Estuvimos en la convulsionada zona de influencia del proyecto hidroeléctrico de Empresas Públicas de Medellín, en el Nordeste antioqueño.
En el año 2006 había 2.799 habitantes en la zona donde se iría a construir el Proyecto hidroeléctrico Porce IV. En 2009 un censo de Ingetec arrojó que eran 8.500. Y un año después ascendió a 14.500.
Esta variación vertiginosa en una zona donde confluyen intereses y hay presencia de grupos armados, llevó a las Empresas Públicas de Medellín a la prudente decisión de suspender los trabajos en diciembre de 2010.
Hoy, en ese bello cañón del nordeste antioqueño, lo que más se ve son mineros. En su mayoría gente humilde que vive en cambuches. Como los demás pobladores de la zona, dicen que no saben de dónde salió esa cifra de 14.500 personas asentadas la región.
El dato, atribuido por algunos al Consejo Mayor Comunitario Anorí-Zaragoza-Amalfi (AZA), una de las organizaciones que representa a la comunidad, surgió informalmente en una conversación, nadie lo oficializó pero se le dio toda la credibilidad.
Octaviano Hernández , reconocido líder de pequeños mineros en Anorí y Amalfi, se apartó de AZA, porque considera que esa organización ha dado un manejo equivocado a la relación con EPM en lo que toca con el proyecto. "Aquí la comunidad reconoce la cifra de 8.500 personas del censo realizado por Ingetec, sujeta a la verificación por parte de la empresa".
Dice que el aumento de población se produjo primero por el desplazamiento de comunidades mineras, luego de los proyectos Porce II y Porce III. También acepta que llegaron nuevos pobladores atraídos por la posibilidad de una indemnización, por lo cual considera justa la depuración a que haya lugar mediante pruebas.
Hernández sostiene que entre los pobladores de los asentamientos El Pital, de Anorí, y El Chispero y La Vega de Naranjal, de Amalfi, las principales concentraciones a orillas del río Porce en los predios que quedarían sumergidos por la represa, hay voluntad para una negociación que permita seguir adelante con el proyecto, así como hay interés por el desarrollo de la región y el alivio de las afectaciones desde la entrada en operación de Porce II y Porce III. "Nosotros no pretendemos más que el cumplimiento de lo consignado en la licencia ambiental para el proyecto. No hemos pedido nada hasta el momento y EPM tampoco nos ha negado nada", sostiene Octaviano, quien es partidario de que en el proceso tomen cartas las instituciones legítimas de Anorí y Amalfi, como administraciones y concejos, las juntas de acción comunal y la personería.
Rubén Darío Chalarca Restrepo , alcalde (e) de Amalfi, señala que la Administración y una comisión del Concejo han programado para la próxima semana una visita a la comunidad de la zona para conocer la problemática y acompañarlos en la búsqueda de soluciones en beneficio de todos sin oponerse al desarrollo.
Las palabras de Hernández coinciden con las de Humberto Alonso Torres , presidente de la JAC de La Vega de Naranjal, asentamiento minero, cuyos pobladores devengan su sustento del oro que extraen de las arenas del río Porce en el corazón de la futura represa.
"La declaratoria de utilidad pública, nos tiene perjudicados, porque desde el 26 de agosto a la fecha, programas del municipio, proyectos productivos, de mejoramiento o educación no se pueden desarrollar en esta comunidad", destaca.
Afirma que desde 2009, cuando se suspendieron las mesas temáticas, no ha habido un diálogo directo de EPM con la comunidad del área.
Torres y sus vecinos, que con una pala y una batea se han ganado la vida desde niños lavando oro entre las arenas del Porce, lamentan además que las crecientes súbitas o "buchas", que se producen en los momentos en que Porce III descarga grandes volúmenes de agua al río en el proceso de generación de energía, limitan mucho el trabajo de los mineros y los ponen en riesgo.
"Uno está barequeando cuando el río está bajo y de pronto viene la bucha. A veces no da tiempo ni de sacar el cajón con el orito, porque lo puede arrastrar a uno", explica Guillermo Zapata , nativo del cañón del Porce y dedicado hace más de cincuenta años a la minería artesanal.
"Antes, en verano trabajaba uno cualquier día, ahora se puede sino un ratico, si acaso dos días en la semana", lamenta.
En La Vega de Naranjal muchos de los pequeños mineros afectados en su actividad por las variaciones de caudal derivadas de la generación de energía, han comenzado a pensar en otras opciones económicas, las cuales podrían surgir de un proceso de compensación dentro de la ejecución de Porce IV.
Muchos no descartan que el proyecto traiga, además de energía eléctrica, mejoramiento de las vías de comunicación, programas educativos y un puesto de salud.
"Si EPM quiere arrancar un diálogo, estamos dispuestos a escuchar cuál es su posición y decirles cuál es la nuestra", recalca el Presidente de la JAC.
Para Octaviano Hernández , se trata de un proceso que no se puede hacer a la ligera ni con el afán de lograr una indemnización. Cree que se trata de reconocer a los pobladores aquello a lo que tengan derecho legalmente y permitir que llegue el desarrollo a esa región que los vio nacer.
PREGUNTAS
La sai respalda las razones de EPM
¿EPM pudo dar sus argumentos ante la Creg?
Jorge Mario Pérez Gallón subraya que la entidad le envió cinco comunicaciones directas a la Creg explicando sus argumentos de fuerza mayor con toda la documentación que demostraba la imposibilidad de seguir con el proyecto.
¿Qué ha dicho el ministro de Minas sobre el caso?
El ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, ratificó que EPM debía pagar la multa de 23.680 millones de pesos por el incumplimiento en la entrada en operación del proyecto en diciembre de 2015, fecha que no ha llegado, pero que ya sería imposible cumplir así se reactivara el proyecto hoy mismo.
¿EPM está sola en esta lucha?
No. Gremios como la SAI le han dado la razón a través de su presidente, Álvaro Villegas Moreno.
ANTECEDENTES
La creg violó el debido proceso: EPM
El 7 de diciembre de 2010, la Junta Directiva de EPM toma la decisión de suspender temporalmente la ejecución de Porce IV. A finales de 2011, la Comisión de Regulación de Energía -Creg- expide la Resolución 184 y se la notifica a EPM el 19 de enero de 2012. En ella, se le exige a la empresa antioqueña hacer efectiva la garantía de no entrada en operación del proyecto hidroeléctrico, hecho que estaba proyectado para diciembre de 2015. A EPM se le exige pagar una multa de 23.680 millones de pesos. EPM interpone un recurso de reposición ante la misma Creg. Considera que el debido proceso fue violado y prepara defensa ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.