En los últimos 9 años y medio fueron asesinadas en Medellín 12.247 personas, que es tanto como haber exterminado más de tres veces la población de Carolina del Príncipe, el municipio que vio nacer al cantante Juanes.
La violencia afectó con más fuerza a las comunas de Aranjuez, Villa Hermosa, La Candelaria, San Javier, Guayabal y Belén, que concentraron 46 de cada 100 homicidios. Como hecho relevante, en esos mismos seis territorios la inversión social por habitante superó la del promedio de la ciudad, gracias a la inyección de 7,5 billones de pesos.
Así lo revela un análisis de El Colombiano, sustentado en datos oficiales del Municipio de Medellín. Sergio Fajardo Valderrama -cuya apuesta entre 2004-2007 fue la educación y la infraestructura incluyente y de calidad, administró un presupuesto global de 6,4 billones de pesos y cerró balance con 3.544 homicidios.
Alonso Salazar Jaramillo, exsecretario de Gobierno de Fajardo, gobernó entre 2008-2011, custodió casi el doble de presupuesto (11,2 billones de pesos) y prácticamente vio duplicar el número de muertes violentas, con 6.904.
Aníbal Gaviria Correa, por su parte, ejecutará en sus dos primeros años 7,1 billones de pesos de presupuesto y, de los tres alcaldes, es el que ha tenido un primer año de gestión más violento, con 1.251 homicidios, frente a 1.187 de Fajardo y 1.045 de Salazar.
El acento de Fajardo, Salazar y Gaviria en temas de equidad lo confirma el 85 por ciento del presupuesto municipal que han destinado a la inversión social. De 24,8 billones de pesos ejecutados entre 2004 y lo proyectado para 2013, un total de 21,1 billones de pesos han ido a la inversión social.
Una evidencia del foco que pusieron en los más pobres y en las zonas más violentas, es que el 35 por ciento de la inversión social benefició a los 808.792 habitantes de las seis comunas en las que, no obstante, el conflicto urbano sacrificó a 5.688 ciudadanos.
La comuna más golpeada en esos años fue la de La Candelaria, con un acumulado de 1.479 homicidios y una tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes de 172,5 que es más de 3 veces superior a la del promedio de la ciudad. Coincidencialmente, los habitantes de esta zona tuvieron un gasto social per cápita de 12,9 millones de pesos, que está por encima del promedio de la ciudad y del mostrado por las otras cinco comunas.
¿Por qué la paradoja?
Se da y no se recibe: Jorge Giraldo Ramírez
Para el decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de Eafit, la ciudad ha metido fuerza pública en las comunas y ha efectuado robustas inversiones sociales y en obras de infraestructura, pero le ha faltado integrar en sus políticas a las organizaciones sociales, las familias, las escuelas y las iglesias. En su sentir, el Estado no ha logrado incrementar su legitimidad, cohesionar el tejido social, generar confianza y despertar la cooperación entre la gente.
Como indicios de que ahí está el punto débil, resalta las comunidades lideradas por muchachos de 20 años que son jefes de combos de 15 o 20 personas; sectores nada despreciables comprometidos con el conflicto y hasta acciones de la misma comunidad contra la intervención de la fuerza pública. Siguiendo ejemplos de Brasil, propone, para la discusión, que a las familias de estas comunas se les den subsidios, pero con la condición, por ejemplo, de que mantengan los hijos en las escuelas o cooperen con la seguridad. A la gente hay que pedirle algo a cambio.
Falta empleo claudia: Piedad Patricia Restrepo
A pesar de la inversión social que se ha realizado, aún persisten en Medellín situaciones de exclusión, pobreza, desigualdad y falta de fuentes de empleo e ingresos, advierte la directora del programa Medellín cómo vamos. El solo desempleo juvenil supera el 40%. De otro lado, anota que los enormes vacíos de la justicia permiten que mucha gente vea en los combos y bandas una fuente de trabajo, no solo porque pueden ganar más que un salario mínimo, sino también por las bajas posibilidades de ser capturados, juzgados y condenados. No todos sucumben, porque también hay gente pobre con valores, inculcados en el hogar, y jóvenes con aversión al riesgo de muerte.
Más coordinación: Juan Sebastián Betancur
El presidente de Proantioquia pone el acento en la falta de coordinación de las políticas criminales, tanto en sus componentes de prevención como de sanción. Todos los eslabones de la cadena de la Justicia tienen sus centros de decisión en Bogotá -Policía, Fiscalía, jueces y hasta el Inpec- y, anota, con frecuencia se oye la queja de esas instituciones en el sentido de que no hablan el mismo lenguaje.
Betancur reconoce que si no se hubieran hecho esas inversiones sociales por parte del Municipio de Medellín, quizás el panorama sería peor.
Sin embargo, para que no se repitan errores, como los del desarrollo del Oriente Antioqueño, aconseja que a la par de esas inversiones se tenga en cuenta a la comunidad, para que los actores ilegales no lleguen luego a ocupar ese espacio del Estado.
¿Sí se prioriza?: Luis Fernando Quijano
La inversión social del Municipio no ha estado enmarcada en una verdadera estrategia de seguridad integral, afirma el director de Corpades, la ONG de derechos humanos. Es decir, las cámaras, los hombres armados y los vehículos para la Policía deben acompañarse de sólidas políticas en el plano social, cultural, político y económico.
Quijano se pregunta si la inversión se está priorizando, o si, simplemente, responde al modelo de apagar incendios y buscar efectos mediáticos. Ademas, considera que el conflicto sigue, porque la estrategia oficial busca contenerlo, cuando el objetivo debería ser erradicarlo. Así mismo, considera que mientras siga existiendo una nómina paralela que vive de las jugosas rentas que obtiene el crimen organizado, la inversión social no tendrá el efecto deseado.
Planes flojos: Luis Bernardo Vélez
El concejal de Medellín desde 2004 y expresidente de esa corporación, reconoce que los tres últimos gobiernos han realizado grandes inversiones sociales y en frentes como la infraestructura, pero, a su juicio, ha faltado ocuparse más de aspectos como la generación de ingresos, empleo decente y en intangibles de la política social, como la violencia intrafamiliar y la convivencia, en los que la apuesta ha sido muy baja.
Vélez recuerda que en esta administración se creó la Secretaría de Desarrollo Económico, pero añadió que aún es incipiente y tiene un bajo presupuesto.
Consultado sobre el incremento del 94 por ciento en los homicidios durante el período de Alonso Salazar, el concejal señaló que en el mandato de Fajardo la ciudad tuvo un control más vertical de los actores armados, "la Don Bernabilidad que llama la gente", que luego se rompió en el gobierno de Alonso con la extradición de alias "Don Berna" y derivó en disputas territoriales e incremento de los homicidios. "Eso hoy está más disparado que en el período de Alonso", concluyó.
Plan integral: Federico Gutiérrez
Lo que se hizo en inversión social está bien y hay que seguirlo haciendo, pero toca tener claridad en una política integral de seguridad, declara el exconcejal de Medellín y excandidato a la Alcaldía. Eso incluye aspectos como la atención de los 3.000 jóvenes que hacen parte del conflicto, la tasa de desempleo juvenil superior al 50 por ciento en algunos sectores, la recuperación de los barrios, del espacio público y una fuerte intervención para erradicar las rentas ilegales. La que más se combate es el microtráfico, que, dice, no pesa el 30 por ciento en una banda criminal. Su consejo es atacar el juego ilegal, la trata de personas, las armas y las extorsiones, que más dinero les estás aportando a sus arcas y les da poder militar para controlar los territorios.
Eso, lo debe liderar el Alcalde, afirma Gutiérrez, quien no ve que Gaviria cumpla ese papel.
Homicidios están bajandoAníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín 2012-2015
La inequidad y la violencia son problemas que persisten en Medellín, y el desarrollo propio de nuestra realidad nos deja como enseñanza que las políticas para atender dichos problemas deben ser integrales y articuladas, pues se trata de una ecuación con múltiples variables. Considero que existen nueve premisas esenciales al respecto:
1) Un proyecto educativo y cultural que promueva la vida y la equidad como principios, y que sea fuente para mejores elecciones por parte de los jóvenes a través de programas como el decálogo de calidad, la jornada complementaria y la agencia de educación superior de Medellín, Sapiencia.
2) Una inversión social incluyente y más especializada, como las 75.000 familias atendidas por Salud en el Hogar, el programa Jóvenes por la vida y el plan de 100.400 soluciones habitacionales para los más vulnerables.
3) Un proyecto de urbanismo que, al mismo tiempo, ofrezca una posibilidad de pedagogía, como las 23 UVAS, el Jardín circunvalar y los sistemas de transporte limpio.
4) Un modelo de gestión basado en la innovación.
5) Gobiernos transparentes y consistentes en el tiempo, que luchen contra la ilegalidad.
6) La participación activa y corresponsable de todos.
7) El acompañamiento decidido a la cadena de lucha contra el crimen y la injusticia, con acciones articuladas entre Policía y Ejército, Fiscalía y jueces, y el sistema carcelario.
8) Una política para la protección de los derechos humanos.
9) Un plan integral para la salud pública de nuestros jóvenes, con énfasis en el gran problema del consumo temprano de sustancias psicoactivas.
Por otra parte, es importante destacar que sí se ha avanzado, aunque los resultados sean insuficientes cuando hablamos de la vida y la libertad en la ciudad. En los últimos 3 años Medellín revirtió la tendencia al disminuir sus homicidios en un 37,9%, por ejemplo en las comunas 1 Popular, 8 Villa Hermosa y 13 San Javier se dieron disminuciones del 73%, 9% y 30% respectivamente.
El año pasado tuvimos una reducción general del 25% comparado con el 2011 y este año, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes es de 46,6 la más baja en los últimos 5 años.
Finalizo diciendo que un conflicto como el de Medellín demanda una profunda reflexión alrededor de la cultura de la ilegalidad y la violencia que ha permeado a la ciudad, exige que la sociedad en su conjunto actúe en corresponsabilidad y que como Gobierno afiancemos cada vez más nuestra estrategia de acciones integrales y articuladas concentradas en los territorios.