Por considerar que la gestión del Municipio ha sido insuficiente por hacer cumplir las normas en cuanto a niveles de ruido, invasión del espacio público y movilidad, e higiene, en la zona de rumba de la 33, el juzgado 30 Administrativo ordenó abrir un incidente de desacato contra el alcalde Aníbal Gaviria Correa.
La decisión la tomó la juez Angy Plata Álvarez, dos meses y medio después de que los demandantes de una acción popular que busca endurecer controles a la actividad nocturna en esta zona de Conquistadores, solicitaron la apertura del incidente contra la Administración Municipal por no cumplir con el fallo del mismo juzgado a favor de los residentes, en junio de 2012.
La juez consideró, ante informe de la Alcaldía sobre las acciones que ha tomado en la 33, que el protocolo "no contiene medidas precisas para que los establecimientos adopten mecanismos de aislamiento del ruido". Alude también a la ausencia de medidas para el control de tránsito, del uso del espacio público y el aseo, así como la instalación de baños móviles que exige la sentencia.
La abogada de la parte demandante, Jacqueline Tolosa, considera que, aunque no haya mala intención de parte del Municipio en el incumplimiento, no ha entendido las exigencias del fallo.
El secretario de Gobierno de Medellín, Jorge Mejía Martínez, aseguró que ayer se adjuntaron las pruebas de socialización del protocolo con comerciantes y residentes, incluidas las personas que entablaron la acción popular.
"Son 1.389 acciones que hemos realizado entre visitas a establecimientos, operativos, multas y estudios pendientes para decisión", dijo Mejía.
INFORME
FALLO EN FAVOR DE LOS RESIDENTES
El fallo de acción popular dio seis meses, a partir de septiembre de 2012, para diseñar e iniciar la ejecución de un protocolo eficiente para el control del ruido en la avenida 33, entre la 80 y Bulerías. Exige también ejercer control permanente de tránsito, ruido y espacio público, acompañado con Policía a los establecimientos nocturnos.
La decisión la tomó la juez Angy Plata Álvarez, dos meses y medio después de que los demandantes de una acción popular que busca endurecer controles a la actividad nocturna en esta zona de Conquistadores, solicitaron la apertura del incidente contra la Administración Municipal por no cumplir con el fallo del mismo juzgado a favor de los residentes, en junio de 2012.
La juez consideró, ante informe de la Alcaldía sobre las acciones que ha tomado en la 33, que el protocolo "no contiene medidas precisas para que los establecimientos adopten mecanismos de aislamiento del ruido". Alude también a la ausencia de medidas para el control de tránsito, del uso del espacio público y el aseo, así como la instalación de baños móviles que exige la sentencia.
La abogada de la parte demandante, Jacqueline Tolosa, considera que, aunque no haya mala intención de parte del Municipio en el incumplimiento, no ha entendido las exigencias del fallo.
El secretario de Gobierno de Medellín, Jorge Mejía Martínez, aseguró que ayer se adjuntaron las pruebas de socialización del protocolo con comerciantes y residentes, incluidas las personas que entablaron la acción popular.
"Son 1.389 acciones que hemos realizado entre visitas a establecimientos, operativos, multas y estudios pendientes para decisión", dijo Mejía.
INFORME
FALLO EN FAVOR DE LOS RESIDENTES
El fallo de acción popular dio seis meses, a partir de septiembre de 2012, para diseñar e iniciar la ejecución de un protocolo eficiente para el control del ruido en la avenida 33, entre la 80 y Bulerías. Exige también ejercer control permanente de tránsito, ruido y espacio público, acompañado con Policía a los establecimientos nocturnos.