compra una hectárea en un millón de pesos, se irá a las filas de la pobreza como un desplazado más.
Según Zuluaga, si bien históricamente los campesinos han sido guardianes del bosque y del agua, lo han hecho a costas de su patrimonio.
Cuando se habla de conservar páramos y humedales y zonas de protección, tiene que ser con gente adentro, advirtió, pues no se puede esperar que los campesinos por una idea conservacionista se vayan de las regiones y el Estado termine volviéndose en un factor desestabilizador.
La ministra Sarmiento añadió que su propuesta es el pago por servicios ambientales, no como un impuesto más, sino para alargar la permanencia del campesino en su tierra para que la conservación se convierta en su actividad económica. "Los páramos se tienen que conservar", advirtió, pero por incentivación y estímulo, no por castigo.
En una exposición de perfil más académico, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, manifestó que, en lo ambiental, si una persona o una entidad cumple tanto la reglamentación de la ley como la norma técnica que expiden las agremiaciones, no lo es imputable responsabilidad en posibles daños. "En impactos ambientales es necesario demostrar que el riesgo creado por un sujeto es el mismo en la concreción de los resultados", dijo.
Lo que se requiere, agregó, es ponerle límites al riesgo y al peligro, aunque siempre habrá un residuo de ellos.
En esta premisa coincidieron la ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, y el director de Cornare, Carlos Mario Zuluaga, durante el programa académico para conmemorar los 30 años de la corporación.
La ministra observó que todos pagamos por servicios médicos, bancarios o educativos, mientras que los ecosistémicos los queremos puros, desconociendo su costo. "Por confort y una relación hipócrita con el ambiente, invisibilizamos al campesino que está allá en el páramo", dijo, y comparó que si a un labriego se le compra una hectárea en un millón de pesos, se irá a las filas de la pobreza como un desplazado más.
Según Zuluaga, si bien históricamente los campesinos han sido guardianes del bosque y del agua, lo han hecho a costas de su patrimonio.
Cuando se habla de conservar páramos y humedales y zonas de protección, tiene que ser con gente adentro, advirtió, pues no se puede esperar que los campesinos por una idea conservacionista se vayan de las regiones y el Estado termine volviéndose en un factor desestabilizador.
La ministra Sarmiento añadió que su propuesta es el pago por servicios ambientales, no como un impuesto más, sino para alargar la permanencia del campesino en su tierra para que la conservación se convierta en su actividad económica. "Los páramos se tienen que conservar", advirtió, pero por incentivación y estímulo, no por castigo.
En una exposición de perfil más académico, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, manifestó que, en lo ambiental, si una persona o una entidad cumple tanto la reglamentación de la ley como la norma técnica que expiden las agremiaciones, no lo es imputable responsabilidad en posibles daños. "En impactos ambientales es necesario demostrar que el riesgo creado por un sujeto es el mismo en la concreción de los resultados", dijo.
Lo que se requiere, agregó, es ponerle límites al riesgo y al peligro, aunque siempre habrá un residuo de ellos.