Dos empleados implicados, con acceso a las calificaciones, fueron separados de sus cargos.
Uno a uno, los estudiantes de la UPB cuyas calificaciones hayan sufrido cambios este semestre deben dar explicaciones ante su director de programa y decano de facultad, advirtió el rector, presbítero Julio Jairo Ceballos, al frente de la investigación por fraudes con notas en las sedes de Medellín, Bucaramanga y Montería.
El religioso dijo que las notas cambiadas que no correspondan a reclamaciones reconocidas se expondrán a una amonestación, suspensión de matrícula o la expulsión.
"Hay que tener cuidado porque se equivoca uno señalando una persona y se le devuelve una contrademanda" advirtió.
Anunció procesos judiciales, por lo cual abogados de la institución estudian cada caso.
En la UPB el problema se desató hace tres semanas, luego de que un estudiante revelara lo que estaba ocurriendo con alumnos que perdían asignaturas o requerían mejorar su promedio y lo conseguían pagando.
El padre Ceballos contó que dos empleados de registro académico y sistemas, con la colaboración de estudiantes, contactaban a los que se podían beneficiar con la alteración de notas y les proponían el fraude sin revelar quién se encargaba. Se reservó mencionar los valores que se cobraban, aunque al margen de lo oficial trascendieron cifras entre 200.000 y un millón de pesos por el cambio.
"Eran los únicos que podían tener acceso al sistema", explicó, y aseguró que ambos ya han sido separados de sus cargos.
Hasta el momento la investigación ha dado cuenta de fraudes en ingenierías, la escuela de ciencias estratégicas y derecho. El rector señaló que la ministra de Educación, María Fernanda Campo, le ofreció su respaldo.
La vicealcaldesa de Cultura y Educación de Medellín, Claudia Restrepo, consideró que se debe dar una reflexión general sobre la cultura de la legalidad en el sector educativo. Dijo que conductas consideradas menores o inofensivas en algunos casos terminan por configurar verdaderas muestras de lo ilegal.
Entre los estudiantes la investigación por compra de calificaciones ha causado sorpresa. Acudiendo a la reserva de sus nombres, algunos no se atreven a juzgar a quienes hayan pagado para pasar una materia, pero culpan a los empleados que se prestaban para el fraude. Otros, en cambio, expresan su disgusto por el empeño que tienen que poner para obtener buenos resultados, comparados con quienes recurren a la trampa.
DESDE ADENTRO
NO SE AFECTA LA FORMACIÓN
Un docente que labora en esta universidad señaló, bajo la reserva de su identidad, que lo ocurrido debe generar una reflexión alrededor del manejo de las calificaciones y de las personas que tienen esta responsabilidad a cargo.
Como trabajador de la institución, señaló que le produce tristeza que esto ocurra, aunque advierte también que para un estudiante es posible enlodar a un empleado si lo quiere hacer, motivo por el cual pide que se investigue el hecho con todo el rigor.
Opina que de comprobarse los fraudes, estos no deben comprometer la calidad académica de la universidad y piensa que debe tratarse solo de hechos aislados.
EN DEFINITIVACon una investigación exhaustiva, la UPB quiere poner fin a la controversia por fraudes en las calificaciones de estudiantes de derecho, ciencias estratégicas e ingenierías.
Uno a uno, los estudiantes de la UPB cuyas calificaciones hayan sufrido cambios este semestre deben dar explicaciones ante su director de programa y decano de facultad, advirtió el rector, presbítero Julio Jairo Ceballos, al frente de la investigación por fraudes con notas en las sedes de Medellín, Bucaramanga y Montería.
El religioso dijo que las notas cambiadas que no correspondan a reclamaciones reconocidas se expondrán a una amonestación, suspensión de matrícula o la expulsión.
"Hay que tener cuidado porque se equivoca uno señalando una persona y se le devuelve una contrademanda" advirtió.
Anunció procesos judiciales, por lo cual abogados de la institución estudian cada caso.
En la UPB el problema se desató hace tres semanas, luego de que un estudiante revelara lo que estaba ocurriendo con alumnos que perdían asignaturas o requerían mejorar su promedio y lo conseguían pagando.
El padre Ceballos contó que dos empleados de registro académico y sistemas, con la colaboración de estudiantes, contactaban a los que se podían beneficiar con la alteración de notas y les proponían el fraude sin revelar quién se encargaba. Se reservó mencionar los valores que se cobraban, aunque al margen de lo oficial trascendieron cifras entre 200.000 y un millón de pesos por el cambio.
"Eran los únicos que podían tener acceso al sistema", explicó, y aseguró que ambos ya han sido separados de sus cargos.
Hasta el momento la investigación ha dado cuenta de fraudes en ingenierías, la escuela de ciencias estratégicas y derecho. El rector señaló que la ministra de Educación, María Fernanda Campo, le ofreció su respaldo.
La vicealcaldesa de Cultura y Educación de Medellín, Claudia Restrepo, consideró que se debe dar una reflexión general sobre la cultura de la legalidad en el sector educativo. Dijo que conductas consideradas menores o inofensivas en algunos casos terminan por configurar verdaderas muestras de lo ilegal.
Entre los estudiantes la investigación por compra de calificaciones ha causado sorpresa. Acudiendo a la reserva de sus nombres, algunos no se atreven a juzgar a quienes hayan pagado para pasar una materia, pero culpan a los empleados que se prestaban para el fraude. Otros, en cambio, expresan su disgusto por el empeño que tienen que poner para obtener buenos resultados, comparados con quienes recurren a la trampa.
DESDE ADENTRO
NO SE AFECTA LA FORMACIÓN
Un docente que labora en esta universidad señaló, bajo la reserva de su identidad, que lo ocurrido debe generar una reflexión alrededor del manejo de las calificaciones y de las personas que tienen esta responsabilidad a cargo.
Como trabajador de la institución, señaló que le produce tristeza que esto ocurra, aunque advierte también que para un estudiante es posible enlodar a un empleado si lo quiere hacer, motivo por el cual pide que se investigue el hecho con todo el rigor.
Opina que de comprobarse los fraudes, estos no deben comprometer la calidad académica de la universidad y piensa que debe tratarse solo de hechos aislados.
EN DEFINITIVACon una investigación exhaustiva, la UPB quiere poner fin a la controversia por fraudes en las calificaciones de estudiantes de derecho, ciencias estratégicas e ingenierías.