La sede en Antioquia para conductores infractores está disponible en Chigorodó, Urabá.
En momentos en que en el país se aviva la polémica por la cantidad de conductores borrachos que protagonizan accidentes con saldo de víctimas humanas, a la única casa-cárcel acreditada en Antioquia para albergar a los sindicados en estos casos, no se ha remitido el primero.
Una denuncia en este sentido fue planteada por Gabriel Jaime Vera Pérez, director de la casa-cárcel de conductores de Chigorodó, región de Urabá, bajo las condiciones que en 1997 estableció el acuerdo 10 del Código Penitenciario.
"Son lugares para recluir a los sindicados de delitos culposos en accidentes de tránsito mientras se hacen las investigaciones", dijo, y precisó que al amparo de la norma se abrieron 9 establecimientos, pero que en el fondo algunos lo que buscaban era cumplir un requisito para la creación de los Centros Integrales de Atención a Infractores de Tránsito (Cias).
Vera Pérez sostuvo que la única que se creó con todas las especificaciones es la casa-cárcel San Gabriel, de Chigorodó, que cuenta con locutorio, guardería, lavandería, cocina, taller de capacitación, habitación conyugal, consultorios médico y sicológico, enfermería, garita de y oficina de guardias, habitaciones de reclusos, sala de visitas, entre otros, en un área de 600 metros cuadrados.
La resolución de operación la obtuvo el 7 de diciembre de 2012, tras un año de acreditación y una póliza de cumplimiento exigida por el Inpec. Y desde el 15 de abril de 2013 quedó anexa a la cárcel regional de Urabá, en Apartadó.
Pero lo que sorprende a Vera es que hasta ahora no le han enviado ningún recluso porque el Inpec no tiene presupuesto para los guardias. A pesar de eso dijo que debe sostener la parte administrativa, médico, enfermera, una nómina que vale más de 5 millones de pesos y los servicios públicos.
El director de la casa-cárcel señaló que hizo un convenio con el Inpec por 18 millones de pesos mensuales para una capacidad de 12 reclusos, pero que en los ocho meses de vigencia no ha recibido ningún pago. "He hecho derechos de petición y el Inpec me pasa de la parte financiera a la jurídica y ésta al director general", anotó.
La directora regional del Inpec, Diana Carmenza María Rúa, dijo que la ley 65 del 93 es absolutamente clara en decir que la asignación de establecimientos como los denominados casa-cárcel, los únicos que tienen la potestad de asignarlos son los jueces de conocimiento.
Y con ellos, observó, se tiene la dificultad porque al Inpec, los jueces insisten en seguirle asignando los establecimientos "como si fuéramos cárceles".
Y el Inpec, aclaró, no es cárcel, sino establecimiento penitenciario y carcelario porque dentro de sus facultades tiene la posibilidad de tener también sindicados.
Pero la directora recalcó que los municipios tienen que tener cárceles para albergar la población sindicada, y al igual que pasa con las personas por delincuencia común, la ley dio la posibilidad de que se crearan las de infractores de tránsito. Y pese a que los jueces tienen conocimiento de la existencia de muchas de ellas, no los asignan allá.
En cuanto al caso de Chigorodó, señaló que no puede decir que no le envían gente, porque no tiene que hacer convenios con el Inpec, sino que tiene qué ver con personas sindicadas que legalmente están en la jurisdicción de los alcaldes.
¿QUÉ SIGUE?
DEBE HACER CONVENIOS CON MUNICIPIOS
En medio del debate sobre ebrios al volante, este fin de semana fueron sancionados 68 conductores en Medellín y sus vehículos inmovilizados por esa causa. En Bogotá la cifra fue de 227. Gabriel Jaime Vera contrasta que mientras la de Chigorodó sigue vacía, los jueces y fiscales dejan libres a los conductores en desarrollo de la investigación y ni los cobijan con medida de aseguramiento. La directora del Inpec considera que él tendrá que salir a hacer convenios con los municipios y gobernaciones para que lleven allá su población sindicada, porque "el Inpec no le va a pagar porque le custodien los internos, eso desnaturalizaría la institución".
EN DEFINITIVALa dirección regional del Inpec insiste que no tiene posibilidad de asignar internos, sino dentro de los 142 establecimientos propios que tiene a nivel nacional, pero no en casa-cárceles.
En momentos en que en el país se aviva la polémica por la cantidad de conductores borrachos que protagonizan accidentes con saldo de víctimas humanas, a la única casa-cárcel acreditada en Antioquia para albergar a los sindicados en estos casos, no se ha remitido el primero.
Una denuncia en este sentido fue planteada por Gabriel Jaime Vera Pérez, director de la casa-cárcel de conductores de Chigorodó, región de Urabá, bajo las condiciones que en 1997 estableció el acuerdo 10 del Código Penitenciario.
"Son lugares para recluir a los sindicados de delitos culposos en accidentes de tránsito mientras se hacen las investigaciones", dijo, y precisó que al amparo de la norma se abrieron 9 establecimientos, pero que en el fondo algunos lo que buscaban era cumplir un requisito para la creación de los Centros Integrales de Atención a Infractores de Tránsito (Cias).
Vera Pérez sostuvo que la única que se creó con todas las especificaciones es la casa-cárcel San Gabriel, de Chigorodó, que cuenta con locutorio, guardería, lavandería, cocina, taller de capacitación, habitación conyugal, consultorios médico y sicológico, enfermería, garita de y oficina de guardias, habitaciones de reclusos, sala de visitas, entre otros, en un área de 600 metros cuadrados.
La resolución de operación la obtuvo el 7 de diciembre de 2012, tras un año de acreditación y una póliza de cumplimiento exigida por el Inpec. Y desde el 15 de abril de 2013 quedó anexa a la cárcel regional de Urabá, en Apartadó.
Pero lo que sorprende a Vera es que hasta ahora no le han enviado ningún recluso porque el Inpec no tiene presupuesto para los guardias. A pesar de eso dijo que debe sostener la parte administrativa, médico, enfermera, una nómina que vale más de 5 millones de pesos y los servicios públicos.
El director de la casa-cárcel señaló que hizo un convenio con el Inpec por 18 millones de pesos mensuales para una capacidad de 12 reclusos, pero que en los ocho meses de vigencia no ha recibido ningún pago. "He hecho derechos de petición y el Inpec me pasa de la parte financiera a la jurídica y ésta al director general", anotó.
La directora regional del Inpec, Diana Carmenza María Rúa, dijo que la ley 65 del 93 es absolutamente clara en decir que la asignación de establecimientos como los denominados casa-cárcel, los únicos que tienen la potestad de asignarlos son los jueces de conocimiento.
Y con ellos, observó, se tiene la dificultad porque al Inpec, los jueces insisten en seguirle asignando los establecimientos "como si fuéramos cárceles".
Y el Inpec, aclaró, no es cárcel, sino establecimiento penitenciario y carcelario porque dentro de sus facultades tiene la posibilidad de tener también sindicados.
Pero la directora recalcó que los municipios tienen que tener cárceles para albergar la población sindicada, y al igual que pasa con las personas por delincuencia común, la ley dio la posibilidad de que se crearan las de infractores de tránsito. Y pese a que los jueces tienen conocimiento de la existencia de muchas de ellas, no los asignan allá.
En cuanto al caso de Chigorodó, señaló que no puede decir que no le envían gente, porque no tiene que hacer convenios con el Inpec, sino que tiene qué ver con personas sindicadas que legalmente están en la jurisdicción de los alcaldes.
¿QUÉ SIGUE?
DEBE HACER CONVENIOS CON MUNICIPIOS
En medio del debate sobre ebrios al volante, este fin de semana fueron sancionados 68 conductores en Medellín y sus vehículos inmovilizados por esa causa. En Bogotá la cifra fue de 227. Gabriel Jaime Vera contrasta que mientras la de Chigorodó sigue vacía, los jueces y fiscales dejan libres a los conductores en desarrollo de la investigación y ni los cobijan con medida de aseguramiento. La directora del Inpec considera que él tendrá que salir a hacer convenios con los municipios y gobernaciones para que lleven allá su población sindicada, porque "el Inpec no le va a pagar porque le custodien los internos, eso desnaturalizaría la institución".
EN DEFINITIVALa dirección regional del Inpec insiste que no tiene posibilidad de asignar internos, sino dentro de los 142 establecimientos propios que tiene a nivel nacional, pero no en casa-cárceles.