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Channel: Antioquia - Medellín | El Colombiano, noticias.
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Van 5 meses de ocupación campesina en la U. de A.

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Pese a inversión, campesinos siguen en la protesta.
Los 450.000 millones de pesos que según la Gobernación se invertirán en el área de influencia de Hidroituango hasta 2015 no han bastado para que 300 campesinos de siete municipios desalojen el coliseo de la Universidad de Antioquia.

La ocupación ya completa cinco meses, una dificultad para la institución, según el propio rector, Alberto Uribe Correa.

Para las Alcaldías de San Andrés de Cuerquia, Toledo e Ituango, un primer logro del paquete de inversión fue la pavimentación de la vía, que disminuye tiempo y costos del viaje a Medellín. Para los manifestantes lo invertido solo es de utilidad para el proyecto hidroeléctrico.

1.678 empleos, de los 5.609 que genera hoy el proyecto son de habitantes de la zona. En el punto de mayor ocupación serán 7.000 empleos directos y 25.000 indirectos, señala EPM.

No obstante, para el retorno piden garantías económicas, laborales y de seguridad por amenazas. Reclaman compensación por tener que dejar el barequeo como sustento, aún para los que no tienen títulos, pero han ejercido esta actividad por décadas.

EPM prevé indemnizar alrededor de 3.000 personas. 182 familias serán reubicadas, la mayoría de los corregimientos Orobajo, de Sabanalarga, y Barbacoas, de Peque, que quedarán inundados.

El rector de la U. de A. pide ayuda de la Gobernación, la Alcaldía de Medellín y EPM para evacuar estas personas, y a ellos "que sean generosos en ver la dificultad que causan a una institución que los ha albergado este tiempo y evacuen lo más rápido posible".

Los campesinos esperan hoy un diálogo con EPM, la Gobernación y la Defensoría del Pueblo como garante. Dicen que quieren retornar y que se sostienen de la "solidaridad de sindicatos, estudiantes y otras personas". El rector señala que "piden limosna y ayuda de los estamentos institucionales".
EN DEFINITIVALa permanencia de afectados por el proyecto Hidroituango en la U. de A. genera dificultades a la institución. Para retirarse demandan garantías económicas, laborales y de seguridad.

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