Un oficio con fecha del 23 de julio de 2013, firmado por Faustino Soto López, inspector central de Policía del municipio de Turbo, solicitaba al Distrito de Policía de Urabá "acompañamiento con personal especializado" para adelantar entre el viernes 2 y el sábado 3 de agosto el desalojo de cerca de 90 reclamantes de tierras que ocupan desde hace un año varias fincas en esa localidad.
Sin embargo, Soto López confirmó en la tarde de este viernes que la diligencia fue suspendida con el propósito de que se verifique el cumplimiento de todas las condiciones y se garanticen los derechos de la población que ocupa los predios.
"Si finalmente tenemos que hacerlo, queremos que sea cumpliendo con todos los requisitos y que se garanticen todos los derechos de esa población, que no tenga que intervenir la Policía", dijo el Inspector.
En el oficio que convocaba a la Fuerza Pública para apoyar el desalojo, se explica que existe una orden de "lanzamiento por ocupación de hecho" en las fincas La Unión y El Paraiso, ubicadas en la vereda La Eugenia, y No hay como Dios y Los Olivos N° 2, en el corregimiento de Macondo.
Según Gerardo Vega, presidente de la Fundación Forjando Futuros, esos predios fueron arrebatados entre 1996 y 1997 y en la actualidad los títulos de propiedad se encuentran a nombre de la empresa ASA S.A. antes denominada Guacamayas Ltda.
Ante las denuncias, el Tribunal Superior de Medellín adelanta un incidente de cancelación de títulos fraudulentos sobre esos predios en el proceso contra Raúl Hasbún, alias "Pedro Bonito".
"Nosotros rechazamos este tipo de acciones, porque mientras la restitución va lenta, los inspectores de Policía, de manera muy ágil y eficaz en favor de los que fungen como propietarios, van a despojarlos nuevamente", dijo Vega.
Agregó que de hacerse efectivas, estas decisiones desconocen lo dispuesto en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y pasan por alto que las acciones administrativas deben estar en concordancia con lo dispuesto en esa norma.
Por su parte, Carmen Palencia, representante de la Asociación Tierra y Vida, aseguró que no es la primera vez que se emite una orden en este sentido. En enero de 2013, la ejecución de una orden similar fue suspendida luego de la intervención de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Organización de Naciones Unidas, las Personería Municipal de Turbo y la Procuraduría General de la Nación.
Sin embargo, Soto López confirmó en la tarde de este viernes que la diligencia fue suspendida con el propósito de que se verifique el cumplimiento de todas las condiciones y se garanticen los derechos de la población que ocupa los predios.
"Si finalmente tenemos que hacerlo, queremos que sea cumpliendo con todos los requisitos y que se garanticen todos los derechos de esa población, que no tenga que intervenir la Policía", dijo el Inspector.
En el oficio que convocaba a la Fuerza Pública para apoyar el desalojo, se explica que existe una orden de "lanzamiento por ocupación de hecho" en las fincas La Unión y El Paraiso, ubicadas en la vereda La Eugenia, y No hay como Dios y Los Olivos N° 2, en el corregimiento de Macondo.
Según Gerardo Vega, presidente de la Fundación Forjando Futuros, esos predios fueron arrebatados entre 1996 y 1997 y en la actualidad los títulos de propiedad se encuentran a nombre de la empresa ASA S.A. antes denominada Guacamayas Ltda.
Ante las denuncias, el Tribunal Superior de Medellín adelanta un incidente de cancelación de títulos fraudulentos sobre esos predios en el proceso contra Raúl Hasbún, alias "Pedro Bonito".
"Nosotros rechazamos este tipo de acciones, porque mientras la restitución va lenta, los inspectores de Policía, de manera muy ágil y eficaz en favor de los que fungen como propietarios, van a despojarlos nuevamente", dijo Vega.
Agregó que de hacerse efectivas, estas decisiones desconocen lo dispuesto en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y pasan por alto que las acciones administrativas deben estar en concordancia con lo dispuesto en esa norma.
Por su parte, Carmen Palencia, representante de la Asociación Tierra y Vida, aseguró que no es la primera vez que se emite una orden en este sentido. En enero de 2013, la ejecución de una orden similar fue suspendida luego de la intervención de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Organización de Naciones Unidas, las Personería Municipal de Turbo y la Procuraduría General de la Nación.