Las denuncias del concejal Yefferson Miranda sobre la comercialización de carne de cerdo ilegal en Medellín y en su área metropolitana, y la presunta vinculación de 'combos' y estructuras criminales con las rentas que se obtienen de los mataderos clandestinos, plantean varios interrogantes en materia de seguridad y también generan cuestionamientos sobre las implicaciones de su consumo en la salud humana si se considera que Antioquia triplica el consumo percápita de carne de cerdo en comparación con el resto del país, según el Invima.
Por una parte, las denuncias de Miranda señalan los riesgos del consumo de carne que podría no cumplir con los protocolos sanitarios exigidos y por otra, ponen sobre la mesa una más de las estrategias de las organizaciones delincuenciales para explorar formas alternas de financiación.
Aunque hay desacuerdos sobre las cifras, los gremios reconocen que sí existe una problemática derivada de la distribución de carne ilegal y desde las organizaciones hacen un llamado a las autoridades sanitarias para que den cumplimiento a lo establecido por los decretos 1500 de 2007 y 1362 de 2012 que regulan los procesos de sacrificio y comercialización de cárnicos en el país.
Según las cálculos de Miranda cerca de un 50 por ciento de la carne de cerdo que se comercializa en Medellín tendría su origen en plantas de sacrificio ilegales, algunas de ellas ubicadas en sectores como Castilla, Manrique y Moravia. El negocio, según el concejal, "incluye también el hurto de ganado, principalmente en el norte de Antioquia, cerca a Santa Rosa de Osos y mueve cerca de 40 mil millones de pesos anuales".
Los datos del concejal hablan de un un promedio de 700 mil cerdos que entran a la ciudad para sacrificio cada año y sostiene que de ellos "apenas 320 mil salen de la planta de beneficio de la Central Ganadera y una pequeña proporción de plantas privadas" que cumplen con los protocolos sanitarios, el resto serían sacrificados en plantas ilegales.
Sin embargo, Javier Andrade, coordinador del Invima para los departamentos de Antioquia y Chocó, aclara que la carne de cerdo que se consume en Medellín no sale exclusivamente de la planta de beneficio de la Central Ganadera sino que debe considerarse el volumen que aportan otras plantas autorizadas en el corregimiento de San Antonio de Prado y en municipios como Bello y Envigado.
Andrade aclara que sobre las plantas legales se ejerce una función permanente de vigilancia por parte de la entidad, sin embargo, reconoce que existe una problemática asociada al comercio ilegal de cárnicos. "No podemos desonocer que hay clandestinidad pero ayudamos a la Policía Nacional que tiene la competencia para perseguirla". El funcionario agrega la competencia de vigilancia en el caso de los expendios recae sobre las secretarías de salud seccionales y municipales, sin embargo aclara que existe un comité intersectorial que explora estrategias en contra de la ilegalidad.
Augusto Osorno, presidente de la Asociación Nueva Porcicultura, tiene unos cálculos diferentes a los de Miranda y aunque también reconoce la problemática, asegura que el porcentaje de carne de cerdo ilegal que se comercializa en Antioquia no supera el 30 por ciento del total de los animales sacrificados.
Pese a las diferencias en las cifras, frente a la presunta participación de algunos 'combos' de la ciudad en el negocio de la carne de cerdo ilegal, el concejal Miranda sostiene que "hay permisividad por parte de las autoridades" y agrega que en algunos sectores cercanos a plantas de sacrificio clandestinas puede presentarse algún grado de connivencia entre los delincuentes y la Policía. "Cada vez fortalecemos más las rentas de los delincuentes, son muy inteligentes y tratan de meterse en todos los negocios, por ellos consumimos carne que no nos da tranquilidad y el Estado no ha hecho nada", dice el concejal.
Por una parte, las denuncias de Miranda señalan los riesgos del consumo de carne que podría no cumplir con los protocolos sanitarios exigidos y por otra, ponen sobre la mesa una más de las estrategias de las organizaciones delincuenciales para explorar formas alternas de financiación.
Aunque hay desacuerdos sobre las cifras, los gremios reconocen que sí existe una problemática derivada de la distribución de carne ilegal y desde las organizaciones hacen un llamado a las autoridades sanitarias para que den cumplimiento a lo establecido por los decretos 1500 de 2007 y 1362 de 2012 que regulan los procesos de sacrificio y comercialización de cárnicos en el país.
Según las cálculos de Miranda cerca de un 50 por ciento de la carne de cerdo que se comercializa en Medellín tendría su origen en plantas de sacrificio ilegales, algunas de ellas ubicadas en sectores como Castilla, Manrique y Moravia. El negocio, según el concejal, "incluye también el hurto de ganado, principalmente en el norte de Antioquia, cerca a Santa Rosa de Osos y mueve cerca de 40 mil millones de pesos anuales".
Los datos del concejal hablan de un un promedio de 700 mil cerdos que entran a la ciudad para sacrificio cada año y sostiene que de ellos "apenas 320 mil salen de la planta de beneficio de la Central Ganadera y una pequeña proporción de plantas privadas" que cumplen con los protocolos sanitarios, el resto serían sacrificados en plantas ilegales.
Sin embargo, Javier Andrade, coordinador del Invima para los departamentos de Antioquia y Chocó, aclara que la carne de cerdo que se consume en Medellín no sale exclusivamente de la planta de beneficio de la Central Ganadera sino que debe considerarse el volumen que aportan otras plantas autorizadas en el corregimiento de San Antonio de Prado y en municipios como Bello y Envigado.
Andrade aclara que sobre las plantas legales se ejerce una función permanente de vigilancia por parte de la entidad, sin embargo, reconoce que existe una problemática asociada al comercio ilegal de cárnicos. "No podemos desonocer que hay clandestinidad pero ayudamos a la Policía Nacional que tiene la competencia para perseguirla". El funcionario agrega la competencia de vigilancia en el caso de los expendios recae sobre las secretarías de salud seccionales y municipales, sin embargo aclara que existe un comité intersectorial que explora estrategias en contra de la ilegalidad.
Augusto Osorno, presidente de la Asociación Nueva Porcicultura, tiene unos cálculos diferentes a los de Miranda y aunque también reconoce la problemática, asegura que el porcentaje de carne de cerdo ilegal que se comercializa en Antioquia no supera el 30 por ciento del total de los animales sacrificados.
Pese a las diferencias en las cifras, frente a la presunta participación de algunos 'combos' de la ciudad en el negocio de la carne de cerdo ilegal, el concejal Miranda sostiene que "hay permisividad por parte de las autoridades" y agrega que en algunos sectores cercanos a plantas de sacrificio clandestinas puede presentarse algún grado de connivencia entre los delincuentes y la Policía. "Cada vez fortalecemos más las rentas de los delincuentes, son muy inteligentes y tratan de meterse en todos los negocios, por ellos consumimos carne que no nos da tranquilidad y el Estado no ha hecho nada", dice el concejal.