Como Yensy Morales, de 26 años,y Bernardo Rodríguez, de 18, fueron identificados los mineros muertos luego de enfrentamientos con la Policía que desde el pasado miércoles realiza un desalojo en el sector San Antonio, de Buriticá.
El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, dijo que se investiga la forma como estos dos jóvenes perdieron la vida y el arma con que fueron ultimados.
El funcionario informó que la Gobernación de Antioquia declaró como zona de calamidad el sitio donde el pasado 18 de octubre se presentó un deslizamiento que cubrió a varios mineros, que, por fortuna, salieron ilesos. Agregó que ese fue un llamado de atención en torno a la necesidad de evacuar el sitio, que tiene 45 grados de pendiente y más de 300 bocatomas en las que constantemente utilizan explosivos y sobre esa falda habitan más de 1.700 familias. En caso de una avalancha, se puede presentar una tragedia.
Por eso al otro día se declaró la calamidad y se enviaron comisiones de la Defensoría del Pueblo, para que iniciaran un diálogo con los residentes y programar una evacuación organizada.
"Ese proceso terminó el 19 de noviembre y el 20 se inició el desalojo al cual han reaccionado violentamente algunas personas utilizando explosivos y fusiles. Producto de los enfrentamientos ya hay dos civiles muertos, tres más heridos, al igual que siete policías. Cinco personas más capturados, entre ellos un menor de edad sorprendido con un petardo", concluyó Londoño.
El director del Dapard, César Hernández, indicó que la comisión humanitaria atendió a 230 familias que fueron llevadas a sus pueblos de origen y otras 120 están en ese proceso.
El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, dijo que se investiga la forma como estos dos jóvenes perdieron la vida y el arma con que fueron ultimados.
El funcionario informó que la Gobernación de Antioquia declaró como zona de calamidad el sitio donde el pasado 18 de octubre se presentó un deslizamiento que cubrió a varios mineros, que, por fortuna, salieron ilesos. Agregó que ese fue un llamado de atención en torno a la necesidad de evacuar el sitio, que tiene 45 grados de pendiente y más de 300 bocatomas en las que constantemente utilizan explosivos y sobre esa falda habitan más de 1.700 familias. En caso de una avalancha, se puede presentar una tragedia.
Por eso al otro día se declaró la calamidad y se enviaron comisiones de la Defensoría del Pueblo, para que iniciaran un diálogo con los residentes y programar una evacuación organizada.
"Ese proceso terminó el 19 de noviembre y el 20 se inició el desalojo al cual han reaccionado violentamente algunas personas utilizando explosivos y fusiles. Producto de los enfrentamientos ya hay dos civiles muertos, tres más heridos, al igual que siete policías. Cinco personas más capturados, entre ellos un menor de edad sorprendido con un petardo", concluyó Londoño.
El director del Dapard, César Hernández, indicó que la comisión humanitaria atendió a 230 familias que fueron llevadas a sus pueblos de origen y otras 120 están en ese proceso.