El gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Juan Esteban Calle Restrepo, les solicitó, mediante una carta, al fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, y al Defensor del Pueblo, Jorge Otálvaro, que se investigue a fondo el asesinato, el 17 de septiembre pasado, en zona rural de Ituango, del integrante de la organización Ríos Vivos, Nelson Dubelmar Giraldo Posada, quien estuvo alojado en el coliseo de la Universidad de Antioquia, como desplazado por las obras de Hidroituango.
Calle Restrepo dice en la misiva que voceros de Ríos Vivos han expresado en algunos medios de comunicación que la Gobernación de Antioquia y EPM son los responsables del alto riesgo de los afectados de Hidroituango, por no solucionar las problemáticas que los afectan, declaraciones que considera inadecuadas y que tratan de poner un manto de duda sobre las actuaciones de ambas entidades, que son de naturaleza pública y están sujetas a estándares y disposiciones en materia de derechos humanos.
"El manejo de todos los impactos sobre la población por efectos del proyecto son atendidos en la zona de influencia de manera rigurosa, en el marco de las leyes colombianas y las disposiciones internacionales que, por convicción, hemos adoptado en el respeto a los derechos de los ciudadanos, aspectos sustanciales que cuentan con el seguimiento de los distintos organismos de control del Estado", dice el funcionario en su carta.
En otro de sus apartes, el texto recuerda que, en concordancia con los compromisos de llevar sostenibilidad, equidad y mayores oportunidades a las zonas de influencia de los proyectos, la empresa va más allá del cumplimiento de las compensaciones sociales y ambientales exigidas en las respectivas licencias.
Calle Restrepo dice en la misiva que voceros de Ríos Vivos han expresado en algunos medios de comunicación que la Gobernación de Antioquia y EPM son los responsables del alto riesgo de los afectados de Hidroituango, por no solucionar las problemáticas que los afectan, declaraciones que considera inadecuadas y que tratan de poner un manto de duda sobre las actuaciones de ambas entidades, que son de naturaleza pública y están sujetas a estándares y disposiciones en materia de derechos humanos.
"El manejo de todos los impactos sobre la población por efectos del proyecto son atendidos en la zona de influencia de manera rigurosa, en el marco de las leyes colombianas y las disposiciones internacionales que, por convicción, hemos adoptado en el respeto a los derechos de los ciudadanos, aspectos sustanciales que cuentan con el seguimiento de los distintos organismos de control del Estado", dice el funcionario en su carta.
En otro de sus apartes, el texto recuerda que, en concordancia con los compromisos de llevar sostenibilidad, equidad y mayores oportunidades a las zonas de influencia de los proyectos, la empresa va más allá del cumplimiento de las compensaciones sociales y ambientales exigidas en las respectivas licencias.