José Diego Gallo dice que será modelo, pero persisten reparos a la intervención.
Un singular "reasentamiento social" se propone generar la administración municipal con la construcción del puente de la Santa Madre Laura, cuya adjudicación de la licitación se hará a comienzos de octubre para iniciar obras el mes de noviembre.
El secretario de Infraestructura de Medellín, José Diego Gallo Riaño, subrayó que por estos días se avanza en la evaluación de las 15 propuestas recibidas de firmas nacionales y extranjeras, con el reto de adjudicar antes del 11 de octubre. "El alto número da oportunidad para escoger la mejor en calidad, costo y experiencia", dijo.
El inicio de obras, precisó, será por el costado occidental (Castilla), para lo cual la EDU adelanta la demolición de casas y termina de adquirir predios.
El puente implicará tres cuerpos: dos que unen al Oriente con Occidente y un espacio intermedio entre ambos. El tercero es un brazo que lo unirá con la autopista cuando un vehículo que se dirija de sur a norte, se le "acabe" la vía en la curva del diablo y que hoy lo obliga a entrar al puente 'el mico' o seguir por Moravia.
Ante los efectos de la intervención, el secretario de Infraestructura reconoció que el año pasado empezaron mal porque no hubo buena información de parte de todos, pero "nos pusimos de acuerdo", tanto con la EDU como Isvimed.
El funcionario sostuvo que lo que se hará con los habitantes del sector va a ser pionero. "Será un reasentamiento social", dijo, al explicar que quienes quieran quedarse viviendo en la zona se podrán reasentar en apartamentos que se construirán en ella.
Y los que puedan ser objeto de subsidio, los recibirán, mientras que a quienes no tengan ese derecho la EDU les diseña un sistema que permite que la persona salga de su casa y viva durante 10 meses o 1 año en otra parte mientras construyen la vivienda nueva y se pueda quedar en la zona.
En contraste, el concejal Jesús Aníbal Echeverri afirmó que le preocupa el tema de las compensaciones y que tiene muchas quejas por la forma como están haciendo las intervenciones de tipo social. "Hay familias que pueden quedar tiradas a la vera del río", advirtió.
La razón es que son personas que pagan sumas exiguas de dinero por arrendamiento, y al tener que vender el propietario, tendrán que salir.
Otro problema que enrostró es el de pequeñas empresas que van a desaparecer y afectarían unas 80 familias, sin que se conozca respuesta de la administración municipal.
A eso se suma que en el sector hay un centro de reciclaje muy grande con 22 trabajadores, que ha servido mucho a la zona en generar empleo y en descontaminación, para el que sí hay una propuesta de pasarlo para un sitio cercano, aún sin concretar.
Según la inquilina Dolly Hurtado, el proyecto ha mejorado en inclusión frente a su inicio, porque la mayoría son arrendatarios, algunos de ellos desplazados, y se les dará la oportunidad de tener casa.
Pero anotó que persiste la inconformidad de los propietarios por el poco valor que se ofrece por sus viviendas y tenerse que endeudar para pasar a un apartamento.