Si llegara a darse el traslado, como es lo más factible que ocurra porque la mayoría así lo desea, Murindó volvería a ser un pueblo agrícola, como lo era antes de octubre de 1992, cuando un terremoto de grandes dimensiones que azotó al país obligó a esta localidad de Urabá a trasladar su casco urbano a orillas del río Atrato.
Antes de esa fecha, los habitantes se ubicaban al lado del río Murindó, pero sobre tierra firme. Las familias cultivaban arroz, yuca, plátano y criaban cerdos, gallinas y ganado. Era una vida netamente agrícola, que de repente cambió por circunstancias del destino: el terremoto (19 de octubre de 1992) dejó secuelas, destrucción y suelos inestables, y la única opción fue el traslado.
"En ese momento el río Atrato no tenía implicaciones, la comunidad adecuó la infraestructura para protegerse del río, pero no hubo mantenimiento, el dragado de los ríos (Murindó y Atrato) no se hizo y hoy tiene condiciones de inundación en temporada de lluvias, a las cuales la comunidad se ha adaptado levantando sus casas por encima del nivel del río", señala Juan Diego Lopera Pérez, subsecretario de Planeación de Antioquia y quien lidera el grupo que desde la Gobernación trabaja en el proceso de reubicación del casco urbano o en mejorar las condiciones del actual para que los habitantes sigan morando allí.
Son dos opciones que la comunidad tiene para decidir y la labor de la Gobernación, aclara Lopera Pérez, es de acompañamiento, pues es la comunidad la que decide el destino y hay otras instancias que tienen que ver en el proceso, tanto del orden nacional como regional: los ministerios del Medio Ambiente y Transporte, las corporaciones ambientales y las organizaciones de afrodescendientes, que constituyen la mayoría de la población, junto a la indígena.
Donde haya futuro
Evelyn Quejada, con un hijo y sin esposo, tiene 47 años, todos vividos en esta localidad en cierto modo paria, pues en 1950, tras un incendio provocado por litigios partidistas que consumió el pueblo, Murindó también fue trasladado. Esta amable mujer, que ríe con amplitud a veces sin que siquiera haya chistes de por medio, dice que a esta altura le importan más la tranquilidad y la seguridad que el arraigo a un sitio. Y no tiene problema en irse a otro lugar si mejoran sus condiciones de vida. "Uno se va donde mejor esté. Si allá vamos a tener mejores condiciones, bienestar, seguridad y tranquilidad, nos vamos. El Atrato nunca nos ha dejado tranquilos".
Y así, recuerda que si en su niñez y adolescencia le tocó, con sus padres, arar la tierra y criar animales, ahora sería hasta agradable volver a esas actividades: "Es que acá nos tocó volvernos pescadores obligados, pero antes vivíamos más tranquilos".
En estos días, el Atrato ha empezado a crecer y su amenaza de cada año volvió. Llevan veintiún años inundados. Ya se cansaron.
Juan Diego Lopera afirma que ya se tienen estudios de lo que valdría cada una de las opciones, sea que se opte por el traslado o por mantener a Murindó donde está. Si la comunidad decide esto último, habría que construir algunas infraestructuras. El costo asciende a 36.000 millones de pesos, aproximadamente.
De elegirse el traslado, las inversiones serían superiores a los 28.000 millones de pesos. Con estos recursos se construirían 300 viviendas, el colegio, la sede administrativa, el hospital, zonas recreativas y servicios públicos.
"Tener sistemas de acueducto y alcantarillado es indispensable si se piensa en construir cualquier proyecto, si no es posible habría que buscar otro lugar", explica Lopera.
Aunque a simple vista se vea más barato el traslado, esta opción tiene un componente adicional que no está en el presupuesto: la construcción de una carretera hasta Pavarandó, corregimiento de Mutatá, que los dejaría mucho más cerca de Urabá.
"Ahí sí quedaríamos pegaditos, podríamos ir y venir el mismo día", apunta Evelyn.
El alcalde local, Ezequiel Ferro Cuesta, agradece el acompañamiento de la Gobernación, porque "es un ejercicio democrático que hay que seguirlo haciendo y apoyarlo, es la única forma de permitirles a estas comunidades resolver las dificultades".
El mandatario advierte que las cifras del traslado no son reales, que pueden elevarse más, pero no hay contradicción, pues el mismo Lopera aclara que dichos costos, "son muy de aproximaciones y ponderaciones". Incluso, el año pasado, la Gobernación tenía calculado el costo del traslado en $15.000 millones.
El alcalde afirma que el proceso marcha firme y que se trabaja en consejos comunitarios, con el Incoder y del Ministerio del Medio Ambiente: "La comunidad está sensibilizada con el traslado, pero hay unos pescadores que no están de acuerdo", por lo que concertar la solución no será fácil.
Oswaldo Quejada Ledesma, excalcalde de Murindó en dos periodos, afirma quJe aunque hay buen ambiente para el traslado, la comunidad lo siente ligado a la construcción de la vía, pues no tiene mucho sentido irse a un lugar donde quedarían aislados. El Atrato, pese a todo, les da salida.
"Las mismas comunidades hemos construido parte de la vía, unos 14 kilómetros, faltarían 30 km y esperamos que Invías y la Gobernación nos colaboren".
Al tiempo, admite que la localidad no es viable donde está: "acá no se puede progresar y no tiene sentido que pertenezcamos a un departamento con tanto desarrollo como Antioquia y vivamos con tantas necesidades y carencias".
EN DEFINITIVAAún no hay una decisión sobre si Murindó se traslada o se queda. La Gobernación tiene calculados los costos aproximados de ambos procesos. La comunidad tomará la decisión.